El abogado favorito de los líderes del “Tren de Aragua”

“Amigo Juan Vallejos. Dígale a su amigo Zenteno que nunca le falte el respeto a un Cofré, porque él no sabe cuáles son las dimensiones de eso”, se le ve y oye decir en un amenazante video a un hombre de anteojos, sentado sobre una cama, mientras con una escopeta apunta hacia el lente de la cámara que lo graba. El registro, de 27 segundos de duración, que en noviembre del año pasado se viralizó entre personas ligadas al mundo judicial, habría pasado como un video más del incremento de la violencia en el país a no ser un por detalle: su protagonista es el abogado Claudio Eugenio Cofré Soto (56), defensor en Chile de la cúpula de la temida banda venezolana conocida como el “Tren de Aragua”.

“Es un video que hizo don Claudio a tono de broma”, responde hoy uno de los aludidos, el también abogado Juan Vallejos Parra, quien asegura ser amigo de Cofré. “Él me manda el mensaje a mí, está el apodo de la otra persona que también es abogado y no sé quién lo hizo circular”, relata, y agrega que la inusual broma tuvo costos para el defensor. “No es nada relacionado con el Tren de Aragua, nada relacionado con temas de mafia. Esto le perjudicó harto a Claudio, porque hasta le han hablado jueces por el tema”, asegura su amigo.

El polémico perfil del abogado Claudio Cofré, quien hasta el año 1997 se desempeñó como teniente en Carabineros, no ha pasado desapercibido desde que en abril del 2022 asumió la defensa de Hernán Landaeta Garlotti (26), alias “Satanás”, sindicado por el Ministerio Público de Iquique como el sicario más temido de la banda extranjera. Meses más tarde, Cofré amplió sus servicios a otros reputados cabecillas del Tren: Carlos González Vaca (35), alias “Estrella”, jefe de las operaciones de la banda en Chile; Zeus Velásquez Aquino, alias “Zeuz”; Juan Trejo Varguilla, alias “Águila”, y Daniel Elías Azuaje, los tres últimos brazos operativos de la organización.

A ellos se suma otro cliente destacado: Yoneiker Paredes Fagundez, alias el “Enano”, uno de los dos líderes de “Los Gallegos”, tentáculo del “Tren de Aragua” en Arica que sembró el terror asesinando y enterrando cuerpos en el cerro Chuño de esa ciudad. Entre los seis representados por el abogado Cofré, quienes enfrentarán en las próximas semanas juicios en tribunales de Arica y Pozo Almonte, se suman los delitos de secuestro con homicidio, secuestros calificados y extorsiones, amenazas extorsivas, robo con intimidación, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, tráfico de migrantes y asociación ilícita.

El último de los episodios del “estilo Cofré”, aseguran fuentes consultadas por La Tercera, ocurrió a las 10.50 horas del pasado 23 de enero, al término de una audiencia virtual ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte. De acuerdo a una denuncia realizada por Gendarmería, Cofré pidió al juez 15 minutos para tener una videollamada en privado con sus clientes Hernán Landaeta, Zeus Velásquez y Carlos González, quienes estaban conectados desde la Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS), penal en el que las comunicaciones con el exterior son estrictamente controladas por la peligrosidad de los reos.

Según la denuncia, los gendarmes que custodiaban el lugar “se acercan a observar la pantalla del computador de la unidad y logran verificar que el defensor privado mantenía su teléfono celular realizando una videollamada con los familiares de los internos Landaeta Garlotti y González Vaca”, lo que no estaba autorizado por el tribunal ni por Gendarmería. “Pero el defensor al ver la presencia del personal uniformado baja su celular particular y comienza a hablar nuevamente sobre el contenido de la audiencia”, se lee en el escrito, en el que se plantea que no es posible tener certeza si las mujeres vistas en la pantalla eran realmente sus familiares o si se trataba de miembros de la organización.

Para varios de los abogados que han participado en las investigaciones en contra del “Tren de Aragua” en la zona norte, un hecho ha saltado a la vista: los “soldados” o mandos medios de la banda han aceptado ser defendidos gratuitamente por los abogados otorgados por el Estado. Por ejemplo, en el caso de Arica, de los 44 acusados en el caso “Los Gallegos”, 32 son asesorados por un total de nueve juristas de la Defensoría Penal Pública, lo que implica un 40% de la dotación de defensores de la región.

Pero, en contraste, para los líderes de la organización la realidad es distinta. “El sistema procesal penal asegura a todo imputado por un crimen, simple delito o falta, el derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza. En el caso de estos acusados, ellos han optado por ejercer este derecho”, señala Cristián Martín, jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota. Allí es donde entra la figura de Claudio Cofré Soto, quien no ha ocultado sus opiniones sobre la agrupación.

Ya siendo el abogado preferido de los líderes de la banda venezolana, el 1 de agosto de 2022 escribió de manera pública en sus redes sociales: “La gran mentira del ‘Tren de Aragua’. Crear un estado de delirio”. Meses más tarde, el mismo Cofré relataría lo que tuvo que enfrentar para llegar a ser el defensor particular de la cúpula de la agrupación. En un recurso de queja presentado en abril de 2022 a nombre de Carlos González, “Estrella”, contra uno de los magistrados del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, el jurista relató que antes de que “los familiares” de González lo eligieran como su defensor, “varios abogados les llamaban en forma inmediata en búsqueda de quedarse con la defensa”. Incluso, expresó en el escrito, “varios abogados concurrían -según versión de los familiares de González Vaca- al penal de Valparaíso a fin de obtener su firma y así patrocinarlos”.

Meses más tarde, sus opiniones sobre la organización han ido más allá. El 7 de septiembre de 2023, ante la noticia de que se estaban investigando eventuales amenazas de muerte provenientes del “Tren de Aragua” a jueces en la zona norte del país, Cofré comentó que la denuncia “sólo es humo en manos del MP (Ministerio Público), la PDI, el PJ (Poder Judicial) y los P vendidos. A manos del poder. Si realmente hubiese amenazas, tengan por seguro que la cosa sería mucho más grave, pero algo se debe estar tejiendo para culpar a venezolanos”.

Para muchos de los involucrados en el caso, tanto en Arica como en Pozo Almonte, hoy es un misterio de dónde proviene el dinero con el que se están pagando los servicios profesionales de Claudio Cofré en el caso. Pero como referencia, en casos anteriores tomados por Cofré, en los que luego se ha enfrentado judicialmente con sus clientes por el pago de honorarios, al año 2015 cobraba $12 millones por la defensa penal de una sola persona. Lo único cierto es que el abogado “ha sido muy insistente en el derecho que tienen sus clientes de recibir visitas y comunicarse con sus familiares, pese a que algunos de ellos son inmigrantes irregulares en Chile”, señala una fuente del caso sobre los detenidos en la unidad de máxima seguridad. La discusión ha sido parte del conflicto desatado entre el juez Daniel Urrutia y Gendarmería luego de que el magistrado autorizara videollamadas para los miembros del Tren.

Otro de los reclamos de Cofré a favor de sus clientes, según las mismas fuentes, se ha centrado en tratar de lograr que los juicios orales de los líderes del “Tren de Aragua” sean completamente presenciales en el norte del país y que los “detenidos en Santiago sean llevados al norte, lo que es un gran problema de seguridad por el traslado”. Sus alegatos le han valido ser públicamente reprendido por los jueces de la ciudad, incluso con amenazas de aplicar medidas disciplinarias en su contra.

La Tercera llamó, envió mensajes y visitó la oficina de Claudio Cofré para tener su versión en este reportaje, pero sólo se limitó a indicar que estaba “muy complicado” para responder las consultas realizadas.

El cómo Cofré pasó de ser un oficial de Carabineros a convertirse en el abogado favorito de los líderes del “Tren de Aragua” en Chile es una historia que, en parte, él mismo se ha encargado de contar en redes sociales y en los pasillos de tribunales. Oriundo de Cauquenes, en la Región del Maule, se unió a las filas de la policía uniformada a finales de la década del 80 y sirvió gran parte de su carrera policial en Valparaíso.

Pero su paso por la institución terminó de manera abrupta. Luego de 11 años de carrera policial, en 1997 Cofré renunció de forma voluntaria a Carabineros, tras lo cual comenzó una cruzada contra los altos mandos de la institución que intensificaría a partir del año 2009, cuando se tituló como abogado en la Universidad Bolivariana.

En paralelo, incursionó como empresario. En 2008 creó una empresa de equipamientos de seguridad y otra de transporte de carga y grúas, rubro que años más tarde lo tendría como parte de “New Parking”, un aparcadero ubicado en Lampa donde se almacenaban autos que eran retirados de circulación luego de que Carabineros les cursara alguna infracción. De hecho, en 2018 el abogado enfrentó una formalización y se mantuvo por casi dos años con arraigo nacional y firma cada 20 días por el supuesto remate ilegal de más de 240 autos. Finalmente, la causa fue sobreseída sin responsables.

Ya como abogado, Cofré partió defendiendo a funcionarios de la policía uniformada que eran mal evaluados o expulsados de la institución. Luego se asoció con su hermano, el también excarabinero y abogado Patricio Cofré Soto. Quienes los conocieron en esa época afirman que su público objetivo estaba claro: asumían las defensas en casos en que no todos los abogados aceptan trabajar, como narcotraficantes, homicidas y ladrones que tienen dinero para pagar a un jurista de confianza. Y en búsqueda de clientes, instalaron sus oficinas en el epicentro del negocio: a una cuadra del Centro de Justicia de Santiago.

El primer caso en que el nombre de Claudio Cofré se hizo públicamente conocido ocurrió en enero de 2011. En esa oportunidad, el abogado, en representación de dos exfuncionarios de Carabineros, se querelló contra cuatro altos oficiales, entre ellos el entonces director de inteligencia Bruno Villalobos, por realizar escuchas telefónicas ilegales a sus representados. El caso derivó en nuevas denuncias, como el supuesto “pinchazo” de teléfonos de parlamentarios y líderes sociales. En 2014, la Corte Suprema desestimó la responsabilidad de Villalobos, quien un año más tarde se convirtió en general director de la institución, el cual terminó involucrado en la “Operación Huracán” y hoy enfrenta un juicio en que se piden 24 años de cárcel en su contra por malversación de gastos reservados.

Pero, sin duda, Cofré saltó a la fama el 2012. En marzo de ese año, tras el asesinato a golpes del joven Daniel Zamudio, el jurista asumió la defensa de Patricio Ahumada, conocido como “Pato Core”, y Alejandro Angulo, dos de los cuatro acusados por el homicidio. “Recuerdo muy bien que Claudio Cofré se veía como alguien con muy poca experiencia. Siempre me llamaba la atención que antes o después de las audiencias nos preguntaba qué es lo que tenía que hacer o qué escrito podía presentar”, recuerda hoy otro de los abogados involucrados en el proceso judicial.

Pese a ello, Cofré estaba dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para liberar de culpa a sus clientes. Prueba de eso fue lo que ocurrió en abril de 2012, cuando los entonces diputados Marco Antonio Núñez (PPD) y Juan Luis Castro (PS) dieron a conocer que en el cuerpo de Zamudio se encontró la bacteria Clostridium difficile. De inmediato, Cofré pidió la exhumación del cadáver del joven argumentando que su real causa de muerte pudo ser la infección y no la golpiza propinada por sus defendidos. Pero su petición no prosperó y en mayo de 2013 renunció “por problemas personales” a la defensa de Ahumada y Angulo, con quienes siempre mantuvo la estrategia de nunca asumir responsabilidad en el caso. Finalmente, Ahumada fue condenado a cadena perpetua y Angulo, a 15 años de prisión.

Quienes han tenido a Cofré como contraparte en investigaciones y juicios afirman que una de las características de su forma de litigar es “tratar de desviar la atención”, generando denuncias y procesos paralelos contra jueces, fiscales y policías que participan en las investigaciones contra sus clientes. Y, para ello, aseguran las mismas fuentes, es normal verlo presentar escritos con reflexiones personales y varias faltas de escritura y redacción. “Habitualmente, muchas personas señalan que los abogados, como yo en particular, ‘representamos delincuentes’, ‘gente de poblaciones’, ‘de bajos estratos sociales’, hablando en términos generales, que han dedicado toda su vida a la actividad delictual”, expresó en una querella contra funcionarios del OS.7 de Carabineros en mayo de 2020 por un caso de drogas en La Ligua, ante lo cual aseguró que “sabemos que esta situación está compuesta de una multiplicidad de factores, los que influyen en el aumento de gestación de este germen antisocial”.

En otro caso de narcotráfico, pero esta vez en Viña del Mar, Cofré se querelló sin éxito contra los funcionarios de la PDI que allanaron la casa de su cliente por, supuestamente, haber abusado sexualmente de la pareja del acusado. Pero lo más curioso, recuerdan los involucrados en el proceso, fue que Cofré denunció que en vez de los 300 gramos de cocaína encontrados por la PDI, su cliente almacenaba tres kilos y que la diferencia había sido robada por los policías. “Después inventó que los funcionarios policiales le habían falsificado las firmas y las huellas en las actas que firmó su representado. Eso lo investigó la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional, y Labocar de Carabineros hizo una pericia caligráfica y dactilar que determinó que no había ninguna falsificación”, relata un participante de la investigación.

Finalmente, el año 2020 también trató de incursionar en la política: hizo una campaña para reunir firmas y postularse como candidato a diputado independiente por el distrito 8 que agrupa, entre otras, las comunas de Maipú y Estación Central, en la Región Metropolitana. Pero no alcanzó la cantidad necesaria apoyos para aparecer en la papeleta.