El bautismo de fuego que enfrenta Mario Desbordes en Santiago

“El 12 de diciembre recién pasado, y a tan sólo seis días de haber asumido como el nuevo alcalde de la comuna de Santiago tras desbancar a Irací Hassler (PC), el exministro y exdiputado Mario Desbordes (RN) -quien llegó al municipio bajo la expectativa ciudadana de que iba a erradicar de inmediato el comercio ilegal- enfrentó la primera grieta en su aterrizaje a la alcaldía más emblemática del país.

“Erradicar 100% el comercio ilegal en la vía pública es casi imposible. Son muy pocas las ciudades que pueden decir que lo han logrado, al menos en América Latina. Esperamos lograrlo, pero vamos a estar machacando y machacando constantemente, todas las semanas, todos los meses”, admitió frente a una de las problemáticas más acuciantes que afectan a barrios como Meiggs, Franklin y Diez de Julio, donde llevan años batallando contra los llamados “toldos azules” que se han apoderado de calles y veredas.

El mensaje del edil -a quien sus partidarios ven como una suerte de sheriff- fue leído, especialmente por sus detractores y comerciantes de la zona, como un primer sinceramiento frente a la magnitud y profundidad del fenómeno del comercio ilegal.

Las pruebas las había constatado personalmente. El mismo 7 de diciembre -un día después de asumir- dio el primer golpe de efecto con un sorpresivo operativo en Meiggs, desmantelando 30 toldos, tarea que continuó los días siguientes, hasta completar 167, junto a planes de fiscalización a vehículos con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en Franklin exigiendo facturas; decomisos de mercadería falsificada y allanamientos de bodegas. Pero, hasta ahora, los toldos siguen ahí.

La falta de resultados ha tenido repercusiones. No solo por las críticas, sino porque la valoración positiva del edil -según la encuesta Cadem- descendió de un 58% a un 55% entre la primera y la segunda semana de febrero, aunque, según ese mismo sondeo, sigue siendo la segunda figura mejor evaluada en la centroderecha.

En su círculo hay preocupación y la decisión fue pasar a la ofensiva. Primero, para aclarar que nunca dijo que el problema lo iba a resolver de inmediato; que el objetivo es atacar a estas “mafias”, una y otra vez, hasta que dejen de tener un negocio rentable. Y, luego, para fijar -por primera vez- fechas. “En un año y medio más, a más tardar, vamos a tener recuperadas las calles (...). La calzada va a estar completamente despejada y vamos a haber avanzado en recuperar buena parte de las aceras”, sostuvo a mediados de este mes.

Hoy, Desbordes va más allá y establece un nuevo plazo fatal, más ambicioso, ante LT Domingo. “Algunos dicen: ‘No, lo que dijo es que iba a erradicar el comercio ilegal y no lo ha hecho’. Claro que lo voy a erradicar, y eso lo mantengo. El 100% yo espero tenerlo erradicado de aquí a por lo menos unos dos años y medio más”, afirma.

El tiempo -sin embargo- juega en su contra. Más aún en un 2025 marcado por las elecciones parlamentarias y presidenciales, en las que históricamente Santiago y su alcalde juegan un rol clave y en el que la mirada del mundo político va a estar puesta en los avances que logre en seguridad: una temática base del programa de Evelyn Matthei. A ello se suma la presión de los mismos comerciantes legales y de los gremios de barrios como Meiggs, que piden soluciones más rápidas.

“El plazo de dos años y medio es muy complejo, porque pasar dos navidades más en las mismas circunstancias que pasamos la Navidad anterior es muy, muy complejo”, advierte Cristián Pizarro, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs, grupo con quien Desbordes ha tenido una serie de reuniones en las últimas semanas.

Las estadísticas del sistema STOP de Carabineros indican que durante diciembre los delitos en la comuna subieron respecto del mismo mes del año anterior, siendo la última semana la más difícil, con un alza de un 29%. Sin embargo, desde enero a la fecha las cifras han sido positivas para el edil, con una baja constante en los delitos, infracciones e incivilidades. Pero no es el único flanco que enfrenta.

Durante la campaña municipal el exministro aseguró en reiteradas oportunidades que al interior del municipio había una “caja pagadora” a cientos de operadores vinculados al Partido Comunista y al Frente Amplio. “No puede seguir usando la plata del municipio para gente de su partido, para gente de su conglomerado”, fue el emplazamiento que le hizo a Hassler en uno de sus videos, en el que advirtió: “Voy a ganar la elección, vamos a ordenar las finanzas y eso va a pasar también por sacar a toda esta gente que no es necesaria y que vino a reventar las finanzas”.

Una promesa que cumplió con la no renovación de contratos. Y que llevó a las concejalas PC Camila Davagnino y Dafne Concha a solicitar -el 16 de enero- un pronunciamiento de la Contraloría por 160 desvinculaciones, hasta esa fecha, que consideran injustificadas.

“Esto tiene que ver con un tema político, una especie de revancha contra quienes pudieron haber eventualmente apoyado a la exalcaldesa”, afirma Davagnino.

Para Desbordes, “ellos no están desvinculados, no están despedidos. El contrato contiene una cláusula que es bien sencilla y que dice ‘o hasta que sea necesario su servicio’. Entonces, como jefe de servicio yo no he renovado contratos en el marco de la ley”.

Las áreas más afectadas por la salida de personal, además del gabinete y comunicaciones, fueron Participación Ciudadana y Vivienda, de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco); Patrimonio y la recién creada Subdirección de Igualdad, que atiende situaciones de violencia de género, diversidad sexual, discapacidad y pueblos originarios. Su cuenta de Instagram hoy fue cambiada a “Santiago Panoramas”.

En el caso de los territoriales de la Dideco, justifica la medida diciendo que “ellos mismos reconocieron que se dedicaron a hacer campaña por la alcaldesa, matiné, vermut y noche. Es decir, no hicieron la pega”.

Como contrapartida, en el municipio se cuestiona en voz baja el aterrizaje de numerosos militantes de Renovación Nacional, porque observan en esas contrataciones la misma práctica que se le reclama a Hassler. Como jefe de gabinete asumió el exdiputado y exconvencional Germán Becker (RN), mientras que como asesores de ese staff llegaron Gonzalo Torres Ferrari -exdirector interino del Registro Civil y actual concejal RN de Colina- y Jovanka Collao Martínez -exconcejala RN de San Bernardo-.

También hizo cambios en el equipo directivo. Como director jurídico nombró al abogado José Ignacio Pinochet Olave (RN), exsubsecretario de Agricultura en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En la Dideco llegó la administradora pública Eleonora Espinoza Hernández (RN), quien ya había sido directiva en La Florida y fue candidata a constituyente.

En la Secretaría de Planificación (Secpla) fue nombrada, a su vez, la ingeniera civil industrial Fernanda Román Castellano, quien renunció a su cargo de jefa del Departamento de Finanzas de Las Condes, y como administrador municipal llegó el licenciado en Derecho Claudio Pontillo Ramírez, exjefe de la avanzada presidencial de Piñera y esposo de la exsubsecretaria Katherine Martorell (RN). Él lo ha reemplazado en los días de vacaciones que se tomó y que han sido fuertemente cuestionados por sus detractores.

Además, integró a Macarena Bravo Rojas, excandidata a alcaldesa por el Partido Republicano en Maipú; a Ivo Pavlovic Lazcano, excandidato UDI a la alcaldía en Estación Central, y a Renata Santander Ramírez, concejala RN por La Florida.

El abogado Gustavo Mendoza (FA), quien era parte del equipo jurídico de Hassler, tampoco fue renovado. Hoy representa a cerca de 50 de los exfuncionarios que demandaron al municipio acusando motivos políticos detrás de sus salidas. “En su gran mayoría hay muchos que son militantes de partidos políticos de izquierda, de oposición a la actual administración municipal: Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista”, admite el profesional.

Al mismo tiempo, dice que la gran mayoría comparte el haber llevado menos de tres años en el municipio (sin alcanzar así la “confianza legítima” de cinco años aún vigente por Contraloría) y que, efectivamente, hicieron campaña “fuera de su horario laboral” por la exalcaldesa PC.

“La Corte Suprema se ha pronunciado muchas veces respecto de situaciones cuando se declaran despidos por discriminación política. Es evidente que toda gestión municipal tiene el derecho también de llevar gente de su confianza a trabajar. Pero resulta que la ley es la que establece cuáles son los cargos de confianza del alcalde, y este no es el caso”, apunta Mendoza.

La situación augura una larga batalla judicial en la que, como muestra, 35 de los representados por Mendoza buscan recibir indemnizaciones que suman $ 1.500 millones.

La situación presupuestaria en la que el nuevo edil dice haber encontrado la institución es uno de sus mayores lamentos. “Si he tenido sorpresas, es la debacle que tiene la educación municipal en términos financieros y el desastre económico de la Corporación para el Desarrollo Social. Nunca pensé que fuera tan grave”, acusa hoy Desbordes.

A los $ 13.500 millones de déficit del municipio -que considera manejable-, sostiene que recibió el Departamento de Educación “con $ 500 millones de saldo negativo y con $ 1.300 millones en deudas ya vencidas”, y que tanto el arriendo como los gastos comunes de las oficinas que son ocupadas por la repartición estaban impagos desde hacía cinco meses.

Todo ello, dice, pese a que los aportes municipales al área de Educación pasaron de $ 8 mil millones en 2021 a $ 20 mil millones en 2024. Con ellos -acusa- se habría contratado “a mil personas adicionales entre profesores y asistentes de la educación”.

El déficit ha derivado en que Santiago adeude el pago de bonos a los profesores de la comuna. “No tengo ocho mil millones para traspasar a Educación. Entonces, no es que yo no quiera pagarlos”, sostiene el edil.

“Sea un alcalde de derecha o de extrema izquierda, quien pretenda no pagar los bonos se enfrentaría a las mismas movilizaciones y a un año escolar en riesgo de inicio. Lo que él tiene que hacer es buscar solución. Santiago tiene posibilidades de asumir esto, es uno de los municipios con más altos ingresos del país”, sentencia Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores.

Y aunque Hassler no se refirió al tema, desde su entorno aseguran que el conflicto es parte de una instalación que califican de errática. “Pensar que vas a asumir un municipio como Santiago sin déficit es básicamente no saber dónde estás parado”, afirma una fuente.

El asunto, por ahora, no parece de fácil solución. Y así lo explicita el propio edil, debido a otros compromisos pendientes que debe asumir. “Cuando a mí me llegue plata tengo que pagarles las cotizaciones a los trabajadores de la Corporación de Desarrollo de Santiago (Cordesan), pues esos 500 trabajadores están sin sus cotizaciones pagadas”, a lo que se suman deudas con la Tesorería.

El organismo, una corporación de derecho privado a cargo de materias de seguridad pública, gestión urbana, deportivas y culturales, se transformó -según el edil- en una caja pagadora para el PC, pasando de 300 a 500 trabajadores.

Su decisión es perseguir responsabilidades en la Cordesan. Pero su primer intento fue un fracaso, ya que una querella presentada semanas atrás fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones. Además, busca licitar el próximo mes una auditoría a la administración Hassler. Sus detractores reclaman que ha sido “irresponsable” al dar cifras de un supuesto déficit sin haber realizado ese control.

Con todo, el conflicto con los docentes amenaza con convertirse en marzo en una nueva prueba de fuego para su administración. Esto unido a la aplicación de “Aula Segura” -cuestionada por el oficialismo-, que planea echar a andar junto al inicio del año escolar.

La última vez que Mario Desbordes y Evelyn Matthei hablaron del tema municipal y de política fue hace tres semanas. Y fue por casualidad.

El miércoles 29 y el jueves 30 de enero pasado se desarrollaba el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025 en Ciudad de Panamá. Y ambos -junto a otras autoridades- habían sido invitados. Lo que no estaba previsto es que coincidieran en el mismo vuelo -el de las 17 horas en el Copa Airlines-, ni menos que les tocaran asientos contiguos.

En las seis horas de viaje, hablaron de todo. Del momento político, de la presidencial y de las primarias, aunque lo municipal acaparó gran parte de la conversación, pues la exalcaldesa -con su amplia experiencia en Providencia- aprovechó de preguntarle detalles de lo que estaba haciendo en seguridad y comercio ilegal.

Matthei fue una de las impulsoras de la candidatura de Desbordes en Santiago. Una comuna apetecida en Chile Vamos -por la que circularon varios nombres-, que la presidenciable consideró clave recuperar en su ruta a La Moneda. Era su marca de triunfo en los comicios municipales de ese 27 de octubre. Y lo consiguió.

Pero en el entorno de la exministra y también en el de Desbordes se admite que ahora viene lo más difícil: mostrar resultados. Más aún en un año electoral, donde cualquier error puede repercutir en los guarismos.

Para esa tarea mantiene una fluida comunicación con los actores en seguridad. La ministra del Interior, Carolina Tohá; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán; el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y con todos los alcaldes que limitan con su comuna. De hecho, se comenta que Tohá le pidió expresamente -en una de las conversaciones que tuvieron luego de asumir- ocuparse de Meiggs, Franklin, el Casco Histórico y La Chimba, en la que tampoco han desaparecido las cocinerías callejeras.

También está coordinado con los alcaldes de su sector. Incluso, el jueves 23 de enero llegó hasta la casa del nuevo alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Indep. Chile Vamos), junto a los ediles de Providencia, Jaime Bellolio (UDI); de Huechuraba, Max Luksic (Indep. Chile Vamos); de La Reina, José Manuel Palacios (UDI); de San Miguel, Carol Bown (UDI), y de Independencia, Agustín Iglesias (Indep. Chile Vamos).

Degustando un plato de ceviche preparado por el mismo Sichel, discutieron cómo había sido la experiencia de cada uno al llegar a sus municipios. La excepción fue Palacios, por haber sido reelecto. Nuevamente, en ese espacio, el tema de seguridad capturó la conversación, conscientes de que sus gestiones son clave para los desafíos electorales de este año.