El carcelero de Trump: La nueva deriva del modelo Bukele

Encorvados, con la cabeza gacha, esposados de manos y de pies, los primeros prisioneros enviados de Estados Unidos a El Salvador bajaron de dos aviones durante la noche del sábado pasado. Todos fueron trasladados al Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), la “megacárcel” que se ha convertido en el símbolo de la política penitenciaria del Presidente Nayib Bukele.

En un video publicado por la misma presidencia salvadoreña, siguiendo el ingreso de los reos, se ve cómo caminan agachados entre dos agentes, se les pasan ropas blancas y se les afeita el pelo y la barba, además de posar apilados antes de entrar a sus celdas.

Los dos vuelos llegaron a El Salvador con 261 personas a bordo, siendo el primer envío del acuerdo entre el Presidente Donald Trump y Bukele, del cual no se sabe mucho: solo que el líder salvadoreño quería ofrecer su Cecot al sistema carcelario estadounidense, a cambio de 20 mil dólares anuales por preso trasladado. Según Trump, todos los enviados eran venezolanos pertenecientes al Tren de Aragua y pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha.

Horas después, un juez norteamericano cuestionó la operación y ordenó al gobierno el regresar los aviones. La única respuesta de Bukele fue un tuit que, con un emoji sonriendo, indicaba: “Demasiado tarde”.

El envío de presos del sistema carcelario norteamericano al salvadoreño no estaba previsto en ninguna normativa, pero para realizarlo, Trump invocó una ley que estaba en desuso desde la Segunda Guerra Mundial: la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Según analistas, esta acción podría ser una grave violación a los derechos humanos, considerando que las personas deportadas fueron enviadas a una cárcel de máxima seguridad sin siquiera haber sido juzgadas.

En el vuelo habían llegado 261 indocumentados, expulsados de Estados Unidos: 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha. Sin embargo, no se han hecho públicas ni sus identidades ni las pruebas de su vinculación criminal. De todos modos, Trump aseguró en la red social X: “Estos son los monstruos enviados a nuestro país por el corrupto de Joe Biden y los demócratas radicales de izquierda. ¡Cómo se atrevieron!”, escribió.

De paso, el magnate no dudó en dar un espaldarazo a la política carcelaria de su homólogo centroamericano: “Gracias a El Salvador y, en particular, al Presidente Bukele, por comprender esta horrible situación a la que llegamos en Estados Unidos por la incompetencia del liderazgo demócrata. ¡No lo olvidaremos!”.

El trato de envío de presos a El Salvador lo cerraron Bukele y el secretario de Estado Marco Rubio, en una gira centroamericana del último en febrero. “Es un acuerdo sin precedentes, el más extraordinario del mundo”, aseguró Rubio, indicando que El Salvador se había ofrecido a recibir a “criminales peligrosos” que estuvieran bajo custodia o cumpliendo condena, “incluso si son ciudadanos estadounidenses o residentes legales”.

Al respecto, Noah Bullock, director de Cristosal, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador, señala a La Tercera: “Dos jefes de Estado, de manera unilateral, acuerdan en crear una colonial penal transnacional en El Salvador, fuera del alcance del Estado de Derecho, y se arrogan de poder de decidir quién es inocente y quién culpable y dictar castigos sin el más mínimo debido proceso. Hay personas que por el dolor que las estructuras criminales nos han causado aplaudirán la medida, pero la pérdida de derechos tarde o temprano nos alcanzará a todos”.

Desde Human Rights Watch, la directora de la división de las Américas de la ONG, Juanita Goebertus, comenta a La Tercera: “Es una decisión muy grave. No solo porque viola los propios procedimientos migratorios en EE.UU., sino, además, porque tilda de criminales a personas sin ofrecer ningún tipo de evidencia. Supone, también, deportar a personas a un sistema carcelario abiertamente violatorio de los derechos humanos”.

Según indicó Bukele en un tuit, su gobierno ganaría cerca de seis millones de dólares con ese primer envío de deportados. “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros. Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario”, escribió.

Pero los seis millones de dólares son lo de menos. Con esto, Bukele está fortaleciendo su imagen internacional y sus relaciones con Washington. Al respecto, Marco Rubio aseguró: “Es el líder más fuerte en seguridad de nuestra región, y un gran amigo de Estados Unidos”.

Además, en febrero de 2024, el líder salvadoreño tomó parte, por primera vez, de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre organizada por los republicanos a las afueras de Washington. Así, Bukele sería uno de los miembros más populares en la internacionalización del “Make America Great Again”, según indica La Vanguardia.

Ahora bien, algunos expertos aseguran que Bukele no solo busca los halagos. Con estas medidas, se estaría “ganando el silencio” de Washington frente a sus políticas de seguridad, que ya habían sido criticadas por tener las tasas de encarcelamiento más altas del mundo y un estado de excepción que lleva tres años.

Esto, ya que muchos de los 85 mil salvadoreños que han sido detenidos durante este tiempo han virtualmente desaparecido, ya que sus familias no saben si están vivos o muertos. Al respecto, Goebertus indica: “Desde HRW hemos hecho trabajo de campo en El Salvador durante los últimos tres años, en el marco del régimen de excepción declarado por el gobierno de Bukele. Más de 350 personas han muerto en cautiverio, hemos documentado torturas, malos tratos, hacinamiento y falta de acceso adecuado a alimentación y atención médica”.

El debido proceso, indica Goebertus, ha sido completamente suspendido. “Hay 85 mil personas detenidas, incluyendo 3.300 niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de los casos sin órdenes de captura”. Asimismo, muchos no tienen evidencia de su vinculación a la comisión de delitos, ni posibilidad de acceder a abogados y a familiares. Esto, con audiencias colectivas que han llegado hasta 500 personas.

Según indica la experta, el precio que se ha pagado para reducir la tasa de homicidios es el Estado de Derecho y los derechos humanos, además de la independencia judicial, que no existe en El Salvador. “Y como es un modelo de encarcelamiento masivo, sin ninguna sentencia en contra de un adulto, los líderes de las maras salieron del país, y no hay procesos para develar las redes de lavado de activos, de corrupción, de tráfico de armas y de reclutamiento de jóvenes”.

Al respecto, Goebertus indica que, en estos tres años de estado de excepción, a pesar de los 85 mil encerrados, no hay información de ningún adulto condenado: las poco más de 1.000 condenas son solo contra menores de edad. “Colapsaron el sistema de justicia capturando a miles de personas sin el debido proceso, y ahora la justicia no sabe qué hacer con ellos, porque tendría que soltar a la mayoría, y no se van a ir en contra de Bukele”, asegura.

Por su parte, Bullock afirma: “El sistema penitenciario salvadoreña durante el estado de excepción se ha vuelto un foco de abusos y corrupción. Cuando EE.UU. contrata los servicios carcelarios de este sistema, normaliza las violaciones sistemáticas de derechos humanos y muestra que cualquier otro mandatario que desee contratar el servicio puede desaparecer a las personas y grupos que ellos consideran indeseables en su país”.