El descontrol de los “pulpos verdes” del barrio Meiggs

El 8 de agosto de 2023 sólo se veían caras sonrientes entre los funcionarios de la Segunda Comisaría de Carabineros de Santiago, ubicada en calle Toesca del centro capitalino. Prueba de ello había sido la amplia felicitación que el jefe de la unidad, el mayor José Negroni Robles (38), había dado a sus funcionarios por lo que consideró había sido un “exitoso” procedimiento policial.

La unidad policial, compuesta por 90 funcionarios, 28 de ellos dedicados al patrullaje en las calles, tiene bajo su jurisdicción todo el sector oriente del popular barrio comercial Meiggs, partiendo desde calle Exposición, en el límite con Estación Central. Una zona que, además de la gran cantidad de locales de venta al por mayor y al detalle, concentra el comercio ambulante y una buena parte de las cifras de delitos que ocurren en la comuna.

El motivo de la alegría era que en horas de la mañana el sargento 1° Leonardo Valenzuela Beltrán (42) y los cabos 1° Diego Ríos Catalán (29) y Jairo Jofré Pereira (34) habían asestado un golpe: en calle Bascuñán Guerrero 635 habían detectado que, supuestamente, el local chino “Asia Restaurante” estaba vendiendo alcohol sin permisos municipales.

Por ello, junto a inspectores municipales de Santiago, incautaron cerca de 1.500 botellas de alcohol, avaluadas en más de $ 50 millones. Era tanto el alcohol requisado, que se necesitaron siete viajes en camioneta para retirarlo y llevarlo a la Segunda Comisaría. En lo formal, una boleta de citación al Juzgado de Policía Local y un parte policial por ocultamiento de identidad registraron todo el procedimiento. Pero con el pasar de los días el sabor a éxito de la redada comenzó a diluirse.

El 30 de agosto de 2023, Ríos Catalán llamó al Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), organismo que investiga malos comportamientos y eventuales delitos de sus mismos funcionarios. “Indica que desde la fecha del procedimiento se le han acercado distintos funcionarios de la Segunda Comisaría, quienes le habrían dicho que dejara de fiscalizar el local ‘Asia Restaurante’, porque era de ellos”, relató el abogado asistente de la Fiscalía Centro Norte, Nicolás Beyer, el pasado 27 de mayo.

Según el cabo Ríos, sus colegas le habrían dicho que “ellos cobran una mensualidad en dinero en efectivo por omitir y dejar tranquilo el restaurante” y que lo habrían invitado a “participar del negocio”. “Agrega que el cabo Jairo Jofré Pereira trabaja de la misma manera, solicitando dinero por protección en otros dos locales”, agregó el cabo Ríos en su denuncia.

Sólo que ya era demasiado tarde para Diego Ríos Catalán y su intento de culpar a otros. Con su teléfono intervenido y un cúmulo de pruebas en su contra, para el Ministerio Público lo que en realidad había pasado ese 8 de agosto de 2023 al interior del “Asia Restaurante” era un episodio más de los hostigamientos, amenazas y falsos delitos con los que Diego Ríos y otros 12 carabineros -ya expulsados-, la mitad de los funcionarios operativos de la Segunda Comisaría de Santiago, habrían extorsionado por dinero a empresarios chinos del barrio Meiggs desde hace al menos un año.

Una trama de coimas reiteradas que iban desde los $ 50 mil por dejar pasar pequeñas faltas, hasta $ 1,6 millones mensuales por prestar servicios de seguridad en la misma zona donde los funcionarios policiales tenían a cargo la seguridad pública. Pero donde también se descubrieron robos de dinero en procedimientos, quitadas y venta de cigarrillos de contrabando y hasta consumo de drogas al interior de la misma unidad policial.

Las denuncias que el cabo Diego Ríos hacía contra sus compañeros no eran algo nuevo. De hecho, a fines de 2022, una de esas supuestas revelaciones sería la que terminaría sellando su suerte, develando al Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar) el verdadero ambiente de corrupción que se vivía al interior de la Segunda Comisaría.

En esa oportunidad, según consta en el expediente con el que la Fiscalía Centro Norte formalizó a 12 de los 13 carabineros el 27 de mayo pasado, Ríos Catalán delató a un cabo 2° de iniciales D.R. De acuerdo al Informe Policial N° 197 de Daicar, Ríos acusó que D.R., en medio de un cambio de turno, le habría dicho que “tenía algo bueno en la noche”. “Debido a esto, le pregunté si era en la empresa Salfa, la cual hace tiempo señaló que junto a su amigos tenía listas las camionetas para sustraerlas del lugar, donde me indicó que no, que se trata esta vez de al lado, de la empresa de valores”, narró.

Además, Ríos aseveró que el mismo D.R. le habría confidenciado que “si se pitiaban (robaban) un auto el pago era una luca y media ($ 1,5 millones) por auto y en la noche se hacían hasta cinco autos, donde las ganancias eran divididas para todos en partes iguales”. “En base a esos antecedentes, por las propias denuncias que realizaba el señor Diego Ríos y por su vínculo con D.R., se solicita una autorización judicial para interceptar ambos teléfonos”, relató la Fiscalía.

Hasta ese momento, la hoja de vida de Ríos Catalán era impecable. Tras estudiar en la Escuela de Formación de Carabineros de Valdivia, el año 2014 fue destinado a la Décima Comisaría de La Cisterna, en la Región Metropolitana. Luego, todo el 2015 sirvió en la Primera Comisaría de Santiago. Más tarde, pasó dos años en la Escuela de Carabineros, para finalmente ser enviado, en agosto de 2019, a la compleja Segunda Comisaría de Santiago.

En su hoja de vida quedó plasmado que tanto los años 2020 y 2021 fue calificado en lista 1 de “mérito”, tras lo cual fue ascendido a cabo 1°. Pero el año 2022 su evaluación bajó a lista 2 de nivel “satisfactorio”. Además, registra cinco felicitaciones: una de 2021 por su “destacada y comprometida participación en el servicio de instalación de la primera sesión de constituyentes” y la última, de enero de 2023, por su “alto grado de profesionalismo y compromiso” al lograr la detención de una persona acusada de robo.

Tras la denuncia de Ríos, el personal de Inteligencia no encontró ninguna evidencia de delitos de parte de D.R. En cambio, la conducta de Diego Ríos distaba mucho de lo que había en los registros oficiales. Uno de esos episodios ocurrió la tarde del 1 de febrero de 2023, cuando él y el carabinero Rodrigo Obando Lagos (27) controlaron un furgón en calle Mirador de Santiago Centro.

Allí, según el relato de la Fiscalía, Obando comprobó que el auto “no contaba con la documentación ni tampoco con la licencia de conducir para esos efectos”. En la cámara de video trasera del radiopatrullas de los policías quedó el registro de cómo Ríos se acercó y comenzó a hablar con el copiloto de nacionalidad china. Luego, tomó su teléfono y llamó al empresario chino dueño del auto, a quien conocía, de iniciales J.L.

“Que pase weno”, le escucharon decir a Ríos en la interceptación telefónica, tras lo cual el hombre de negocios chino y el copiloto del auto comenzaron un diálogo en chino mandarín. De la traducción realizada por la Fiscalía se pudo concluir una orden clara: pagar a los carabineros no más de $ 50 mil como “plata para el café”. Luego, Ríos y el copiloto se subieron por unos minutos a la zona de carga del vehículo, tras lo cual dejaron ir al furgón sin cursar ninguna multa ni dejar registro del procedimiento.

Gracias al testimonio de otra ciudadana china, los investigadores pudieron dilucidar el verdadero significado de la palabra clave “plata para el café”: se trataba de sobornos. “Algunos carabineros que trabajan en el sector de Meiggs fiscalizan a locatarios y ciudadanos chinos, y cuando los sorprenden cometiendo algún tipo de infracción, les solicitan ‘dinero para café’”, dijo la testigo.

De a poco, también se fueron abriendo otros hechos que, nuevamente, involucraban a Diego Ríos Catalán y su colega Jairo Jofré Pereira. Era junio del año 2022 cuando ambos funcionarios vestidos de civil llegaron al mall chino “Hiper Asia 2″, ubicado en calle San Alfonso, en Santiago. Allí, según el testimonio del otro chino, de iniciales H.N., se presentaron con nombres falsos como “Felipe” y Andrés”, dijeron que eran carabineros y “ofrecieron servicios de seguridad a cambio de un monto único mensual de $ 1,6 millones” por guardia, se estableció en la investigación.

Para formalizar la oferta, los funcionarios incluso hicieron llegar una cotización firmada por “Andrés Jofré P.” con el detalle de sus servicios: personal que resguardaría el local por turnos de lunes a sábado en horario hábil. “Se considerará servicio especial ronda nocturna a las sucursales, dando cobertura en horarios inhábiles”, se lee en el documento. Tanto en su Manual de Doctrina como en sus reglamentos internos, Carabineros prohíbe a los miembros de sus filas ejercer labores privadas que estén sujetas a la fiscalización de la misma policía, como ocurre con los vigilantes privados.

En las cámaras del local quedó registrado cómo mes a mes Ríos o Jofré, incluso vestidos de uniforme, iban a buscar los sobres con dinero y firmaban recibos con los nombres falsos, pero usando sus mismos apellidos. “Contrataron el servicio por alrededor de ocho meses, hasta que se dieron cuenta de que no era realmente prestado, porque cuando ocurrían robos, los carabineros no hacían nada”, aseguró el Ministerio Público.

“Al día siguiente los carabineros se pararon afuera del local y comenzaron a hacer fiscalizaciones. Todo con el objeto de que volvieran a pagar”, relató la Fiscalía. Tras negarse a reponer el “servicio” de guardias, ocurrió la fiscalización y la incautación de 1.500 botellas de alcohol en el “Asia Restaurante”, donde el propietario de “Hiper Asia 2″ es uno de los socios. Algo similar, según otro testigo chino, de iniciales J.Z., ocurrió con el restaurante “Ki”, donde le habrían pagado $ 1 millón a Diego Ríos por “protección”.

Para María José Sarmiento, abogada de cinco de las víctimas de nacionalidad china en el caso, sus clientes no estaban en condiciones de negarse a contratar o pagar a los carabineros. “Cada vez que la gente se negaba era hostigada de forma permanente hasta conseguir la respuesta que ellos estaban buscando, llegando al punto de golpizas o procedimientos que se creaban y que terminaban en una detención”, asegura.

Ejemplo de ello fue lo que ocurrió el 9 de enero de 2023 en las afueras de la bodega “El Colorino”, de calle Fray Luis de la Peña de Santiago. Cerca de las 18 horas, los cabos segundo Michael Cuevas Díaz (33) y Charity Casanova Viera (24), acompañados del carabinero Jaime Morales Cofré (24), llegaron en bicicleta al local tras, supuestamente, haber recibido un llamado radial por personas sospechosas en el lugar. A la bodega, que según sus dueños estaba cerrada para el público, los funcionarios irrumpieron sin autorización legal y comenzaron a pedir permisos municipales, documentos de identidad y contratos.

Con los ánimos enardecidos, los policías pidieron refuerzos, los que llegaron en un radiopatrullas con Diego Ríos Catalán como conductor. Como quedó registrado en las cámaras de seguridad, tras una discusión, Ríos le dio un golpe de puño en el rostro al chino de iniciales X.X. Luego, los carabineros lo detuvieron por “ocultación de identidad”. Aunque en otro video de una testigo quedó la prueba de que X.X. sí había entregado su cédula de identidad y que había sido lanzado al suelo por el personal policial.

Tras este episodio X.X. fue el primero de los chinos de Meiggs que se atrevió a tomar acciones y, en marzo de 2023, presentó una querella contra los carabineros que participaron de su detención. Según adelantó en audiencia la fiscal Marcela Adasme, en las próximas semanas los ciudadanos chinos que pagaron a carabineros también podrían ser formalizados como autores del delito de soborno.

Con más de la mitad de los funcionarios operativos de la Segunda Comisaría de Santiago con sus teléfonos intervenidos, los investigadores también fueron descubriendo otros negocios paralelos a la extorsión de los empresarios chinos de Meiggs. Uno de ellos, la venta de cigarrillos de contrabando.

Bajo los indicios de algunas de las escuchas telefónicas, la inteligencia interna de los policías puso sus ojos en el carabinero Jaime Morales Cofré (24) y dio con un parte policial del 29 de octubre de 2023, donde decía que en las cercanías del terminal de Turbus, en Estación Central, se habían encontrado en el suelo 131 cajetillas de cigarrillos de contrabando: un producto ampliamente vendido por ambulantes en el sector.

Para comprobar su versión se revisaron todas las cámaras de seguridad del recinto. Allí aparecían Morales, junto al carabinero Nicolás Carrasco Carimán (24), persiguiendo a una vendedora ambulante, con cuyo marido forcejean una bolsa, se la quitan y se retiran del lugar. Interrogados ambos vendedores, dijeron que los policías les habían quitado las 250 cajetillas de cigarros y que no estaban botadas en el suelo ni eran 131, como se consignó en el parte.

Horas más tarde, una escucha telefónica dejaría en claro para el Ministerio Público el destino que se daría a las cajetillas. “Cerré un buen trato”, le dijo por teléfono Jaime Morales a otro carabinero, Rodrigo Obando Lagos (27), a las 19.57 horas de ese día. “¿Cerraste un trato bueno?”, le respondió Obando. A lo que Morales confirmó diciendo: “Sí, 500 lucas ($ 500 mil) por 300 cartones (...) Los Carnival azules en el sur son los que más dan plata, dan más plata que aquí en Santiago”.

Para la Fiscalía, en este caso se configuraron los delitos de robo por sorpresa por la “quitada” de los cigarros y de falsificación de instrumento público, por elaborar un parte policial con antecedentes falsos. Y en el caso de Rodrigo Obando, también aparecerían nuevos antecedentes, pero ahora vinculados a drogas.

En el Informe Policial N°128 se consignó una llamada telefónica que Obando recibió la noche del 27 de octubre de 2023 de parte del cabo Américo Cisterna Salas (26), otro de los 13 implicados en el caso. Además de hablar de la venta de cigarrillos, Obando le dijo a Cisterna: “Hermano, ¿tenís de esa hue…? ¿Del periquito? (...) ¿Por qué no la traís ahora?”, a lo que Cisterna respondió: “¿Pero de la verde?”. Obando aclaró su pregunta diciendo: “No po, de la blanca”, tras lo cual Cisterna le dijo que no tenía, una conversación que para la Fiscalía hablaba de cocaína.

En el resto del diálogo, todo sería más explícito. “Ah, ya. ¿Tiene tussi?”, le preguntó Obando en referencia a la popular “cocaína rosada”: una droga sintética que, entre otros ingredientes, contiene el anestésico veterinario denominado “ketamina”. “No, no tengo”, le respondió Cisterna.

En el operativo que permitió la detención de 12 de los 13 carabineros de la Segunda Comisaría que fueron formalizados el 27 de mayo pasado, los domicilios de Rodrigo Obando y Américo Cisterna fueron cruciales. En el caso del primero, se encontraron 14 gramos de ketamina y 730 miligramos de cocaína. En el dormitorio de Cisterna se hallaron 57 gramos de marihuana, 4,3 gramos de cocaína y 5,5 gramos de ketamina.

Los abogados de ambos funcionarios alegaron que por las bajas cantidades de droga descubiertas sólo se trataba de productos para el consumo “personal y próximo en el tiempo”, incluso en fiestas que se realizaban al interior de los dormitorios de la misma Segunda Comisaría. Pero para la Fiscalía se trata de microtráfico, ya que por ley los funcionarios activos de la institución tienen prohibido consumir drogas.

El jueves pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva para seis de los 13 implicados en el caso. El resto cumple otras medidas, como arresto domiciliario total o parcial, mientras que el jefe de la Segunda Comisaría, mayor José Negroni Robles, está bajo un sumario administrativo de la institución por su responsabilidad en el mando. Un caso en el que ya se están investigando nuevos casos de extorsión y pagos por protección al interior del barrio Meiggs.