El doctor de las 16 mil licencias

Samir Rivaldo Hernández, médico colombiano de 29 años, estaba sentado en medio del 14 Juzgado de Garantía de Santiago. A su lado, otros médicos, algunos compañeros desde su tiempo en que estudiaba para ser doctor en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, pedían agua y comida para soportar la maratónica jornada del viernes 9 de diciembre pasado: llevaban 11 horas escuchando cómo la Fiscalía Metropolitana Oriente y una serie de querellantes exponían pruebas para imputarles delitos como asociación ilícita, lavado de activos y emisión fraudulenta de licencias médicas falsas.

Hace poco, Rivaldo llevaba una vida relativamente normal. Vivía en su domicilio de La Florida junto a su pareja, Yesica Donado, también médico colombiana, quien ahora estaba en la misma audiencia, sentada junto a él. Pero todo cambió en semanas, cuando Rivaldo y Donado quedaron bajo la lupa de las principales instituciones de salud en Chile.

Cinco meses atrás, en junio del 2022, el Consejo de Defensa del Estado -que representa judicialmente a Fonasa- y la Asociación de Isapres le hicieron ver a la Fiscalía Nacional que, desde 2019, cada vez había más médicos emitiendo licencias falsas.

Luego, organizaron un trabajo en conjunto: las instituciones enviaron al Ministerio Público una lista con médicos que eran emisores masivos. Es decir, profesionales que, según el Compin, la Suseso, Minsal y Fonasa, superan con creces el promedio de 140 licencias que emite un médico en condiciones normales durante un año. La lista contenía a personas que registraban más de 1.600 licencias emitidas en ese período de tiempo.

De ese listado, las primeras querellas se concentraron en 28 médicos. Cuando los números estaban listos, causaron sorpresa: ese puñado de doctores, detallan cifras de la Fiscalía Oriente, emitió entre 2020 y 2022 más de 140 mil licencias. Esas se traducen, acusan en el Ministerio Público, en un perjuicio económico al Fisco por licencias falsas de 38 mil millones de pesos. El daño económico a las isapres aún está por determinarse.

Lo otro que causó sorpresa fue que el primero de la lista, el emisor más grande hasta el momento, era Samir Rivaldo. Había emitido 16.039 licencias médicas en esos dos años, ocasionando, según la acusación, un perjuicio fiscal de cinco mil millones de pesos. En tanto, Donado, su pareja, entre abril del 2021 y junio del 2022 emitió 9.812 licencias, por un total de $ 3.100 millones de pesos.

A lo largo de esas 11 horas de audiencia, Rivaldo iba escuchando el modus operandi con el que habría realizado el delito que le imputaban: en su empresa, Doctor Mitite, vendían licencias médicas ideológicamente falsas.

Lo que decía la acusación era que Rivaldo nunca atendía a sus pacientes, sino que habían captadoras trabajando para él que ofertaban en redes sociales un tarifario para obtener jornadas de descanso pagadas: 11 días por 30 mil pesos; 15 días por 40 mil; 21 días por 55 mil y 30 días a 70 mil. A quien le interesara el trato, debía contactarse por WhatsApp, transferir el dinero y entregar sus datos personales.

Una chilena de nombre Daniela Gallegos es, hasta ahora, la única imputada que ha declarado, según indica el representante de la Asociación de Isapres en la querella, el abogado Davor Harasic: “A ella se le acusa de tramitar a 81 médicos colombianos ante el SII para que comiencen a ejercer su profesión en Chile. Si bien aún hay que ver en la investigación el vínculo con ellos y cómo se contactaban, lo cierto es que es anormal: por lo general cada médico tramita su propio RUT, o tramita varios si es el caso de un contador, pero ella no es contadora”.

El subprefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, detalla algo más acerca de la estructura de la operación.

“Acá hay tres roles de los imputados: los médicos que emitían las licencias falsas; los captadores, que se encargaban de publicitar y vender las licencias en redes sociales, y los representantes legales, que pueden ser o no médicos, pero su principal rol es hacer los trámites en Chile para que estos profesionales puedan ejercer la medicina”.

Eso lleva a otro dato que salta a la vista: la mayoría de los médicos imputados son colombianos y egresaron de la misma universidad: la Simón Bolívar de Barranquilla.

José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, asegura que no tienen antecedentes específicos de esa casa de estudios colombiana. No obstante, hace una apreciación.

“En todos los países de Latinoamérica tenemos universidades de buena, mediana y baja calidad -sostiene Bernucci-. Y hay algo que se repite en general en todos los países: los médicos que egresan de universidades de baja calidad emigran y no se quedan trabajando en sus países. Chile es un receptor de gran parte de esos profesionales. Por eso es importante certificar la calidad de ellos, tema que se ha ido debilitando con los años, con las últimas leyes que permiten que estos médicos ejerzan sin el Eunacom aprobado”.

Samir Rivaldo llegó a Chile en calidad de turista, desde Colombia, en mayo del 2019. Tres años atrás había obtenido el título de médico en la Universidad Simón Bolívar. A fines de ese año regularizó su situación migratoria, para luego, en febrero del 2020, constituir como único socio su empresa: Doctor Mitite. Según datos del SII, el fin de la empresa era establecer un centro médico y entregar servicios de salud.

Rivaldo pudo operar rápidamente en Chile, ya que no necesitó hacer el Eunacom. Primero, porque no es requisito rendirlo para trabajar en el sector privado. Y, segundo, porque los médicos colombianos, brasileños y uruguayos pueden validar sus estudios ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, gracias a un tratado suscrito con esos países. El acuerdo con Colombia, eso sí, caducó el pasado 1 de mayo, tras lo cual los interesados deben hacer los trámites ante la Universidad de Chile.

La fiscal de Alta Complejidad a cargo del caso, Constanza Encina, tiene la hipótesis de que Rivaldo comenzó a emitir licencias apenas llegó a Chile, en 2019. No obstante, las licencias por las que se le acusa de estos delitos comienzan en abril de 2020: cuando el profesional quedó en la mira del Consejo de Defensa del Estado.

Según datos oficiales que entregó una institución prestadora de salud, que pidió reserva, en abril del 2020 Rivaldo otorgó 47 licencias médicas. Al mes siguiente, entregó 107. Mes a mes fue subiendo paulatinamente su producción, hasta que en enero de 2021 el número se disparó: ese mes dio 424 licencias médicas.

Su peak, en todo caso, no fue ese. En diciembre del 2021 emitió 1.770 licencias. Este aumento coincide con otro hecho: su novia, Yesica Donado, ese mes también estableció otra sociedad para prestar servicios de salud: Provimedc SPA.

La mayoría de las licencias que extendió Rivaldo tuvieron como diagnóstico “trastornos mentales”: más de 11 mil hasta marzo del 2022. El diagnóstico que le sigue es “enfermedades osteomusculares”, con 1.844. Y mucho más atrás, con 128 apariciones o menos, le siguen traumatismos, enfermedades respiratorias, infecciones, entre otras.

Rivaldo y Donado vivían juntos. Y según detalla el subprefecto Romero, la bonanza en sus negocios hizo que su estilo de vida diera un salto.

“Estimamos que, como persona natural -detalla-, Rivaldo tenía ingresos mensuales por 20 millones de pesos y, como persona jurídica, de $ 120 millones”.

Además, Romero describe a Rivaldo como una persona “asidua al gimnasio”, que compraba lujos como joyas. De hecho, el médico mandó a confeccionar un collar y unas zapatillas Dolce & Gabanna con el nombre de su empresa grabados: Dr. Mitite.

Lo otro que caracterizaba a Rivaldo era el envío constante de remesas al extranjero. Lo demostraba en la audiencia el Ministerio Público: el profesional compraba dólares americanos y los enviaba a Colombia y Estados Unidos. Envió, según informaron, 298 mil dólares en varias transacciones. Asimismo, viajaba de forma seguida a Colombia.

Con el tiempo, el negocio fue ganando notoriedad. Hicieron publicidad en Instagram, Facebook y otras redes sociales. Todo, hasta que saltó la alarma en el Consejo de Defensa del Estado. Una vez que apareció la lista de emisores masivos, los días para que todo reventara estaban contados.

La madrugada del 6 de diciembre, personal de la PDI detuvo a 29 imputados: todos esa misma noche. A Rivaldo lo detuvieron en la casa de otra imputada por esta causa, en Buin. Según Romero, el médico posiblemente tenía un plan de escape.

“Lo particular de la detención es que él estaba al tanto de que iba a ser detenido -explica el subprefecto-. Como ya habían sido detenidos miembros de la organización en el aeropuerto, seguramente entendieron que había una orden de arraigo, por lo que habrían pensado en escapar a otra ciudad dentro del país”.

Tanto es así que, según Romero, Rivaldo fue detenido con su pareja con las maletas hechas y una caja fuerte con efectivo: 60 mil dólares y nueve millones de pesos.

Esta es una de las razones por las que el Ministerio Público sostiene que había conexión entre la treintena de formalizados: Donado, además de emitir para Doctor Mitite, estaba involucrada en dos centros médicos.

Samir Rivaldo, rodeado, no se resistió a su detención. Hasta la fecha no ha declarado: tal como la mayoría de los imputados, hizo valer su derecho a guardar silencio.

Entre las acusaciones que enfrenta Samir Rivaldo y su pareja destaca esta: a pesar de que tenían centros médicos inscritos, y entre los dos emitieron más de 20 mil licencias, cuando el personal de PDI acudió a los domicilios, no encontraron ningún centro de salud.

“En la investigación no pudimos comprobar que ejercía legalmente su profesión -lanza el detective-. Cuando entramos al domicilio, solo encontramos un domicilio particular”.

Esto lo rebate Gabriel Cuevas, defensor de Rivaldo y Donado, quien sostiene que el profesional es inocente de todos los delitos que se le imputan.

“Eso no es cierto. Él ejercía su profesión con visitas a domicilio o de forma telemática, lo que está permitido. En el domicilio había medicamentos, elementos de urgencia y de primera necesidad. Tenemos pruebas de eso. No se incautaron esos elementos, ni se fotografiaron como evidencia, porque sabían que si los incautaban, la fiscalía no podría sostener en la audiencia que el domicilio solo era para fines tributarios”.

Davor Harasic rebate este argumento: “Ellos se excusan diciendo que era un médico ambulante. Pero la cantidad de licencias emitidas no calza con el tiempo que se necesita para atender pacientes. Tendría que haber estado en dos lugares al mismo tiempo. Es un chiste”.

Otro punto donde chocan es en la ilegalidad parcial o total del contenido de las licencias emitidas.

“La investigación no ha podido probar que el contenido de las licencias sea falso -contesta Cuevas-. No hay, por ejemplo, testimonios de pacientes que corroboren que no se les trató o entrevistó. Nosotros tenemos pruebas de que Samir sí ejerció su profesión y, de hecho, muchos de estos pacientes fueron derivados a especialistas”.

El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, lamenta la situación.

“De acuerdo a los datos que reunimos, el imputado Samir Rivaldo emitió 7.789 licencias médicas a beneficiarios de Fonasa, entre el 1 de septiembre del 2021 y el 10 de marzo del 2022. Si consideramos una jornada laboral estándar, de ocho horas, el facultativo habría emitido 24 licencias por hora. Es decir, una cada 2,5 minutos”.

El defensor responde a esto.

“Yo no tengo antecedentes de lo que ellos sostienen en cuanto al tiempo. Él puede haber trabajado más de ocho horas diarias, o bien trabajar de lunes a lunes. Estaba en todo su derecho de hacerlo”.

A lo que agrega: “El Ministerio Público sostiene que un médico en promedio emite 140 licencias al año. Pero no sabemos de dónde sacaron esa estadística. También dicen que las 16 mil licencias son falsas. Eso yo lo niego. No puedo afirmar que ninguna de las licencias emitidas fue falsa, así como tampoco lo puedo descartar. Estamos reuniendo antecedentes, y sabemos que hubo licencias emitidas justificadamente, lo que desacredita la tesis de la fiscalía”.

Si bien el Ministerio Público aún no logra determinar quién fue el ideólogo de toda la operación, mantienen su idea sobre la culpabilidad del doctor colombiano.

“Samir Rivaldo era el líder y representante legal de una empresa donde trabajan otros 15 grandes emisores -detalla la fiscal Encina-. Él facilitó los medios, montó la estructura, contrató los servicios para emitir licencias electrónicas. Por tanto, es responsable tanto de lo que emitió como persona natural como de lo que pasó con relación a su empresa”.

La misma persecutora cree que “por la reiteración de los delitos, Samir debe tener penas de crimen que alcanzan los cinco años y un día, hasta los 10 años, con cumplimiento efectivo”. Eso sí, aún no hay claridad de si Rivaldo y su pareja, en el caso de que sean encontrados culpables, podrán volver a ejercer la medicina.

“Vamos a determinar con posterioridad las penas accesorias -señala Encina-. Pero ninguno de los delitos tiene asociada esa pena en particular. Por lo que, por ahora, podrían cumplir su condena y seguir siendo médicos”.