El primer año del ministro Cordero: “No me estoy cuidando, porque no está en mis planes tener una trayectoria política futura”

La misma semana en que Luis Cordero asumió como ministro de Justicia, tras la salida de Marcela Ríos en medio de duros reproches por los indultos concedidos a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, el abogado creó en su iPad una carpeta que nombró “Las columnas que no escribí”.

¿La razón? Que tras el llamado del Presidente Gabriel Boric el especialista en derecho administrativo no ha querido abandonar la práctica sagrada de escribir cada domingo sobre temáticas jurídicas de su interés. Ya no publica el contenido -como lo hacía cada lunes en La Segunda-, pero sí lo registra.

Tampoco comenta fallos en redes sociales, pero desde que asumió funciones, el 11 de enero de 2023, se posicionó como una suerte de “vocero alternativo” de Palacio. Dejó las opiniones a un lado, aunque se instaló como el hombre fuerte que da las explicaciones técnico-jurídicas de La Moneda. Hoy, a punto de cumplir un año en el cargo, realiza su primer balance.

¿Cómo ha sido estar en la primera línea de la política y este intenso primer año en el cargo?

Ha sido un año de aprender muchas cosas. Yo venía esencialmente de la enseñanza del derecho, tenía la columna que publicaba todos los lunes, y mi profesión. Y creo que no hay nada que pueda enseñar más que el oficio de ejercer un cargo. En resumen, hay tres dimensiones que marcan estos 12 meses: la situación que venía en torno a los indultos, la relevancia que deberíamos tener sobre el sistema penitenciario y, lo más simbólico, el Plan Nacional de Búsqueda.

Usted ha ejercido un rol de vocero complementario. ¿Hubo una conversación explícita con el Presidente para zanjar aquello?

No. Llegué en un momento donde el debate sobre indultos requería de ciertas explicaciones técnicas, sobre todo porque la oposición tenía una crítica política -que me parece que sigue siendo legítima-, pero que ellos enfrentaron como un problema jurídico, y jurídicamente había que explicarlo.

Pero eso no ha sucedido sólo en ese ámbito. Usted acompaña a otros ministros en el Congreso, refuerza detalles sobre variadas temáticas.

Se fue dando y, en algunos casos, fue deliberado en términos de que la vocería principal del Ejecutivo requería un complemento jurídico de detalle y eso siempre ha sido muy coordinado con la ministra Vallejo, lo que se ha dado bien naturalmente.

¿No ha dicho ‘quizás me estoy exponiendo más de la cuenta’?

Mis puntos siempre han sido de debate jurídico. Una de las cosas que he aprendido en este cargo es que la política a veces tiene soluciones muchísimo más flexibles que el derecho, pero yo tengo que ser leal a lo que soy.

¿No le ha pasado la cuenta en función de la agenda de su ministerio?

La agenda del Ministerio de Justicia está muy clara, muy focalizada y es muy intensa en los temas en los cuales hemos estado trabajando. Acá no es que uno vaya acumulando frustraciones, sino que uno se va dando cuenta de que mover el buque es más difícil de lo que uno, conociendo algunos sectores, cree. Uno está a cargo de un sector, pero también forma parte de un equipo de gobierno, por eso el trabajo colaborativo es bien importante.

¿Y los costos?

Yo soy fiel a lo que soy. De aquí me iré y volveré a las cosas que estaba haciendo antes. Mi trayectoria personal no está vinculada a la política. Yo voy a agradecer siempre el llamado del Presidente, pero no es que me esté cuidando, porque no está en mis planes tener una trayectoria política futura.

Considerando todas las consultas que le llegan, ¿cree que faltan expertos administrativos en el gobierno?

Es un mito que me llaman de todos lados. Los equipos ministeriales suelen tener muy buenos profesionales, pero se dio que cuando yo llegué muchos me saludaban como profe, y algunos lo siguen haciendo. Es gente de primer nivel, a muchos los conozco y tengo confianza por distintas razones. Entonces me tomo esas consultas como un gesto de confianza y también han sido tiempos difíciles, y ahí es bueno saber que se está acompañado.

Es que se plantea que usted se convirtió en el abogado del gobierno...

Sí, pero yo creo que ha sido más bien por temas de la coyuntura. Este ha sido un período donde muchas de las objeciones contra el gobierno han sido objeciones políticas, pero que la oposición ha decidido juridificarlas, y siendo así, bueno, discutamos en el plano del derecho.

Esta semana se conoció la formalización del general director Ricardo Yáñez. Usted sostuvo que “legalmente no hay imposibilidad” para que él siga en el cargo. Más allá de lo legal, ¿cuáles son los criterios para mantener en el cargo a un funcionario público que es imputado en una causa?

Ese es un tema que depende de una evaluación del Presidente y del ministerio sectorial responsable, que es Interior. Como lo ha dicho el subsecretario Monsalve, hasta ahora lo que nosotros sabemos es la fecha en que va a ser formalizado. Cuáles son los hechos concretos que se le van a imputar, cuál es el caso que va a exponer el Ministerio Público, es un asunto del que sólo vamos a tener conocimiento el 7 de mayo y, mientras tanto, toda otra evaluación y conversación forma parte de la deliberación interna del gobierno.

¿Cree que existe esa suerte de animadversión que desliza en la solicitud que hace la defensa de Yáñez respecto de la inhabilidad de los fiscales Armendáriz y Chong?

Yo logro entender que ser objeto de una investigación penal debe ser de las situaciones más incómodas, desagradables y difíciles que puede enfrentar alguien. En el caso de funcionarios públicos, especialmente por los deberes legales y constitucionales que tiene, construir un argumento a partir del ejercicio de una función, como faltar a la imparcialidad, me parece un argumento de partes, especialmente de parte del abogado del general Yáñez. Pero no hay que perder de perspectiva que el Ministerio Público es una institución autónoma, que lo que uno le pide es que indague los delitos de modo acucioso.

¿Este es un tema incómodo para el gobierno? El Presidente al asumir dijo que el expresidente Piñera estaba “avisado” por estos casos de vulneración a los DD.HH. y ahora se respalda a una persona indagada por esos hechos.

Los hechos respecto de los cuales el general Yáñez está siendo investigado son respecto de la posición en la cual se encontraba como director de Orden y Seguridad al momento en que ocurrieron los hechos, y es una responsabilidad personal. Una cosa es esa investigación, pero otra cosa distinta tiene que ver con la labor que él ha desempeñado como general director en lo que ha significado la modernización de la institución, los procesos de adecuación y de enseñanza de la propia doctrina institucional de intervención en materia de orden público, de derechos humanos y el aporte que ha hecho en materia de seguridad. Entonces, esa imputación y esa investigación no impiden, si somos adultos, reconocer lo que el general Yáñez ha hecho como general director.

¿No hay ahí un doble discurso? Autoridades de este gobierno han insistido en que las acciones que se cometieron en el estallido no son tolerables.

Es que las instituciones son más importantes que las personas. Esto vale para todo.

¿Sería un problema sacar a Yáñez ahora?

Lo que quiero decir es que esto es con indiferencia del general Yáñez. Hay que tener mucho cuidado cuando hay un debate sobre la situación de responsabilidad de una persona, para que no se arrastre a la institución completa. La discusión del general Yáñez no puede arrastrar a una discusión que trasciende al alto mando.

Por lo mismo, ¿cuál es el margen para mantenerlo?

Eso forma parte de la evaluación que señaló el subsecretario Monsalve, que hizo el gobierno en el entendido de que Carabineros es la institución permanente.

También hay autoridades y exautoridades de gobierno que enfrentan escenarios judiciales y eventualmente formalizaciones. ¿Es funcional para el gobierno mantenerlos en los cargos?

Hay que tener cuidado, sobre todo en política, cuando se hacen las guerras judiciales. Porque puede que empiecen a querellarse contra todo el mundo y simplemente con la querella dan la condición de imputado a alguien. Otra cosa distinta es cuando el Ministerio Público toma la decisión de formalizar. Es conveniente hacer esa distinción.

Esto va más allá de la cuestión legal, hay un debate político que tensiona todas las relaciones que puede tener el gobierno. Esto, por ejemplo, llevó a la salida del exministro Jackson.

Sí, pero él sale en un contexto de decisión propia. Hay veces que en el panorama pareciera que todos los casos son iguales, pero los casos van teniendo ciertas particularidades, no solo por los hechos, sino que también por los tiempos.

¿Por qué a un año del otorgamiento de los indultos aún no se aclara totalmente si el Presidente leyó o no los antecedentes que están en el expediente de los beneficiados?

Todos los antecedentes estaban ahí, aunque hay que recordar que el que ejerce la atribución es el ministro de Justicia. Es una firma delegada. Cuando yo comuniqué que respecto del estallido no se darían más indultos, era una decisión aceptada por el Presidente, pero en el fondo responde a una potestad ministerial.

¿Pero el Presidente leyó los expedientes?

Los expedientes están acá, en el Ministerio de Justicia. Cuando llegué y los pedí, estaban acá.

¿El expediente de Luis Castillo estaba completo? ¿No cree que hubo un error en su caso?

Sí, todos los expedientes estaban completos, pero siempre los indultos son una potestad polémica. Todos los gobiernos han terminado pagando algún costo público por ejercerla.

¿Considera que Luis Castillo traicionó la confianza que se le concedió con este indulto?

Uno siempre esperaría que cualquier persona que sea objeto de indulto no vuelva a reincidir, que la persona que ha sido beneficiaria cumpla.

¿En algún momento se vio la posibilidad de dejar sin efecto los indultos, de echar pie atrás?

Esa fue una discusión jurídica que existió al inicio. La oposición lo estaba planteando y era algo que había que despejar. Y bueno, jurídicamente, como son actos declarativos de derechos que ya habían sido perfeccionados, la ley impide revocarlos.

¿Considera que el rechazo de la acusación al ministro Carlos Montes le va a dar cierto respiro al gobierno?

Una de las cosas que he aprendido estando en el gobierno es que no hay respiro, porque siempre hay una contingencia. Estar en un cargo en el Ejecutivo es estar con contingencias todos los días. Y yo creo que uno tiene que tener preparado el carácter para enfrentarse a eso a diario.

¿Concuerda entonces con la expresidenta Bachelet en que cada día puede ser peor?

Yo creo que cada día tiene su afán y su contingencia.