El pujante y cuestionado negocio de los abogados migratorios

Basta con estar unos minutos en la fila de extranjeros que de lunes a viernes se forma en San Antonio 580, en la comuna de Santiago, para ver cómo un grupo de personas que anuncian ser “asesores migratorios” reparten volantes ofreciendo su ayuda para hacer trámites ante el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). “Abogados Migratorios. ¿Qué trámite vienes a hacer? La primera consulta es gratis”, repiten insistentemente a quienes están en la fila.

Al lugar, donde se encuentra la única oficina del Sermig en la Región Metropolitana, diariamente acuden cientos de migrantes que buscan información y respuesta para sus trámites, por los que algunos llevan años esperando una respuesta oficial. Lo que muchos no saben es que desde 2020, en Santiago ya no hay atención presencial al público. A partir de esa fecha, todos los trámites se transformaron en digitales y allí sólo funciona una oficina de partes. Por ello, cualquier orientación parece ser bienvenida.

“Estos tramitadores y algunos abogados son agresivos en su oferta. Tienen cobros excesivos y les cobran a los migrantes por trámites gratuitos, como hacer solicitudes de Ley de Transparencia. Siempre la relación abogado-cliente tiene una asimetría de información, pero con población migrante esa asimetría se hace más dramática”, señala Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita de Migrantes, organismo que presta asesoría y defensa legal gratuita a migrantes en condición de vulnerabilidad.

Parte de esa oferta son los recursos de protección que, a partir de 2021, varios abogados comenzaron a presentar de manera masiva en contra del Sermig: era un símil a la “judicialización” del alza de precio de los planes de salud de las isapres, que ha saturado las Cortes de Apelaciones del país.

Aunque, en este caso, miles de migrantes han reclamado judicialmente que la demora de más de seis meses del Sermig en contestar a sus solicitudes para obtener un permiso de residencia definitiva o temporal estaría vulnerando sus derechos y garantías constitucionales. Ello, porque a la espera de una respuesta sus cédulas de identidad pierden vigencia y tienen dificultades para hacer trámites en notarías, bancos e instituciones públicas.

“Cuando asumimos la gestión había casi 600 mil solicitudes de residencia pendientes de resolución, con retrasos de uno o dos años, pero en algunos casos de hasta cuatro años”, reconoce Luis Thayer, director del Sermig desde marzo de 2022. De ese total, asegura, se lograron resolver 198 mil casos durante todo 2022 y se está dando respuesta a otros 270 mil durante este año. Aún así, muchos siguen estando pendientes. Por ello, en lo que va de este año, ya se han ingresado cerca de 16 mil recursos de protección en busca de “acelerar” los trámites.

Si en un comienzo los fallos eran en su mayoría favorables a los migrantes y se obligaba al Sermig a responder en un plazo fatal de 60 días, en marzo de este año un “supremazo” cambió las cosas. El máximo tribunal dictaminó que, pese a la demora excesiva en responder, los derechos de los migrantes no están siendo vulnerados, porque sus cédulas de identidad siguen estando vigentes mientras se evalúa su solicitud.

Pese a ello, y a que ya son varias las cortes de Apelaciones que están rechazando o no admitiendo a trámite los nuevos recursos de protección, el pujante negocio de los abogados migratorios sigue vigente.

Con precios que van desde los $ 220 mil a $ 1 millón por cada acción legal, diversos estudios y profesionales particulares siguen vendiendo a los migrantes la esperanza de apurar sus trámites a través de la justicia. Sólo que existen dudas de si informan que, en lo que va del año, el promedio de éxito de los recursos ha caído a menos de un 30%.

Jean Anglade (42) es un ciudadano haitiano que llegó a Chile como turista a inicios del 2018. Tras ello, en agosto de ese año y en agosto de 2019, obtuvo una visa temporal y una prórroga de un año cada una. Luego, en mayo de 2021, solicitó un permiso de residencia definitiva. Para ello, tuvo que presentar, entre varios documentos, un certificado de antecedentes penales de su país de origen y pruebas de que tenía ingresos o sustento económico para vivir en el país.

De inmediato, Anglade pasó a integrar la extensa lista de espera en la evaluación de solicitudes de residencia. Álvaro Bellolio, director del entonces Departamento de Extranjería (hoy Migraciones) en el gobierno anterior, señala que “con la explosión del turismo laboral en los años 2016 a 2018, se multiplicó prácticamente por cinco la cantidad de solicitudes de residencias temporales y definitivas, pero la transformación institucional no fue a esa velocidad”.

Bellolio agrega que “al ampliarse los tiempos de tramitación, se fueron presentando algunos problemas. Entre ellos, la importancia de tener la solicitud en trámite, el respaldo de los documentos y la posibilidad de subsanar documentos o postulaciones incompletas”. Por ello, asegura el exdirector, se tomaron medidas como la digitalización de los trámites y mejoras “en los procesos internos para agilizar la revisión y respuesta a las solicitudes”.

Sin embargo, Luis Thayer, actual director de Migraciones desde marzo de 2022, asegura haberse encontrado con un “rezago” de 500 mil casos sin resolver y otros 80 mil que estaban “guardados”. Con ello vino una explosión de los recursos de protección. “En la administración anterior se creó, desde el servicio, un incentivo perverso en términos de no apelar a la Corte Suprema y generar la expectativa de que, si presentabas un recurso, se iban a resolver las solicitudes de residencia con rezago”, afirma Thayer.

En el caso de Jean Anglade, en mayo de 2023, y habiendo pasado dos años de su solicitud, todavía no tenía respuesta. Por ello, decidió contratar los servicios de “Solución Migratoria”: estudio legal creado por el abogado venezolano Pablo Peñaloza Parra, y presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección contra Migraciones.

Si en 2020 se presentaron en todo Chile 156 acciones judiciales por demoras en la respuesta a solicitudes de trámites ante el Sermig, tan solo el año pasado Pablo Peñaloza ingresó cerca de 4.000 recursos. Según su relato, estos escritos tuvieron un 70% de éxito: algo que no pudo ser verificado de manera independiente por La Tercera Domingo. En lo que va de 2023, la cifra de Peñaloza bordea los 4.500 recursos, un tercio de todos los presentados a nivel nacional.

En una primera instancia, el caso de Anglade fue acogido. En el fallo, los jueces de Valparaíso establecieron “una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de la visa de permanencia definitiva requerida por el recurrente, en relación con otros interesados, quienes han obtenido respuesta”. Por ello, ordenaron al Sermig concluir la tramitación y emitir un pronunciamiento “dentro de un plazo de 60 días corridos”.

Pero tras la apelación de Migraciones, y como ha ocurrido con todos los casos que desde marzo de este año han llegado a sus manos, la Tercera Sala de la Corte Suprema revirtió la decisión, por lo que tanto Jean como su abogado perdieron el caso. “Hemos respondido a las cortes de Apelaciones en función de lo que establece la ley: cuando una cédula de identidad está vencida y la persona tiene una residencia en trámite, la ley establece que esa cédula mantiene su vigencia”, afirma Luis Thayer.

Respecto de la demora de más de seis meses en dar respuesta, los supremos establecieron que el plazo “no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable”, pero sin definir cuánto tiempo es un “plazo razonable”. El único voto disidente fue el del ministro Sergio Muñoz, quien ha insistido en que se debe obligar a Migraciones a dar respuesta cuando la demora sea de más de un año.

Por el momento, Jean Anglade aún no tiene una respuesta a su solicitud de residencia definitiva. Desde Migraciones, señalan que la aprobación o rechazo de su petición debería estar lista en los próximos días.

“Cada semana, en una nueva historia de un migrante trujillano que está en el mundo dejando muy en alto el nombre de nuestro Estado”, es el saludo con que la periodista venezolana María Fonseca Sevillano comenzó su programa “Trujillanos en el mundo” subido a YouTube en mayo de 2022.

Ese día, el invitado era Pablo Peñaloza Parra, abogado de 29 años que llegó a Chile en 2018 y que “luego de vivir él mismo un proceso migratorio donde su estatus se veía comprometido por la no respuesta por parte de la administración chilena”, creó en 2021 “Solución Migratoria”: estudio jurídico que presenta masivamente recursos de protección a favor de migrantes, como en el caso de Jean Anglade.

Peñaloza, quien ejerció como juez en Venezuela, relató en el video su larga espera para obtener el permiso de residencia definitiva, que luego le permitió revalidar su título en Chile. Junto con reconocer que su idea de presentar recursos de protección a favor de los migrantes es “un negocio rentable”, dijo que “hoy litigamos a nivel nacional, no hay región de Chile donde no nos conozcan”.

“Uno de los soportes que tiene el negocio es la complejidad del sistema migratorio y la falta de información de las personas. Muchos tienen diferencias idiomáticas, a veces hay engaño y hay distorsión de la información. Se utiliza la vulnerabilidad de las personas migrantes para entregarles información parcial y, finalmente, cobrarles por un trámite que es gratuito o que hoy tiene una probabilidad de éxito bien baja”, asegura Luis Thayer, director del Sermig.

Para sostener esta postura, Thayer entrega cifras: según análisis internos, con el “Supremazo” de marzo pasado, en lo que va del año tan sólo un 27% de todos los recursos de protección han sido acogidos, obligando en esos casos al Sermig a responder en 60 o 30 días las solicitudes de residencia. Otro tercio ha sido rechazado y, el último tercio, pendiente de fallo, se espera que también sea contrario a los migrantes bajo los nuevos criterios de la Suprema.

Para conocer cómo venden sus servicios al público, La Tercera Domingo consultó directamente en las oficinas por las acciones judiciales ofrecidas por diversos abogados, entre ellos, “Solución Migratoria”. Allí, un profesional señaló que el costo por interponer un recurso es de $ 220 mil: “$ 110 mil para contratar y $ 110 mil cuando reciba respuesta anticipada al correo o sentencia que fije un plazo de respuesta o resuelva la controversia determinando si hay o no vulneración de derechos. Esto es lo único efectivo que se puede buscar para agilizar”.

Los resultados indican otra cosa. Al seleccionar como muestra los 579 recursos de protección ingresados por Peñaloza a nivel nacional en marzo de este año, fecha del “supremazo”, es posible concluir que tan sólo un 32% tuvo un fallo favorable para sus clientes. En cambio, un 31% fue rechazado y en otro 31% se desistió de la demanda.

“Al cliente se le informa que se puede ganar o perder. A diferencia de otros estudios jurídicos que se conforman con la respuesta de la Suprema, nosotros estamos pidiendo el cumplimiento de esos fallos. Porque, pese al rechazo del recurso, se ordena dar respuesta en un plazo razonable”, asegura Peñaloza.

El abogado contesta que, a diferencia del 70% de casos favorables que aseguraba tener en marzo de 2022, hoy “no llevamos ese porcentaje de éxito”. De igual manera señala que “contrario a los argumentos del fallo, la realidad es otra. Ellos (los jueces) viven una realidad totalmente ajena a lo que ocurre en materia migratoria. El fallo ordena a las instituciones, pero las instituciones siguen haciendo lo que quieren”.

Finalmente, asegura que la segunda cuota de sus servicios sólo se cobra cuando existe un fallo favorable o cuando existe respuesta anticipada de Migraciones. “No se desconoce que es un hecho activo que ellos no le responden a nadie si es que no sienten la presión judicial”, concluye.

Otro de los estudios que ofrecen el servicio es “Lena & Cía.”, del abogado Jorge Lena Salgado. Durante este año ha ingresado cerca de 900 recursos a lo largo del país, con fallos favorables en un 30% de los casos, según información del Poder Judicial. Allí el costo por cada recurso es de $ 300 mil a pagar en seis cuotas.

“Las cortes han sido bien generosas en aceptar la tesis de que a los seis meses el Sermig tiene que dar respuesta sí o sí, y a la fecha los recursos de protección han prosperado”, explica uno de los abogados que atienden al público, en contraste con las cifras entregadas por Migraciones.

Consultado al respecto, Jorge Lena explicó que “como abogados, tenemos una obligación de medios. Esa obligación de medios es obtener un resultado y, dentro de ese resultado, nosotros obtenemos lo que satisface al cliente. ¿Qué es lo que satisface al cliente? A lo menos una respuesta como corresponde del Sermig, independiente de lo que establezca la estadística con respecto a la admisibilidad o si se acoge o se rechaza el recurso”.

Mientras que en Hurtado & Bonito, estudio de abogados que hizo noticia la semana antepasada por representar a cinco de los deportistas que se fugaron de la delegación cubana que compitió en los Juegos Panamericanos, el servicio es utilizado sólo en casos puntuales y como parte de una “asesoría integral”, por la que se cobran hasta $ 980 mil.

“Es evidente que, tras el fallo de la Corte Suprema, la herramienta legal del recurso de protección por la demora en la tramitación de residencias definitivas ha perdido eficacia”, respondió José María Hurtado, uno de los socios del estudio. A lo que agregó que “hacemos un uso acotado de este recurso de acuerdo a la evaluación que realizamos de la situación del cliente. Ello nos ha llevado a presentar sólo 18 recursos por esta materia desde abril pasado”.