El tira y afloja que congeló la reforma al sistema político

“Presidente, es importante que el Ejecutivo pueda impulsar y promover este proyecto”.

En Emiratos Árabes, a 14 mil kilómetros de distancia de Santiago, el senador PS Alfonso de Urresti retomó un tema que había sido cortado por el propio Presidente Gabriel Boric 82 días antes. Como parte de la reducida comitiva parlamentaria que acompañó al Mandatario -junto a sus pares Francisco Chahuán (RN), Yasna Provoste (DC) y Carmen Gloria Aravena (Republicano)-, el parlamentario aprovechó la instancia para insistirle sobre la reforma al sistema político, la misma cuyo ingreso quedó suspendido a petición del Jefe de Estado -a través de un llamado telefónico- el 9 de mayo pasado.

De esta manera, el senador retomó un tema que preocupa de forma transversal a los partidos tradicionales, pero que hasta el momento nadie ha materializado en una acción concreta.

Si bien las conversaciones subterráneas entre los interesados en que esto prospere no han bajado su intensidad, lo cierto es que luego de que se bloqueara el ingreso de la moción parlamentaria del senador por Los Ríos, el tema desapareció de la agenda política y los partidos destinaron sus energías a negociar una compleja inscripción de candidaturas para las elecciones municipales y regionales.

Pese a todo el ruido de la contingencia que acapara la agenda en otros asuntos como Venezuela, seguridad, migración o la reforma previsional, De Urresti no ha cambiado de opinión: sigue creyendo que la reforma hay que tramitarla cuanto antes.

En la conversación, los senadores le transmitieron al Presidente que es importante que exista un respaldo claro de La Moneda, que permita que el resto de los actores -partidos y parlamentarios- articulen una amplia mayoría que permita tener votos transversales -al menos 4/7 en ambas cámaras- y así darle viabilidad política a una reforma constitucional en el Congreso. Con eso, le dejaron claro que sin su empuje la iniciativa no tendría éxito.

Boric escuchó y, según las mismas fuentes, reafirmó que tiene la convicción de que estos cambios son urgentes y que sigue interesado en que esto ocurra en su gobierno. Sus palabras no fueron una gran novedad ni tampoco representaron alguna progresión en las negociaciones. Lo mismo ya había sido dicho por el jefe de Estado en abril, cuando rectificó sus palabras aclarando que está “a favor de una reforma a nuestro sistema político” y que esa modificación debe legislarse durante “este periodo de gobierno”.

Cuando se les pregunta a los diputados, senadores, directivas de partidos y los técnicos que están trabajando en el tema, todos coinciden en una sola respuesta: la reforma está congelada y no ha habido avances. Sin embargo, ese diagnóstico hay que analizarlo por capas.

Uno de los nudos más grandes está alojado en el oficialismo. La que parecía ser una izquierda unida en las soluciones a los problemas del sistema político, cada vez se ha desordenado más. El sector partió abrazando el diagnóstico compartido que derivó del anteproyecto de la Comisión Experta, pero esa convicción se ha ido diluyendo a medida que pasa el tiempo. Si hace meses parecía indiscutible que el problema de la fragmentación se solucionaba con un umbral legal de 5%, actualmente esa alternativa ha ido perdiendo adeptos.

Con una alianza de gobierno que atraviesa uno de sus momentos más complejos -tensionada por la postura del PC ante el fraude de las elecciones venezolanas-, en La Moneda comentan que ha sido difícil dar señales más contundentes, porque no se quiere correr el riesgo de dividir aún más a ambas coaliciones y profundizar la brecha que separa al Socialismo Democrático con el Frente Amplio (FA) y el PC.

Para ordenar la casa, los presidentes de partidos del oficialismo convocaron una mesa de técnicos. La instancia, que coordina el timonel del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, se ha reunido al menos en cinco ocasiones, pero sus integrantes comentan que el trabajo quedó suspendido durante semanas por las negociaciones municipales y recién se retomó este viernes.

El objetivo de la mesa es que cada partido -desde el PC hasta la DC- aporte con sus propuestas y diagnósticos, para luego elaborar un informe que sea entregado a los presidentes de partidos. En las últimas semanas estas reuniones -algunas presenciales en la sede el PS, pero la mayoría telemáticas- quedaron en el limbo, ya que todo se paralizó por la inscripción de las candidaturas. Por eso, recién están retomando para continuar con el trabajo. “Además, funcionamos sin ninguna presión de los partidos”, confiesa uno de sus integrantes para explicar los pocos avances.

Otro de los que participan de esa mesa cuenta que la instancia se ha transformado en un espacio para que cada partido amplifique los ingredientes que debería tener la reforma al sistema político. Por eso, ya existe preocupación en sectores como el PPD o la DC para que el trabajo vaya acotándose. “Llegó la hora de aceptar que esta no será la gran reforma al sistema político”, comenta uno de los expertos del Socialismo Democrático.

Además, en algunos partidos de esa coalición, como en el PS, hay conciencia de que avanzar en esto implica sincerar que hay partidos que tendrán que desaparecer, y por eso se trata de una reforma “con múltiples enemigos”. Ese riesgo aplicaría para varias colectividades -apodadas por el excomisionado Teodoro Ribera (RN) como “partidos callampa”-, que podrían ser Amarillos, Demócratas, Partido Liberal, PR, PPD, DC, Evópoli, Regionalistas Verdes, Acción Humanista, Partido Humanista, Partido Socialcristiano, entre varios otros que incluso no tienen escaños en el Congreso. A eso se suma que se tramitará bajo tormenta: en pleno año electoral.

En Chile Vamos está bastante extendido que uno de los motivos por los que Boric no ha querido avanzar en esta reforma es por las dudas que existen en el PC. Por lo tanto, dirigentes de la UDI y RN afirman que el Mandatario estaría evitando acelerar el asunto para no provocar una nueva división con esa colectividad.

Sin embargo, fuentes comunistas aseguran que “el ánimo del PC por esta reforma no ha cambiado”. Integrantes de la directiva y de la comisión política cuentan que el mandato que se les entregó a Juan Andrés Lagos y al excomisionado Alexis Cortés sigue intacto, es decir, aportar con insumos técnicos para que el oficialismo llegue a una propuesta lo más consensuada posible.

Tanto Lagos como Cortés han participado de todos los encuentros de la mesa técnica del oficialismo. Sin embargo, para Chile Vamos la mayor duda está en el rol de la senadora Claudia Pascual (PC), quien integra la Comisión de Constitución del Senado.

La exministra ha sido de las voces más duras del PC. Quienes han conversado con Pascual comentan que en un inicio lo que más le molestó es que se excluyera al PC de las primeras conversaciones a puertas cerradas que organizó un grupo de expertos tanto de derecha como de izquierda. Luego, lo mismo se trasladó al hecho de que De Urresti no la hiciera parte de su moción.

Por eso, comentan quienes la conocen, es de la idea de que no es el momento adecuado para debatir este tema y, al igual que la mayoría del PC, considera que es contradictorio cuando hay urgencias sociales aún pendientes, como la reforma previsional.

De hecho, Pascual en una entrevista con Radio Nuevo Mundo reconoció un escepticismo que es extendido en la izquierda: ven con sospecha el exceso de entusiasmo de Chile Vamos para tener una reforma política. “Al haber un color político que amaña las reglas solo a su conveniencia, estamos haciendo asaltos a la democracia que pueden terminar muy mal”, comentó a inicios de año en la radiodifusora ligada al PC. Otro dirigente comunista lo resume así: “Quieren menos partidos para ordenar el Congreso a su pinta, porque creen que ganarán La Moneda”.

Pese a estas dudas, la postura del PC es que de haber reforma al sistema político no debe ser solo un ajuste pequeño. Los comunistas no apoyan el umbral del 5%, pero sí defienden el fin de los pactos electorales y las listas cerradas. Además, piden que haya un elemento de participación ciudadana como las iniciativas populares de norma o las iniciativas populares para derogar leyes. Otro tema que no abandonarán es la eliminación de la prohibición para que los dirigentes sindicales puedan ser parlamentarios y también defienden que la reforma incluya paridad y algún mecanismo de representación de pueblos indígenas. Por supuesto, dice uno de los PC que siguen el tema, no permitirán “perder representatividad para volver a algo como el binominal”.

En el FA afirman que siguen arriba del barco de la reforma al sistema político. De hecho, suelen decir que la señal más potente de que les importa combatir la fragmentación fue el hecho de que fusionaran sus tres partidos en una sola colectividad. Además, en el último tiempo el diputado Gonzalo Winter es quien ha tomado mayor protagonismo en el asunto.

Pese al interés, en el FA señalan que no “apoyarán una reforma política en blanco”. El mayor énfasis, al igual que el PC, es que la reforma no sea tan acotada y son enfáticos en repetir que el problema del sistema político no solo es la fragmentación, y que si esa fuese la única causa, el remedio para atacarla está lejos de ser un umbral legal de 5%. Más aún si dicha regla estará llena de excepciones. Además, refuerzan que la reforma no puede olvidar la paridad, sobre todo al recordar que la cuota de mujeres en las listas se va agotando, ya que llegará a su fin en las elecciones parlamentarias de 2029.

En el gobierno cuentan que el Presidente no ha modificado el encargo que le pidió al ministro Segpres, Álvaro Elizalde (PS). El exsenador, fiel a su estilo, se mueve en sigilo y se ha preocupado de que las conversaciones no salgan a la luz pública.

Por eso, en el Congreso dicen que si bien aún no se ven avances, eso no significa que no los haya. “Así opera Elizalde”, dice un diputado socialista. En la derecha confían en que el ministro está convencido de que este es el camino. Por eso fue tan bien vista la señal que dio la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), hace justo una semana. “El sistema político requiere de cambios urgentes. Si no los hacemos hoy, es posible que no volvamos a tener otra oportunidad”, dijo en entrevista con El Mercurio.

Elizalde, quien suele evitar entregar detalles del asunto, esta semana dio algunas pistas. En un encuentro organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica se refirió a la reforma al sistema político y, por primera vez, dijo en público que la reforma debe ser “acotada”.

Esta pretensión calza con lo que quieren De Urresti, el timonel UDI, Guillermo Ramírez; la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el timonel de RN, Rodrigo Galilea; las voces de Evópoli y el PPD, pero chocará con el PC y el FA.

Pese a que la reforma quedó congelada, en el gobierno dicen que en los próximos días debería volver a reactivarse “con mayor intensidad”. El tiempo se acaba, por lo que a Elizalde se le ha ido achicando la cancha y aumenta la presión para que muestre sus cartas, sobre todo en la izquierda, donde piden que el Ejecutivo baje la línea, ya que esto no ha sido abordado ni siquiera en los comités políticos ampliados. Además, en el oficialismo ya hay voces que dicen que La Moneda tiene que asumir que sea cual sea el camino que se tome, no todas las fuerzas políticas lo firmarán, y ese es un costo que se debe asumir desde ya. En la derecha quieren que esto ocurra la semana que viene, pero los parlamentarios del oficialismo creen que la “ventana de oportunidad” se abrirá en octubre, con resultados electorales en mano.

En medio de este mar de interrogantes, tanto en el oficialismo como en la derecha coinciden en un punto. La reforma podría ingresar como un mensaje presidencial o como una moción parlamentaria, pero no tendrá éxito si no cuenta con el respaldo del Presidente Boric. “Solo con la fuerza del Congreso no basta, se necesita a Boric detrás”, dice uno de los que están en conocimiento de las tratativas.