En búsqueda del otro acuerdo: cómo ponerle un freno a tiempo al “sexto retiro”

El miércoles, en el comedor del Congreso, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, el exministro Jorge Insunza -articulador clave en el acuerdo constitucional- y la directiva del partido almorzaban con su bancada. Al final, cuando ya se habían retirado casi todos, se les acercó el diputado Jaime Araya (independiente pro PPD).

“Tienen que entender que el tema de la elección constitucional va a estar marcado por la discusión del sexto retiro”, les advirtió el parlamentario.

Araya junto a otros diputados del PPD fueron parte de la “bancada del quinto retiro” que en abril de este año provocó una de las primeras grandes crisis en el gobierno, cuando el Presidente Gabriel Boric tuvo que hacer gestiones para evitar la aprobación de otro 10% -medida que había sido visada antes tres veces por la mayoría de los parlamentarios de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático-, lo que tensionó su relación con las bases. Ahora el fantasma ha vuelto a aparecer, porque si bien el proyecto está suspendido por un año desde que se votó el 18 de abril, son varios los parlamentarios -incluso algunos de la alianza oficialista- que ya están coordinados y han vuelto a poner el tema sobre la mesa.

“Soy uno de los autores del proyecto del “sexto retiro” y pase lo que pase voy a ir a ponerlo en tabla en abril, no voy a cambiar de opinión”, advierte el diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente.

El debate también fue parte de la negociación constitucional. “La votación de los consejeros convencionales electos no puede ser después de la discusión del ‘sexto retiro’, porque puede ser usado como chantaje y puede dar para cualquier cosa”, coincidieron representantes del oficialismo y de la oposición en más de una oportunidad en el exCongreso.

Las observaciones fueron tomadas en cuenta: la votación del nuevo proceso constituyente quedó tentativamente para el 16 de abril, dos días antes de que el proyecto pueda volver a debatirse.

Pero de todas formas puede ser complicado, porque el Servel ya avisó que lo más probable es que se deban aplazar un poco las elecciones, lo que podría provocar que ambos hitos calcen.

En La Moneda están conscientes del problema. En el Segundo Piso la lectura es que si no se hace algo contra la medida será un conflicto que podría complicar la elección en el corto plazo y que en el futuro afectará la agenda cada vez que sea puesto en tabla, ya que el análisis en abril fue que el costo que les tocó pagar -tanto a los parlamentarios como al gobierno en la aprobación pública de las encuestas- fue demoledor. Con ese fin, pensando además en la crisis económica que se prevé para el próximo año, es que en el gobierno, liderado por el ministro Mario Marcel en esta materia, ya les han comentado a los parlamentarios -y también públicamente- que habrá un paquete de medidas económicas focalizado que será anunciado en los próximos meses.

Además, en conversaciones informales, autoridades del gobierno se han acercado a líderes e importantes senadores de la oposición y también presidentes de partidos oficialistas -que no quieren salir hablando contra los retiros, para no pagar costos públicos- con la intención de llegar a acuerdos y buscar fórmulas bajo una pregunta que han intentado resolver durante el año: “¿De qué manera podemos ponerle freno a la discusión de los retiros?”.

La respuesta no ha sido fácil de encontrar y ha sido debatida por la Segpres -incluso desde que estaba a cargo Giorgio Jackson-. De hecho, fue una de las discusiones claves en la Comisión de Constitución de la Cámara durante las tensas negociaciones sobre el proyecto de ley que aseguraba la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.

“Si no somos capaces de construir un nuevo sistema previsional que tenga legitimidad, los retiros serán un debate permanente, con o sin crisis, aunque millones de personas que ya no tengan ahorros, validando la lógica de rascarse con las propias uñas sin atacar los problemas de fondo: bajos salarios que no se reajustan al ritmo que sube el costo de vida y pésima distribución de la riqueza”, plantea hoy el diputado oficialista-independiente Andrés Giordano.

El rumor de que el gobierno está analizando fórmulas ya ha llegado hasta los diputados que están a favor de la medida. Los mismos aseguran que reciben mensajes de la gente y presiones en la calle por el tema.

“Me parece una irresponsabilidad y falta de realismo político intentar bloquear la discusión respecto de los retiros previsionales o un autopréstamo en serio, no como el que está proponiendo el gobierno”, dice Jaime Araya.

Al proyecto al que alude el parlamentario es el autopréstamo, parte de la Reforma de Pensiones del gobierno, que, según indican en La Moneda, es la mejor muestra de la posición que tienen hacia los retiros y de su batalla contra ellos, porque también afectarían directamente la eficacia que pueda tener la reforma que se debate en el Parlamento. En esa línea, lo que plantea el gobierno es que las personas puedan hacer autopréstamos desde los fondos previsionales que deberán ser devueltos según la UF, pero sin intereses.

“Las personas afiliadas, que no estén pensionadas, y que se encuentren a cinco años o más del cumplimiento de la edad legal de jubilación, tendrán derecho a realizar retiros “en carácter de préstamos con cargo al saldo mantenido en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias”, dice el Artículo 85 del proyecto de ley.

La propuesta comenzará a ser debatida prontamente en el Congreso y se analizarán otros proyectos de similares características que han sido planteados por diputados.

Al margen de los polémicos retiros, hay una preocupación en la que el gobierno y varios parlamentarios coinciden: cómo delinear mejor los proyectos que son admisibles, para evitar que finalmente cualquier iniciativa se tramite en el Congreso. El tema, incluso, lo ha conversado el Presidente con miembros de la oposición, y en la Segpres también han tomado nota. Desde ese ministerio aclaran que “se trata de una propuesta explorada a nivel parlamentario y no tiene incidencia en proyectos de reforma constitucional que apuntan a la tramitación de retiros o autopréstamos de las AFP. La norma -que no ha sido presentada a tramitación - apunta a regular en forma clara el procedimiento de la admisibilidad de los proyectos o indicaciones que son facultades exclusivas del Presidente”, explican en la Segpres.

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, está al tanto de esas gestiones: “Hace un buen tiempo que venimos asistiendo a una especie de parlamentarismo de facto, que tiene que parar. Se declaran admisibles para la discusión algunas materias que no pueden ser iniciativas parlamentarias porque implican gasto público o son atribuciones exclusivas del Presidente. Para eso, hemos estado estudiando fórmulas que modifiquen las admisibilidades mediante cambios de los quórum y ponga candado a los populismos parlamentarios”.

El problema es que esa solución no basta para frenar la primera preocupación:

“Con el tema de los retiros, hay que mirar alguna fórmula legislativa que los regule, porque es ridículo que mediante disposiciones transitorias se legisle sobre una materia que es de política pública permanente”, dice Macaya.