Entre Donald Trump y Hamas, la nueva neutralidad de las universidades en EE.UU.

Si durante la década pasada los planteles de la educación superior se posicionaban frente a distintas situaciones, estos últimos meses la presión política ha llevado a muchos a declarar la “neutralidad institucional”.
A la par del auge de las protestas estudiantiles en Estados Unidos, las universidades han empezado a hacerse a un lado. Desde 2023 hasta ahora, según indicó un reporte de Heterodox Academy, 148 planteles de educación superior a lo ancho del país han implementado políticas para mantenerse neutrales en temas políticos.
La mayoría de estas decisiones fue tomada después del ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023, y tienen lugar en un ambiente donde las directivas de los planteles sufren una creciente presión política por parte de sus estudiantes, pero sobre todo, por parte de los Estados y donantes que las financian. Así, en vez de posicionarse en los temas más actuales, muchas instituciones han elegido mantenerse silenciosas.
Al menos durante la década pasada, las cosas no eran así. En las dos semanas que siguieron al asesinato de George Floyd a manos de la policía en mayo de 2020, en Minnesota, por dar un ejemplo reciente, 200 universidades lanzaron distintos comunicados mencionando su nombre y refiriéndose a la discriminación frente a los afroamericanos y el racismo estructural del país.

Este no fue ni el primero ni el último de los eventos que tuvo una amplia respuesta oficial por parte de las instituciones educativas. En 2017, muchas directivas universitarias denunciaron la prohibición de ingreso que el gobierno de Donald Trump implementó contra ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Asimismo, cuando en 2022 la Corte Suprema anuló la sentencia Roe vs. Wade, deshaciendo así el derecho al aborto a lo ancho del país, también hubo reacciones oficiales desde la educación superior.
Sin embargo, inmediatamente después del ataque de Hamas a Israel en 2023, las cosas cambiaron drásticamente, y los líderes de las universidades norteamericanas tenían dificultades para encontrar “qué decir”. Esas dificultades continuaron cuando empezó la guerra e Israel invadió la Franja de Gaza.
Frente al silencio de las directivas universitarias, los mismos estudiantes organizaron distintas “acampadas” en apoyo a Palestina, en lo que se recuerda como uno de los movimientos universitarios más grandes en Estados Unidos desde la oposición a la guerra de Vietnam. Y ahora, con Trump en la Casa Blanca otra vez, los directivos de las universidades están sufriendo presiones económicas para detener este tipo de manifestaciones.

La reelección del mandatario republicano ha vuelto a poner a prueba las políticas de neutralidad de las universidades. A medida que la nueva administración, que ha literalmente descrito a las universidades como “el enemigo”, empieza a afilar el hacha para hacer recortes de presupuesto contra la educación superior, las instituciones educativas están bajo presión para ser o no las voces de una posible resistencia.
Mientras se deciden, la Casa Blanca actúa, y el pasado 7 de marzo se anunció, entre otras cosas, que 400 millones de dólares serían retirados del presupuesto de la Universidad de Columbia, y que se haría lo mismo con otros planteles. Esa misma semana, el presidente amenazó con castigar a cualquier plantel que permita “protestas ilegales”.
Esto, siguiendo una orden ejecutiva que firmó en su décimo día en la Casa Blanca, indicando que combate el “antisemitismo”, y enfocándose en lo que llama “racismo anti judío” en las “universidades izquierdistas”. Una lista de nueve planteles, que incluyen algunas de la Ivy League y otras públicas, están bajo escrutinio del Departamento de Justicia, que asegura que habrían fallado en “proteger a sus estudiantes y personal judío”.

Los líderes docentes de muchas de estas escuelas han respondido a las afirmaciones de que sus campus son focos de antisemitismo, señalando que si bien algunos estudiantes judíos señalaban que se sentían inseguros durante las protestas, la gran mayoría de los manifestantes eran pacíficos, y muchos de los participantes de las manifestaciones eran los mismos judíos.
Estos castigos aparecieron rápidamente después de una “protesta sentada” pro-Palestina en el Barnard College, una institución asociada a Columbia, el 26 de febrero. Dos días después, el gobierno publicó su lista de 10 instituciones bajo investigación, incluida Columbia, sede de grandes campamentos propalestinos el año pasado.
Con un ambiente políticamente cargado, las universidades han optado por callar y hacer oficial la política de neutralidad. “Debemos abrir el camino para que la experiencia, la inteligencia, la erudición y la sabiduría de cada uno de nuestros profesores informen a nuestro Estado y a la sociedad con su propia voz, libres de interferencias institucionales”, había señalado Mark Bernstein, regente de Michigan, después de adoptar la política en octubre.

Los rectores de las universidades se enfrentaron a un tira y afloja entre facciones pro-Israel y pro-Palestina, tanto dentro como fuera del campus, que los criticaban por no decir nada, o por lo que sí dijeron.
Así, las palabras del Reporte Kalven, un documento clave para la Universidad de Chicago, volvieron a la luz. Técnicamente titulado “Informe sobre el rol de la universidad en la acción política y social”, fue escrito por un comité de ese plantel, presidido por el profesor de derecho Harry Kalven Jr.: “La universidad es el hogar y el patrocinador de los críticos; no es ella misma la crítica”, declara el documento.
El mes pasado, la Asociación Americana de Profesores Universitarios, un grupo defensor de los derechos de los académicos, emitió una declaración sobre la neutralidad. Afirmaba así que esta “no es una condición necesaria para la libertad académica, ni categóricamente incompatible con ella”.
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