Gabriel Osorio, experto PS: “Cerrar el problema constitucional con un texto que tiene serias deficiencias técnicas es irresponsable”

El comisionado Gabriel Osorio es el hombre clave del PS en el proceso constitucional. En los pasillos del Congreso en Santiago se suele comentar que conversar con Osorio es hacerlo con la timonel socialista, Paulina Vodanovic, o el ministro Segpres, Álvaro Elizalde (PS). El abogado suele reírse cuando se le enrostra su influencia en el proceso y se limita a señalar que solo hace el trabajo para el que fue nombrado por el Congreso.

En esta entrevista cuida cada una de sus palabras. Dice que no quiere interferir en la última etapa de la comisión mixta. Como buen militante cumple disciplinadamente la decisión de su partido de no tomar postura hasta después del 7 de noviembre. “Este ha sido un proceso muy interesante, a veces emocionante y otras veces muy frustrante, pero no voy a dejar que esas emociones nublen mi razonamiento. Como buen abogado esperaré al término del plazo para señalar la postura en cuestión”, afirma.

¿El texto que se va a plebiscitar es peor que la Constitución vigente?

Diría que sí, pero no trataría de hacer un paralelo con la Constitución vigente, porque lo que se está plebiscitando es un texto nuevo y específico y ese texto tiene grandes deficiencias técnicas. Se ha tratado de señalar que es la Constitución de la estabilidad política o de la estabilidad económica, pero yo no le podría atribuir esas características a este proyecto de nueva Constitución, como tampoco podría plantear que sea un proyecto constitucional que equilibre o que haga de la actuación del Estado una mejor forma de desplegarse.

¿En qué lo nota?

Existe una gran reforma escondida en el texto constitucional que dice relación con las actuaciones del Estado en materia de derecho administrativo sancionador. En el texto que se va a plebiscitar se señala que toda actuación en que el Estado tenga que sancionar en virtud del derecho administrativo sancionador, el núcleo esencial de la conducta debe estar determinado en una ley. Lamentablemente, esa fórmula inmediatamente pone en riesgo muchas de las actuaciones del Estado que establecen obligaciones y sanciones frente a su cumplimiento que están no en la ley, sino en la potestad reglamentaria. Se trata de un riesgo interpretativo fuerte.

¿Qué situaciones abarca ese problema?

Por ejemplo, las normas sobre emisiones en materia de medioambiente no se encuentran en una ley, sino que se encuentran en una potestad infralegal. Frente a su infracción, con este texto constitucional, no sería posible sancionar, puesto que el núcleo de la conducta no se encuentra en una ley, sino que en un reglamento. Lo mismo en las normas sobre la calidad del aire o incluso las resoluciones de calificación ambiental. De esta manera cualquier sanción podría devenir en inconstitucional y los sancionados podrán recurrir de protección, porque el núcleo de la conducta no se encuentra en la ley. El problema es que existe una suerte de derrumbe del sector regulatorio mediante esta norma y sería perfectamente posible que el Estado dejase de ejercer el rol regulatorio y sancionador y tengamos muchos problemas después para la aplicación del derecho administrativo sancionador. Eso no es un error técnico leve, es un error grave.

¿No cree que el texto ayuda a resolver los problemas de gobernabilidad?

Si hablamos de los problemas que tiene el texto constitucional en materia de estabilidad política es fácil detectar que las intenciones de reducir la fragmentación del sistema político a través de normas, como por ejemplo el umbral, han quedado completa y absolutamente, al menos hasta el año 2030, sin posibilidad de aplicación efectiva. En derecho electoral las excepciones constituyen la regla general y no al revés, y cuando se establecen normas transitorias como la fusión, lo que se hace es desincentivar la existencia de pocos partidos.

¿El texto es un avance para conseguir un Estado social?

Desde el punto de vista técnico, para determinar el Estado social no basta solamente una cláusula declarativa que lo determine en un artículo, sino que en primer lugar se debe establecer, al menos de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional alemán, que el Estado social tiene por objeto determinar un orden social justo. Luego, que ese orden social justo lo debe determinar el legislador democrático.

¿Eso no sucede con este texto?

Por el solo hecho de la inclusión de una determinada forma en que se logra ese orden social justo, ya sea, por ejemplo, en materia de libertad de elección en salud o seguridad social, lo que se hace es sustraer esa decisión al legislador democrático. Al determinar una sola forma en que se proveen esos derechos sociales, se constriñe el Estado social de una manera bastante importante. Un Estado social requiere no solamente su consagración declarativa en un artículo, hay que hacerlo realidad a través de la configuración de los derechos sociales y entregando potestades a la administración del Estado para que, junto con los particulares en razón de una provisión mixta, se haga realidad. Lo primero, está, sin embargo, la configuración de los derechos sociales y la disminución de las facultades de la administración del Estado hacen que esto se debilite en términos que aún no es posible prever. Lamento que nos encontremos en esta situación, pero es lo que ha probado el Consejo.

¿Cómo calificaría en una frase el Estado social que ofrece este texto?

Es lo que existe hoy.

¿O sea no hay un Estado social?

No, en materia de provisión de derechos sociales es solo lo que existe hoy. La cláusula del Estado social lo que permitiría es una supuesta mayor posibilidad del Estado de participar de esa provisión de derechos sociales, sin embargo, la forma en que se configura predetermina que solo habrá un sistema posible. Alguien por ahí decía que si las isapres o las AFP no existieran, bajo este texto constitucional habría que crearlas y yo comparto esa opinión. Eso es lo que hoy se estaría consagrando en el texto constitucional. A mí me parece un poquito irresponsable que en un par de meses se pretenda cerrar un debate profundo y determinar en la Constitución la forma en que deben proveerse los derechos sociales.

¿Se arrepiente de no haber aprobado enmiendas de Chile Vamos en la fase de observaciones para haber tenido derechos sociales menos débiles para su sector?

Yo lo que lamento profundamente es que cuando iniciamos las negociaciones se nos haya comunicado inmediatamente que no era posible llegar a un acuerdo con ellos. Sobre esa base lo que hizo la Comisión Experta fue llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles para mejorar el texto y eso se logró. Pero esto hay que contarlo completo, ya que las observaciones más importantes y relevantes de la Comisión Experta no fueron tomadas en consideración por el Consejo, fueron rechazadas o se encuentran en discusión en la comisión mixta. Yo le retruco diciendo que los acuerdos que logramos en la Comisión Experta no tuvieron ningún efecto en el Consejo.

Se lo preguntaba por la oportunidad de haber modificado la huelga o agregar solidaridad remitida a la ley en seguridad social o salud...

Me parece que a su pregunta le falta un antecedente, porque nosotros también hicimos propuestas en materia de solidaridad respetando las decisiones políticas del Consejo, pero que aseguraran que no quedara el estado actual de cosas, es decir, que la solidaridad no quedara solo remitida a los impuestos, algo muy peculiar en un Estado social. Entonces, lo que la derecha proponía en ese momento era el statu quo de hoy y nosotros proponíamos normas un poquito más abiertas en materia de solidaridad.

¿Cómo responde a la crítica de no haber dado sus votos para incluir sus ideas en los derechos sociales?

Es que eso no es cierto. No es efectivo, porque presentamos enmiendas con nuestras ideas respetando las decisiones políticas del Consejo. Sin embargo, no fueron aprobadas por la derecha, pero en ningún caso pecamos de intransigencia. Déjeme repetirlo, para que quede claro, nosotros nos sentamos en la última mesa de negociación y se nos dijo de inmediato que no había posibilidad de acuerdo político y que ellos no iban a renunciar a sus ideas, sino solamente accederían a hacer ajustes o arreglos. Yo entiendo que un acuerdo implica renuncias de ambos lados. La verdad es que la voluntad para llegar a acuerdos por parte del oficialismo siempre existió. Bajo esa pequeña rendija que se nos abrió, que se llamaban arreglos, logramos 250 enmiendas aprobadas por la Comisión Experta y que lamentablemente en los aspectos más importantes no fueron aprobadas por el Consejo.

¿No se llegó a acuerdo porque la derecha no quiso?

Mire, no lo sé, yo le puedo hablar solamente por nuestro sector, y siempre quisimos un acuerdo político. Tanto es así que jamás iniciamos ninguna campaña respecto de los contenidos de la nueva Constitución. Hemos tratado de llegar a un acuerdo hasta la última instancia, entendiendo la realidad política en la que nos encontramos, pero al mismo tiempo entendiendo la lección que nos dejó la Convención. Tendrá que preguntarles a quienes conducen el proceso el porqué no se llegó a acuerdos.

¿El Partido Republicano y Chile Vamos no tuvieron disposición a un acuerdo?

Yo creo que usted debe preguntarles eso a ellos, pero al menos desde mi perspectiva, le reitero: si yo quiero llegar a acuerdos trato de no hacer campaña con determinadas ideas que pueden ser controversiales, de manera tal de permitir un diálogo político fluido.

¿Qué consecuencias podría tener para la estabilidad del país que exista un texto del cual un sector no se sienta identificado?

La única forma de lograr estabilidad política era el texto de consenso. No basta con señalar que hay que cerrar el proceso. Esto hay que cerrarlo, pero cerrarlo bien, y cerrarlo bien implica necesariamente tener mayor capacidad de acuerdo y mayor generosidad. La generosidad implica renuncias a ciertos anhelos y eso no ocurrió acá, así como tampoco ocurrió en la Convención. Pretender cerrar el problema constitucional con un texto que tiene serias deficiencias técnicas es irresponsable. Es difícil entender el porqué sucedió esto. Será la historia la que determine en realidad cuál va a ser el resultado y a partir de ese resultado cómo va a funcionar el país, pero me parece que tratar de cerrar el proceso aprobando cualquiera sea el contenido del texto, dadas las deficiencias técnicas importantes que tiene, no es lo correcto.