Gaspar Domínguez: “El gobierno actual y el entrante debieran mantenerse distantes de opinar sobre el contenido de las normas”

“Soy médico, trabajo en urgencias y en urgencias la gente se muere. Trabajando preocupado, mi rendimiento va a ser peor. Ese no es el adjetivo que usaría para describir cómo encaramos esta semana la Convención. Diría más bien cuánto es el profesionalismo y entrega que le voy a dar a esto para favorecer que funcione, y de 1 a 5, es 5. No debe ser preocupación, sino atención a lo que está pasando, tomar medidas preventivas o proactivas. Y en esa dirección es que estamos intentando favorecer los consensos”.

Con “lo que está pasando”, Gaspar Domínguez Donoso (33, Independientes por una Nueva Constitución o Independientes No Neutrales, INN) alude a varias cosas. Uno, que a la Constituyente se le extinga día a día el tiempo sin que los 2/3 estén a tiro. Junto a la presidenta María Elisa Quinteros (39, Movimientos Sociales Constituyentes), ha comenzado a acicatear a sus pares.

Dos, a que pasado mañana -martes 15- arranca una cadena de largas sesiones plenarias que comenzarán a dibujar deslindes del texto. Varios convencionales están inquietos ante el ruido que sale de ciertas comisiones por normas polémicas. Esta semana no pudo pasar al pleno la que planteaba disolver los poderes del Estado, pero en el carro de compra esperan la nacionalización del cobre y otras que no gustan al gobierno de Gabriel Boric.

Un cóctel que Domínguez abre reconociendo que aunque “no podemos instalar un comité de censura que establezca cuál norma puede ingresar y cuál no”, pero que dada la textura político-social de la asamblea “es legítimo y razonable, incluso esperable, que entren alternativas que puedan ser extravagantes o sui géneris”.

Usted usa esos adjetivos...

Extravagante, sui géneris, es un adjetivo razonable; genera ruido por su atipicidad. Son más de 1.300 iniciativas, estas son un porcentaje minúsculo, y es natural que la atención pública y de los medios se centre en ellas. El proceso es semicircular: se discuten en las comisiones, van al pleno, eventualmente vuelven a las comisiones para ir en una segunda instancia al pleno. El flujo de la norma y el tiempo irán generando progresivamente que estas propuestas -que pueden generar atención pública por su extravagancia- van a ir disminuyendo. Una, porque se van a eliminar, u otra, porque algunos contenidos que generan más polémica serán morigerados para lograr amplios consensos.

Eso pasó con la propuesta de María Rivera de disolver los poderes del Estado. Se rechazó por unanimidad en la comisión de Sistema Político, pero entremedio hubo una escandalera...

El jueves hablé con ella. Le dije: “María, tú cuando presentaste esa norma, ¿creías que te podía ir bien?”. Y ella me dijo: “No, yo tenía la certeza de que no me iba a ir bien y que no iba a tener el apoyo”.

¿Por qué la presentó entonces?

Le pregunté eso. Y ella me dijo “porque represento a miles de personas que votaron por mí, a miles, a cientos de movimientos de trabajadores que tienen esa convicción. Tengo el deber de poner sobre la mesa estos temas, y hoy todos los medios están hablando de mi propuesta, porque si no es un cambio que disuelva los poderes y lo reemplace por una asamblea popular, el cambio no va a existir realmente.

¿Eso ocurrió después de que se votara en la comisión?

Sí.

Sin ánimo de censurar, ¿no se pudo hacer eso antes, gestionar que la retirara? Se habrían ahorrado la batahola de críticas y alarmas.

He llamado genéricamente -no individualizando- a que concentremos esfuerzos en iniciativas que tienen mayor probabilidad de ser aceptadas. Pero eso no significa priorizar una por sobre otra; tienen el mismo derecho de ser votadas. Pero es una decisión que está en los convencionales.

Pero la mesa también tiene una labor de conducción...

Por eso hemos puesto este tema sobre la mesa y hemos estado hablando del cronograma: llamar a que los convencionales entre sí tomen los acuerdos que permitan que -por ejemplo- normas que son muy similares se bajen y nos quedemos con una. Pero ese es el límite de la conducción política: lograr que ellos se hagan cargo, de tomar conciencia de que estamos en una etapa que requiere pragmatismo.

De haber integrado usted la comisión de Sistema Político, ¿también habría rechazado la propuesta de la convencional Rivera?

Probablemente.

Usted usó recién las palabras “extravagante” y “sui géneris”. ¿Le parece que normas como estas caen en el adjetivo “loquísima”?

No voy a calificar con esa palabra, menos en mi posición de vicepresidente, ninguna de las presentes normas.

“Loquísima” fue el vocablo usado en un diario uruguayo por el próximo ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, que será el interlocutor del gobierno de Gabriel Boric con la Convención, respecto de algunas propuestas de norma...

No corresponde que ningún personero del Ejecutivo ni de ningún poder del Estado utilice palabras de esa magnitud para referirse a ninguna de las iniciativas de norma que salga de esta Convención, ni convencionales ni populares.

¿Por qué?

Porque la palabra que usted menciona es una palabra peyorativa. Y no corresponde ese tipo de sanciones de discusiones que se están recién abriendo.

¿Por el calibre del adjetivo o por el acto político de opinar sobre el devenir de la Convención? Algunos podrían...

...es legítimo que opinen. Los poderes han opinado, la Corte Suprema opinó, senadores han opinado. El gobierno actual ha reiterado en múltiples oportunidades -lo hizo el ministro Justicia hace unos días acá- la independencia de este órgano y no se ha pronunciado sobre el contenido.

¿Se cruza un límite cuando el futuro ministro Jackson ocupa ese tipo de adjetivos?

Ninguna persona que ostenta un cargo del Ejecutivo debiera ocupar palabras como decir que una propuesta es loca. Uno puede dar argumentos para demostrar o manifestar esa emoción; es distinto a utilizar un adjetivo peyorativo.

“Si hay un deseo del nuevo gobierno de incidir, el camino es a través de los convencionales que pertenecen a su conglomerado”.

¿Qué implicancia tiene que sea el ministro que se va a entender con esta Convención? ¿Qué estaría pasando si lo hubiese dicho el ministro Juan José Ossa?

Con el subsecretario Pavez y el señor Ossa hemos tenido reuniones, y hasta el momento no se han referido al contenido de las normas. Más bien han manifestado preocupaciones legítimas sobre los tiempos, sobre el financiamiento, pero no sobre el contenido de la norma. Eso es un límite que es bueno mantener.

Entonces, ¿qué espera del nuevo gobierno ante la Convención?

El próximo gobierno aún no entra y espero que desde el momento que estén ocupando los cargos apoyen este proceso constituyente, favoreciendo la discusión con argumentos. Es el nivel que necesitamos para avanzar.

¿Cuál es el margen de maniobra en la Convención del nuevo gobierno después de los dichos de Jackson y los tuits del presidente electo?

El Poder Ejecutivo que está por entrar, liderado por Gabriel Boric, es un grupo que se ha manifestado siempre a favor de este proceso y de abrir los espacios de deliberación y de diálogo. Con todas las dificultades que tuvo el presidente electo, fue una de las personas fundamentales para lograr el acuerdo que habilitó esto. Y tengo la convicción de que el gobierno entrante dará todas las condiciones y facilidades para una deliberación. Dentro de esas condiciones, facilidades, está no incidir en los contenidos. Y si hay un deseo de incidir, el camino es a través de los propios convencionales que pertenecen a ese conglomerado.

Es válido entonces que el nuevo gobierno articule para alinear a su colectivo o velar para que ciertos contenidos avancen más que otros...

Es válido. Pero el gobierno actual y el entrante debieran mantenerse distantes de opinar sobre el contenido de las normas.

¿Por qué cree que entre los colectivos del nuevo oficialismo, socialistas y FA no cuaja un eje común?

Para lograr los 2/3 se requieren 103 votos. Y el eje que usted menciona son 37, un tercio de lo que se requiere. He conversado con Movimientos Sociales, PUCO, Coordinadora Plurinacional, Ecoconstituyentes, Independientes No Neutrales, Frente Amplio y socialistas. No hay razón para pensar que una articulación entre dos colectivos es más importante que otra. Todos deben articularse. Quedamos cortos pensando que basta la alineación de dos colectivos para lograr los acuerdos.

En la de Medio Ambiente aprobaron normas como la nacionalización del cobre y la caducación de derechos de agua. Varios aseguran que caerán en el pleno. ¿No cree que en ciertas comisiones se hace un trabajo a ratos testimonial? ¿No es un desgaste extra proponer y tramitar todo con tan poco tiempo?

Entiendo como norma testimonial cuando la persona que presenta esa norma sabe que es muy poco probable que avance, como el ejemplo de María Rivera. El tiempo está pasando y una de las maneras de conducir y liderar es estar recordando a todas las comisiones y a todos los convencionales cuántas semanas les quedan (ocho a las comisiones). Eso nos va a acercar a tomar medidas pragmáticas.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, comisiones que tengan normas que sepan que no van a tener el apoyo suficiente y lo puedan probar en el pleno, después se van a ver constreñidos a lograr un acuerdo en menos tiempo, porque se van a acumular los temas de la segunda parte de discusión con los temas que se devuelvan del pleno. Y cuando las comisiones se vean en eso van a tener que soltar o favorecer los acuerdos en las segundas partes, porque el tiempo se va a venir encima.

Con el subsecretario Pavez y el señor Ossa hemos tenido reuniones, y hasta el momento no se han referido al contenido de las normas. Más bien han manifestado preocupaciones legítimas sobre los tiempos, sobre el financiamiento, pero no sobre el contenido de la norma. Eso es un límite que es bueno mantener.

Pero el reglamento dejó una brecha, el “derecho a rebote”: que una norma rechazada por menos de 2/3 en el pleno pueda ser revivida en la comisión. ¿Fue mala idea? ¿Cómo puede estar seguro de que las comisiones harán lo que usted plantea en esas condiciones?

El derecho es a revivir indicaciones que hayan muerto en la comisión teniendo cierta cantidad de patrocinios (16). Por ejemplo, el pleno del jueves será de votación en particular de la Comisión de Justicia, y el viernes en particular de Forma de Estado. Ahí vamos a ir tomando la temperatura de cómo se va comportando, y necesitamos tener la flexibilidad suficiente para ir aprendiendo en el camino, como ya lo hemos hecho, y eventualmente tengamos que buscar una salida alternativa para evitar lo que usted señala.

¿Puede la mesa interpretar el reglamento ya dictado? ¿Hay margen para eso?

La mesa tiene la posibilidad de interpretar el reglamento. Y el plenario, la de cambiarlo, juntando patrocinios, votándolo en pleno y ganándolo por mayoría.

Todo eso, ¿con tal de no someter a la Convención al fantasma de la prórroga?

Tenemos que ajustarnos a la realidad: el 4 de julio la Convención se deshace de pleno derecho. Y en el cronograma las comisiones temáticas dejan de funcionar el 13 de abril. Y entramos a armonización, el trabajo que le dará la estructura jurídica al texto para que tenga la calidad técnica.

¿Qué convicciones tiene sobre el Legislativo? ¿Bicameral, unicameral?

Tengo la convicción personal de que para que las regiones logren mayor representación debe haber una cámara territorial y aparte una ciudadana. Y por ningún motivo esta construcción debe ser como el Senado actual.

¿Y sobre el régimen político?

Un régimen donde el Parlamento tenga mayor peso y poder del que tiene hoy día es un régimen que permite mayor estabilidad. Parlamentario o presidencialista muy atenuado.

Nacionalización del cobre, ¿sí o no?

Necesito tener más elementos, no he participado de las exposiciones. Sí creo que es una discusión que hay que darla, como todas.

¿Caducación de derechos de agua?

Los derechos de agua fueron entregados gratuitamente, a permanencia, y debemos también discutir eso. En el caso de que sea razonable que estos derechos puedan pasar a manos del Estado para priorizar el uso, eso debiera considerar el pago al menos de la inversión que se haya hecho para el uso.

¿Aunque se arriesgue un alto costo fiscal?

Todo. La salud también, todo. La Convención también tiene un gasto fiscal. D