Gonzalo Blumel: "Todos llegamos tarde de alguna manera a esta crisis y entre todos vamos a tener que encontrar las respuestas"

A las cuatro de la madrugada del viernes, antes de cerrar por fin los ojos, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sintió alivio. Las 48 horas anteriores habían sido claves para marcar el devenir del país sumido en una profunda crisis. Y estaba aliviado porque se activó "la buena política", dice, en que los actores elegidos en democracia reaccionaron y lograron un acuerdo para darle cauce a una ola de demandas que estallaron hace 29 días, en la cual la violencia ha cruzado sin tregua.

Y se siente responsable también Blumel. Porque lo que se le viene por delante es muchísimo más grande que lo que hace apenas un mes había imaginado para su futuro inmediato. Pero parece tranquilo el ministro del Interior, un tipo de 41 años que del área más técnica de la política pasó a ser la cara principal del gobierno en la transformación más profunda del país en décadas.

¿Por qué cree que se llegó a este punto?

El Presidente al inicio de esta crisis pidió perdón por la falta de visión de todas las instituciones del Estado. Posiblemente, tiene que ver con que nos confiamos en demasía en la capacidad que tenía nuestro modelo económico y social de ir corrigiendo todas las fallas que se fueron generando en las últimas décadas. La gente valora el progreso de los últimos 40 años, pero es muy crítica sobre cómo se distribuyen los frutos de ese progreso y eso produce muchas desigualdades, mucha injusticia.

¿Es una falla del modelo?

Efectivamente. Nosotros confiamos en que el modelo con piloto automático iba a ir corrigiendo los problemas en materia social. La gente tiene mucho temor a enfermarse gravemente; llegar a la tercera edad y no tener una buena pensión; perder el trabajo; sufrir delitos violentos. Junto con eso hay una falla profunda de todas las instituciones. El Estado no ha estado a la altura de lo que la gente necesita. Y hemos sido muy tolerantes con la corrupción, con las malas prácticas. El sector privado ha tenido fallas muy importantes, con abusos, privilegios; malas prácticas que dan cuenta de cierto deterioro del buen funcionamiento del Estado y del mundo privado.

Como que se hicieron los lesos con las fallas y también con las ventajas del modelo...

El modelo ha generado una enorme cantidad de beneficios, pero la distribución de esos frutos no ha sido equitativa. Se le ha cargado la mano más de la cuenta a la clase media, la cual enfrenta su vida con mucha incertidumbre respecto del futuro. Tener una enfermedad grave es un drama, porque no solo es un problema de acceso a la salud, te puede dejar con una mochila de deudas que te destruye. La constante es que las personas enfrentan mayor incertidumbre laboral y eso provoca angustia, frustración y en gran medida explica este estallido que hemos tenido en los últimos 29 días.

¿Y cómo ahora se van a resolver ese tipo de problemas, que no son necesariamente materia constitucional?

La base para encauzar esta crisis e ir recomponiendo el pacto social -porque se fracturó el pacto social-, está en lo que planteó el Presidente el martes: construir un acuerdo por la paz, la justicia y una nueva Constitución. Porque, por una parte, necesitamos paz social, rechazar la violencia transversalmente y fortalecer el orden público para producir los cambios profundos; y hay que atender esas urgencias sociales que la gente planteó con mucha fuerza. Estoy pensando en salud, pensiones y salarios, que son el triángulo fundamental de las urgencias sociales. Lo tercero es la arquitectura superior, ¿cuál es la casa común que va a regir nuestra convivencia en las próximas décadas? Esa es la Constitución.

Pero a la gente que está movilizada por pensiones, ¿qué respuesta se le puede dar en concreto?

Estas transformaciones son profundas y van a tomar un tiempo, y en eso hay que ser súper responsables. En este acuerdo todos los actores políticos tenemos que participar y cuidar las expectativas, porque estas transformaciones no son de la noche a la mañana. Previo a la crisis, veníamos trabajando una reforma previsional, de salud -en isapres, Fonasa-, pero vemos que las urgencias son mayores a las capacidades del sistema político de dar respuesta. Lo valioso del acuerdo que surgió en el Congreso es que -además de ser muy transversal y de responder al tema de fondo-, la ciudadanía percibió que es una respuesta de todo el espectro político con sentido de urgencia. Uno de los problemas más profundos para la democracia es la polarización y fragmentación del sistema político, que hace muy difícil llegar a acuerdos para procesar las demandas de la ciudadanía. El jueves, por 48 horas, los actores políticos en el Parlamento lograron generar un esfuerzo colaborativo para construir una nueva Constitución y, además, hubo cambio de lógica: siendo adversarios podemos encontrar mínimos comunes para encauzar los cuestionamientos de la ciudadanía.

Una de las cosas que se ha dicho es que el gobierno reaccionó tardíamente -sobre todo el Presidente- a lo que estaba sucediendo. Con la perspectiva del tiempo, ¿hubo algo de eso?

Nadie pudo anticipar ni suponer lo que iba a pasar. El que lo diga, está engañando a la ciudadanía. Nadie conoce todas las respuestas ni tiene todas las capacidades para definir qué es lo que exactamente se necesita para superar esta crisis. Todos llegamos tarde de alguna manera, y entre todos vamos a tener que encontrar las respuestas que permitan encauzar social y políticamente este estallido social.

¿En qué momento se empieza a dar esta posibilidad de acuerdo?

El momento fundamental para cambiar el switch fue este discurso que hace el Presidente el martes en la noche. Posiblemente, todos estaban esperando que se decretara nuevamente estado de emergencia y el Presidente hace un llamado muy profundo, sincero y urgente a un acuerdo por la paz, la justicia y una nueva Constitución. Eso produjo un cambio en el ánimo en todos los actores políticos y sociales respecto de sentarse a la mesa y conversar. El símbolo mayor de ese cambio de actitud fue escuchar a parlamentarios de lado y lado decir "nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar de la mesa hasta llegar a un acuerdo". Ojalá esa actitud se pudiera replicar para un acuerdo en previsión, salud. Ese llamado urgente al diálogo, en un contexto de mucha violencia, donde había condiciones objetivas para evaluar estado de emergencia, es posiblemente una de las decisiones más correctas y democráticas del Presidente Piñera. Y es muy consecuente con su historia política de siempre optar por el diálogo, la moderación, la prudencia y la democracia.

Se dice que usted fue clave en convencerlo de tomar esa decisión...

Las decisiones son siempre colectivas, pero quien resuelve es el Presidente y todo el mérito es cuando él, con toda la información disponible, opta por el diálogo. Lo que ocurrió el jueves permite recuperar, en parte -este es un primer paso, fundamental e histórico-, la confianza de las personas en sus dirigentes políticos.

Pero usted le planteó que se le iba a caer el diálogo que ya estaba teniendo con la oposición si se sacaba nuevamente a los militares a las calles.

El Presidente sabía perfectamente las consecuencias de las decisiones y las alternativas que había sobre la mesa.

Hoy usted es la cara visible del gobierno que llega a un acuerdo para cambiar la Constitución del 80, cargada de simbolismo. ¿Cómo lo toma?

Ser ministro del Interior es una responsabilidad inconmensurable. Este debe ser uno de los momentos más complejos desde el retorno a la democracia y, por ello, cualquier solución va a ser un colectivo, un esfuerzo colaborativo del gobierno, Chile Vamos, la oposición y todos los actores sociales que tienen mucha legitimidad y que tienen que ser parte de la solución. El acuerdo del jueves es institucional, pero participativo.

La política requiere ciertos tonos que ayudan o entorpecen la búsqueda de acuerdos. ¿Cómo siente eso? Además, de alguna manera se jubila una generación.

Hay una nueva generación que estuvo a la altura de lo que se necesitaba, pero la generación de la transición también fue parte del acuerdo. Este es el momento de la buena política y el rol del gobierno es contribuir a un clima de mayor entendimiento que ya estaba en el diagnóstico… Me siento muy cómodo de encabezar un gabinete cuyo objetivo es construir puentes de diálogo no solo para encauzar esta crisis, sino hacerse cargo de los temas que siguen siendo fundamentales en materias como modernización del Estado.

¿Sirvió para descomprimir el ambiente que ustedes tomaran la negociación y el Presidente se replegara de la primera línea?

Quizás lo más valioso fue que los partidos jugaron un rol estelar en la construcción del acuerdo. Eso la gente valora y agradece: ver en sus dirigentes un genuino ánimo de encauzar políticamente esta crisis, porque lo contrario es un salto al vacío. No estamos para saltos al vacío que producen más dolor y más dificultades.

¿Usted va a votar "apruebo" o "rechazo" una nueva Constitución?

El gobierno es partidario de avanzar hacia una nueva Constitución, entendemos que puede haber diversidad en cómo enfrentar esa disyuntiva y en los mecanismos a través de los cuales se realiza.

¿Vota que aprueba, entonces?

Insisto en que como gobierno somos partidarios de avanzar hacia una nueva Constitución, pero también vamos a respetar la diversidad de posiciones en la coalición, que es sumamente legítimo, porque no estaba con esta envergadura en nuestro programa. El gobierno debe cumplir un rol garante del buen funcionamiento del proceso, que se dé un marco institucional de respeto a las distintas visiones y, sobre todo, garantizando el orden público y que no existan presiones que impidan el buen desenvolvimiento de este proceso.

¿Prefiere una convención mixta o 100% elegida de ciudadanos?

Cualquiera de las dos es buena alternativa. La convención 100% elegida por ciudadanos posiblemente para la gente va a ser más representativa de este momento, pero también es cierto que puede haber parlamentarios con experiencia y oficio que puedan contribuir a la deliberación política, que es fundamental. Mi opinión personal me la guardo y el voto es secreto.

El temor de un sector es que si gana la convención constituyente, Chile termine como otros países de América Latina, donde las asambleas no han sido exitosas. ¿Qué asegura que no vamos a terminar como Bolivia?

Hay a lo menos tres diferencias fundamentales. La primera es que este proceso nace en un marco democrático e institucional irrefutable y no vía decreto ni, mucho menos, destitución de dirigentes opositores, como ha ocurrido en otras experiencias en la región. Lo segundo es que hasta que tengamos una nueva Constitución, si así lo resuelve la ciudadanía, va a seguir rigiendo la actual Constitución y eso hace que no tengamos inestabilidad institucional. En tercer lugar, que la convención constituyente tiene un solo mandato: hacer una Constitución. No podrá tomar otras decisiones, por lo tanto, no son poderes absolutos e ilimitados. Por último, el hecho de que sea participativa, con plebiscito de entrada, elección de delegados constituyentes y con plebiscito ratificatorio de salida, pero con un quórum de 2/3, va a permitir que la participación se traduzca en la necesidad de construir en un consenso amplio en torno al nuevo texto que va a ser la casa común. Vamos a avanzar a una Constitución que va a ser más de goma de borrar que de lápiz de escribir. Y más de mínimos que de máximos. Finalmente, eso es lo que tiene que ser una Constitución: un texto que rija lo esencial de la convivencia democrática, las instituciones, las garantías y las reglas mediante las cuales resolvemos nuestras diferencias.

¿Cómo se reconfigura el mapa político de la derecha a partir de esto? Por ejemplo, la presidenta UDI ya dijo que rechazaría, usted dice que el gobierno está por aprobar, y está José Antonio Kast ungiéndose como rostro del No.

Las dificultades están en ambos sectores, en la derecha y en la izquierda, donde ciertos sectores consideran que el acuerdo no es suficiente. Eso refleja que es un muy buen acuerdo, porque cuando los extremos se restan, quiere decir que tenemos una posición mayoritaria que convoca a la mayor parte de los actores sociales y políticos que se sienten representados por este cronograma constitucional. En el caso de Chile Vamos, lo más importante es que el acuerdo que se firmó compromete a todos los partidos que fueron parte del acuerdo y lo firmaron. No tengo temor de que si hay diferencias, se van a procesar con amistad cívica.

¿Qué valor le asigna a que se acaba la Constitución de Pinochet?

Quizás el mayor simbolismo es que va a ser la primera Constitución que surge 100% en democracia. Eso es un valor en sí mismo.

¿Es este el cierre de la transición?

Puede ser, pero esa es una pregunta que van a tener que responder los historiadores.

¿Cómo ha vivido en lo personal todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos, como ministro del Interior y Seguridad Pública?

Todos los casos de personas lesionadas -van más de 2.000- y las más de 20 personas que han fallecido producen un profundo dolor. Creo que todo este proceso ha significado mucho sufrimiento y muchas dificultades para mucha gente. Todos los casos que se han denunciado de abusos y de maltrato, de eventuales delitos en la acción de las policías, sin duda que tienen que ser investigados y conocidos por las instituciones respectivas, por la fiscalía, por los Tribunales de Justicia y se tiene que investigar y sancionar si es que efectivamente constituyen atropellos y vulneraciones de derechos fundamentales.

Pero también en esto no hay que tener duda: el respeto a los derechos humanos en nuestro país es patrimonio de toda la sociedad, los DD.HH. son sagrados y tengo la convicción de que todas las instituciones públicas actúan en consecuencia a ese principio. Los derechos humanos en nuestro país no son de izquierda ni de derecha, sino que son de todos. De hecho, en los últimos años la política en materia de derechos humanos la hemos ido adaptando con una visión de Estado. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos que ha cumplido un rol muy valioso en esta crisis, surge de una ley que envió la Presidenta Bachelet en su primer mandato y que se implementó en el primer mandato del Presidente Piñera. Hemos seguido fortaleciendo la arquitectura institucional en materia de protección de DD.HH.

¿No hay un problema formativo en Carabineros, que no ha sido una policía que sabe bien aislar la violencia dentro del contexto de una manifestación? Uno ve imágenes que están gaseando cerca de colegios, o los 200 casos de lesiones oculares…

No, no tengo ninguna duda de que Carabineros -especialmente de su alto mando- tiene una convicción muy profunda en materia de DD.HH. Y hay dos cosas que lo demuestran: la primera es que todos los protocolos sobre uso de la fuerza fueron actualizados en el mes de marzo, a partir de un acuerdo en la Comisión Interamericana de DD.HH., producto del asesinato de un joven mapuche del año 2002. En segundo lugar, el proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso de modernización de las policías hace un año apunta a seguir fortaleciendo la formación en materia de DD.HH. de las policías. Evidentemente, lo que ha pasado en el último mes ha tensionado todo el sistema de orden público y seguridad ciudadana.

Pero ha habido acciones de descriterio, por decir lo menos, también.

Todos los casos donde se ha observado una actuación policial que no sigue con rigor los protocolos en materia de reglas de uso de la fuerza están siendo investigados por la vía administrativa o por la vía penal. De hecho, de los 14 carabineros que hoy día están formalizados por la fiscalía, la mayoría de esos casos fueron denunciados por la misma institución. Tenemos que permitir que las instituciones funcionen y, en el caso nuestro, como gobierno, corresponde ser muy proactivos en ir fortaleciendo la protección de los derechos humanos. De hecho, cuando se inició la crisis lo primero que se hace es establecer una coordinación permanente con el INDH, se invitó a la Misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, también a Human Right Watch a conocer la situación de DD.HH. que estamos conociendo en nuestro país. Y en las últimas semanas hemos tomado medidas adicionales, como la restricción del uso de la escopeta antidisturbios para aquellos casos donde exista riesgo de vida para el personal policial o para civiles; hay más de 250 instructores de DD.HH. de Carabineros que están en terreno para poder verificar el cumplimiento de los protocolos y, junto con eso, se estableció una política de transparencia respecto de los casos denunciados para facilitar la actuación de todas las entidades que tienen responsabilidad en estas materias. Obviamente, la situación es extremadamente compleja y difícil. Hemos enfrentado niveles de violencia que en nuestro país no se habían visto desde el retorno a la democracia.

¿Cree que el gobierno ha condenado con la suficiente fuerza las violaciones a los DD.HH., así como se lo exigió a la oposición condenar los hechos de violencia?

Tengo la convicción más absoluta de que el gobierno ha actuado con todo el compromiso y proactividad en la protección de los derechos fundamentales. La garantía de orden público -que es el primer deber del Estado- está absolutamente vinculada a la garantía de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas.

Existe la idea histórica de que para provocar verdaderos cambios en las sociedades tiene que haber un proceso de violencia, ¿cómo ve usted eso?

Eso es bastante discutible, porque en la historia de los derechos civiles y políticos ha habido movimientos pacíficos que han logrado cambios extraordinariamente profundos. El caso Gandhi en la India, y también el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, lograron cambios estructurales profundos para terminar con las discriminaciones y fortalecer el respeto a los derechos civiles y democráticos en dos momentos distintos. Tolerar la violencia o aceptarla implícitamente es un profundo error y ese germen tenemos que desterrarlo de nuestra sociedad.