Hablar en fácil: Cómo escribir una Constitución para todas las personas

Fue la segunda reunión autoconvocada de convencionales constituyentes. Llegaron 78 de 155. El tema, esta vez, era la instalación de la asamblea que comienza el próximo 4 de julio. La anfitriona Janis Meneses (D6) saluda por zoom al resto con un abrazo “fraterno y sororo” a “todas, todos y todes”. En las distintas intervenciones, varias veces asoma un lenguaje inclusivo.

Llegado el momento de abordar cómo será la forma en que se les tomará la aceptación del cargo a las 155 personas que conforman la convención, Isabella Mamani (representante Aymara) toma la palabra y pregunta: “la persona que esté ahí tomando la aceptación, ¿lo hará en castellano y después en nuestras lenguas maternas? Para mí es importante que me tomen la aceptación (del cargo) en lengua aymara”.

Si el lenguaje será inclusivo o si incorporará palabras de los pueblos originarios, es una decisión que estará en los cimientos para la redacción de la próxima Carta Magna. De hecho, es una de las materias importantes que se han abordado en centros de estudios, planteando, como primer punto, que la nueva Constitución se escriba en un lenguaje claro, en que todas las personas puedan entender lo mismo de su significado y que la selección de palabras sea precisa.

Porque los constituyentes son los encargados de idear, pero también de redactar una nueva Constitución. Y esto, requiere un trabajo fino.

El de Elisa Loncón es uno los nombre que suena como eventual presidenta de la Convención. La promueven sus pares constituyentes mapuche y del Frente Amplio. Y el asunto del lenguaje lo tiene muy claro. Para ella, la Constitución debe ser discutida en las lenguas originarias, para en un futuro ser escrita en estas mismas.

La reflexión de Loncón, doctora en Literatura y magister en lingüística, es que la lengua constituye a una nación. “Así como lo hace el territorio, los derechos de autonomía, las culturas y las lenguas también definen a una nación. Nosotros al instalar la plurinacionalidad, vamos a tener que definir qué significa eso”, afirma. Para ella, en el nuevo texto constitucional el lenguaje va a representar la diversidad “y va a representar el pensamiento de articulación del ser humano con la tierra y con una democracia participativa con bases territoriales”.

En la misma línea, un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre participación ciudadana en la Convención, propone la accesibilidad como principio clave para llevar a cabo un espacio participativo. Por esto, habla de un lenguaje inclusivo y de formatos de consultas alternativas. “Por ejemplo: una versión en Braille, una versión en audio, versiones en lenguas indígenas, una versión simplificada o resumida, entre otros”, menciona el texto.

Por su parte, la directora de la Academia Chilena de la Lengua y del Instituto de Chile, Adriana Valdés, piensa que la discusión y la primera escritura de la carta fundamental debería ser en castellano, entendiendo que es la lengua que prima dentro de los 155. Pero que después se debe traducir a las distintas lenguas.

Respecto del género, Valdés piensa que lo más importante es que sea busque un lenguaje comunitario. Su opción favorita es recurrir a palabras que incluyan a todos, sin complejizar el lenguaje. Por ejemplo, en lugar de poner senador y/o senadora, hablar de senaduría.

Piensa que el lenguaje debe incluir y acomodar. “Hay que hacer un lenguaje muy atinado para que se entienda que incluye a todos y al mismo tiempo sea una cosa que podamos conjugar, que podamos concordar y que se pueda hablar con naturalidad”, dice Valdés. Rescata la importancia de un lenguaje que no discrimine y que tenga en cuenta el contexto en el que se emplean las palabras, con las connotaciones políticas que podrían traer. Una elección con cuidado y respeto. “Yo diría que si hay una palabra importante, es la palabra persona. Eso es soluciona la mitad de los problemas de la gente. Una palabra que es de género gramatical femenino y que incluye a todos”, dice.

En la década de los 70, nace en Europa el movimiento “lenguaje claro”, una corriente que buscaba que la ciudadanía comprendiera las leyes, los contratos y las sentencias. Para esto, se exigía que los documentos públicos fueran comprensible a primera lectura. El movimiento, según la académica de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudia Poblete, surge en un contexto de democracia que busca dar acceso ciudadano a todo lo que pasa a nivel institucional.

En la Constitución, debería darse lo mismo, sostienen distintos académicos: un lenguaje ciudadano. El lenguaje claro, según Poblete, es un elemento que deben plantearse los constituyentes. “Si pensamos en sentido democrático, pero redactamos con un lenguaje que se caracteriza a nivel mundial, en español y en Chile, por ser un lenguaje complicado, que no está pensado para el usuario, vamos a quedar donde mismo” dice, refiriéndose al lenguaje constitucional.

En Chile, desde el año 2017 existe la Red de Lenguaje Claro, compuesta por siete instituciones públicas en donde el objetivo es acercar a la ciudadanía los documentos que emanan de los organismos públicos. Según Lautaro Muñoz, director de Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional (parte de la red), hay ciertos aspectos que son relevantes a considerar, y que no van solo en el tipo de palabras que se utilicen, si no que también en la forma en que cada artículo se estructure. Para el periodista, el lenguaje claro se trata de usar el español pero eliminando el lenguaje arcaico.

Se deben cumplir con ciertas lógicas estructurales, dice, como “privilegiar oraciones con el orden sujeto, verbo, predicado, es decir eliminar los hipérbaton”. También, es importante separar las ideas y que vaya una en cada oración. Advierte además, que hay que tener cuidado con los conectores, porque alargar las frases podrían complejizar la oración. Sobre la puntuación también establece ciertas consideraciones. “A veces vemos unos textos, tanto en el ámbito jurídico, incluso, en el ámbito periodístico, que del inicio hacia el final tienen 15 líneas y solo están divididos por algunas comas”.

Gloria de la Fuente, directora del Consejo para la Transparencia, institución parte de la misma red, concuerda con que es fundamental un lenguaje claro. Y agrega que durante el proceso, se utilice un lenguaje que tenga llegada ciudadana. “A veces hay discusiones más enredadas, que necesitan ser explicadas de manera sencilla y clara a la ciudadanía de manera tal, que las personas puedan también con eso, generar confianza y legitimidad en el proceso”.

El abogado y profesor de derecho constitucional UC, José Luis Alliende, también defiende la relevancia de la claridad del lenguaje, porque “están extremadamente vinculados los derechos de las personas con la organización y el funcionamiento de los órganos públicos”.

Para Alliende es relevante también que se incorpore el tema a nivel constitucional como un derecho, “que es el derecho a comprender las actuacionzes de los órganos públicos”. Según el abogado, esto se puede relacionar con el artículo 1 de la Constitución actual: “El Estado está al servicio de la persona humana (…)”.

A nivel internacional, existen propuestas en torno a la realización de una Constitución en esta premisa. La primera es que se escriba en su totalidad con lenguaje simple. La segunda, que la parte de los derechos fundamentales esté en lenguaje claro. Varios países han implementado el sistema de este lenguaje a nivel constitucional, para permitir acercar a la ciudadanía la Carta Magna.

La académica Marcela Ahumada, magister en Derecho Público de la Universidad Católica, publicó en 2018 una investigación donde destaca experiencias de otros países en esta materia. Un ejemplo es Sudáfrica, que durante la redacción de la Constitución en 1996, el gobierno solicitó explícitamente a los redactores el uso de un lenguaje claro. En Holanda se realizó un documento aparte a la Constitución, que explica los artículos en lenguaje accesible. España también, en 2015, realizó un documento llamado La Constitución Española en lenguaje fácil. Argentina, en el año 2017, redacto algo parecido, el texto Constitución Nacional en Lectura Fácil. Esto con el objetivo de facilitar la compresión para personas con discapacidad, personas extranjeras que no manejan el español, niños y adultos mayores. Alliende comenta que en algún momento tendrán que bajar la Constitución a lengua de señas. Poner la Constitución en audio. Hacer productos en creole para la comunidad haitiana.

La precisión de las oraciones también es esencial, sobre todo pensando en la futura aplicación de la carta magna. Para la académica UC y ex presidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña, la naturaleza del lenguaje constitucional surge a partir de un conjunto de normas jurídicas con carácter de ser esencialmente abiertas. Es decir, de conceptos que buscan ser perdurables en el tiempo. Una búsqueda de precisión pero que sean adaptables a la evolución social. Para Peña, la naturaleza del proceso constituyente exige un esfuerzo adicional en el lenguaje. Respetar la técnica constitucional pero encontrar términos cercanos a la ciudadanía y una claridad para la ejecución.

Un ejemplo de discusión sobre el lenguaje claro, sostiene, es el que viene en el artículo 38 de la Constitución actual. Para la abogada este artículo tiene un conflicto, porque utiliza el concepto de Administración Pública y Administración del Estado. Eso, según comenta, es inductivo a la confusión. “Todos esos aspectos que pudieran resultar implícitos o que no pudieran ser reparados por los convencionales constituyentes, dentro de los grandes acuerdos que estén adoptando, debieran ser objeto de un análisis de coherencia”.

Para esto es esencial una coherencia gramatical, una redacción adecuada. Un tema un tema que ha sido considerado en propuestas para el reglamento el centro de estudios Rumbo Colectivo, ligado al Frente Amplio. La organización propone la creación de un Comité de Armonización y Revisión, entre los mismos constituyentes, para asegurar la coherencia formal del texto y evitar las contradicciones, que podrían entorpecer la aplicación de la constitución. “El modo de asegurar esta coherencia en caso alguno es una votación final del texto completo”, señala, como final del proceso de redacción.

Para Adriana Valdés, es el piso mínimo, pero que no hay que dar por sentado. “Nunca hay que tomarlo como innato, sino que es algo que se logra y muchas veces tiene que haber alguien entre los constituyentes, o encargado por los constituyentes, de revisar la redacción”, propone la directora de la Academia Chilena de la Lengua, y señala que ha visto proyectos de ley del Congreso con muy mala redacción.

Este es un nuevo desafío. “Ellos están llamado a escribir la constitución, no a pensarla solamente, porque el pensamiento es una cosa, y el poner las cosas en palabras para que ese pensamiento sea entendido por todos. Eso es mucho más complicado”, finaliza Valdés.