Pese a que hoy existe un alto temor en la población a ser víctima de algún delito, lo cierto es que según los datos oficiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el primer semestre de 2022 ocurrieron en total menos Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) que en cualquiera de los primeros semestres de los últimos 10 años (incluida la drástica baja de hechos que se produjo el 2020 por las cuarentenas).

En efecto, el semestre pasado hubo un 30% menos de DMCS que en el primer semestre de 2012. Estas cifras incluyen los hechos registrados tanto por Carabineros de Chile como por la Policía de Investigaciones.

Ahora, si nos vamos a los últimos años, el semestre pasado también ocurrieron menos delitos que el primer semestre de 2019, antes del estallido social y el Covid, con un 16% de reducción de los DMCS.

Estos datos son consistentes con el último Índice de Paz Ciudadana de septiembre pasado. La encuesta mide la ocurrencia y el temor a ser víctima de robos, y concluyó que un 32,7% de los encuestados declaró que él o alguien con quien vive había sido víctima de un robo durante los últimos seis meses. Esta fue la cifra más baja desde las mismas mediciones del año 2001 y muy por debajo del 40,6% de los encuestados que respondió que sí en el estudio de septiembre de 2019

Pero si los hechos no han aumentado, ¿por qué tenemos la sensación de que existen más delitos que antes?

Para Daniel Johnson, Director Ejecutivo de Paz Ciudadana, una posible explicación no debe considerar sólo la cantidad de delitos, sino el daño que ellos producen en la población. ”A veces cometemos el error de meter los delitos en un mismo saco, como los Delitos de Mayor Connotación Social, que mete en un mismo saco homicidios y hurtos. Evidentemente puede parecer que la situación delictual mejoró sí bajó la cantidad de delitos, pero si lo que bajaron fueron los hurtos y aumentaron los homicidios, el daño que está haciendo el delito puede ser mucho mayor a pesar de que la cantidad de delitos haya disminuido”, explica.

De igual forma, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, asegura que hay menos delitos al revisar los casos policiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones, faltas e infracciones entre los períodos de enero y agosto de 2022 y 2019. “Tenemos un 16% menos de delitos. Sin embargo, como gobierno tenemos el compromiso de tomar acciones que ayuden en dar mas seguridad”, comenta.

“Hay bandas que pretenden instalarse en el país con nuevas modalidades de delito y son extranjeros”, detalló el pasado jueves, el director nacional de la PDI, Sergio Muñoz, luego de informar la desarticulación de una banda dedicada al delito de secuestros en la Región Metropolitana. Se trata de 10 delincuentes, entre venezolanos y colombianos, quienes cobraban hasta $20 millones por cada rescate. De este tipo de agrupaciones no se hablaba en Chile hace una década. Tampoco de reportes de asesinatos a sangre fría todos los días en el país: solo el primer semestre de este año se llegó a 456 homicidios, un 42% más que el primer semestre del año anterior. En promedio, el primer semestre de 2022 hubo cerca de 2.5 homicidios por día.

En ese aspecto, el diagnóstico criminal es bastante claro: Chile es un país más violento para vivir. Así lo demuestran las estadísticas oficiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito respecto al análisis de casos violentos.

Si bien en los últimos 10 años los delitos de mayor connotación social han bajado, los delitos violentos han experimentado un alza sostenida. En el primer semestre de 2012, los delitos violentos representaban sólo un 18% de los DMCS, mientras que en el primer semestre de 2022 los delitos violentos pasaron a ser un 28% del total de los DMCS. Esta es la segunda cifra más alta en los últimos 10 años, sólo superado por el 2020.

Juan Enrique Suárez, director ejecutivo de la Fiscalía Privada, concuerda con el jefe policial sobre la violencia y modos delictivos que están apareciendo en el país.

“Una de las explicaciones es que se han instalado en Chile varias bandas de crimen organizado que vienen de México, Colombia y Venezuela. Estas bandas cuando llegan a los países inician una fase instalación que trae características violentas como sicariato, homicidios y secuestros como una forma de apoderarse del territorio y marcar presencia”, señala Suárez, quien sitúa esta problemática principalmente en las ciudades del norte.

El estallido social provocó grandes cambios de conductas en el comercio. Si bien hace varios años, la inversión en tecnología ha sido fuerte y estable en el sector con instalación de alarmas y cámaras de seguridad de última tecnología, las manifestaciones de octubre de 2019 cambiaron algunas estrategias del sector las que, con el tiempo, llegaron para quedarse.

Una de ellas, por ejemplo, es la reducción de horario para atención al público. Así lo deja ver el último informe de Victimización de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Servicios y Turismo publicada en septiembre pasado, donde un 48,1% de los encuestados aseguró que dentro de las medidas de seguridad optó por cerrar las puertas antes del horario normal.

La gerenta de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, señala que post estallido social son varias las medidas nuevas que se incorporaron para enfrentar el temor a algún delito. “No solo apareció la medida de recortar el tiempo de atención, sino que también la reducción de efectivo en tienda, el rediseño de los espacios y la coordinación con locales vecinos”, detalla Silva, quien agrega que por lo general los locatarios toman varias medidas simultáneas.

Razones hay. De acuerdo al último reporte, un 58,6% de los encuestados respondió que su negocio o local fue víctima de un acto delictivo. Desde la Fiscalía Privada aseguran que octubre de 2019 cambió las conductas de las personas de forma permanente. “Ese periodo es la base del aumento de temor. La gente comenzó a evitar ciertos lugares por miedo a encontrarse con protestas o delincuentes”, afirma Juan Enrique Súarez.

A pesar de esto, el gremio de Centros Comerciales no concuerda con estas medidas. Dicen que sus recintos no han pensado en reducir los horarios de atención y que los delitos han ido disminuyendo tras aplicar estrategias de coordinación con ambas policías.

“Cifra Negra” es el término que utilizan los especialistas en seguridad para advertir los diversos delitos que no ingresan al sistema como casos oficiales y quedan en la impunidad. Por lo general, nunca se ha podido determinar con exactitud cuántos de estos delitos no se denuncian. Por ello, los distintos gobiernos desarrollan estrategias para disminuir esa cifra negra.

Esta semana, la vicepresidenta Carolina Tohá presentó un nuevo número telefónico de denuncias (*4242) para facilitar la persecución penal. “Si las personas no denuncian estamos ciegas, no sabemos dónde se cometen los delitos y qué tipo son”, advirtió la ministra del Interior.

Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito en base a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), sólo el 32,6% de los delitos que ocurren son denunciados, existiendo un 67,4% de casos que no son conocidos por el sistema de control formal.

Cifras muy preocupantes y que son correspondidas por las encuestas sobre victimización. Por ejemplo, en el último índice de Paz Ciudadana, un 52,4% de quienes afirmaron que les robaron en los últimos seis meses, respondieron que no realizó una denuncia. Un indicador que preocupa a Daniel Johnson, director ejecutivo de la entidad, pues los años anteriores había más víctimas dispuestas a denunciar: en 2021, un 58,6% aseguró que fue a una recinto policial, mientras que en el 2018, un 61,3% realizó el trámite.

“La no denuncia es algo muy serio”, dice Johnson, quien concuerda con la ministra Carolina Tohá, pues el sistema queda ciego y no permite una correcta persecución penal.

Pero no sólo los ciudadanos no están creyendo en el sistema de justicia, sino que también el comercio.

En su último reporte de victimización, un 58% de los locatarios o dueños de negocios no hizo denuncia por el delito que fue víctima. Y de los que pusieron los antecedentes en la justicia, un 71% señaló no haber obtenido un resultado esperado.

“Estas cifras son muy altas. Se convierte en un círculo vicioso, pues sólo un 14% queda satisfecho. Por tanto, la decepción con el sistema es muy alto”, comenta Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio.

El cierre de pasajes es una batalla que los alcaldes han liderado por más de 15 años y que en su momento enfrentó el rechazo de la Contraloría, organismo que decretó este proceso como ilegal en varias oportunidades. Sin embargo, este año entró en vigencia la nueva ley que autoriza el cierre de pasajes y entrega facultades a los concejos municipales para aprobar esta medida si se cumplen con los requisitos establecidos en la normativa.

Si bien gran parte de los alcaldes se mostraron satisfechos con esta herramienta, los especialistas en temas de seguridad tienen ciertos reparos. “El problema de este tipo de medidas es que se busca aumentar las medidas de seguridad, pero también en ciertas encuestas y otros instrumentos se responde que hay organizaciones delictivas que buscan el cierre de pasajes para potenciar su dominio sobre ciertos territorios. Hay que tener cuidado, porque no siempre un cierre de pasajes puede ser una medida positiva para aumentar los niveles de seguridad que están sintiendo las familias”, detalla Daniel Johnson, de Paz Ciudadana. El último reporte de la entidad evidenció que un 14% de los encuestados ha visto o ha experimentado directamente el cierre de pasajes y espacios públicos por parte de grupos o bandas delictivas organizadas.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ha sido uno de los principales promotores de cerrar pasajes, por lo que no concuerda con la reflexión de Paz Ciudadana. “No tenemos ninguna evidencia”, dice el jefe comunal sobre el cierre de calles por parte de bandas delictivas. El edil agrega que, para cerrar los pasajes los vecinos deben identificarse y entregar una serie de antecedentes, lo que es evitado por los delincuentes.

“Donde sí ha ocurrido un problema es en los condominios sociales, ahí se han ido produciendo cierres perimetrales, rejas en cada piso, de modo tal de impedir la entrada de la policía, eso está acreditado, pero no tiene que ver con cierres de pasajes autorizados por la ley”, asegura Carter.

A pesar del alto riesgo que implica tener un arma de fuego en un hogar, cada año los ciudadanos compran e inscriben más armas. A septiembre de 2022, se registraron 767.083 armas inscritas activas ante la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), casi 11 mil armas más que el año 2019. En ese sentido, las estadísticas muestran que cada año se suman entre 7 mil y 8 mil nuevas armas.

Para Patricio Rosas, profesor de criminología y fiscal de la zona occidente, este panorama es muy preocupante, porque a su juicio tener una pistola en la casa no tiene ninguna implicancia para enfrentar una situación delictual. Por el contrario, eso facilita el crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado.

“La incautación de Carabineros va a la baja. El 2021 no llegamos ni a las dos mil armas recuperadas y cada año se declaran como extraviadas o sustraídas unas seis mil. Por tanto, ese delta que existe entre lo extraviado y lo recuperado produce una acumulación de armas que va quedando en manos de la delincuencia, por lo que no es de extrañarse que esas armas se estén ocupando en los robos y homicidios”, señala Rosas.

Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el primer semestre de 2022 se registraron 6.778 delitos asociados a la ley de infracción de armas, casi 300 casos menos que en 2019, pero tres mil hechos más que en 2021. Por ello, una de las primeras estrategias del gobierno apuntó a reforzar la entrega voluntaria de armas que están en poder de civiles. Así, el subsecretario Eduardo Vergara informó esta semana que Carabineros había recibido 3.367 elementos, de los cuales el 46% correspondía al modelo revólver, además de 204 rifles, 21 fusiles y dos subametralladoras.

El fiscal Rosas sostiene que debe cambiar la forma de fiscalización del armamento civil, pues señala que la DGMN sólo tiene capacidad para inspeccionar el 2% de las armas.

“¿Sirven las armas para defenderse de la delincuencia?, la respuesta es un rotundo no. Sólo podría servir para sentirse más seguro, pero es parte de una fantasía, pues la evidencia científica dice que no y el riesgo de tenerlas en la casa lo vuelve un costo más alto”, concluye Patricio Rosas.

Ante este problema, el gobierno impulsó un plan de fiscalización de armamento. “La idea es reforzar los operativos sobre el mercado ilegal de armas y aumentar la cobertura de inspección a las armas inscritas enfocadas en los propietarios de ellas y sus domicilios”, afirma el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.