Hora de defensa: la última batalla de los exsupremos Sergio Muñoz y Ángela Vivanco

Ángela Vivanco y Sergio Muñoz
Ángela Vivanco y Sergio Muñoz

A tres meses de haber sido expulsados del Poder Judicial, y por separado, los exministros del máximo tribunal trabajan arduamente en sus defensas. Si el expresidente de la Suprema lidera una doble batalla para que sus excolegas le entreguen el informe de su caso ante la Comisión de Ética, la abogada prepara la denuncia que ingresará pronto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Cuando el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Sergio Muñoz ascendió a la Corte Suprema gracias a la nominación del expresidente Ricardo Lagos y la venia del Senado, se le abrió un camino que sería todo un récord en la historia del Poder Judicial. Era octubre de 2005. Muñoz tenía 48 años y por delante se le venían casi tres décadas de poder en el máximo tribunal del país. Así estaba escrito su destino hasta que todo se derrumbó.

A sus 67 años, y cuando aún le quedaban ocho más como supremo, su impecable y poderosa trayectoria sufrió un remezón que ningún político o magistrado hubiera imaginado. El imbatible y severo juez que tejió un polo de poder sin contrapesos en la Tercera Sala fue destituido luego de que el Senado aprobara la acusación constitucional en su contra. Los senadores -por 27 votos a favor y 21 en contra- lo condenaron por notable abandono de deberes y lo expulsaron de la magistratura, privándolo, durante cinco años, de ocupar cargos públicos.

Si nada de eso hubiera pasado, el 10 de febrero de 2032 Muñoz habría dejado la Suprema por la puerta ancha. Tal como lo hacen todos los supremos, hubiera llegado hasta el segundo piso del Palacio de Tribunales para recibir los aplausos y honores de sus colegas y funcionarios que se reúnen para despedir con alegría y orgullo a los magistrados que cumplen 75 años, la edad tope para mantenerse en el Poder Judicial.

Pero nada de eso pasó.

El 9 de octubre del año pasado fue el último día que Muñoz trabajó como magistrado. Ese miércoles la Cámara aprobó la admisibilidad de la acusación -que iba aparejada a la de la exministra y excompañera de sala Ángela Vivanco- y la envió al Senado. Con ello quedó suspendido de sus funciones y nunca más volvió a pisar la sala constitucional que por varios años fue su casa. Una semana después llegó el veredicto del Senado. Con este, nunca más se vio a Muñoz por los pasillos de la Suprema.

No hubo despedida ni un acto del pleno por su salida. Tras su destitución, el máximo tribunal replicó el mismo trato que reciben los ministros jubilados. Eso se tradujo en que durante un mes como máximo pudo seguir haciendo uso de su secretaria o chofer para poner fin a asuntos pendientes de la magistratura, como por ejemplo el traspaso de alguna sentencia cuya redacción estaba a su cargo o retirar las cosas de su oficina. Fuentes judiciales cuentan que los relatores de su sala, la que se dedica a causas constitucionales, organizaron de forma privada una comida como despedida. Eso fue todo.

La salida de Muñoz y Vivanco provocó un remezón en la Tercera Sala. Dejó fuera a dos jueces que habían controlado la jurisprudencia de una sala que solía generar ruido en el mundo judicial. Ahora la instancia es comandada por una jueza que está en las antípodas: la ministra Adelita Ravanales. Fuentes de la Suprema comentan que Ravanales, junto a los otros dos titulares -los ministros Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue- se han abocado a sacar las causas con retraso y han manifestado su interés en que la sala “aplique la ley y deje de hacer políticas públicas”.

La que durante varios años fue la oficina de Muñoz, la semana pasada quedó en manos del supremo de la Primera Sala Mario Carroza. Su chofer ya fue reasignado y su secretaria también.

Quienes han sabido del presente de Muñoz comentan que desde que dejó el Poder Judicial no está interesado en reinventarse y ha destinado su tiempo en dos temas: por un lado la última batalla por su defensa y, por otro lado, asuntos familiares que le han tomado gran parte de su preocupación.

Muñoz en su defensa

Días después de ser destituido, Muñoz acudió donde un abogado que conocía hace tiempo. Se trata de Ciro Colombara, un reconocido litigante en temas penales y constitucionales. La cercanía entre los dos partió hace años, cuando el entonces supremo lo contactó para hacerle una consulta profesional. Desde ahí que Muñoz lo incluyó en el listado de sus inhabilidades. Además, fue quien tomó la representación de su hija, la jueza Graciel Muñoz, envuelta en un sumario por teletrabajar desde Roma lejos de la jurisdicción de su tribunal, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Cuando se supo que Muñoz fichó a Colombara, en el mundo judicial se comentó que la jugada era una clara señal de que el exsupremo estaba interesado en llevar su caso al sistema interamericano de derechos humanos.

Colombara tiene experiencia litigando en esa sede. En su historial registra importantes triunfos, como el histórico fallo del año 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile por censurar la película La última tentación de Cristo, y el caso que ganó ante esa misma corte por la deuda histórica de los profesores.

Por eso, cuando se supo que Muñoz tomó el paso de irse en contra de sus excolegas al ingresar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para acceder al informe de la Comisión de Ética -la instancia que investigó la denuncia por el caso Fundamenta, donde estuvo involucrada su hija por la compra de un departamento-, varios jueces y abogados vieron su jugada como un intento por agotar la vía interna para luego demandar al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El recurso ante el tribunal de alzada fue la manera de generar una gestión pendiente y luego presentar una acción de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC). En ambos recursos, el alegato es similar: que es inconstitucional que la Suprema mantenga bajo secreto el informe final de su caso en la Comisión de Ética.

El recurso en el TC provocó la suspensión de la causa en el tribunal de alzada capitalino y cuando pase al pleno del TC será resuelto solo por nueve ministros: el magistrado Mario Gómez pidió no conocer el caso y el pleno aceptó su inhabilidad. Gómez es cercano a Muñoz: fueron colegas en la Suprema cuando el actual magistrado del TC se desempeñaba como ministro suplente del máximo tribunal.

Su arremetida judicial en la Corte de Santiago y en el TC fue vista como un enfrentamiento directo con el máximo tribunal, que incluyó un duro round entre Muñoz y la ministra Gloria Ana Chevesich, quien ejercía de presidenta subrogante. En un informe, Chevesich argumentó que las negativas de la Suprema a entregar el documento -en el que se desestimaban faltas éticas- no son “un capricho” y, de paso, le recordó al exsupremo que cuando aún integraba el pleno fue parte de la negativa que se le hizo a su entonces colega, la exministra Vivanco, quien también pidió acceso al informe de su caso de la Comisión de Ética.

Sin embargo, Muñoz se defiende. “El exministro al abrir cuaderno de remoción a la señora Vivanco estuvo por especificarle los cargos y se accedió a ello por el pleno. Luego, al pedir copia de los antecedentes, estuvo por entregar los elementos que le posibilitaran una debida defensa o se hiciera un preinforme que resumiera tales antecedentes. El pleno no estuvo de acuerdo y el señor Muñoz omitió dejar su parecer en la resolución. Sin embargo, al día siguiente el pleno accedió a la segunda indicación del señor Muñoz y se le entregó un preinforme a la señora Vivanco”, explica Colombara.

Pese al evidente enfrentamiento, en uno de los escritos ante el TC su defensa tomó la precaución de partir aclarando lo siguiente: “Por especial encargo de nuestro representado, esta parte reitera su invariable respeto por la Corte Suprema, institución en que se desempeñó por 19 años, a la cual no desea afectar de ninguna manera”.

Muñoz se instaló en la oficina del estudio de Colombara y de su socio Aldo Díaz para participar activamente de su defensa. Va presencialmente hasta allá y colabora con sus abogados hasta muy tarde. Quienes saben de esto comentan que la escena es similar a cuando Colombara y Díaz representaron a la entonces subcontralora Dorothy Pérez y ganaron el emblemático recurso de protección contra el excontralor Jorge Bermúdez. “El exministro Muñoz ha participado de manera activa y estrecha junto al estudio en el diseño y ejecución de las acciones legales que se han interpuesto, como es habitual cuando representamos a abogados en casos complejos”, reconoce Colombara.

¿Por qué un exjuez que está fuera de la judicatura inicia una doble batalla para acceder al informe de su caso en la Comisión de Ética? Para varios abogados y algunos ministros de corte la respuesta a esa pregunta apunta al carácter obstinado de Muñoz, quien no cesará hasta ganar sus recursos, y por otro lado, a que es el paso necesario para su siguiente jugada: la CIDH.

De concretarse, sería un largo camino que parte denunciando ante la comisión, ya que es ahí donde se hace una revisión inicial del caso, y luego la puede derivar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo será lento, ya que la revisión se hace en orden cronológico y la lista de causas es larga. Uno de los puntos que podría incluir su eventual denuncia es la vulneración al debido proceso, luego de que la Cámara decidiera juzgarlo al mismo tiempo junto a Vivanco, quien fue acusada por hechos totalmente distintos.

Vivanco va a la CIDH

Si la oficina de Muñoz en el Palacio de Tribunales ahora la ocupa Carroza, la de Vivanco aún sigue vacía, como también la que ocupaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Su caso penal y la destitución de la Suprema pusieron fin a sus más de 40 años de docencia en esa casa de estudios. Luego de haber sido suspendida de sus labores docentes, llegó a un acuerdo para poner fin a su relación laboral con Derecho UC.

Tras superar el impacto del allanamiento a su casa y sus oficinas, la expulsión del Poder Judicial y tener todos los días cámaras de televisión afuera de su casa, para la exministra Vivanco vino una primera etapa de introspección. Se refugió en su familia y se dedicó a analizar qué le deparaba el futuro en lo laboral. Ninguno viene de familia con dinero, por lo que era necesario reinventarse, pese al escándalo mediático y su situación judicial.

Hasta fines de año, específicamente las fiestas, estuvo encapsulada junto a su familia.

Lo que nunca dejó de hacer fue estudiar su propia causa con miras a la demanda al Estado de Chile que hará ante la CIDH. Así lo confirma su defensor, el abogado Juan Carlos Manríquez: “Ella está empeñada en demostrar que fue juzgada con infracción a sus derechos fundamentales (...) Y respecto de la posibilidad de recurrir al sistema interamericano, ha venido apoyando la acción internacional que se llevará a la CIDH prontamente”.

Para esto hay un plazo fatal, ya que estas acciones se tienen que presentar antes de seis meses de la gestión que provocó -en este caso- infracciones a un debido proceso. Abril sería el deadline y es por ello que todas las semanas, como si fuera un trabajo remunerado, se aboca a leer los expedientes y realizar anotaciones al escrito que están confeccionando sus abogados.

En paralelo, la investigación penal que la tiene imputada por los eventuales delitos de negociación incompatible, cohecho y tráfico de influencias, en el marco de los chats que se revelaron del abogado Luis Hermosilla, sigue abierta. Manríquez cuenta que durante estos meses han estado “laburando mucho”, que se han puesto “a disposición de los fiscales” y que han “incorporado bastantes peticiones, evidencias, testigos y citaciones varias”, ya que “la motivación es cooperar y aclarar todo”.

Cercanos a la abogada, además, dicen que está cada vez más convencida de que fue víctima de la violación de sus derechos por parte de sus pares y que la única forma de limpiar su honra es que el sistema interamericano la declare víctima y condene al Estado chileno por estos hechos.

Alejada de la corte, ahora tiene tiempo para sí misma. Por eso está yendo tres veces a la semana a un gimnasio. Durante el día desarrolla una de sus pasiones: escribir. Cuando le preguntan qué escribe, es reacia a contestar, aunque sus amigos íntimos creen que es una especie de novela de realidad y ficción en que relatará las traiciones y vivencias de estos últimos años de su vida.

Para Vivanco, el tema de la literatura no sólo es una pasión privada, sino que también pública. Este año está pensando en retomar los cursos que realizaba a través de Zoom. Ejemplos de ello son los que hizo para Red Cultura, un ciclo que analizaba la representación mitológica del infierno (Egipto, Grecia, Roma); El infierno cristiano en el arte de la Europa Medieval; Dante y el infierno en La Divina Comedia;, El Bosco y el Jardín de las Delicias; Goethe y el infierno en Fausto, entre otros.

También se ha refugiado en sus amigos “de antes de la corte”, aquellos de la academia y de otros lugares que no tienen que ver con el mundo judicial y que nunca la han abandonado ni a ella ni a su pareja, Gonzalo Migueles. Claramente, ya no hay de esas megafiestas cuya sede era su hogar. Ahora se ha limitado a gozar de pequeñas reuniones.

Otra de las terapias de Vivanco ha sido el cuidado de sus dos perritas, Lily y Greta, a quienes saca a pasear por el barrio.

Hay un dato que guarda bajo siete llaves, ya que no quiere que se frustre o que se “mufe”. Quienes han sabido de ella cuentan que ha tenido contactos de escuelas de Derecho en el extranjero para realizar clases en un país del hemisferio norte. Si su plan prospera, tendría que empezar pasado mitad de año, con lo cual pasaría su primer año fuera de la judicatura lejos del país.

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