Incertidumbre: América Latina en la era de Trump

Cuando el lunes 20 de enero próximo Donald J. Trump jure en las gradas del Capitolio como nuevo Presidente de los Estados Unidos, se iniciará uno de los periodos más inciertos para América Latina y el mundo en muchas décadas.

Ha sido el propio Trump quien se ha encargado en los últimos meses de reforzar los augurios que analistas venían señalando desde que su nombre apareció en la campaña electoral estadounidense.

Para el 41% de los chilenos, según el sondeo de opinión pública Balance 2024 de Descifra, Donald Trump es el líder mundial más determinante en la escena global, seguido por el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin (32%). Más abajo, en tercer lugar, con un 18% de las menciones, figura el líder chino Xi Jinping, seguido del mandatario ucraniano Volodymir Zelensky (5%) y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (4%).

“Trump quiere terminar con la alianza transatlántica, que es la alianza que construyó Estados Unidos con Europa desde la Segunda Guerra Mundial, cuyo núcleo es la OTAN, a la vez que quiere subordinar a América Latina a sus pretensiones hegemónicas, incluida la devolución del Canal de Panamá, lo que sólo puede ser considerada una política delirante”, advierte el excanciller Ignacio Walker.

“Es prematuro prever qué va a ocurrir. Pero el gabinete, el equipo de personas incondicionales que ha designado, augura un periodo de gran incertidumbre, donde va a rondar el fantasma del capitalismo mercantilista, que es el proteccionismo, que son las tarifas altas y otras medidas que está anunciando y hacen entender a los demás que, más que aliados, Estados Unidos quiere verlos subordinados a sus propias pretensiones hegemónicas”, añade Walker.

Para otros analistas, Trump no dará mayor trascendencia a la región, por lo que no debieran esperarse cambios sustantivos en la mirada que Estados Unidos ha tenido hacia América Latina en las últimas administraciones, tanto bajo la égida de líderes demócratas como republicanos. Opinión que es compartida por la Cancillería chilena. “La experiencia de Chile durante el primer gobierno de Trump fue positiva, no hubo grandes variaciones en nuestra relación. Esto, principalmente, porque contamos con una larga relación basada en sólidos principios, como por ejemplo nuestro TLC, que en 2023 cumplió 20 años desde su suscripción y ha sido muy beneficioso para ambos países”, señalan desde la Cancillería.

“América Latina no le importará mayormente a Trump, con excepción de México, que es su primer socio comercial en la región y supuesto origen de problemas que enfrenta Estados Unidos, como la inmigración irregular, el tráfico de fentanilo y de bienes importados chinos que entran a Estados Unidos amparados en el tratado de libre comercio T-MEC”, advierte el excanciller Heraldo Muñoz.

En los últimos meses, Trump ha insistido -sin dar detalles- en su discurso de “ordenar la casa”. “Creo que se refiere a una orientación general, donde el tema migratorio ocupa un sitial prioritario. Puede que se extienda al tráfico de drogas, a la reducción de los programas de cooperación y a reformar los acuerdos de libre comercio para tornarlos más favorables a Estados Unidos”, recalca Muñoz.

El problema, como lo anticipaba el 10 de noviembre pasado el ex subsecretario de Relaciones Internacionales y exembajador de Chile en Estados Unidos Alfonso Silva, es que Trump asume este segundo mandato mucho más empoderado que la vez anterior, por lo que tendría menos contención que en su anterior paso por la Casa Blanca. Trump cuenta ahora con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado estadounidense y logró aplacar la disidencia dentro de las filas republicanas. Además, cuenta con mayoría en la Corte Suprema y no tiene la preocupación de cuidar las formas para asegurar la reelección en cuatro años más, puesto que -por haber sido ya presidente una vez- no puede optar a ella.

Algo que ya se ha visto reflejado en los nombramientos que ha hecho hasta ahora. Trump ha privilegiando a “halcones” -políticos de línea dura- incondicionales a él.

El 13 de noviembre pasado, en una de sus primeras designaciones relevantes, Trump nombró como secretario de Estado, es decir, como jefe de la diplomacia de Estados Unidos, al exsenador por Florida Marco Rubio, un “duro entre los duros”.

Rubio comparte la visión de Trump de presionar con más fuerza a China, por lo que es partidario de agudizar la guerra comercial contra el gigante asiático. En política internacional, ambos coinciden en la urgencia de poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania, lo que podría favorecer los intereses rusos con miras a obligar a Zelensky a negociar un acuerdo de paz que implique cesión territorial, y ha dado muestras de ser un férreo aliado de Israel. Respecto de América Latina, Rubio es particularmente crítico de los gobiernos autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, por lo que se espera que se abra una etapa más agresiva en la política exterior estadounidense.

La idea de que esta segunda administración tendrá una política exterior más agresiva también se reflejó en la elección que hizo Trump de Mauricio Claver-Carone como su enviado especial para América Latina. Muy cercano a Marco Rubio, Claver-Carone se desempeñó en la gestión anterior de Trump como ayudante adjunto del presidente del Consejo Nacional de Seguridad y trabajó directamente en la sección de Asuntos para el Hemisferio Occidental, por lo que estuvo a cargo de las políticas hacia América Latina. Muy pronto se reveló como un “halcón” en contra del régimen de Venezuela e, incluso, fue uno de los cerebros en la fallida estrategia de apoyo a Juan Guaidó como “Presidente encargado”.

“Durante los últimos cuatro años, el caos y la anarquía han envuelto nuestras fronteras. Es hora de restablecer el orden en nuestro propio hemisferio”, escribió Trump en las redes sociales cuando anunció la selección de Claver-Carone.

Hace sólo unos días los temores respecto de los alcances que podría tener el discurso de Trump en política exterior se reavivaron. Fue lo que ocurrió esta semana, cuando planteó que el Canal de Panamá -bajo soberanía panameña desde 1999- debía volver a estar bajo control de Estados Unidos, o incluso que Groenlandia -bajo soberanía de Dinamarca- debía ser anexada por Estados Unidos.

Ni Rubio ni Claver-Carone, ni ningún otro estrecho colaborador de Trump, han avalado los dichos de Trump sobre el Canal de Panamá. Pero la incertidumbre ya se instaló en la región.

Para algunos chilenos que conocieron de cerca a Claver-Carone durante su gestión con Trump en el Consejo Nacional de Seguridad, como en los dos años que estuvo al mando del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su nombramiento como “enviado especial de Estados Unidos para América Latina” no es una mala noticia. Por el contrario, recuerdan que fue un persona “muy cercana a Chile”. En varias oportunidades, señalan exautoridades del gobierno de Piñera, cuando era evidente la tensión entre Trump y el Departamento de Estado, el gobierno chileno acudió directamente a Claver-Carone y al equipo del Consejo Nacional de Seguridad para tratar algún tema con la Casa Blanca. Claver-Carone, incluso, le propuso a Chile levantar la candidatura de un chileno al BID cuando estaba a punto de terminar el mandato de Luis Alberto Moreno a la cabeza del banco y, en más de una ocasión, ha sido crítico de las políticas económicas del argentino Javier Milei.

Más allá de las estridencias discursivas de Trump, analistas y expertos internacionales concuerdan que el futuro mandatario estadounidense dará prioridad a su compromiso de campaña de realizar “la operación más grande de deportación en la historia de los Estados Unidos”.

Trump ha hablado -sin dar detalles sobre cómo pretende ejecutarlo- de detener y expulsar a todos los inmigrantes irregulares que hay en Estados Unidos, algo que para muchos expertos es totalmente impracticable. En Estados Unidos hay aproximadamente 11,5 millones de personas indocumentadas, lo que representa al 23% de los casi 42 millones de extranjeros, por lo que hay sectores de la economía norteamericana -construcción, turismo, gastronomía, servicios de jardinería, entre otros- que se sostienen gracias al trabajo de inmigrantes irregulares.

De esos 11,5 millones de indocumentados, según un informe del año 2018 del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 5,4 millones de personas provenían de México, seguidas de El Salvador (730.000), Guatemala (620.000), India (540.000), Honduras (450.000) y China (410.000). Sólo un 9% habían emigrado desde países sudamericanos, siendo por lejos Venezuela (250.000 personas), seguido de Colombia (201.000) y Brasil (195.000), los principales países de origen.

En el caso de los chilenos, el número de migrantes ingresados a Estados Unidos y que se encuentran tanto con estatus legal como ilegal creció en un 24% en la última década. Si en 2010 se calculaba que había unos 91.000 chilenos residiendo en Estados Unidos, para el 2022 la cifra se incrementó a 111.000 personas. Ni en Estados Unidos ni en la Cancillería chilena, sin embargo, mantienen cifras sobre el número de connacionales que están viviendo irregulares en ese país.

En los últimos días, Trump y su entorno han buscado bajar las expectativas sobre el alcance de las deportaciones que podrá realizar durante su gestión. El futuro vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, habló de expulsar a un millón de inmigrantes irregulares por año, una cifra mucho menor a la que comprometieron en campaña.

“Es probable que Trump inicie su mandato con acciones mediáticas muy brutales para demostrar que está cumpliendo su promesa. Por lo mismo, se concentrará en expulsar a los inmigrantes indocumentados que ya están en las cárceles”, señaló un diplomático latinoamericano destinado en Estados Unidos. El hecho de que Trump haya designado a Thomas Homan como “zar de las fronteras” parece avalar esa teoría. Homan, un expolicía de Nueva York que se unió en los años 80 al Servicio de Inmigración y Naturalización, y que en el primer gobierno de Trump ya estuvo a cargo de las deportaciones, ha dado algunas señales de cuál sería su estrategia. En una reciente entrevista a la cadena de Televisión FOX, Homan descartó la idea de hacer redadas masivas por las calles en busca de indocumentados. Para él era mucho más efectivo ir a las prisiones. “Basta un funcionario para recoger cada día a varios inmigrantes ilegales detenidos de calabozo en calabozo”, señaló.

Una estrategia que obligará a la administración Trump a presionar a los gobernadores, alcaldes e incluso a los alcaides de centros penitenciarios de los llamados “estados santuario” -aquellos que son reacios a las deportaciones masivas, como California- a permitir el ingreso de agentes de migraciones a las cárceles estatales. Pero también a presionar a otros países para obligarlos a recibir un mayor número de deportados. De este hecho la embajada de Chile en Washington alertó hace pocos días al gobierno de Gabriel Boric.

En cárceles federales de Estados Unidos hay aproximadamente 200 chilenos que podrían entrar en listas de deportación. Sin embargo, en la Cancillería chilena desconocen el número total de chilenos presos o detenidos temporalmente en cárceles bajo administración de cada estado o, incluso, de los condados, por delitos que no caen bajo las leyes federales. “Suponemos que hay a lo menos 80 presos chilenos sólo en el estado de Georgia por robos a viviendas, pero ninguno de ellos ha pedido asistencia legal a los consulados chilenos, por lo que no tenemos ningún dato real sobre ellos”, señala un funcionario diplomático chileno.

No es el único dato que preocupa en Santiago. A la espera de que Trump dé más luces sobre la estrategia para llevar a cabo su plan de deportaciones masivas, algunos analistas estadounidense han propuesto, incluso, que fueran enviados a Chile los ciudadanos haitianos y venezolanos que hubieran ingresado a Estados Unidos con documentación chilena o desde Chile.

Aunque hasta ahora es mera especulación, a fines del primer gobierno de Trump ya hubo un intento de ese tipo. Exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera recuerdan que a fines del 2020, tras detectarse cientos de carnés chilenos botados en la frontera de México con Estados Unidos y que correspondían a ciudadanos haitianos que habían emigrado inicialmente a Chile, la Casa Blanca exigió a Chile la reconducción de más de 1.000 haitianos. Ante la presión norteamericana, Chile exigió chequear la nómina, encontrando que apenas un centenar de ellos tenía vínculos con Chile. Sólo una veintena de ellos finalmente fue expulsado a Santiago.

Pero, ahora, en medio de la incertidumbre sobre las medidas que tomará Trump, las dudas han vuelto a reflotar en Chile y en la región.