Indultos: la trama que desencadenó la caída más dolorosa de La Moneda

La mañana del viernes 30 de diciembre, el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía, tomó el teléfono y llamó a los presidentes de los partidos de las coaliciones de gobierno, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Meza, a nombre del Mandatario, les anunciaba lo que dos horas más tarde La Moneda iba a comunicar: el indulto a 10 -más tarde ampliado a 12 por un error de comunicación entre el ministerio de Justicia y el equipo de Boric- condenados por delitos cometidos durante el estallido social, además del exfrentista Jorge Mateluna.

“No podíamos alargarlo más, era un compromiso inicial”, les dijo Meza-Lopehandía a los representantes de los partidos.

En la lista había condenados por delitos como incendio, asalto, lanzamiento de artefactos explosivos e incluso un homicidio frustrado a funcionarios de la PDI. Una polémica decisión que trajo costos políticos y una cadena de errores que este sábado terminó con Boric aceptando la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos (Convergencia Social) -que será acusada constitucionalmente este lunes, si la oposición no cambia de parecer-.

“Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”, dijo este sábado el Presidente en La Moneda, quien estuvo la tarde del viernes en el palacio presidencial junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá -una de las más indignadas por el error de ambos equipos-, y Ríos, analizando la renuncia.

La salida de la socióloga además se produjo en medio de la elección del fiscal nacional, en la que el gobierno ya ha fracasado en dos oportunidades en el Congreso y que este lunes irá por su tercer intento con Ángel Valencia, un candidato que no era del gusto de la ahora exministra, ni de otras jefas de cartera como Ana Lya Uriarte y Antonia Orellana.

En reemplazo de Ríos -anunció Boric ayer- asumirá el abogado Luis Cordero Vega (independiente), doctor en Derecho y académico de la Universidad de Chile.

Pero los costos del error fueron más profundos, porque el Presidente este sábado también aceptó la renuncia de Meza-Lopehandía, su mano derecha y su asesor de más confianza en el gobierno. Una salida personal y dolorosa.

Ambos se conocieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde Meza es considerado su mentor universitario en el colectivo Estudiantes Autónomos y luego profundizaron su amistad en el Parlamento cuando Meza trabajaba en la biblioteca del Congreso. Por la confianza que lograron fue que el jefe de gabinete fue el primer cargo que Boric nombró en enero. De hecho, presidentes de los partidos aseguran que hablar con Meza-Lopehandía era la forma más directa de llegar a Boric y que era muy importante en todas sus rutinas. Sin ir más lejos, su oficina era la más cercana a la del Mandatario.

Desde el gobierno les comunicaron a los dirigentes de los partidos que aún no hay un reemplazante para Meza-Lopehandía y que el Presidente anunciará a su próximo jefe de gabinete una vez que encuentre una persona de su confianza.

El viernes 30 el llamado de Meza-Lopehandía alegró al ala más izquierda del oficialismo, pero decepcionó a algunos de los partidos del Socialismo Democrático, que avizoraron el vendaval que pronto se produciría. Por lo mismo, advierten los partidos, él debió moderar frente a ellos el tono de celebración que sí compartió con los líderes de Apruebo Dignidad. Después de todo, para el propio jefe de gabinete presidencial -militante de Convergencia Social y con un largo vínculo con causas de derechos humanos- informar que se daba curso a estos indultos significaba una meta lograda, el fin de una tarea en la cual jugó un rol protagónico desde el primer momento en el círculo más estrecho del Presidente.

El anuncio ad portas del fin de año venía a sellar uno de los compromisos base del programa de gobierno y una deuda que el propio Boric sabía que no podía postergar para el 2023, ya que para los partidos de Apruebo Dignidad, su coalición, el asunto no aguantaba más. El vínculo con la causa es tan estrecho, que la primera medida al asumir en el gobierno fue el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado en el marco del estallido social y acelerar la tramitación del proyecto de Ley de Amnistía para los presos del estallido.

Pero los contactos del círculo presidencial con algunos de los detenidos venían desde antes.

Los integrantes de los partidos de Apruebo Dignidad realizaron varias visitas en la cárcel y abogaron por su libertad. Aunque ya más cercano a la elección presidencial, la relación de Boric con ellos empeoró. Prueba de ello fue cómo, en julio de 2021, en una improvisada visita, el entonces candidato fue agredido e increpado por el grupo de familias que lo culparon de aprobar leyes represivas.

Incluso, un mes antes de ser electo -cuando ya había dado un giro moderado en sus posiciones para la segunda vuelta-, Boric aseguró que “no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o que saqueó un supermercado”.

Pero ya una vez electo como Presidente e instalado en la Moneda Chica, el tema siguió. Y quien llevó las conversaciones fue el ahora ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD). En esos meses, se reunían la hoy ministra de la Mujer, Antonia Orellana (CS), el senador Juan Ignacio Latorre (RD) y Jaime Fuentes, entonces abogado de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, quien le presentó una lista con más de 100 personas -entre imputadas y condenadas- por las que abogaría por su libertad . Eso duró hasta abril, porque a partir de ahí, Fuentes asumió como seremi de Justicia de la Región Metropolitana.

11 de marzo de 2022. Desde los primeros días en La Moneda, el indulto a los presos fue un tema de debate. Mientras la exjefa de asesores Lucía Dammert se oponía a usar esa facultad presidencial para los casos del estallido, para Meza-Lopehandía cumplir ese compromiso era un objetivo fundamental para el primer año de gobierno. Esa discusión, así como varias otras entre ambos, se mantuvo hasta la salida de la socióloga, en septiembre.

Mientras tanto, la relación con las familias de los condenados la llevó el Ministerio de Justicia, donde el mundo del estallido tiene una presencia simbólica: además de Fuentes, Enrique Gatica, hermano de Gustavo, asumió como jefe de gabinete de la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter (Comunes).

Por otra parte, Meza-Lopehandía tiene una estrecha relación con Marcela Ríos, pues además de compartir militancia, es muy amiga de su pareja, Carmen Luz Morales.

Osvaldo Durán, actual vocero de la Asamblea de Familiares de Presos Políticos, cuenta que las primeras reuniones que tuvieron el año pasado se hacían cada dos semanas y fueron con la entonces ministra de Justicia para abordar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos del estallido que se tramitaba desde enero.

-El indulto presidencial era algo lejano en ese momento. Nosotros íbamos por una salida política a través de los proyectos. Sabíamos que existía el indulto, pero era la última opción. Nuestra tarea era conseguir los votos y para eso había que hablar también con diputados y senadores, no solo con el gobierno -dice Durán.

La opción de una amnistía fue cada vez más lejana, a medida que las votaciones se iban aplazando y no se alcanzaban los apoyos necesarios en el Congreso. Las reuniones, más tarde, también se hicieron menos esporádicas y el tema se fue diluyendo. Según cuenta Durán, al segundo semestre pasaron a ser una vez al mes o incluso cada dos meses y no siempre estaba Ríos. De hecho, quien quedó a cargo fue una de sus asesoras de gabinete, la abogada Natalia Arévalo.

-Recuerdo una de las últimas reuniones que tuvimos durante el segundo semestre cuando la ministra nos dijo: ‘Chicos, el proyecto que estamos armando no es viable, porque no tenemos los votos, vamos a tener que ver otras opciones’ -recuerda Durán.

En paralelo a la tramitación del proyecto de amnistía, al Ministerio de Justicia habían llegado todas las solicitudes para pedir el indulto presidencial de los presos del estallido -que fueron disminuyendo a medida que algunos de los detenidos incluidos en el listado quedaban en libertad o con penas sustitutivas-.

-Les pedimos a los familiares que hicieran de inmediato el trámite para no perder tiempo y la mayoría se envió al ministerio entre marzo y abril -cuenta Osvaldo Durán.

Aquí es donde todo se enreda. En esa cartera revisaron las solicitudes, las cuales pasaron por los encargados de chequear los antecedentes de cada uno de los postulantes -la jefa de división de Reinserción Social, Macarena Cortés, y el jefe de la división Judicial, Pablo Fuenzalida -compañero de Meza-Lopehandía en la universidad-, quienes traspasaron las carpetas a la ministra de Justicia y chequearon que pasaran los filtros técnicos que se requieren para poder solicitar un indulto, como que no tuvieran causas vigentes.

Hasta antes del 4 de septiembre, si todo iba bien, decían los más optimistas como Meza-Lopehandía, era una buena señal conceder esos indultos el mismo mes de haber ganado el Apruebo -cosa que no ocurrió-. Por eso, el trabajo de verificación de postulantes se esperaba que llegara cuanto antes a manos del Presidente.

Pero con el triunfo del Rechazo, las prioridades cambiaron y el indulto se fue quedando atrás. “No hemos encontrado el timing”, decían en diciembre en el gabinete presidencial. Las presiones ya habían empezado, sobre todo de parte de los parlamentarios del PC e independientes de izquierda. La senadora Fabiola Campillai, por ejemplo, fue una de las que hicieron el punto en más de una ocasión.

Además de ella, los diputados comunistas, algunos del FA -incluyendo al senador Latorre- y otros como Andrés Giordano (independiente pro Frente Amplio), tienen un vínculo muy cercano con las familias y fueron parte de las presiones al gobierno a través de cartas y conversaciones. En La Moneda aseguran que el lunes 26 de diciembre durante la actividad de la presentación del proyecto Nueva Alameda-Providencia -para renovar la zona de Plaza Baquedano-, un diputado comunista se acercó al Presidente para preguntarle por el tema. Para entonces, el Mandatario ya había frenado el anuncio previsto originalmente para tres días antes, pero que fue postergado por el megaincendio de Viña del Mar. Así, Boric le dijo al diputado que pronto tendría novedades.

Dicho y hecho. Cuatro días después, el anuncio se hizo oficial. A las 13 horas del viernes 30 de diciembre, el gobierno comunicaba el indulto a 10 presos del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna, una causa que -como quedaría demostrado- el Presidente asumió en términos personales, confundiendo incluso los roles institucionales para explicarla.

Pero los errores venían desde antes. El viernes 30, a la media hora de que publicaron la lista, se dieron cuenta de un error: faltaban nombres en la nómina y desde el Ministerio de Justicia aseguraron que había dos indultados que no debían estar en ella.

La decisión y el error comunicacional, que luego implicó que se agregaran dos nombres más a la lista de indultados, trajo costos políticos importantes para La Moneda. El más inmediato, para la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien estaba ad portas de cerrar un acuerdo transversal por la seguridad en el que participaban parlamentarios de todos los partidos políticos. El anuncio terminó con esa ilusión, porque la UDI, RN, Evópoli y Republicanos anunciaron que se restaban de la instancia que nació el 21 de noviembre.

También la UDI aseguró que irá al Tribunal Constitucional para presentar un reclamo, entidad que es presidida desde este año por Nancy Yáñez, quien fue la profesora guía de Meza-Lopehandía en la universidad.

Del error en la comunicación de la nómina, transmiten fuentes del Ministerio de Justicia, nadie se había hecho cargo hasta que el Presidente se vio obligado a aceptar la renuncia de Ríos y Meza-Lopehandía. Antes había salido la periodista de la ministra, Alejandra Lazo.

En el gobierno cuentan que a inicios de la semana pasada, la lista de los 11 indultos ya estaba chequeada. Pero el miércoles en la noche -dos días antes del anuncio- se sumaron dos nombres, los que el equipo encargado de revisar los antecedentes tuvo que chequear rápidamente. El comentario de pasillo, reconocen en ese equipo, era que existía mucha descoordinación entre Justicia y La Moneda para gestionar los últimos detalles. El caso de Mateluna también fue incluido en las últimas semana para la revisión de antecedentes.

De hecho, mientras 11 decretos de indulto fueron firmados el jueves 29 de diciembre hay dos que se firmaron al día siguiente, cuando fue publicada la lista: Luis Castillo Opazo y Sebastián Montenegro Coo.

Funcionarios de Justicia aseguran que Ríos dudó con uno de los indultados. Se trataba de Luis Castillo, condenado por siete delitos como robo, desórdenes, daño, maltrato a Carabineros y quebrantar la Ley de Seguridad del Estado. Por eso en la corrección que realizaron el viernes, tras el anuncio del Presidente, periodistas de la cartera informaron que Castillo y Montenegro no debían estar en la nómina y que en su lugar deberían figurar Alejandro Carvajal Gutiérrez y Matías Rojas Marambio -quienes finalmente fueron agregados-.

Castillo tenía 26 causas judiciales y cinco condenas previas, pero pese a las interrogantes y a la información que había a mano, fue incluido en las carpetas que llegaron a manos del Presidente -porque cumplía con los requisitos técnicos para ser indultado- y que luego firmó.

Esas carpetas, aseguran, contenían las fichas de los seleccionados solo con las causas relacionadas al estallido y no con el resto de los antecedentes de cada uno -porque así es como funciona técnicamente la ejecución de un indulto-. Por eso, justifican en el gobierno, Boric no tuvo acceso al historial completo y tomó la decisión de liberar a todos los solicitantes que cumplían los requisitos y que fueron detenidos en el marco del estallido. Ninguna de las carpetas de ese grupo que llegaron a la oficina del Mandatario fue desechada.

“¿Pero cómo es que nadie alertó de los prontuarios?”, es la pregunta que desató la molestia entre los integrantes del comité político en La Moneda apenas reventó el asunto. Ahí varios, incluyendo a presidentes de partidos oficialistas, plantean que Meza-Lopehandía era el indicado para hacer algo más, porque es el asesor más cercano al Presidente, es especialista en Derechos Humanos y porque desde principios de año fue uno de los integrantes del equipo de Boric que más comprometido se mostró con la causa.

El mismo viernes 30 el Mandatario tuvo que salir a dar explicaciones. “No son delincuentes”, dijo, al tiempo que se iban conociendo los antecedentes de los perdonados. Y el asunto escaló el lunes, cuando estando en Brasil justificó el indultó a Mateluna porque estaba convencido de su inocencia y acusó irregularidades en el proceso judicial del inculpado. Nuevamente la opinión entre los integrantes del gobierno era que el Presidente estaba mal asesorado.

La respuesta fuerte vino el martes: la Suprema y varios fiscales le dijeron básicamente que en un Estado de derecho el Presidente no tiene nada que inmiscuirse en temas judiciales. El reto le llegó fuerte y el Mandatario agachó el moño pero, otra vez, con un error: publicó un comunicado de prensa en que señalaba que los indultos no ponían en duda la separación de poderes del Estado, citando erróneamente el número de la ley. Y, nuevamente, en La Moneda los ojos se posaron sobre el jefe de gabinete presidencial, porque el comunicado no fue consultado con otros equipos antes, como el de la Secom. Para entonces, todos los presos del estallido que calificaban como indultables ya estaban en libertad y los errores le afectaron al gobierno en varias líneas.

Pero las salidas de la ministra y el jefe de gabinete no terminan con un problema que ahora le tocará lidiar al nuevo ministro Cordero: ¿Qué pasará con los imputados en contexto de estallido social que aún no reciben condena?

Jorge Palma, abogado de la Asamblea de Familiares de Presos Políticos, dice que la lucha no ha terminado y que pese a que la ministras Tohá y Vallejo dieron el tema indultos por cerrado, seguirán agotando todas las instancias por los que siguen detenidos.

-Vamos a abogar por la libertad de todos ellos hasta el último instante. Si eso implica solicitar y presionar para un segundo indulto, lo vamos a hacer.