La batalla final en la Convención Constituyente

Es la tarde del miércoles y mientras el pleno somete a votación los últimos artículos sobre derechos sociales, las constituyentes Marcela Cubillos (UDI) e Ingrid Villena (ex Lista del Pueblo) conversan amenamente en la Sala N° 3 del ex Congreso. El cordial diálogo de las abogadas, quienes podrían representar fácilmente los extremos de la Convención, refleja el clima más distendido con que esta semana los 154 constituyentes terminaron sus funciones en las siete comisiones temáticas, entregando el borrador de la nueva Constitución, con cerca de 500 normas.

Pese a la tensión que caracterizó esta etapa y los reiterados reclamos de los constituyentes de derecha por no ser tomados en cuenta por sus pares de izquierda (debido a su baja representación), casi todas las comisiones cerraron su trabajo con emotivas despedidas, algunas con reconciliaciones, regalos y foto grupal.

Pero no hay tiempo para descanso y esta semana parte en la Región de Antofagasta la recta final de la Convención, con el trabajo de tres nuevas comisiones que deberán dar forma al texto final que será entregado al Presidente Gabriel Boric el 4 de julio.

Estas son Preámbulo, cuya tarea es redactar una propuesta de introducción a la nueva Carta Magna, que indicará, entre otras cosas, el modelo de sociedad y el contexto en que se elaboró, reemplazando una escueta introducción legal de la Constitución del 80. Sus 15 miembros harán volar su imaginación a partir de mañana en el Liceo Domingo Latrille de Tocopilla.

“Para nosotros es clave establecer normas transitorias que viabilicen, en el gobierno del Presidente Boric, la transición desde un Estado subsidiario hacia un Estado social y democrático de derecho”.

Marcos Barraza, constituyente PC

La segunda comisión es Armonización, cuya tarea es detectar contradicciones, errores gramaticales o problemas de coherencia en la redacción del borrador que, algunos convencionales advierten, incluye muchas normas hechas “muy a la rápida” que requerirán un fuerte trabajo de edición. Algunos colectivos ven en este proceso de “armonización” la última oportunidad para moderar algunas normas. Otros, en tanto, estiman que será muy difícil terminar este trabajo el 9 de junio, como esta estipulado.

“Por supuesto que habrá algunos constituyentes que querrán ir más allá”, advierte Fernando Atria (FA), quien será parte de esta comisión que parte mañana su trabajo en un camping aledaño al Estadio Zorros del Desierto, en Calama. “Espero que todos entiendan que las luchas que cada uno vino a dar acá, ya las dio, las ganó o las perdió, y de nosotros sólo depende que las normas aprobadas se transformen en un texto ordenado, sistemático y bien escrito”.

Algo parecido opina otro de sus miembros, Hernán Larraín Matte (Evópoli): “El reglamento es muy claro e impide modificar normas, pero lamentablemente hemos visto esta semana cómo algunos se han saltado derechamente el reglamento”.

Sin embargo, algunos expertos ya detectan ciertos puntos en los que hacer modificaciones de fondo, por ejemplo, en lo relativo al carácter vinculante de consultas que se realicen a pueblos originarios. Esto, pues una de las normas aprobadas, si bien señala que deberán hacerse consultas en materias que los afecten, no habla de consentimiento de los pueblos originarios, mientras otro de los artículos sí establece que “los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.

“Esta Constitución va a ser mala ahora, en cinco años más o en 10 años más. No se puede arreglar ningún precepto con normas transitorias y para lo único que estas sirven es para ver qué tan luego va a venir lo malo”.

Constanza Hube, constituyente UDI

Finalmente está la Comisión de Normas Transitorias, que para muchos ha tomado un rol sorpresivamente relevante. Esto, porque el ritmo y profundidad de la implementación de la nueva Carta Magna se daría a partir de los acuerdos que se propongan desde acá, además de ser un frente en el que podría moderarse el impacto de algunas de las decisiones ya tomadas por el pleno, al hacerlas más paulatinas o dependientes de otros factores.

El origen de esta comisión data de febrero, cuando se comenzaron a votar las normas y la mesa de la Convención, con el fin de agilizar el proceso, advirtió que había muchos temas relativos al proceso de implementación -plazos, financiamiento y competencias- que si se comenzaban a discutir en cada comisión iban a retardar mucho el trabajo. La salida fue dejarlas para el final. Fue así como las siete comisiones fueron acumulando temas relativos a normas transitorias, entre ellas por ejemplo, la que decreta el fin del Tribunal Constitucional, pero sin entregar plazos, y la que señala que en Chile se van a dejar de concesionar cárceles a privados, sin dar fechas.

“Las normas transitorias deben equilibrar dos ideas: la nueva Constitución tiene que cambiar algo inmediatamente, pero muchas cosas requieren reformas legales que demorarán más tiempo”.

Fernando Atria, constituyente FA

Este proceso tampoco estuvo exento de polémica. El constituyente Felipe Harboe denunció que mediante una de estas indicaciones transitorias se estaba planteando reponer una amnistía para los llamados presos de la revuelta social, que el pleno había rechazado.

Uno de sus integrantes, el constituyente mapuche Adolfo Millabur, afirma que las normas transitorias serán fundamentales para materializar los avances logrados por los pueblos originarios: “Muchas normas son declarativas, por ejemplo, el derecho a la autonomía y la entrega de tierras, y ahí se necesita que el legislador en un corto o mediano plazo pueda regular lo que se dice en el borrador”.

El constituyente DC Fuad Chahin, quien también será parte de esta comisión, dice que su trabajo será clave para el éxito del proceso constituyente: “Los que hablan de un reseteo y que en un año se deben implementar todas las normas de la Constitución mezclan voluntarismo e irresponsabilidad. El aterrizaje de la nueva Carta Fundamental debe ser seguro y para eso tiene que ser suave”.

“Hay que dar tiempo para que las nuevas normas puedan implementarse adecuadamente y no tener un nuevo Transantiago institucional y una crisis mayor”.

Fuad Chahin, constituyente DC

Los acuerdos no serán fáciles, ya que en la otra vereda de esta misma comisión, el constituyente comunista Marcos Barraza afirma que “para nosotros es clave que a través de disposiciones transitorias podamos establecer el régimen de transición que permita pasar del Estado subsidiario al Estado democrático y social de derecho. Y eso implica establecer normas que viabilicen, durante el gobierno del Presidente Boric, leyes en seguridad social, vivienda y salud”.

Constanza Hube (UDI), otra de sus 33 miembros, dice que a esta altura los dados ya están echados: ”Transitorias no tiene la importancia que le han tratado de dar algunos colectivos. Esta Constitución va a ser mala ahora, en cinco años más o en 10 años más. No se puede arreglar ningún precepto con normas transitorias, y para lo único que estas sirven es para ver qué tan luego va a venir lo malo”.

Otro de los puntos claves que deberá acordar este grupo es si el actual Parlamento podrá reformar la nueva Constitución, si es aprobada en el plebiscito de salida. El actual borrador crea el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, y establece quórum para reformas. Pero hay cierto consenso en que ambas cámaras no van a entrar a operar a lo menos hasta 2026, cuando concluya el actual periodo parlamentario.

Esto implica que habría al menos tres años donde el Poder Legislativo podría tener un margen de acción para modificar lo aprobado. Entre convencionales y expertos se prevé una tensión entre quienes buscan dejar una puerta abierta para modificaciones de parte de este Congreso -incluso disminuyendo el actual quórum que se necesita para las reformas constitucionales- y grupos que buscarán establecer normas que pongan obstáculos a eventuales cambios del Poder Legislativo de aquí a 2026, tales como plebiscitos en ciertos temas. Esto, coloquialmente, se ha mencionado como “poner un candado” a la nueva Constitución hasta que asuma el primer Congreso elegido bajo sus reglas.

“Hay que poner plazo para que las normas aprobadas se materialicen. La autonomía de los pueblos originarios y la entrega de tierras, por ejemplo, necesitan ser reguladas por el legislador en un corto o mediano plazo”.

Adolfo Millabur, constituyente mapuche

Arturo Zúñiga (UDI) dice que “defenderán , tal como lo manifestaron Ricardo Lagos y Ximena Rincón, entre otros, mantener el mandato de las autoridades elegidas democráticamente en 2021 y las reglas con las cuales ellos fueron elegidos”.

Max Hurtado (PS), en tanto, dice que la discusión se ha centrado mucho en la permanencia de los parlamentarios en sus cargos, pero para él las transitorias más importantes estarán en salud, educación y pensiones, porque “desde aquí debemos dar señales de que pronto habrá mejoras para la calidad de vida en las personas”.

“¿Qué va a ocurrir con aquellas nuevas normas que resulten inconstitucionales? Ese es un tema central que hay que resolver al momento de publicar la nueva Constitución”.

César Valenzuela, constituyente socialista

Hay 66 constituyentes que no participarán de ninguna de las tres comisiones, pero que continuarán con su rol de convencionales, la mayoría de ellos publicitando lo acordado en sus respectivas zonas. Una de ellas es Beatriz Sánchez, quien cuenta que en el Frente Amplio crearon una “cuarta comisión”, cuyo objetivo será informar sobre el contenido de la Constitución en nuestras zonas y en todo el país”.