La costosa operación de expulsar a un migrante desde Chile

En mayo de este año, cuando en la Cámara de Diputados se desarrollaba la Comisión Investigadora sobre Inteligencia y Crimen Organizado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, transparentó una cifra que sorprendió a los presentes: a esa fecha, reconoció, cerca de 28 mil expulsiones de ciudadanos extranjeros estaban firmadas, pero no se habían ejecutado por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). Es decir, las personas con orden de salida seguían viviendo en el país y, en la gran mayoría, no se sabía de su paradero.

“Esto tiene una dinámica, no es un stock, es un flujo. Entonces, van entrando nuevos expulsados, van expulsándose personas, pero el ritmo hoy día está lejos de ser suficiente para expulsar a todos los del año e ir acortando el stock acumulado anterior, que no es de este gobierno, es acumulado”, dijo allí Tohá por los migrantes, algunos de los cuales debían salir del país hace ocho años.

Poco más de un año antes, en otra comisión de la Cámara de Diputados, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, agregó otro insumo al complejo cuadro: basado en lo que se había gastado en concretar expulsiones en los primeros tres meses de 2023, sacar del país a ese universo de personas tendría un costo unitario promedio de $ 2.460.000 aproximadamente.

Pero hoy, de acuerdo a reportes de Migraciones y a una revisión de La Tercera a los tickets aéreos comprados por el servicio, al país le está costando en promedio casi $ 3.300.000 sacar forzadamente a cada migrante de Chile. Bajo estos costos, sacar del territorio nacional a los 28 mil individuos con órdenes de deportación vigentes podría significar un gasto de $ 93 mil millones (US$ 94 millones).

Un servicio que, según Migraciones, se ha encarecido por el alza mundial en los tickets aéreos y por cambios en el perfil de los expulsados, pero que para algunos expertos también tiene su explicación en el uso masivo de vuelos comerciales regulares, en los que, por normativa de seguridad aeronáutica, el expulsado debe llegar a su destino acompañado de dos escoltas, lo que encarece la operación.

“La facultad de expulsar extranjeros por incumplimiento de la normativa migratoria y normativa penal en ciertos casos es uno de todos los dispositivos que tiene el Estado para poder gestionar la migración”, afirma al respecto Rodrigo Sandoval, exdirector del extinto Departamento de Extranjería y Migraciones durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“La materialización de la expulsión, tanto al detalle como en forma colectiva, es por sí misma una cuestión tan cara, tan compleja y tan comprometedora de recursos públicos, que justamente eso mismo hace recomendar que sea un recurso de última ratio”, complementa.

Pese a la entrada en vigencia de la nueva ley de migraciones y a la instalación del Servicio Nacional de Migraciones a comienzos de 2021, la realidad de las expulsiones sigue siendo compleja en el país. De acuerdo a estadísticas del mismo servicio, en los casi seis años que van desde 2018 a noviembre de 2024, se ha logrado sacar de territorio nacional a 10.616 personas. Pero tan sólo entre enero y septiembre de este año, según reportes de la PDI, 20.316 extranjeros ingresaron por pasos no habilitados al país, eso sí, un 48% menos que los que cruzaron irregularmente la frontera en el mismo periodo de 2022.

En los mismos datos queda en evidencia que 2019, durante el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera, fue el año con mayor cantidad de expulsiones ejecutadas (2.232). Luego, en el año 2020, en el que la llegada de la pandemia del Covid-19 impuso serias restricciones en los viajes al extranjero, se lograron concretar 1.470 expulsiones. Más adelante, en 2021 -aún en época de coronavirus- las salidas bajaron aún más, llegando a 913.

Instalado el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en 2022 se logró sacar forzadamente del país a 1.070 personas, mientras que en 2023 tan sólo fueron 917 los deportados. Y hasta el 30 de octubre de 2024, ya se había sacado a 917 extranjeros: una cifra que Migraciones espera que este año llegue a los 1.100 deportados.

“El 2019 fue el año con más expulsiones, porque entendíamos la importancia de mantener el control migratorio, antes de la pandemia que dificultó las salidas. Hoy, con un presupuesto mucho mayor, cuatro veces lo que había el 2019, no logran ni la mitad de los resultados al año, porque simplemente no creen en este proceso”, asegura Álvaro Bellolio, quien fue director del Servicio Nacional de Migraciones durante todo el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Si bien sólo existen datos consolidados y confiables que permiten hacer un cálculo del costo unitario por expulsión para el Estado de Chile para los años 2023 y 2024, uno de los ejemplos que más sacan a relucir la autoridades del gobierno anterior para avalar su gestión en materia de expulsiones fue el convenio que en 2021 firmaron con la aerolínea Sky.

El acuerdo establecía un monto máximo de $ 1.500 millones para la realización de al menos 15 vuelos chárter con destino a países de centro y Sudamérica, con un máximo de 180 pasajeros cada uno, entre expulsados y escoltas de la PDI. Ello se materializó en nueve vuelos que fueron criticados por la oposición de la época, debido a la forma en que eran trasladados los migrantes, vestidos con overoles blancos y engrillados de manos.

Uno de esos vuelos se realizó en noviembre de 2021 y tuvo como destino las ciudades de Bogotá, en Colombia, y Caracas, en Venezuela. En su interior fueron deportados 71 venezolanos, 47 colombianos, acompañados de 52 escoltas de la PDI, que fueron traídos de regreso al país. En total el vuelo tuvo un costo de casi $ 99 millones, lo que da como promedio un costo de $ 836 mil por expulsión. Luego, en 2022, el nuevo gobierno de Boric decidió suspender el convenio con Sky, aduciendo cambios en las condiciones pactadas.

Durante la actual administración, sólo en dos oportunidades se ha logrado contratar vuelos chárter de aerolíneas privadas para deportar a migrantes: ambos de la empresa venezolana Estelar. El último de ellos ocurrió en abril de este año, antes de que en julio ese país rompiera relaciones diplomáticas con Chile e hiciera imposible materializar más expulsiones. El último vuelo tuvo un costo total de $ 252 millones para trasladar a 65 deportados hacia Venezuela. Es decir, un valor promedio de $ 3.887.599 por expulsado.

Según los datos del gasto en que ha incurrido el Estado para expulsar a migrantes durante 2023 y lo que va de 2024, los valores promedio no bajan de los $ 3 millones por extranjero deportado. Así, en 2023 se gastaron en total más de $ 3.400 millones, entre pasajes en vuelos regulares, tanto nacionales para mover a migrantes a Santiago, como internacionales para sacarlos del país, en contratación de vuelos chárter privados y de la Fach, y buses para traslados. Con ello, el costo promedio de cada una de las 946 expulsiones materializadas durante ese año llegó a los $ 3,6 millones.

Mientras que, hasta octubre de este año, el gasto total en deportaciones ya bordea los $ 3 mil millones. Esa cifra también considera una tarifa por servicio de un 2,5% de cada ticket aéreo a Blanco Viajes SpA, agencia que en agosto de este año ganó, por un nuevo periodo, la licitación de compra de pasajes por parte de Migraciones. Por ello, las 917 expulsiones realizadas hasta el 30 de octubre significaron para el Estado un gasto promedio de casi $ 3,3 millones por individuo.

“El costo promedio de las expulsiones ha variado por factores naturales, como los inflacionarios y el precio de los pasajes que fijan las aerolíneas comerciales. Como expulsamos a más países y los destinos se han diversificado, en la medida que son destinos más lejanos, tienden a aumentar los costos. Además, hay que considerar que durante la pandemia el tráfico aéreo estaba prácticamente paralizado. Por lo tanto, las condiciones de negociación con las aerolíneas y los precios de los pasajes eran otros”, explica al respecto el director de Migraciones, Luis Thayer.

A ello Thayer suma que “hemos realizado 16 vuelos chárter con la Fach, que nos permite reducir los costos”. Pero lejos de ser un servicio “gratuito”, la Fuerza Aérea cobra a Migraciones por cada uno de los vuelos de expulsión. Por los ocho que habían sido realizados y facturados entre enero y septiembre de este año, Migraciones pagó a la Fach $ 941 millones. En promedio, dependiendo de la multiplicidad de destinos, el costo promedio por expulsión en este tipo de vuelos ha tenido un costo de entre $ 1,5 millones a $ 3,8 millones por deportado.

“Mientras nosotros buscábamos consolidar vuelos con 120 personas o más para optimizar recursos, hoy realizan vuelos con apenas 40 expulsados cada dos meses y lo celebran. Es una vergüenza administrativa y una falta de respeto al presupuesto público”, asegura Álvaro Bellolio sobre el tipo de operaciones de expulsión realizadas por este gobierno.

Para hacer efectiva la salida de un extranjero con orden de expulsión vigente, la PDI debe ubicar y detener a la persona. “Una vez que la persona es encontrada e identificada, se contacta al país de origen y el país de origen tiene que decir sí o no para recibir a esa persona. Después hay que comprar los pasajes del deportado, de los escoltas y coordinar todo eso. Eso a veces puede tomar más de cinco días y ahí a la persona hay que liberarla si eso no se cumple dentro del plazo”, explica Maya Feddersen, académica especializada en temas migratorios de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Una operación logística que se complejiza aún más cuando se trata de vuelos colectivos, para los que, generalmente, la PDI debe realizar “operativos” masivos de búsqueda. “Los vuelos uno a uno terminan siendo con una anticipación muy corta, eso encarece el pasaje. Por lo tanto, tienes que pagar pasajes en forma intempestiva. Eso sin sumar los viáticos y la estadía del personal policial”, explica Rodrigo Sandoval.

Otra de las explicaciones que las actuales autoridades tienen para el incremento en los valores para deportar a extranjeros está, curiosamente, en una modificación legal que el gobierno de Sebastián Piñera promovió en la nueva ley de migraciones, aprobada en 2021.

“En el pasado se realizaban más expulsiones judiciales por vía terrestre a países limítrofes, como Bolivia, que tienen un costo más bajo. Se trataba, principalmente, de personas condenadas por delitos asociados a la Ley 20.000. Actualmente, la ley impide expulsar a alguien condenado por delitos asociados a drogas”, explica el director de Migraciones.

En específico, la nueva legislación incluyó cambios en el tipo de delitos y la cantidad mínima de penalidad bajo la cual se puede otorgar a los extranjeros una “pena sustitutiva” de expulsión del país. Bajo la nueva modalidad, los migrantes condenados por delitos vinculados a la ley de drogas con penas inferiores a cinco años y un día, que antes podían ser expulsados judicialmente, hoy deben cumplir su condena en Chile, para luego ser sacados del país administrativamente.

El efecto de esa decisión legislativa, afirman en Migraciones, llevó a que las expulsiones por motivos judiciales bajaran de 1.750 el año 2018 a tan sólo 373 entre enero y octubre de este año. “La idea era desincentivar la impunidad a narcotraficantes. Ellos pueden ser expulsados mediante el convenio de Estrasburgo y cumplir su pena en el país de origen”, señala Bellolio, en referencia al tratado internacional firmado por Chile, que permite que una persona condenada en un territorio pueda ser trasladada a otro país miembro para cumplir allí su penalidad.

Pese a ello, Bellolio -quien hasta ser recientemente electo como consejero regional estaba aportando insumos para la política migratoria que propondrá la precandidata presidencial de la UDI Evelyn Matthei- se defiende asegurando que “el problema no es solo de costos, sino de voluntad. Este gobierno no tiene interés en ejecutar expulsiones, porque, ideológicamente, les cuesta aceptarlas. Y operativamente no tienen la capacidad de gestionarlas”.

Para 2025, Migraciones contará con un presupuesto específico de $ 3.882.492.000 para materializar expulsiones, pero sin un compromiso específico sobre la cantidad de deportados. Un monto que, pese a lo abultado, para exautoridades debe ser utilizado para expulsar a los migrantes más peligrosos para el país. “Siempre es deseable la materialización de todo acto administrativo que disponga el Estado. La realidad nos dice que eso no es posible en términos absolutos y, por lo tanto, como muchas decisiones estatales, nos obliga a priorizar a qué parte de ese universo vamos a aplicar nuestros limitados recursos, que en este caso es la capacidad expulsiva”, concluye Rodrigo Sandoval.