La fatal marcha de Putre: el primer cortocircuito del general Iturriaga con La Moneda

“Manténganme informada”, respondió la ministra de Defensa, Maya Fernández. La secretaria de Estado recién terminaba su participación en la ceremonia fúnebre en recuerdo de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Masel Vidal, fallecidos en una emboscada en Cañete, Región del Biobío.

La muerte de los uniformados -ascendidos de forma póstuma al grado de suboficial mayor- mantenía consternado al país cuando -en paralelo- a 2.780 kilómetros al norte, una fatal marcha en Putre, parte de la instrucción de conscriptos, se convertiría en una tragedia que hasta hoy impacta al Ejército y significó el primer cortocircuito del comandante en jefe de la institución, general Javier Iturriaga, con La Moneda.

Justo cuando finalizaba la ceremonia fúnebre, la ministra Fernández fue apartada del ritual por el jefe de Estado Mayor del Ejército, general Rodrigo Pino. El oficial fue el primero en notificar a la titular de Defensa de la muerte de Franco Vargas Vargas (19), voluntario del servicio militar 2024, tras una marcha de instrucción en el Regimiento Motorizado N° 24 “Huamachuco” en Putre, Región de Arica.

¿El motivo del deceso?, según información que se manejaba a esa hora: un paro cardiorrespiratorio.

El general Pino estaba presente en las exequias de los carabineros como representante del Ejército debido a la ausencia en el país del comandante en jefe de la institución. Por esos días, el 27 de abril, el alto oficial participaba, junto a miembros del Estado Mayor, en el “7th Special Forces Group”, una operación aérea multinacional de paracaidistas -la pasión y especialidad de la máxima autoridad castrense chilena-, en la que fue condecorado en la base aérea Eglin, Florida, en los Estados Unidos.

La ministra Fernández no tendría noticias de Iturriaga sino hasta tres días después cuando ya no sólo se sabía del deceso de Vargas, sino de un cuadro viral infeccioso que afectó a los conscriptos que participaron de la marcha en Putre y que obligó a su traslado a recintos asistenciales.

Pero sólo el 6 de mayo, Fernández se animó a llamar personalmente al máximo jefe castrense -eran cerca de las 17 horas- cuando la crisis estaba desatada. El tono de la secretaria de Estado dejó en claro al militar que en La Moneda su reacción al escándalo estaba siendo cuestionada.

Fernández demandó a Iturriaga un rol más activo ante una situación que ya estaba siendo comparada con la peor tragedia de los últimos 20 años en el Ejército: la muerte de un suboficial y 44 conscriptos que cumplían el servicio militar, obligados a realizar una marcha en medio de una nevazón en los faldeos del volcán Antuco, Región del Biobío, el 18 de mayo de 2005.

Hasta entonces, el nombre de Iturriaga era casi desconocido para la opinión pública. El general había mantenido un bajo perfil durante su mandato y sólo le se recordaba por un episodio que protagonizó durante el estallido social en 2019, cuando aún no era nombrado a cargo del Ejército. Como jefe de la Defensa Nacional -en medio del estado de excepción decretado por las entonces autoridades debido al descontrol del orden público- Iturriaga se declaró “un hombre feliz” cuando fue consultado por los dichos del Presidente Sebastián Piñera, quien había sostenido horas antes que “estábamos en guerra contra un enemigo poderoso”.

Javier Iturriaga del Campos tiene 58 años y proviene de una familia militar. Es apodado por sus pares como “Ícaro”, en referencia a la inicial de su apellido y en referencia al personaje de la mitología griega que tenía alas y que es símbolo de la rebeldía de los jóvenes. Lo de las alas coincide, además, con su devoción por el paracaidismo, afición que Iturriaga mantiene en paralelo a sus nuevas responsabilidades.

La nominación del general a cargo del Ejército se dio en un contexto complejo tras el estallido social cuando, además, la ministra Romy Rutherford tenía en la mira al entonces comandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez, a quien citó a declarar como imputado en el caso fraude sólo días antes del cambio de mando, obligándolo a dimitir sólo horas antes de finalizar su periodo.

Pese a haber contradicho a Piñera, Iturriaga había afianzado lazos con el entonces ministro de Defensa, Baldo Prokurica, con quien tuvo que viajar en varias oportunidades por su cargo de jefe del Estado Mayor. Así, se depositó la confianza en un oficial respetado por las tropas y de extremado bajo perfil, personalidad que hoy -según señalan en La Moneda- estaría jugando en contra debido a las críticas por falta de reacción a la crisis de Putre y que tiene al Ejército en el centro de la polémica y de una investigación penal por las prácticas del servicio militar.

“El general parece ya no estar tan feliz”, comentó un asesor que estuvo en La Moneda el viernes 10, cuando Iturriaga fue citado por el Presidente Gabriel Boric para entregar un reporte pormenorizado de lo ocurrido en el Regimiento Motorizado N°24 “Huamachuco”. “Se le notó incómodo”, dijo otro presente en Palacio. A su salida, no esbozó palabra alguna. Se fue en silencio. Minutos después, la ministra Fernández -también presente en la cita- daba luces de los principales temas abordados en el encuentro y confirmaba al comandante en su puesto: “El general Iturriaga sigue en sus funciones”.

En el Ejército siempre han celebrado que Iturriaga llegó para tener una política de control interno. Que su administración es más bien de puertas adentro, sin embargo, eso le terminó de pasar la cuenta en esta pasada: el control de crisis es lo que más le cuestiona el gobierno, básicamente, por la tardanza en salir a hablar sobre lo sucedido y las medidas adoptadas que fueron comunicadas “a goteo”.

En la interna aseguran que el comandante en jefe asumió que no se manejó bien el caso en términos comunicacionales. Sin embargo, comentan cercanos, se descarta una responsabilidad mayor, pues sostienen que se tomaron determinaciones desde que comenzó el caso el 27 de abril y que Iturriaga estuvo monitoreándolo desde el extranjero.

Prueba de ello es que a Romy Vargas, madre del conscripto Franco Vargas y cuya muerte atizó el caso, en todo momento se le mantuvo informada y que el mismo 27 de abril se pusieron a su disposición tres pasajes para que viajara a Arica ese mismo día. Junto con esto, se designaron dos oficiales de enlace para recogerla a ella y su familia, y luego trasladarlos a su alojamiento en un casino de una unidad militar. Acto seguido, dicen desde la institución, se dispusieron los sumarios.

Una vez que la madre del conscripto fallecido llega a Arica, fue trasladada hasta el SML donde reconoce el cuerpo del joven de 19 años, y es ahí donde exige respuestas y pide que le adelanten los pasajes de retorno para ese mismo día, porque quería regresar a Santiago. Los otros dos familiares que habían viajado con ella, según la bitácora de la entidad legista, son quienes se quedan para retirar el cuerpo y trasladarlo el lunes 29 a la capital.

La información de lo ocurrido, sostienen en el Ejército, estuvo a disposición de la opinión pública el domingo 28 y al día siguiente es que Vargas, en el matinal de Chilevisión, acusa una serie de irregularidades en la autopsia y apunta a que su hijo presentaba signos de haber sido maltratado. La situación empuja a la primera vocería en el regimiento Huamachuco, a cargo del coronel Sebastián Silva, donde se informa además del brote contagioso de otros 45 conscriptos. Iturriaga, según sus asesores, instruyó el traslado en un avión institucional de los soldados más graves hacia Santiago, lo que se concreta el martes 30. Ese día ya estaba en el país, pero se encontraba en La Araucanía.

El 2 de mayo, Iturriaga encabeza una reunión en la capital y recién el 4 de mayo se apersona en Arica. Dos días después y tras el “telefonazo” de la ministra Fernández, el general decidió hacer personalmente la quinta vocería que se hacía en menos de 10 días por el caso de Putre. Pero a esas alturas, ya no era sólo Romy Vargas quien exigía justicia. A ella se unían las madres de los otros conscriptos afectados tras la fatal marcha, uno de los cuales tuvo que padecer la amputación de una de sus manos a causa de los remedios para tratar su cuadro infeccioso, a ello se sumaba la masiva deserción de los otros conscriptos que realizaban el servicio militar en la zona. El propio Presidente Boric, esta semana, pediría “verdad y justicia” al anunciar públicamente la citación de Iturriaga a La Moneda.

En esta historia hay un punto de inflexión. Tanto para el gobierno como para el propio Iturriaga. Esta se produjo el 7 de mayo cuando el director del Cesfam de Putre, Aldo Rivera, durante una sesión del concejo municipal de dicha localidad, contradijo la versión entregada por la institución castrense. En un inicio aseguraron que cuando Franco Vargas se desvaneció, al presentar problemas respiratorios en medio de la marcha, había sido estabilizado por el enfermero militar y luego trasladado al recinto asistencial.

“El 27 de abril, a las 6:52 horas se recibe un paciente sin previo aviso (...) La persona venía sin signos vitales”, aseguró Rivera.

La revelación del médico hizo que al día siguiente el Mandatario endureciera el tono y emplazara al Ejército por la mayor transparencia. “Por la memoria de Franco corresponde conocer toda la verdad, que se esclarezcan los detalles de los hechos y se asuman las responsabilidades que corresponda. Verdad y justicia”, sostuvo.

Ese miércoles 8 vendría el primer mea culpa del comandante Iturriaga. El uniformado reconoció que la información inicial que fue difundida por el Ejército “adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento”. Junto con esto, Iturriaga fue enfático en que todo era materia de una investigación “para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o si derechamente se mintió”. Por primera vez, además, el jefe del Ejército apuntaba a sanciones drásticas, más allá de “relevar”(sacar de funciones a ocho militares a cargo del regimiento) visó la salida del general Rubén Castillo y del comandante de la brigada que tenía bajo su tutela a los conscriptos, coronel Sebastián Silva.

Franco Vargas y la mayoría de sus compañeros de la Brigada Huamachuco no llegaron de forma forzada, como antaño, a realizar el servicio militar que antes era obligatorio para jóvenes entre 18 y 24 años que contaran con buena salud y no estuvieran estudiando: habían accedido voluntariamente a recibir la instrucción.

Es por eso que el 6 de abril el ambiente en la brigada era ameno y de bastante curiosidad para quienes habían sido asignados a cursar su servicio en el extremo norte del país, un escenario, además, en que es vital la presencia militar por el resguardo de las fronteras. Ese día se acuartelaron y el 13 de abril se trasladan hasta el Cuartel N°1 “General Gorostiaga”, ubicado a 3.400 metros sobre el nivel del mar, en Putre. Ahí, los conscriptos iniciaron un periodo de aclimatación, tanto a la altura como a las propias labores y exigencias de la vida militar.

A ninguno de los 245 “pelados”, como se les llama en jerga marcial a quienes hacen el servicio, se les hizo un examen -según expertos- que es vital y que se les practica a trabajadores de mineras que deben realizar actividades a miles de metros sobre el mar: un chequeo de altura geográfica. Con esto se evalúa si las personas son compatibles con labores en lugares donde la concentración de oxígeno es tan baja que puede provocar serios problemas de salud e, incluso, la muerte en los casos más graves.

Bajo ese contexto es que el 21 de abril comienza la etapa de instrucción básica y al día siguiente los conscriptos e instructores suben hasta el Cuartel N°3 “Pacollo”, que está a 4.170 metros sobre el nivel del mar. La marcha fatal se inició el 27 de abril y consistía en caminar 8 kilómetros hasta Gorostiaga, para el día siguiente volver a Pacollo. Pero ese día el corazón de Franco Vargas dejó de latir y 45 de sus compañeros de ruta presentaron afecciones de un cuadro viral. A la fecha, 114 conscriptos se han retirado del servicio militar y prometieron no volver al lugar.

Aunque tras la cita del viernes en La Moneda, el Presidente confirmó la continuidad de Iturriaga al mando del Ejército, aún no está claro si el general logró completamente esquivar la crisis que hoy, además, investiga la ministra en visita Jenny Book. La muerte de Vargas detonó un severo cuestionamiento al trato que se da a los conscriptos durante su servicio militar. El INDH recopiló testimonios de los compañeros del fallecido joven de 19 años, quienes acusaron tratos vejatorios y que son considerados por el organismo como torturas en una querella admitida a trámite por la justicia.

“Un total de 45 soldados conscriptos fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas”, se lee en el texto. Asimismo, se asegura que “las caminatas podían ser nocturnas con temperaturas bajo cero, sin la ropa adecuada o durante el día sin la protección solar mínima, como un gorro o lentes oscuros, a pesar de haberles entregado las prendas, no se les permitía utilizarlas”. A esto se suman “espacios saturados de excrementos humanos, sin agua, jabón ni papel higiénico, en grupos de hasta 15 personas defecando al mismo tiempo”. Finalmente, los conscriptos también apuntan haber sido víctimas de maltrato verbal, al uso de frases homofóbicas por parte de sus superiores, como “eres niñita, maricón, amariconado, lesbiano”.

Todo el caso está hoy en la mira de la ministra Book, quien investiga bajo el alero de la justicia militar, y también de la Fiscalía de Arica, sistema de justicia civil, que podría disputar la competencia, ya que las víctimas, en estricto rigor, no son uniformados.

El viernes 10, la mirada del general Iturriaga al abandonar La Moneda tuvo un punto fijo al frente. El caso y las diligencias lo acompañarán en los próximos meses donde deberá estar preparado para “pasar lista” ante los ojos del Presidente Boric.

Las esquirlas políticas -sin embargo- tampoco se despejaron del todo. En sectores oficialistas, aún persiste el interés por presentar una acusación constitucional en contra de Iturriaga, pese a la señal de respaldo del Ejecutivo. Y -como sea- la discreción con la que el general había llevado hasta ahora sus funciones -de las cuales le restan aún dos años- fue borrada abruptamente.