La guerra fría que remece al Ministerio Público

El martes de esta semana, cuando el reloj marcó las 13.00 horas, en la Fiscalía Nacional supieron de inmediato que los planes tendrían que cambiar. Esa era la hora que estaba fijada para que se diera por finalizado el consejo general de fiscales. Pero todo se atrasó. A esa altura, en el edificio de calle Catedral seguían reunidos los fiscales regionales junto al fiscal nacional, Ángel Valencia, en una nueva sesión ordinaria de una de las instancias más importantes de coordinación del Ministerio Público.

El plan original era terminar pasado el mediodía, para que los fiscales pudieran almorzar y luego sumarse a la ceremonia de conmemoración del aniversario número 25 del ente persecutor. Pero pasadas las 13:00 los fiscales aún estaban lejos de terminar. De hecho, un pequeño grupo de persecutores regionales -entre los que estaban Claudia Perivancich, de Valparaíso; Nayalet Mansilla, de Ñuble; Carmen Gloria Wittwer, de Los Lagos, y Marcos Pastén, de la zona Metropolitana Occidente- junto a una integrante de la Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional estaban recién trabajando en la redacción de un comunicado de dos páginas que se daría a conocer en las próximas horas. Una de las razones que explicaron el atraso fue que llegar a escribir ese texto fue fruto de un largo tira y afloja entre los integrantes del consejo.

Los persecutores llevaban dos días reunidos en Santiago compartiendo sus opiniones, según lo fijado en la tabla que se había compartido el fin de semana. El consejo no tuvo mayores sobresaltos, muy al estilo de lo que suele ser esta instancia que, la mayoría de las veces, es dominada por debates técnicos sobre asuntos penales. Así fue hasta que durante la tarde del lunes al consejo le tocó abordar el punto número 8 de la tabla, que estaba rotulado como “análisis de la contingencia y su impacto institucional”.

Hasta ese momento no había salido una palabra sobre el complejo momento por el cual atraviesa el Ministerio Público tras la explosión del caso Audio. Pero dado que ahora se hacía evidente conversar sobre contingencia, había llegado el momento de hablar sobre el elefante en la habitación. Fuentes de la Fiscalía comentan que uno de los fiscales que tomaron la palabra para dar el primer paso fue el jefe de la zona Occidente, Marcos Pastén. El persecutor habría planteado, según relatan tres fuentes consultadas para este reportaje, que el consejo no podía hacer como que no estaba pasando nada y que consideraba necesario emitir un pronunciamiento sobre los cuestionamientos recibidos a propósito de la bomba que ha significado el caso que tiene a diversos fiscales cuestionados. El propósito de Pastén era defender la labor investigativa del Ministerio Público.

Todos los regionales estaban ahí sentados luego de complejos días en que, desde distintos flancos, una serie de polémicas los han obligado a tener que dar explicaciones constantemente.

Por un lado estaban las fuertes críticas recibidas por las filtraciones a los antecedentes reservados de la carpeta investigativa del caso Audio, la investigación que contiene el informe de extracción del celular de Luis Hermosilla, quien está en prisión preventiva en Capitán Yáber. A eso se sumaba una solicitud para inhabilitar a la fiscal del caso, la jefa de la zona Metropolitana Oriente, Lorena Parra. La petición, que luego fue rechazada por el fiscal nacional (s), Héctor Barros, la hizo el defensor Juan Pablo Hermosilla y se basaba en los chats que se filtraron entre ella y Hermosilla.

A su vez, las ramificaciones del caso Audio botaron al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien fue suspendido de su cargo al estar bajo investigación por el eventual delito de omisión de denuncia, en el marco de las conversaciones que mantuvo con Gonzalo Migueles –pareja de la destituida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco– en medio de su postulación para liderar el Ministerio Público.

Además, hace algunas semanas la Fiscalía tuvo que abrir investigación en contra de uno de los exfiscales regionales más emblemáticos. Se trata del antecesor de Parra, el exfiscal Manuel Guerra, quien es indagado por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, por los chats con Hermosilla en donde se ventilan antecedentes reservados o gestiones irregulares en causas que estuvieron a su cargo, como el caso Penta.

Por si eso fuera poco, en la previa al consejo, Valencia vivió duros cuestionamientos en su contra. La semana pasada, cuando volvió de vacaciones y luego de participar en una actividad de fiscales internacionales en Azerbaiyán, el jefe del Ministerio Público sorprendió con una revelación.

En dos entrevistas radiales que dio el 9 de octubre, admitió que meses después de haber sido electo fiscal nacional -en enero de 2023- se reunió con Hermosilla a tomar un café. A la cita también se sumó el exministro del Interior Andrés Chadwick, según lo dio a entender el relato del persecutor. Valencia dijo que fue un encuentro sobre temas personales para hablar de lo complejo que había sido el proceso para llegar al cargo. Pero al final de la reunión Hermosilla intentó incidir en tres causas. Ante la impertinencia, Valencia, según dijo, le comentó que eso debía hacerlo a través de los canales formales. Una de las peticiones apuntaba a ver posibilidad de evitar un juicio oral para el exdirector de la PDI, ante lo cual Valencia le dijo que dada la gravedad del caso no había posibilidad de irse a un procedimiento abreviado.

Ese era el telón de fondo que motivaba a varios fiscales regionales emitir un pronunciamiento. En ese momento se abrió el debate. Fiscales como el regional de La Araucanía, Roberto Garrido, también consideraron que la idea era pertinente. Otros plantearon sus dudas, como el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Las interrogantes giraban, principalmente, sobre si era la oportunidad indicada, pero sobre todo porque varios de los presentes consideraban que pese a los problemas la Fiscalía no atraviesa ninguna crisis.

Testigos del encuentro relatan que el fiscal nacional centró algunas de sus intervenciones en recordar que el Ministerio Público está haciendo su trabajo con resultados concretos. En ese marco, volvió a respaldar a Parra, mencionando que pese a los cuestionamientos, la jefa de la zona Oriente ha hecho su labor bajo el principio de ingratitud, con una investigación compleja que avanza, con Hermosilla en prisión preventiva y con “figuras poderosas” en calidad de imputados como Chadwick. Junto con eso, de sus palabras se deslizó un convencimiento de que gran parte de las críticas están motivadas por los intereses de quienes “quieren enlodar” el trabajo del Ministerio Público.

Parte de la discusión también se centró en las filtraciones. Siempre en casos complejos se acusa a la Fiscalía de filtrar información. Pasó también en los casos Penta, SQM y varios otros más. En ese marco, algunos pusieron como ejemplo la rapidez de Cooper para abrir una causa por violación de secreto en el caso ProCultura, luego de que explotara en medios de comunicación el escándalo de los depósitos de Irina Karamanos. Eso fue expuesto en contraposición a la poca diligencia de la Fiscalía Oriente para hacer lo mismo. De hecho, en esa jurisdicción solo se abrió una investigación luego de la denuncia que hizo Hermosilla.

En la Fiscalía esto suele ser un tema incómodo y es normal que la responsabilidad se traslade a los intervinientes, es decir, a querellantes o defensores que también tienen acceso a las carpetas cuando se entregan las copias. En un momento el jefe de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, hizo una larga exposición sobre cómo ha sido la dinámica de entrega de copias en el caso Audio y además expuso sobre la nueva instrucción general que impartió la Fiscalía Nacional para mejorar el resguardo de los antecedentes y reforzar el trackeo de eventuales filtraciones.

Luego de varios intercambios se impuso la visión de quienes consideraban que había que emitir un pronunciamiento. Fue aquí cuando Valencia logró un espaldarazo del consejo genera, ya que en vez de hablar de crisis o de un mal momento de la Fiscalía, lo que ocurrió es que los persecutores hicieron una fuerte defensa institucional. En ese comunicado los fiscales regionales aseguraron sentirse orgullosos de integrar el Ministerio Público, que están comprometidos con “combatir la impunidad y perseguir todo tipo de delitos”, que el consejo se desarrolló en un “ambiente de respeto y colaboración” y reforzaron “la voluntad y el compromiso de perseguir cualquier delito independiente de los involucrados dentro o fuera” de la Fiscalía.

En paralelo se propuso hacer una vocería que no estaba pronosticada. En un inicio se pensó que el encargado debía ser Barros, debido a su rol de fiscal nacional subrogante, pero luego se propuso otra idea. Ahí surgió la opción de que fuera una voz alejada de Santiago. El encargado fue Garrido, quien además es una figura bien posicionada por sus resultados positivos en la Macrozona Sur. “La Fiscalía no está en crisis (...) Nosotros estamos muy enfocados en los proyectos de futuro que tiene la Fiscalía y en la implementación del plan estratégico institucional. Los equipos regionales están muy motivados en el sentido de poder implementar estas medidas”, comentó al responder preguntas de la prensa.

Minutos después partiría la ceremonia por los 25 años del Ministerio Público. En la instancia, Valencia usó su discurso para reforzar la misma línea. “Sabemos que esta celebración no puede abstraerse de lo que pasa a nivel nacional y cómo afecta al Ministerio Público. Hay una crisis de confianza en el sistema judicial y no estamos exentos de aquello. Tenemos en nuestras manos importantes investigaciones que nos han significado críticas, acusaciones e incluso amedrentamientos”, afirmó. Luego agregó: “El trabajo se hará pese a quien pese, pase lo que pase y pisemos a quien pisemos”.

Al interior del ente persecutor se comenta que lo ocurrido esta semana dejó al descubierto el choque entre los distintos bandos que integran el consejo. Esto, que no es algo nuevo y pasó también en la era del exfiscal nacional Jorge Abbott, suele explicar algunas de las tensiones al interior del Ministerio Público.

Las mismas fuentes cuentan que esta semana quedó muy claro que existe un grupo muy cercano a Palma, en el cual se encuentran su subrogante José Morris, el jefe del Maule, Julio Contardo -quien fue el único que no asistió al consejo por estar en una actividad en Perú-; la fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, y en menor medida la fiscal Mansilla. Otra facción son los regionales que vienen de la era de Abbott como Barros y Perivancich junto a otros que se han acercado a Valencia como Garrido, Wittwer y Carrera.

El último grupo es el núcleo duro de Valencia, donde están Cooper; la jefa de Tarapacá, Trinidad Steinert; el regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos; la regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel; el jefe de Magallanes, Cristián Crisosto, y el regional de Antofagasta, Juan Castro. En menor medida se suman Pastén y finalmente el jefe de Atacama, Alexis Rogat.

Hay dos regionales que quedan situados como satélites. Por un lado está Parra. La fiscal es de la era Abbott, pero ha sido fuertemente respaldada por Valencia, pese a todas las embestidas para apartarla de la indagatoria. Finalmente está el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz. El persecutor es conocido por no ser cercano a Valencia, a pesar de que en el último tiempo han acercado sus posiciones. Armendáriz es conocido por su tozudez, pero sobre todo por su “rectitud y compromiso institucional”.

En la Fiscalía admiten que Valencia enfrentó un consejo general en una situación personal compleja, pero que logró sortear el momento. Pese a eso, se dice que el reconocimiento tardío del café con Hermosilla y Chadwick fue un “paso en falso”, pero agregan que fue gatillado porque estaba advertido de que esa información sería ventilada por cercanos al penalista. Junto con esto, en la institución hay algunas voces que no vieron con buenos ojos que Valencia se tomara vacaciones en medio del peak del caso Audio, pero fuentes del ente persecutor comentan que dicho feriado legal respondía a un compromiso familiar insoslayable.

Otro asunto que causó molestia en el Ministerio Público es que se amplificara que el directorio de la Federación Nacional del Ministerio Público se restara del aniversario. En el organismo comentan que el desaire responde a que el gremio está molesto por la tramitación de la ley de fortalecimiento al Ministerio Público.

Uno de los puntos que más molestan al círculo de Valencia son los intentos por instalar falsamente que era cercano a Hermosilla. Esto porque quienes estuvieron con él en su campaña para llegar a la Fiscalía Nacional fueron testigos de la dura oposición que hizo Hermosilla. Las mismas fuentes cuentan que el penalista hizo todo lo posible para que ganara el fiscal José Morales, quien fue la primera carta que La Moneda envió al Senado, pero no tuvo éxito.

Como telón de fondo, agregan en el organismo, está el hecho de que parte de estas tensiones se explican por la incomodidad que ha generado Valencia en sus intentos por “reordenar la casa”. Su gestión ha ido limitando la autonomía de la que gozan los fiscales regionales. Esto se nota, por ejemplo, con el empoderamiento que le ha dado a los jefes de las unidades especializadas o las sanciones que ha aplicado en investigaciones administrativas.

En medio de las aguas revueltas en el Ministerio Público, Valencia logró poner fin a una de sus semanas más complejas y la postal terminó favorable. Luego del consejo, los fiscales regionales se quedaron en Santiago y participaron del lanzamiento del Plan Estratégico Institucional del Ministerio Público para los años 2024- 2031.