La herida abierta del Cumbres

Como cualquier otro domingo, el pasado 6 de agosto, a las 18.00, los fieles del sector de Carlos de Apoquindo fueron a la misa que celebraba el padre Juan Luis Cendejas, en la capilla del Colegio Cumbres. Sin embargo, ese día no fue como los demás. El sacerdote entró escoltado por un grupo de curas, los que lo acompañaron en todo momento. Al término de la misa, Cendejas dijo a viva voz que estaba “tranquilo”. Parte de la comunidad entendía a qué se refería, otra parte, no. De todas formas, un rotundo aplauso se impuso en el lugar. Esa fue la última misa dominical que, hasta el momento, celebró Cendejas en el Cumbres.

Algunos sabían del nuevo golpe a los Legionarios de Cristo que reventaría públicamente unos días después. Ese domingo ya circulaba por WhatsApp una carta -fechada en junio- en la que una familia compartía el testimonio de una de sus hijas, hoy de 32 años, que acusó haber sufrido reiterados abusos de poder y conciencia que habrían derivado en “graves abusos sexuales” dentro de un Centro Estudiantil de la Congregación de los Legionarios de Cristo entre los años 2008 y 2010. A eso se sumaba una demanda civil interpuesta por la denunciante -quien, además, es exalumna del Cumbres- el 14 de junio en contra de seis sacerdotes, entre ellos Cendejas, y dos consagradas pertenecientes a la congregación. En esta denuncia no solo se acusan abusos sexuales, de conciencia y de poder, sino también un encubrimiento por parte del movimiento.

La situación cayó como balde de agua fría en una comunidad que creía haberse recuperado de durísimos golpes. El primero, cuando se destapó la doble vida del “padre fundador” de los Legionarios, Marcial Maciel, el cual fue apartado de la Iglesia en 2006, luego de una serie de denuncias de graves abusos sexuales y de poder que a buena parte de la congregación le costó creer, hasta el minuto en que Benedicto XVI lo sacó. Ya en 2019, más de una década después, un informe de la propia congregación reconocía que Maciel abusó de al menos 60 menores de edad.

Con este golpe encima, la comunidad legionaria en Chile fue sacudida por un segundo terremoto: la acusación por abuso sexual en contra del emblemático cura y capellán del área femenina del Cumbres, John O’Reilly, quien fue encontrado culpable de abusar de una menor del colegio y finalmente expulsado del país en 2018, tras cumplir su condena. Con ello, el máximo rostro del modus operandi de los Legionarios en Chile -acercarse a la élite, “captar” para el movimiento a los líderes apelando a que ellos impactarán en sus entornos- caía en la máxima desgracia, aun cuando todavía hay miembros que lo defienden.

Con ese historial a cuestas, hay un hecho que la comunidad del Cumbres no puede creer. Y es que si bien la demanda civil es de junio de este año, fue hace casi cuatro años cuando las alertas se encendieron. La misma mujer había presentado una denuncia canónica en noviembre de 2019 ante el Departamento de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de Chile. En ese momento la denuncia se dividió en dos procesos relacionados, pero separados. El primero, para investigar los supuestos abusos cometidos por una consagrada y una exconsagrada, y el segundo, para indagar a los sacerdotes, tiempo durante el cual estos fueron separados del colegio. Sin embargo, dado que era pandemia, ello no fue tan notorio.

El proceso relativo a las consagradas fue asignado al sacerdote Francisco Walker, quien realizó una investigación previa que se extendió hasta abril de 2020 y concluyó que los hechos eran verosímiles, e incluso que algunos antecedentes contenían indicios de la participación de sacerdotes. El informe llegó hasta la directora general del movimiento en Roma, Nancy Nohrden, quien -dice la denunciante- le pidió perdón “por la dolorosa realidad” vivida en el centro estudiantil y por el daño que esto hubiera provocado.

Mientras que la investigación relativa a los sacerdotes -que la llevó la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma- determinó que no había pruebas suficientes y archivó la causa.

Todo lo anterior no fue comunicado en su momento a los apoderados. Según fuentes del colegio, en esa época hubo un debate interno entre directivos y el movimiento sobre si debían informar a la comunidad. La tesis que se impuso, liderada por los sacerdotes, fue que no se debía manchar a los involucrados en cuestión si solo se trataba de una investigación sobre la verosimilitud y no sobre la veracidad de los hechos. Y que, por lo demás, los protocolos se habían activado. “No era meter la mugre bajo la alfombra. Al que preguntaba, se le decía”, es la línea que se impuso.

Sin embargo, esa decisión provocó la molestia de los apoderados y ha sido una de las principales tensiones en el proceso para abordar el caso que estalló en junio. “Los padres estuvieron fuera del colegio durante la investigación canónica de 2019 y eso no se comunicó, lo que fue un error, y el colegio tuvo la valentía de dar la cara ahora”, dice la vicepresidenta del Centro de Padres del colegio, Blanquita Honorato.

El pasado miércoles 2 de agosto el icónico sacerdote legionario Luis Miguel Herrera no se encontraba en la portería del colegio a las 7.30 como era habitual. La razón: el “padre Luis Miguel”, como se le conoce en el Cumbres, donde lleva más de 10 años, era otro de los denunciados. Una semana después, el miércoles 8 de agosto, se filtró el contenido de la denuncia civil, con el desgarrador relato de la exconsagrada. A través de los medios de comunicación comenzaron a hacerse conocidos los abusos acusados en el Centro Estudiantil Regnum Christi, entre los años 2008 y 2010, y que apuntaban, además de Cendejas y Herrera, a los curas Alfredo Márquez -exdirector del Cumbres masculino-, José Cárdenas, Daniel Reynolds y Pablo De Juan, y dos consagradas del Regnum Christi, Heloisa Cardin Santa Rosa -quien ya no es consagrada- y Araceli Delgado. Esta última había sido directora del colegio, de la casa donde vivía la denunciante y del movimiento de mujeres en Chile y Argentina. De todos ellos, los únicos que aún trabajaban en el colegio eran Herrera y Cendejas.

Ese mismo 8 de agosto, el colegio envió un breve comunicado. “Sabemos que están preocupados por la información que está llegando sobre el caso de la demanda civil a la congregación. En estas circunstancias y ante estos complejos momentos que nos pueden producir dolor y confusión, quisiéramos transmitirles nuestro apoyo y cercanía, y reunirme a la brevedad con ustedes…”, señalaba, y seguía una invitación voluntaria a los docentes para participar de un conversatorio con la directora actual, también consagrada, Beatriz Moreno. Al día siguiente, otro comunicado, esta vez para los padres, dio a conocer las medidas que tomaría la institución ante la situación que enfrentaban. Hubo algo que llamó especialmente la atención de los apoderados: se informaba que los sacerdotes aludidos “estarán separados de sus funciones en todo lo que implica la vida escolar”. Habían pasado ya varias semanas desde que la demanda había sido presentada y la carta de la familia, conocida. Solo cuando circuló el texto de la demanda sacaron a los sacerdotes.

Lo cierto es que el proceso no había sido fácil. Los apoderados, y sobre todo el Centro de Padres, empujaron con fuerza que los curas salieran del colegio apenas se conoció el caso, durante las primeras reuniones que la dirección organizó para enfrentar la crisis. “En estas había mucho descontento de que los padres siguieran en los colegios con esta demanda abierta”, relata Honorato. “Hubo hartas reuniones con la directiva para empujar que los padres salieran en el proceso. Había tanta gente preocupada y molesta, que apoyamos que se tomara esa medida prudencial”, agrega. En tales encuentros -que se han replicado en al menos tres ocasiones más- han participado los representantes de los papás, la directora, Beatriz Moreno; el director de la Red de Colegios RC, Alan Wilkins; el director territorial de Regnum Christi en Chile-Argentina, Gabriel Bárcena, y la representante de las consagradas, Bernardita Vicuña.

En este punto hay quienes dicen que hubo una nueva tensión con los Legionarios antes de que se concretara su salida. Según la vicepresidenta del Centro de Padres, lo que ocurrió “no fue una resistencia (por parte del movimiento), sino que un proceso de conversación. Era difícil tomar la decisión, porque era echar al agua a personas que ni siquiera estaban investigadas”.

La medida, por cierto, generó un fuerte debate interno. Por un lado, un grupo de apoderados sostuvo que la suspensión de los sacerdotes era injusta, dado que la medida ya se había tomado durante la investigación canónica que había sido archivada. Por el contrario, otro grupo defendía que lo sucedido no era una situación nueva ni aislada. En el mismo sentido, Ximena Vial (34), exalumna del Colegio Cumbres, creó una carta en apoyo a la denunciante, la que ya cuenta con más de 1.500 firmas de exalumnos, exconsagradas, exprofesores y apoderados de los colegios de la Legión: Cumbres, Everest, San Isidro y Highlands.

Dentro de la comunidad sí existen puntos en común: tanto profesores como apoderados prefieren no referirse al tema. De hecho, profesores aseguran que sienten algo de “culpa” al respetar la petición que les realizó la directiva del colegio de remitirse a lo que el comunicado decía. Algunos lo sintieron como una imposición de silencio, a otros les hizo sentido seguir esa solicitud.

Desde que se conoció la noticia -explican desde el colegio- la información fue entregada a la comunidad a través de reuniones. En primer lugar, convocaron al profesorado y personal interno. Luego, siguieron seis reuniones con los apoderados. Fue en una de estas ocasiones en la que los padres pidieron organizar encuentros con los alumnos más grandes. Para sorpresa del colegio, el 90% de los estudiantes entre séptimo y cuarto medio se inscribió para asistir a los encuentros, los que se llevaron a cabo entre grupos pequeños para que se pudieran hacer todas las preguntas y sugerencias por parte del estudiantado. Además, en estas instancias se dio a conocer cómo se trabajaba en el colegio la cultura de prevención. Hasta la fecha, van más de 18 reuniones entre la comunidad estudiantil, las que -explican- buscan generar confianza transmitiendo de forma transparente lo que sucede en la interna.

En el mismo sentido, autoridades del establecimiento aseguran que desde lo sucedido con Maciel hubo una reedición completa en el colegio. “Al conocerse lo del fundador cambia la forma de hacer las cosas. Pasamos a ser un colegio mucho más abierto, con mucho más orden. Se le da importancia al respeto por la individualidad de cada persona y a sus elecciones”, aseguran. Una exalumna, y en este momento apoderada del colegio, confirma estos dichos y agrega que “yo soy testigo de los profundos cambios que se han hecho en los últimos 15 años. Es un colegio que está más preparado para este tipo de situaciones, dada la historia que tiene, que ha aprendido de sus tropiezos, y eso me da tranquilidad”.

Las modificaciones se dieron a nivel mundial e involucraron desde la creación de protocolos de ambientes seguros hasta la instalación de ventanas en oficinas y el cierre de este tipo de centros vocacionales donde ocurrió la denuncia de la exalumna, por considerarse que no era adecuado que adolescentes vivieran en un medio cerrado como ese.

Aunque la presión interna parece haber bajado, las gestiones de los apoderados continúan, esta vez buscando mayores cambios internos. Es así como se crearon mesas de trabajo que -en cuatro reuniones y antes del 18 de septiembre- buscan entregar a los Legionarios una serie de propuestas de cambio para la gestión de los colegios. Estos se basan en tres pilares: gobernanza (incorporación de laicos en la tomas de decisiones); gestión de personas (relación contractual con quienes trabajan en el colegio, incluyendo a consagradas y sacerdotes), y una nueva revisión al protocolo de ambiente seguro.

“Este proceso de participación, que es activo y vinculante -están dispuestos a tomar nuestras ideas-, está comprometido y ha generado un propósito en común que al final es más constructivo que llorar sobre la leche derramada”, admite Honorato, quien, además, asegura que “la demanda ya no es un punto de división, se logró hacer un giro”.

¿Puede implicar esto una mayor distancia entre el colegio y los Legionarios? “Siempre habrá gente en los extremos, pero en general nadie cuestiona la presencia de los curas y del movimiento en el colegio, sino cuáles son los límites. Lo que hay es una demanda de formalización y transparencia más que de separación”, responde Honorato.

Pero las consecuencias de la crisis han llegado más allá de Chile. El jueves 11 de agosto, a través de una carta, el sacerdote Alfredo Márquez informó a la comunidad del colegio Cumbres International School San Javier, en México, que se separaría temporalmente de sus labores en el establecimiento. Además, en el escrito se lee: “Deseo abrirles mi corazón y expresarles que las acusaciones en mi contra son falsas y que nunca he cometido abuso alguno de menores o incurrido en conductas informales que me puedan ser imputadas”. Finalmente, aclara que esta situación ya fue investigada y que el tema se dio por cerrado.

En el colegio -entre apoderados, profesores y directivos- cunde la idea de que este trance ha sido más complejo de tratar por la sombra de los casos de Maciel y O’Reilly. “Un 30% de los papás del colegio son exalumnos y en general ellos traen la herida de Maciel. Entonces este caso reabre una herida dolorosa. Es una crisis en sí misma, pero vuelve a abrir una duda y una herida que traen mucho dolor”, cierra la vicepresidenta del Centro de Padres.