La “operación retorno“ del exfrentista Pablo Muñoz Hofmann

“Hola, soy Pablo Alberto Muñoz Hofmann y necesito un salvoconducto para volver a Chile”, fueron las primeras palabras que, cerca de las 9.30 horas del pasado lunes 6 de enero, dijo ante los funcionarios del Consulado General de Chile en la ciudad de La Paz, Bolivia, un hombre alto, de facciones rígidas, nariz ancha y pelo corto.

Sin mayor sorpresa y como parte del proceso normal para acreditar los datos de las personas que piden salvoconductos, porque tienen su cédula de identidad vencida o no poseen su carné chileno, los funcionarios de la entidad revisaron el nombre de Muñoz Hofmann en una plataforma informática conectada con el Registro Civil.

Allí figuraba que, efectivamente, Pablo Muñoz, de 64 años, había nacido en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, el 29 de junio de 1970. Que es el menor de los cuatro hermanos Muñoz Hofmann vivos y que sus padres fallecieron en 2009 y en 2014.

También el personal del consulado vio en la pantalla que, según los registros, el sujeto tenía activa una alerta roja de captura internacional, que originalmente fue levantada por dos órdenes de aprehensión en Chile: una por asociación ilícita terrorista, donde fue condenado a cumplir cuatro años de prisión, y otra por un robo con intimidación. Ambas eran por robar un camión de valores en 1992.

En ese momento, los funcionarios se dieron cuenta de que, frente a ellos, estaba uno de los cuatro exmiembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que en 1996 se fugaron espectacularmente desde la entonces Cárcel de Alta Seguridad a bordo de una canasta que colgaba de un helicóptero. Muñoz era el único que, desde hace 29 años, no había sido localizado.

“A ningún chileno se le puede negar un salvoconducto. Dijo que quería volver a Chile por asuntos familiares. En ningún momento ocultó su identidad”, relata un testigo de la escena, quien asegura que el sujeto no especificó qué asuntos eran ni dónde había estado en todos estos años.

Fuentes diplomáticas detallan que en completo sigilo, mientras Hofmann esperaba que se tramitara su documento, se alertó al cónsul de Chile en La Paz, Johar Figueredo. De inmediato, el cónsul se comunicó con el titular de la Policía de Investigaciones (PDI) en la sede diplomática, quien luego avisó a la oficina de Interpol de la PDI en Santiago, los que contactaron a Interpol de la Policía Boliviana.

En el salvoconducto que recibió Muñoz Hofmann, y que le permite ingresar al país por avión o por tierra entre el 6 y el 16 de enero, quedó registrada su fotografía y la huella dactilar de su pulgar derecho. Con su documento en mano, el exfrentista salió del consulado. Al otro lado de la puerta, Interpol Bolivia ya lo estaba esperando.

Lo que vino después fue una frustrada deportación y la decisión de las autoridades bolivianas de dejarlo en libertad por no encontrar sustento en su orden de captura, mientras que en Chile ya se puso en marcha el proceso para pedir su detención y extradición. “La Policía Boliviana conoce y tiene la ubicación y el paradero de esta persona”, dijo el viernes el viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Roberto Ríos.

La verdadera motivación de Pablo Muñoz para aparecer públicamente por primera vez en 29 años y los eventuales “asuntos familiares” de su venida no están del todo claros. Por un lado, como ha hecho saber su abogado, el exfrentista hoy sería un “hombre libre”, debido a que, a su juicio, la pena impuesta por los delitos cometidos a inicios de los años 90 estaría prescrita, algo que deberá ser zanjado por los tribunales.

“Se tendría que pedir la prescripción y, evidentemente, la vamos a pedir. El tema es que es irracional que despachen una orden de detención por hechos que sucedieron hace 32 años. Es como que digan: ¿Sabe qué?, lo voy a detener para dejarlo libre. Eso está pasando en la práctica”, replica Alberto Espinoza, abogado de Muñoz.

Paralelamente, una emergencia estaba en desarrollo al interior de los Muñoz Hofmann. El mismo día y a la misma hora que el ex FPMR se mostró en el consulado de Chile en La Paz, Patricio, su hermano mayor, se sentaba en el banquillo de los acusados ante el Séptimo Tribunal en lo Penal de Santiago para comenzar a enfrentar un juicio por, presuntamente, haber abusado sexualmente de ocho menores de 14 años el año 2022, mientras era el inspector de patio del Colegio San Fernando de Peñalolén.

A principios de los años 90, Pablo Muñoz Hofmann, quien operaba bajo los alias de “César” o “Yacuca”, tenía tan sólo 20 años. Su biografía, a diferencia de otras figuras de renombre de su célula del FPRM Autónomo, como Mauricio Hernández Norambuena o Ricardo Palma Salamanca, aún tiene pasajes grises. Álex, otro de sus hermanos, también era parte de la organización.

Lo que sí está más claro es el contexto en que esta rama se escinde del grupo que originalmente buscaba ser la “vanguardia armada” para derrocar a la dictadura de Augusto Pinochet. Tras el plebiscito del 89, la orgánica tomó el camino de la “Política de Justicia y Dignidad Nacional”, que incluía la ejecución selectiva de personas y que intentaba sabotear los primeros años de una democracia “pactada”, en la que la influencia de Pinochet seguía presente como líder máximo del Ejército.

“Protagonizan la parte más ingrata de la lucha armada en circunstancias muy desventajosas, en un contexto que podría denominarse como una derrota anunciada, a diferencia de lo que fue los 80, donde había más mística, había más apoyo popular y una estructura importante”, asegura el periodista Juan Cristóbal Peña, autor de los libros Los Fusileros y Jóvenes Pistoleros, donde aborda el rol que tuvo Muñoz Hofmann dentro del grupo.

Para Peña, Pablo Muñoz pertenece a lo que llama una “segunda generación de frentistas” que, más que tomar decisiones y planificar acciones armadas, “son quienes ejecutan las tareas que les asigna la jefatura, que pertenece a una generación anterior”, como es el caso de Hernández Norambuena y de Galvarino Apablaza, fundador y máximo líder del FPMR por esos años.

Pese a ello, un informe del Consejo de Seguridad Pública, conocido popularmente como “La Oficina”, órgano de inteligencia creado en el gobierno de Patricio Aylwin para desarticular a los grupos armados de extrema izquierda, sitúa a Muñoz Hofmann como “jefe de zona centro sur” de la organización y como “instructor en la escuela de guerrilla de la población Cancha Rayada de Talca”.

La mayor operación de la que se tenga certeza judicial de la participación de “Yacuca” fue el 22 de enero de 1992. Ese día, junto a su hermano Álex y a Fabián López Luque, asaltaron un camión de valores de la empresa Prosegur que a primera hora de la mañana llevaría una remesa de $ 7 millones al Campus San Joaquín de la Universidad Católica.

“Justo unos días antes habían llegado a un acuerdo para que la familia Edwards pagara un millón de dólares por la liberación de Cristián Edwards”, relata Juan Cristóbal Peña sobre el secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio, realizado por la misma célula del FPMR el 9 de septiembre de 1991. “Pero como faltaban algunas semanas para organizar la entrega, la liberación y la recepción del dinero, era urgente llevar recursos para esa etapa final y, en parte, también para el repliegue o retirada”, complementa Peña.

El plan falló estrepitosamente. Pese a que Muñoz y López quitaron la bolsa con dinero tras balear a dos de los vigilantes, el vehículo que los debía esperar para el escape no apareció. Desesperados, los tres sujetos escaparon a pie y Pablo Muñoz fue detenido tras ser interceptado y herido por disparos a las pocas cuadras. Mientras que Álex y López terminaron ingresando a una casa en calle Alonso de Ercilla, en Ñuñoa.

En cadena nacional se transmitió cómo los frentistas parapetados en el lugar dejaron salir a la familia dueña de casa. Y, también, cómo, luego de 14 horas de negociación, los sujetos decidieron su fin. “No nos vamos a entregar. La decisión no es de este momento, sino de mucho antes… Nos la vamos a jugar entera… Nuestra consigna es ‘hasta vencer o morir”, dijeron antes de ser acribillados por Carabineros cuando salieron armados al antejardín de la casa. Pablo Muñoz había perdido a su hermano.

Una vez detenido, fueron varios los procesos judiciales que se abrieron contra Muñoz Hofmann tanto en la justicia civil como en la militar. En uno de ellos, acusado de asociación ilícita terrorista por el asalto al camión de valores, fue condenado a la pena de cuatro años de prisión. En paralelo, se continuó con la investigación por robo con intimidación en el mismo hecho.

No pasó mucho tiempo para que el 10 de octubre de 1992 el exfrentista fuera parte de la “Operación Dignidad”, en la que ocho miembros del FPMR ingresaron armas a la ex Penitenciaría, con las que lograron escaparse por la puerta principal del recinto a la hora de las visitas. Allí murieron tres de los fugados y Pablo Muñoz, nuevamente herido por un disparo, fue recapturado.

“Ser baleado en la lógica de los grupos guerrilleros como el Frente era un signo de estatus también, o sea, el tipo había sobrevivido a dos enfrentamientos, dos baleos, y por tanto eso le daba una importancia”, explica Juan Cristóbal Peña.

El mayor de los varios golpes que dio la célula del Frente de la que “Yacuca” era parte fue el asesinato a tiros del entonces senador UDI Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991 en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Fue una pistola marca CZ, calibre 9mm, con su número de serie borrado que Hofmann portaba al momento de ser detenido por el robo al camión de Prosegur lo que inicialmente lo vinculó a ese crimen.

En la investigación se estableció que “periciada inicialmente por profesionales del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, confirmó el empleo de dicha arma en los homicidios del senador Jaime Guzmán Errázuriz y del coronel de Carabineros Luis Fontaine Manríquez”. Fontaine, exdirector de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo vinculado a torturas, desapariciones y asesinatos en dictadura -como el caso Degollados-, fue asesinado con 18 balazos por dos pistoleros del FPMR Autónomo vestidos de escolares el 10 de mayo de 1990.

En el mismo proceso por el crimen de Jaime Guzmán, dos nuevos informes periciales balísticos, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, concluyeron que la pistola que estaba en poder de Muñoz “no corresponde a ninguna de las dos armas de fuego del tipo pistola utilizadas en el homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz”.

Además, en el mismo expediente consta la declaración de Reinaldo Cortés Valenzuela, otro miembro del FPMR detenido en Curicó en octubre de 1991. En ella, el sujeto atestiguó que un tal “Aníbal” o “Yacuca”, chapa utilizada por Muñoz Hofmann, habría estado involucrado, además de los homicidios de Jaime Guzmán y de Luis Fontaine, en el atentado contra los exgenerales de la Fuerza Aérea de Chile César Ruiz Bunger y Gustavo Leigh Guzmán, este último, quien fuera comandante en jefe de la institución y miembro de la Junta Militar de Gobierno.

A pesar de ello, ninguno de estos procesos judiciales contra Pablo Muñoz Hofmann prosperó, de acuerdo a fuentes del Poder Judicial, “porque hoy no existen pruebas claras ni testimonios que inculpen directamente al sujeto, ni en la planificación ni en la ejecución de los acribillamientos”.

En medio de esas investigaciones, “Yacuca” estaba el 30 de diciembre de 1996 en la Cárcel de Alta Seguridad a la espera de su condena por el robo con intimidación del camión de valores cuando ocurrió la “Operación Vuelo de Justicia”. De las decenas de militantes del FPMR que estaban en la cárcel, Hernández Norambuena, el “comandante Ramiro”, uno de los ideólogos de la fuga en el helicóptero, eligió a tres de sus mejores cuadros: Patricio Ortiz Montenegro, Ricardo Palma Salamanca y Pablo Muñoz Hofmann.

“Difícilmente Muñoz Hofmann puede tener una importancia si no se considera la fuga en helicóptero. Hubiera sido una de las tantas decenas de presos subversivos o militantes vinculados a grupos guerrilleros que participaron en los 90, o que estuvieron presos o que tuvieron la fortuna de no caer presos”, concluye Juan Cristóbal Peña.

Según su investigación, los frentistas salieron por un paso habilitado hacia Argentina, clandestinos, al interior de un camión o camioneta. De ahí pasaron a Brasil, llegaron a Cuba, y tras un tiempo partieron a México. “Supongo que Muñoz llegó a México porque todo el grupo llegó a México” el 97 o 98, agrega Peña. De ahí, su paradero es aún un misterio.

Son varias las tesis que hoy autoridades, policías y la misma defensa de Muñoz Hofmann barajan para explicar por qué el pasado 6 de enero salió de la clandestinidad en la que estaba desde hace 29 años. La primera de ellas, sostenida públicamente por su abogado defensor, Alberto Espinoza, es que ya pasó el tiempo máximo que establece la ley para que la justicia chilena pueda perseguirlo por los delitos que efectivamente y que presuntamente cometió.

Se trata de un camino que otros frentistas y que el mismo Muñoz llevan intentando hace años y que, por ejemplo, logró con éxito Patricio Ortiz Montenegro, otro de los fugados, quien finalmente fue recibido en Chile como “hombre libre” por simpatizantes de izquierda en febrero de 2019. El año 2010, Muñoz Hofmann, por medio de su hermano Patricio, buscó con un recurso de amparo eliminar todas las órdenes de aprehensión que a esa fecha existían en su contra, lo que fue rechazado.

Luego, el año 2022, por medio de Espinoza, el hombre logró que se borrara desde el sitio web de la PDI su rostro como uno de los “prófugos más buscados” en Chile, debido a que las órdenes de arresto de la justicia militar y ordinaria ya habían perdido vigencia. De hecho, en esa oportunidad la misma PDI emitió un certificado indicando que al 26 de julio de 2022 Muñoz Hofmann “no registra orden de aprehensión ni arraigo vigente en su contra”.

“Fue condenado a cuatro años de presidio en 1993 por la causa de ‘asociación ilícita terrorista’. Pero se le abonó el año que estuvo en prisión preventiva. Por ende, su condena terminó el 22 de enero de 1996″, asegura su abogado, quien agrega que cuando Muñoz se fugó en el helicóptero, ya en diciembre de 1996, estaba en prisión preventiva esperando la segunda condena por el robo con intimidación.

Según establece el Código Penal, tanto la persecución penal como las penas en casos de crímenes prescriben luego de 15 años de ocurridos los hechos. Y en casos como el de Muñoz Hofmann, si “el responsable se ausentare del territorio de la República, sólo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno cada dos días de ausencia para el cómputo de los años”. Es decir, 30 años en vez de 15.

“Las investigaciones siguieron, se despacharon órdenes de detención, hasta que esas órdenes decayeron. Las órdenes pueden reactivarse si el que se fugó aparece, pero si el gallo aparece después de 30 años, obviamente ya no se le puede perseguir, porque el delito está prescrito. Van 32 años desde el primer delito de 1992″, transmite Espinoza, quien presentó los mismos argumentos en un escrito ante la Corte Suprema el pasado jueves, para evitar que sea nuevamente detenido en Bolivia.

En Chile, relatan conocedores del proceso, el difícil caso judicial que está enfrentando su hermano Patricio podría haber sido un aliciente para que el hombre decidiera volver justo en esta fecha.

El caso se remonta al 30 de agosto de 2022, cuando causó gran revuelo mediático por las protestas que realizaron apoderados del Colegio San Fernando de Peñalolén. Pero su nombre nunca fue revelado públicamente. Una vez detenido y formalizado, Patricio Muñoz estuvo siete meses en prisión preventiva y hoy se encuentra con arresto domiciliario nocturno en un juicio donde existen 38 testigos en su contra.

La mañana del pasado jueves, cuarto día del juicio, Patricio Muñoz sólo estaba acompañado por su abogado y sin más familiares presentes, en la explanada del Centro de Justicia de Santiago. Consultado por LT Domingo sobre si su hermano quiso volver a Chile por su situación, sólo respondió: “No vamos a dar ninguna declaración”.

Mientras que su defensor, Antonio Hernández, dijo que “es delicado, porque no es solo un tema policial o judicial. Es un tema político. Si quieres publicar esto, hazlo: la derecha y los grupos de poder, la élite en Chile, quieren sacarle partido a esta situación. Les da lo mismo si es verdad o mentira. Y lo van a hacer como sea. Alguien le va a sacar rédito político a eso. A alguien le va a afectar que aparezca un exfrentista que se escapó de la cárcel hace más de 20 años”.

De cualquier manera, tras la aprobación que dio la Segunda Sala de la Corte Suprema a la tramitación de la solicitud de extradición de Pablo Muñoz Hofmann, será el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, quien deberá emitir un informe para indicar si, a su juicio, el requerimiento tiene fundamentos y cumple con la legalidad vigente, entre ella, la prescripción de la pena. Luego, será el pleno de la Suprema el que decidirá si Chile pide a Bolivia el regreso forzoso del exsubversivo o si, finalmente, podrá entrar a Chile como un hombre libre.