Una minuta de una carilla. Eso fue lo que entregó a fines de agosto del año pasado el entonces ministro de Defensa, Mario Desbordes, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la época, vicealmirante Rodrigo Álvarez, al Presidente Sebastián Piñera. El documento enumeraba las razones de por qué no se debía extender, por segunda vez, el estado de excepción de catástrofe para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y pedían 30 días de receso.

La petición -que se dio en un escenario de intermitente tensión entre el gobierno y la institución castrense desde el estallido social y cuya última polémica terminó en la salida del coordinador de la macro zona sur Cristián Barra-, se hizo ad portas del 15 de septiembre, plazo en el que se vencía la primera prórroga de la extensión del estado de excepción y a un poco más del plebiscito del 25 de octubre. Previo al envío del documento, Desbordes le pidió a Álvarez que le consultara a los entonces 16 jefes de la Defensa del país la opinión sobre la conveniencia o no de finalizar el estado de excepción. La respuesta fue unánime: que no se prorrogara nuevamente.

Los argumentos expuestos en la minuta eran varios, entre ellos, que para esa fecha los índices de contagio iban a la baja y que los apoyos que brindaban las Fuerzas Armadas respecto de la pandemia podían seguir haciéndose sin la necesidad del estado de excepción.

Además, apuntaban al desgaste en la institución debido a que llevaban meses operativos, pero el principal argumento era que se debía devolver personal a sus regiones de origen ya que el Ejército había movilizado a tropas a zonas extremas del país con el objetivo de preparar el plebiscito del 25 de octubre y, por ende, se debía reasignar personal a las regiones, principalmente en la zona metropolitana.

La inquietud de la institución castrense en ese momento era que el Servicio Electoral (Servel) había aumentado los locales de votación para el plebiscito y eso significaba más personal militar que en comicios anteriores. Por esa razón, se planteó que las Fuerzas Armadas no tenían personal suficiente para enfrentar simultáneamente el plebiscito (asegurar los locales en modo Covid) y mantener el estado de excepción. Y, además, se quería evitar que hubiese en paralelo un jefe de la defensa con motivos del estado de excepción y un jefe de fuerza regional encargado del plebiscito.

En el documento se esgrimieron otros motivos para no renovar el estado de excepción: el costo adicional en términos de presupuesto que significaba para la institución y la mantención de la capacidad estratégica. Como sea, no hubo una respuesta oficial al texto, por lo que, para adelantarse, las Fuerzas Armadas pensaron en un plan b: ajustar los nombramientos de los generales y almirantes de la Defensa y los Jefes de Fuerza Regional para que fueran los mismos. Y así se hizo. El gobierno decidió, por razones sanitarias, mantener el estado de excepción.

El 11 de septiembre, Piñera anunció la extensión del estado de catástrofe, luego de sostener una reunión con personeros de Chile Vamos a quienes les consultó su opinión. Sin embargo, la determinación del Mandatario, según reconocen en el gobierno, generó incomodidad y descontento en las Fuerzas Armadas, primero porque no hubo respuesta oficial a su petición y se terminaron enterando por la prensa de la decisión presidencial. Así consideraron que hubo “poca deferencia” y no se tomó en cuenta el sentir de la institución.

Ese episodio, desconocido hasta ahora, no fue el único en que se analizó la pertinencia o no de extender el estado de excepción. En noviembre, cuando nuevamente quedaba poco para tener que renovarlo, las FF.AA. continuaban apelando a su desgaste, sobre todo, por la permanencia de los toques de queda.

“Ojalá terminemos pronto los estados de excepción (…). El Presidente lo va a anunciar”, dijo el 16 de noviembre Desbordes durante una entrevista, no obstante, nuevamente se volvió a prorrogar.

La inquietud continúa hasta el día de hoy. En el Ejército está la sensación interna de que extender esta situación a nivel nacional no permite el funcionamiento interno de la institución. Actualmente hay 11 generales del Alto Mando que están en labores de jefes de la Defensa Nacional. Si bien el cuerpo de generales está compuesto por 40 funcionarios, en rigor, son cerca de 30 los operativos. Al ser 11 -y en su minuto fueron 16-, explican fuentes castrenses, se complica la administración interna de la institución para poder echar a andar las reformas y planes pensados para este 2021.

En el Ejército está instalada la idea, y de eso son partidarios, de que los estados de excepción deberían ser por zona, y no en todo el territorio dependiendo de la cantidad de contagios de cada localidad. Pero, dicen, si el Presidente estipula lo contrario, “se acata”.

­¿Por qué no me avisaron?

El reclamo lo hizo en noviembre pasado el entonces ministro Desbordes, al Presidente Piñera, quien se encontraba al otro lado de la línea telefónica.

La queja de Desbordes, quien estaba molesto e, incluso, amenazó con renunciar al cargo, fue a raíz de que se le disminuyó el Presupuesto a las Fuerzas Armadas -junto a otras reparticiones de gobierno debido a la reestructuración fiscal- y se enteró por canales informales. El Mandatario, según fuentes conocedoras del diálogo, le explicó que el también entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tuvo que hacer negociaciones al respecto y que se hizo todo sobre la marcha.

La rebaja del presupuesto generó descontento al interior de la institución, que le hizo sentir su malestar a Desbordes por la decisión adoptada, y significó un nuevo episodio de tensión con el Ejecutivo, los que se han visto enfrentados varias veces durante la segunda administración de Piñera.

En la interna, en el mando del Ejército, catalogan en general de buenas las relaciones con el gobierno, pero reconocen momentos complejos. Ya son tres los ministros con los que han trabajado, donde fuentes militares destacan principalmente los puentes creados con Desbordes. Si bien con Alberto Espina no había una mala relación, sí era menos cercano que Desbordes al mundo militar, pero advierten “no por un tema profesional, ni de competencias, sino de trato”. Mientras que con Baldo Prokurica, hasta ahora, las relaciones van bien encaminadas.

En el gobierno reconocen que ha habido momentos que han crispado los ánimos, pero desdramatizan la situación general argumentando que, como en ninguna otra administración, han pasado tantos acontecimientos que han requerido que las Fuerzas Armadas tengan un rol más activo, entre ellos, el estallido social y la pandemia.

Una de las primeras tensiones durante la segunda administración de Piñera fue en diciembre 2018 cuando el Mandatario cuestionó públicamente el gasto de dinero utilizado por la Fuerza Aérea (FACH) en la ceremonia del cambio del Alto Mando, un monto que ascendió a $ 438.095.291.

“Puedo decir que el cambio de mando de la Fuerza Aérea costó mucho más que el cambio de mando del Presidente (…) Un cambio que a mí me molesta y que no se va a volver a repetir”, dijo el Mandatario en la oportunidad, generando fuerte molestia en la institución.

Junto con eso, el Jefe de Estado, reconocen fuentes de gobierno, ha realizado otro tipo de declaraciones que han generado incomodidad en la institución castrense, por ejemplo, cuando cuestionó en 2018 los casos de irregularidades en viáticos y tuvo que hacer un cambio en el Alto Mando del Ejército.

“Es muy importante que el Alto Mando futuro no tenga ninguna relación ni responsabilidad con estas irregularidades o eventuales malversaciones de fondos públicos”, dijo por esos días Piñera. También se crisparon los ánimos cuando, en medio del estallido social en el 2019, declaró que “estamos en guerra” y, posteriormente, el general Javier Iturriaga rebatió a Piñera y dijo que “soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie”. Luego de ese episodio, que generó molestia en el Mandatario, según recuerdan personeros de gobierno, Iturriaga disminuyó sus vocerías casi al mínimo.

Como sea, en La Moneda y desde el oficialismo recalcan que Piñera mantiene una buena relación con las Fuerzas Armadas, con trato formal y práctico. Sin embargo, algunos admiten que ha tenido frases que pudo evitar porque han generado tensiones innecesarias con asuntos que pudo comunicarles en privado. Por ejemplo, en el oficialismo sostienen que las Fuerzas Armadas resintieron que el Mandatario cancelara una ceremonia tradicional que se hacía a fin de año en La Moneda para los uniformados que pasaban a retiro.

De todas formas, Piñera también ha intentado, reconocen en Palacio, mantener relaciones cordiales. Por ejemplo, en diciembre del año pasado hizo una comida en su casa con todos los comandantes en jefe de la institución y sus respectivas esposas. Esto, dicen en La Moneda, fue en un ambiente de camaradería y para distender las relaciones.

Otro de los momentos de tensión conocido fue cuando en noviembre de 2019 Piñera se debatió entre nuevamente sacar a los militares a las calles para contener el estallido social o propiciar un acuerdo. Como ya se sabe, se optó por lo segundo, pero durante esa jornada, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, habló con el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, y, posteriormente, con el Mandatario por teléfono. Martínez, según recuerdan personeros de gobierno, les transmitió a ambos que preferían que no se decretara nuevamente estado de excepción, principalmente, por tres razones: porque no tenían preparación con civiles, el armamento adecuado y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) no estaban actualizadas.

De todas formas, en La Moneda, hasta el día de hoy, niegan que el Ejército se haya negado a salir a las calles, sino que solo transmitieron su postura y estaban dispuestos a acatar lo que les encomendara Piñera.

“Siempre son reticentes” y hay “falta de voluntad”, son algunas de las frases que dijo Barra y que ocasionaron la molestia de La Moneda y le costaron la salida del cargo, pero no del gobierno.

En Palacio si bien transmiten que las declaraciones de Barra fueron imprudentes -sobre todo, porque las dijo en un momento en que los ánimos ya venían tensionados debido a la molestia que había en la institución por la situación de la estatua de Baquedano que pedían remover-, en privado reconocen que el polémico funcionario hizo eco de un sentimiento real instalado en La Moneda.

Más allá de los estado de excepción, en el Ejecutivo transmiten que también hubo reparos cuando en 2018 comenzaron a impulsar el proyecto para derogar la Ley del Cobre. Esto, porque la institución tenía inquietud sobre cómo iba a terminar siendo financiada.

Por esos días, el Ministerio de Defensa encargó realizar sondeos de opinión para analizar la percepción de la gente respecto de la institución. Los resultados, según cuentan personeros del gobierno, es que hay valoración por las Fuerzas Armadas, pero que su imagen está asociada a privilegios y, en ese sentido, había que acercarlos a la ciudadanía.

Con esos estudios en mano, Espina y el subsecretario para las Fuerzas Armadas de ese entonces -y actual subsecretario del Interior- Juan Francisco Galli-, tuvieron que realizar gestiones para internalizar en la institución la necesidad de actualizar esa normativa, así como también la carrera militar, entre otras iniciativas que impulsaron durante ese año. Finalmente, recuerdan las mismas fuentes, la institución se terminó plegando a las iniciativas.

Como sea, en el Ejecutivo recuerdan también otros episodios, entre ellos, la reticencia a participar en el plan frontera norte o cuando el 18 de octubre, el día del origen del estallido social, hubo demora en salir a apoyar las labores de Carabineros en Baquedano. Asimismo, algunos afirman que existe una permanente tensión respecto al rol de las FF.AA. para colaborar con la situación de La Araucanía, que fue finalmente lo que acusó Barra.

Otra cosa que “inquieta” al Ejército y los tiene preocupados es la decisión del Ejecutivo de hacer las elecciones de abril en dos días, dado que el gobierno decidió que en la noche que separa ambas jornadas, los votos quedarán resguardados por las FF.AA. “Es complicado”, advierten. ¿Por qué? Pasa que en la institución ya hay un desvío de funciones de los militares por el tema del Covid-19; deben cubrir el 80% de los centros de votación (el resto se los divide la FACH y la Armada), y para lograr eso, deben destinar un aproximado de 12 hombres por recinto. Y eso, se suma, a que en la noche deberán custodiar los votos.

El tema de la custodia de votos y su aplicación aún está siendo estudiado, pero cuando surgió la iniciativa la duda más urgente que tenían era saber cómo habría que proceder si una turba quiere entrar a algún recinto de votación, o en el caso de que alguien ingrese a sustraer los sufragios. En la práctica, es simple, subrayan: hay que repeler. Pero, nuevamente, surge la duda sobre las atribuciones y respaldos políticos y judiciales para los militares involucrados en un hecho de esta naturaleza.

Como sea, en Palacio recalcan que lo que más ha pedido el gobierno a las Fuerzas Armadas es que en una época de “mucha necesidad”, se espera una participación activa de ellas como institución.