La resistida agonía de Huachipato

“No todas las cosas en esto dependen de nosotros, pero vamos a dar la pelea y queremos trabajar junto a ustedes en esto”. Esa fue la breve respuesta que Héctor Medina (71) y Fernando Orellana (61), presidentes de los Sindicatos 1 y 2 de la empresa Siderúrgica Huachipato, recibieron tras una reja de parte del Presidente Gabriel Boric en la visita que el Mandatario realizó a la Región del Biobío a fines del año pasado. Ese 31 de octubre, Medina, Orellana y una serie de otros dirigentes sindicales de la zona querían hacer saber directamente a Boric del mayor de sus miedos: que la década de malos resultados de la firma privada, controlada por la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), provocados -según la empresa- por la agresiva y desleal competencia del acero traído desde China, terminara con el cierre definitivo de la fábrica con 70 años de historia: el único lugar en Chile en el que se produce acero de alta calidad a partir de materias primas como el carbón, el hierro y la caliza.

“Tenemos en Chile otras empresas que hacen acero, pero lo hacen a partir de chatarra. Pero tú no puedes usar ese acero para construir un puente o un edificio. Hoy, el Puente Chacao, en Chiloé, se está haciendo con acero de Huachipato y nosotros les ganamos la licitación a empresas de Alemania, Corea y Estados Unidos”, relata con orgullo el dirigente Fernando Orellana, quien lleva 37 años en la empresa y cuyo padre estuvo 42 años en la misma compañía. Un antiguo modelo de vida que explica buena parte del origen y desarrollo industrial de la zona: el del trabajador “huachipatino”, una marca de orgullo local que ha traspasado generaciones y que hoy, ven sus protagonistas, está en peligro.

El ya anunciado cierre de la planta siderúrgica, han advertido sindicalistas y autoridades locales, significaría la pérdida de hasta 22 mil empleos, entre trabajadores directos, contratistas y una serie de negocios conexos, en un efecto dominó que haría crecer las cifras de cesantía en la región de un 8% a un 12%, desatando un conflicto social y político sólo comparable con el cierre de las minas de carbón de Coronel y Lota en 1997.

Por ello, también ese 31 de octubre de 2023, CAP Acero y Molycop (principal comprador del acero de Huachipato) ingresaron una denuncia ante la Comisión Nacional Antidistorsiones, organismo técnico encargado de investigar el ingreso de mercancías al país con precios distorsionados “que causen o amenacen causar daño grave a la producción nacional”. A juicio de las compañías, diversas empresas chinas, en las que participaría el Estado asiático, y que en su país de origen gozan de una serie de subsidios estatales, están incurriendo en “dumping”: venden en Chile barras de acero para fabricar bolas de molienda usadas en la minería, y las mismas bolas de acero ya fabricadas, a valores más bajos que los costos mínimos de materiales, mano de obra y administración que les cuesta a Huachipato y Molycop fabricar en Chile los mismos productos. Y, más aún, a precios más baratos que los costos de producción y venta dentro del mismo mercado chino.

El 19 de marzo pasado, el Ministerio de Economía informó que se acogió el reclamo de ambas compañías, pero que se fijaría un impuesto provisorio menor que lo solicitado: para las barras de acero se aplicaría una sobretasa promedio de un 15%, menos que el 22% pedido; mientras que para las bolas de acero también se accedió a aplicar una sobretasa promedio de un 15%, mucho más lejos del 32% requerido. De inmediato, Huachipato comunicó la “suspensión indefinida” por tres meses de sus operaciones, periodo en el que consumirá sus últimas materias primas y apagará sus hornos, debiendo despedir a sus 1.300 trabajadores directos de no mediar cambios en los aranceles exigidos. Un conflicto en ciernes que tensiona al gobierno y al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien durante esta semana trató, con poco éxito, de apaciguar los ánimos en Talcahuano.

Se trataba de una visita organizada con antelación, pero el anunciado cierre de Huachipato se tomó la agenda que durante el pasado miércoles tuvo en Concepción el ministro Grau. Por ello, la expectación sobre qué medidas y planes traería el jefe de Economía era muy alta en la zona. “Al ministro le hemos transparentado toda la información y le dijimos todo lo que estaba sucediendo y lo que podía suceder en el tiempo”, alertaba en la víspera de la visita Héctor Medina, presidente del Sindicato 1 de la empresa. Pero pasadas las 8 horas y con los decretos que daban cuenta de las sobretasas ya publicadas en el Diario Oficial, Grau daba cuenta en entrevista con Radio Biobío de lo que sería una línea en la que se mantendría firme todo el día. “Esta es una situación compleja y la empresa Huachipato ha tenido complicaciones financieras hace años. Aquí no hay una bala de plata”, dijo el jefe de Economía, junto con agregar que se trataba de “una decisión de la empresa” sobre la que el gobierno estaba haciendo “todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para generar las condiciones para que la empresa tome otra decisión”.

Minutos más tarde, Grau acudió a la primera de sus actividades. Era el expositor principal en el encuentro “Agenda 2024: Panorama Económico Regional”, organizado por el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade). En las afuera del recinto, ubicado en el centro de Concepción, lo esperaban cerca de 200 trabajadores de Huachipato, quienes llevan días manifestándose, con pancartas, banderas, globos negros y silbatos. Mientras que, al interior del auditorio, los presidentes de ambos sindicatos de la siderúrgica y otros líderes gremiales aguardaban pacientes el momento de las preguntas. Iván Montes, líder la “Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria”, que agrupa a diversos sindicatos del área siderúrgica, petroquímica, pesquera, forestal y portuaria de la zona, fue el primero en tomar el micrófono.

“¿Sabe qué, ministro?, dentro de nuestras organizaciones sindicales estamos pensando en parar la región”, dijo de manera directa Montes. “Como ocurrió en Magallanes cuando le cortaron el gas natural, como ocurrió en Freirina a propósito de los temas ambientales, y en Coyhaique y Aysén hace un par de años. ¿Hacemos un paro regional para que nos escuche el gobierno o no?”, preguntó desafiante el también dirigente de Enap. “Iván, sabe que no es necesario hacer un paro para que lo escuche el gobierno”, respondió con calma Grau. A lo que agregó que “cuando esto se plantea sólo como un tema político, sólo como un tema de voluntad, se le hace un flaco favor a la solución del problema, porque es más complejo que eso”.

Al término de la actividad y enfrentado ante la masa de trabajadores que bloqueaban su salida, el titular de Economía optó por ir a hablar directamente con los manifestantes. “¡Nosotros pensamos que un gobierno de izquierda iba a tener soluciones para los trabajadores!”, gritó con fuerza un hombre. Mientras que otros repetían que ahora serían “vasallos de los chinos” y que no querían “ser convertidos en peluqueros”, en alusión a los fracasados planes de reconversión impulsados por el gobierno de Frei Ruiz-Tagle tras el cierre de las minas del carbón. “Existe un procedimiento en esto y las empresas tienen el derecho a apelar. Nuestro compromiso es citar cuanto antes a la comisión, pero lo que yo no puedo hacer es decir cuál va a ser nuestra postura, donde ni siquiera existen los antecedentes”, trató de explicar Grau ante la masa de personas.

Si bien este es el caso más crítico, no se trata de la primera vez en la que Huachipato u otras empresas de la industria han pedido salvaguardias al acero extranjero. De hecho, desde el año 2016 la Comisión Antidistorsiones ya ha otorgado en seis oportunidades sobretasas arancelarias provisionales y otros seis derechos antidumping definitivos, con una duración máxima de un año, llegando a valores de un 40% para el alambrón de acero chino el año 2016 y de un 9% para las bolas de molienda chinas en 2019. Pero de acuerdo a sus balances, ha sido Huachipato la empresa que más ha sufrido.

“Desde el 2008 o 2009 la empresa comenzó a tener resultados negativos, pero no eran tan altos como el 2023, que fueron aberrantes”, reconoce Fernando Orellana, del Sindicato 2 de la empresa. Según los balances incluidos en su memoria anual, ya en el año 2013 los resultados de la Siderúrgica Huachipato habían arrojado pérdidas por US$ 117 millones, “por los desequilibrios del mercado producidos por la sobreproducción china”. Luego, sólo los años 2015 y 2021 se obtuvieron ganancias, este último periodo por US$ 56 millones, gracias a la paralización de la economía china producto del Covid-19. Pero tan sólo en 2023 se perdieron US$ 385 millones, la cifra más alta de la que se tenga recuerdo. “Los otros años el holding podía compensarlo con las otras empresas, pero este año el holding ya se cansó y se dio cuenta de que perder alrededor de US$1 millón al día ya no es un negocio”, concluye Orellana.

El año 1979, cuando tenía tan sólo 21 años de edad y era el mayor de ocho hermanos, Raúl Fuica (65) ingresó a trabajar a la planta de “coquería” en Huachipato. Allí, el carbón es cocido a altas temperaturas y alta presión para eliminar todas sus impurezas, quedando el producto “coque”: una de las materias primas para fabricar acero. “Pasé por laminación, acería e, incluso, estuve hasta haciendo aseo en los baños. Yo tengo cuarto medio técnico y me dieron hartas posibilidades, fui aprendiendo de los antiguos. Hoy día mis jefes me dicen que yo no me tengo que ir, si no dejo a los más nuevos entrenados”, relata Fuica desde su casa, en la población Huachicoop de Talcahuano.

Su padre, quien falleció de un cáncer al pulmón cuando Fuica todavía no cumplía la mayoría de edad, también trabajó durante 22 años en la siderúrgica, en el área de transporte. “Traté de entrar a trabajar a los 16 años. Pero a mi mamá le dijeron que no, que mejor terminara de estudiar y que después de eso me podían contratar en reemplazo de mi padre”, relata. Por esos años, recuerdan otros extrabajadores, entrar a ser parte de los casi 7.000 empleados de la planta significaba un cambio de estatus. “Cuando en una familia el padre entraba a trabajar a Huachipato significaba un cambio de vida. Se cambiaba a los hijos de colegio, por ejemplo. Tenías un club deportivo, tenías organizaciones sindicales”, asegura el dirigente Héctor Medina.

Tras la creación -en 1946- de la Compañía de Aceros del Pacífico con una participación de un 53% de privados, un 33% de la recién creada Corfo y un 14% de la entonces Caja de Amortización de Deuda Pública, en 1950 se puso en marcha la siderúrgica Huachipato. Y uno de los beneficios que, por décadas, rodearon al empleo en la compañía, era la posibilidad de optar a una de las miles de viviendas con las que se construyeron villas para los trabajadores. Bajo un modelo de entrega de terrenos a bajo costo y la formación de cooperativas en las que la empresa otorgaba garantías para la construcción de las casas, se formaron barrios completos, como Villa Acero, Higueras, Villa de Capataces y Huachicoop, donde hoy viven Raúl Fuica y muchos otros antiguos y actuales empleados.

Pese a que ya no existen los mismos beneficios de entrada que existían años atrás, entre los 1.300 trabajadores directos de la compañía, que hoy tienen un promedio de edad de entre 35 y 40 años -cerca de un 8% de ellos son mujeres-, aseguran sus dirigentes, existe consenso de que allí todavía se entrega “un empleo de calidad”. Por ejemplo, relata Fernando Orellana, ningún trabajador gana menos de $ 900 mil y, según estudios, el sueldo promedio ronda entre $ 1,3 y 1,4 millones mensuales. Por ello, junto con el desempleo, el fantasma del cierre significaría para la gente de Talcahuano el término de una forma de vida que han intentado preservar. “Todos nuestros trabajadores son especialistas en siderurgia integrada. No cualquiera puede trabajar acá, los empleados se forman al interior de la misma empresa. Por eso, si son despedidos, muchos no van a encontrar trabajos donde puedan hacer lo que saben hacer”, afirma Orellana.

Esa es, en parte, la realidad que deberá enfrentar Fuica de concretarse el término de la siderúrgica. “Tengo 65 años. Me pude haber jubilado a los 60 años por el trabajo pesado, pero me quedan siete años para pagar esta casa, tengo hijos que están en el colegio y la universidad, y tengo que seguir velando por ellos”, confiesa. A lo que agrega que “no sé hacer nada más que trabajar en una sala de calentamiento de hornos de coque y operar una sala química”.

Autoridades locales, como el alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), ya han puesto una voz de alerta sobre el impacto para la economía local si se produce el término de las operaciones de Huachipato. “Hoy día la empresa, sólo en remuneraciones que paga a los trabajadores directos y a aquellos contratistas que están permanentemente en la planta, son US$ 70 millones al año. Ese dinero va a la economía local, a pagar cuentas en los bancos, a pagar universidades, colegios. Sacarle ese monto de dinero a una economía local es muy complejo”, afirma el edil.

Tras la publicación de las actas de las sesiones en las que el Comité Antidistorsiones analizó la solicitud de impuestos para el acero chino, una situación quedó en evidencia: la fuerte discrepancia de opinión entre los integrantes políticos y los integrantes técnicos de la instancia. Por un lado, el ente está compuesto por representantes de los ministerios de Hacienda, Agricultura, Economía, Relaciones Exteriores y del Servicio Nacional de Aduanas. Del otro, están el fiscal nacional económico y dos representantes del Banco Central: ambas instituciones autónomas del gobierno central.

Amparados en su mayoría en las sesiones del 23 y 28 de febrero pasado, los funcionarios de gobierno acordaron acoger la aplicación de derechos al acero chino, “ya que los antecedentes disponibles a la fecha indican que existe dumping en los precios de importación” de los casos analizados. Pero, al mismo tiempo, los otros integrantes dejaron constancia de que, a su juicio, el análisis prescindió de sustentos básicos como “registros contables de las empresas productoras” y que no quedó suficientemente demostrada la existencia de dumping y de un posible daño a una rama de producción nacional. A esta postura se sumó el pasado jueves Elecmetal, del grupo Claro: una de las empresas en Chile que se verá afectada por el alza de precio en la importación de acero chino, acusando que “una mayoría de la comisión ha construido artificialmente un margen de dumping donde no lo hay” y que “se ha politizado un proceso que debe ser técnico”.

“Este es un tema muy delicado. Es un asunto de privados, pero tampoco se puede ignorar el impacto político. Nadie quiere ser el gobierno en el que se cerró Huachipato”, reconoce una autoridad del gobierno central en la zona. Uno de los posibles efectos, que son temidos por las autoridades locales, es una reacción en cadena que haga caer a otras empresas del barrio industrial en el que está situada la siderúrgica: por ejemplo, Cementos Biobío, que usa la escoria para producir cemento; Molycop, que usa el acero de Huachipato y que ya advirtió que, de no conseguir las sobretasas solicitadas, trasladaría sus operaciones a Perú, y casi mil pymes que, de alguna forma, están encadenadas a la producción de la acerera. Sin ir más lejos, durante su visita a la zona, Grau fue abordado por el dueño de una empresa contratista quien ya tuvo que desvincular a 100 trabajadores tras recibir la notificación del término anticipado del contrato que tenía con la siderúrgica.

“Tenemos un problema grande. Uno lo que echa de menos del gobierno es saber cómo van a actuar, cuáles son sus planes alternativos. ¿Cuál es el plan de inversiones que se va a focalizar en el Biobío? Una especie de Plan Marshall. Hoy no hay proyectos de inversión desde el sector público impulsados en este gobierno. Todos los que tenemos vienen de los dos gobiernos anteriores”, fustiga el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. Sobre la responsabilidad de Huachipato en la crisis, más allá de la influencia del acero chino, Grau se ha limitado a decir que no le corresponde buscar responsables. Mientras que desde los trabajadores, aseguran que la siderúrgica “permanentemente ha ido invirtiendo y nunca ha dejado de invertir en la planta. Se modernizó la acería, se crearon nuevas unidades, tal como hoy se estaba modernizando el alto horno con una inversión de US$ 60 millones”, explica el líder sindical Héctor Medina, lo que en parte les hizo creer que la crisis no era tan inminente, asegura.

El miércoles pasado, tras más de dos horas de reunión entre el ministro de Economía y los sindicatos de la compañía acerera, los representantes de los trabajadores se mostraron optimistas. “Por lo menos hay una luz de esperanza, de que se puede revertir esto. Vamos a apelar, pero estamos contra el tiempo. Pero insistimos, la única forma de salvar a esta empresa es con el 25% y el 33%”, dijo Fernando Orellana, quien también puso énfasis en la criticada “solución política” a la crisis: “El gobierno tiene cinco representantes en esta comisión y está en manos de ellos revertir esta situación”, afirmó.

A contar del miércoles pasado, Huachipato y Molycop cuentan con cinco días hábiles para apelar y presentar nuevos antecedentes ante la Comisión Antidistorsiones. Una carrera contra el tiempo en la que la compañía se autoimpuso como plazo máximo el 30 de abril para cerrar los contratos con sus proveedores y clientes, y el 30 de junio como la fecha en la que se podrían apagar para siempre los hornos de la siderúrgica.