La sigilosa apuesta para reformar el sistema político

Durante dos meses un grupo de expertos se ha reunido con total discreción, al menos unas cinco veces, en la sede del centro de estudios Horizontal, con un objetivo: reflotar una reforma al sistema político en base a los consensos logrados en el segundo proceso constitucional.

Cuando ganó el “En contra”, el exconvencional Hernán Larraín Matte (Evópoli) junto a Javiera Parada iniciaron las primeras gestiones para evitar que las ideas para reformar el sistema político terminaran en la basura. Ambos tomaron sus celulares y empezaron a contactar a distintas personas vinculadas con el tema. En reserva convocaron a un grupo transversal con personalidades de izquierda y de derecha. Así fue como se volvieron a activar los excomisionados Juan José Ossa (RN), Sebastián Soto, Antonia Rivas (CS) y Gabriel Osorio (PS). Los cuatro fueron integrantes de la subcomisión de sistema político en la Comisión Experta, la instancia que logró fraguar un acuerdo amplio en base a un diagnóstico común. Esa fue la base de los cambios al régimen político que perduraron durante todo el proceso, incluso cuando se instaló el Consejo Constitucional dominado por los republicanos.

Luego de que fracasara por segunda vez la oportunidad de reemplazar la Constitución por una nueva Carta Fundamental, varios de los involucrados en el proceso de redacción del último texto lamentaron que se echara por la borda el diagnóstico común alcanzado respecto a normas constitucionales que permitieran combatir la fragmentación política, reforzar los partidos, evitar el “transfuguismo” y fomentar la colaboración entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

A los excomisionados se sumaron el expresidente de la UDI e integrante del directorio de la Fundación Aire Nuevo, Ernesto Silva; el exdiputado RN y director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo; el exministro socialista y presidente del directorio del Instituto Igualdad, Ricardo Solari; el abogado cercano al Frente Amplio Ernesto Riffo y el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javier Wilenmann.

Las reuniones se desarrollaron entre enero y febrero. Algunas fueron presenciales y otras telemáticas. No siempre participaron todos juntos. Por ejemplo, Wilenmann llegó al grupo luego de que el centro de pensamiento de RD Rumbo Colectivo lo contactara para que se sumara. El abogado participó de dos reuniones, pero luego prefirió que el trabajo lo continuaran quienes estaban vinculados directamente con el mundo político. Así fue como Rivas tomó la posta en su reemplazo.

Antes de entrar al detalle de las normas, el grupo despejó algunos puntos. El primero es que la instancia no pretendía reemplazar a los partidos ni mucho menos a los parlamentarios en el debate por reformar el sistema político. Al contrario, todos compartieron que en este tema los protagonistas son las colectividades, pero sobre todo los diputados y senadores, quienes deberán tramitar la eventual reforma constitucional. Siguiendo esa línea, definieron que la misión era elaborar un insumo técnico para ser puesto a disposición de los partidos y legisladores y que sean ellos quienes evalúen las condiciones políticas para empujar los cambios.

Durante las reuniones revisaron y discutieron punto por punto las medidas que habían quedado plasmadas en el anteproyecto de la Comisión Experta y el texto de nueva Constitución del Consejo. Así fue como luego de la discusión se redactó un documento con más de 20 propuestas.

El informe, al cual accedió La Tercera, parte consignando que el documento “tiene por objetivo proponer una reforma al sistema político desde el compartido diagnóstico sobre la crisis de gobernabilidad que aqueja la institucionalidad chilena”. Luego se lee que “desde una perspectiva minimalista y utilizando como punto de partida el acuerdo transversal que generó la Comisión Experta del segundo proceso constitucional, se propone una reforma integral y acotada”.

Todas las medidas que se conversaron -ver listado de propuestas al final de esta nota- apuntan a cuatro puntos: fortalecimiento de los partidos políticos, reducción de la fragmentación, generación de herramientas para la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y la ampliación de la participación ciudadana.

El grupo discutió la alternativa de achicar la Cámara o incluso la opción de reducir la magnitud de los distritos dividiendo territorialmente algunas zonas electorales, estableciendo un número máximo y mínimo de escaños, pero no hubo consenso. Pese a que tuvo apoyos, algo similar ocurrió con la opción de replicar la regla de paridad de salida 60-40 como norma transitoria.

Con el documento listo, cada uno de los integrantes quedó con la misión de compartir la propuesta con sus respectivos partidos. Algunos de ellos, incluso, habían tenido contacto directo con los presidentes de sus colectividades. Por ejemplo Osorio, quien es muy cercano a la timonel socialista, Paulina Vodanovic, habló en enero con la senadora. La presidenta del PS le transmitió que tenía interés en no perder el trabajo logrado en el proceso constitucional para mejorar el sistema político. Por esa razón le encargó continuar las gestiones para analizar qué se podía rescatar. Junto con eso llamó a Solari para pedirle que desde el Instituto Igualdad siguieran moviendo el tema “desde el plano de las ideas”.

Algo similar ocurrió en RN. El presidente del partido, senador Rodrigo Galilea, está especialmente interesado en analizar la opción de conseguir alguna reforma al sistema político. De hecho, Galilea suele hablar de tres reformas relevantes para lo que queda de este gobierno: seguridad, previsional y política. Quienes han hablado con él, comentan que está llano a conversar y reflotar alguna de las ideas que tengan mayor respaldo. Por lo mismo, no fue una casualidad que Ossa integrara el grupo -el exministro tiene línea directa con Galilea- y que junto a él se sumara Pardo, quien encabeza el centro de pensamiento de RN. En la UDI también están interesados y dicen ser conscientes de lo necesario que se hace una “reforma a las estructuras políticas del país”. De hecho, la bancada de diputados gremialista fue el primer grupo parlamentario que, luego del fracaso constitucional, ingresó una moción para tramitar el umbral electoral de 5%. Evópoli, en tanto, siempre ha sido uno de los partidos más comprometidos con este tema.

El Frente Amplio no ha dado señales muy claras hasta el momento. Sin embargo, a inicios de marzo llegó una señal que fue bien recibida. El diputado Gonzalo Winter (CS) posteó en su cuenta de X -citando una columna del exministro Ignacio Briones- lo siguiente: “Comparto la urgencia que plantea Ignacio Briones a tener un debate urgente, racional y sistémico sobre las normas que dan forma a nuestra política”.

Al momento de compartir el documento, de manera informal, con algunos dirigentes de partido llegaron los primeros comentarios. Algunos respondieron de buena forma, pero otros se mostraron escépticos. Aquí se contraponen algunas visiones. Mientras algunos son partidarios de que la reforma sea integral y sistémica, otros son más realistas y pragmáticos. En este segundo grupo comentan que cualquier avance sería un logro. Inclusive si los partidos solo toman dos ideas a las que son especialmente sensibles: el umbral y la pérdida de escaño por renuncia al partido político. De esta forma, dicen, se avanzaría en disminuir la fragmentación del Congreso, abriendo la puerta a seguir con el resto de las propuestas durante una legislatura futura.

Entre quienes formaron parte del grupo de trabajo hay preocupación por el hecho de que la contingencia, los años electorales que vienen y el enrarecido ambiente político del Congreso tumben cualquier opción de reflotar esta reforma.

Por eso saben que lo que menos hay es tiempo y comentan que si los partidos toman la posta y se aventuran en una reforma acotada al sistema político el asunto tiene que ser de rápida tramitación para aprovechar la ventana de tiempo que se abrirá en los próximos cuatro meses.

Dicha ventana comenzará en abril, luego de la semana distrital y regional, y se extiende hasta el 29 de julio, cuando termina el plazo para inscribir las candidaturas. El problema es que este periodo, que se veía con cierto optimismo, de a poco se ha ido plagando de obstáculos y problemas.

Uno de ellos es la incomodidad que genera entre los parlamentarios insistir en este tema luego del rechazo en el último plebiscito. Para varios diputados y senadores la prioridad está en “resolver las necesidades urgentes de la ciudadanía” y eso significa gastar energías en la tramitación de la agenda de seguridad, y para el oficialismo sacar adelante el pacto fiscal y la reforma previsional. Siguiendo esa lógica, agregan, la señal es negativa si las personas perciben que los parlamentarios dedican su tiempo a tramitar proyectos que tienen que ver con sus propias reglas políticas, en vez de poner la mirada en temas sociales. Sin embargo, hay quienes retrucan ese argumento diciendo que una reforma al sistema político es el camino correcto -quizá un poco más largo- para que después el Congreso “pueda dar soluciones concretas a las urgencias sociales”, ya que si todo sigue igual, el Parlamento seguirá con un bloqueo cruzado que impedirá cualquier reforma.

Otro de los obstáculos es la amenaza del tren electoral. Este año se vienen comicios municipales y regionales y en 2025 la política se sumergirá en elecciones presidenciales y parlamentarias. Por lo mismo, hay quienes creen que no es conveniente hacer un cambio a las reglas del juego político en la previa a nuevos comicios electorales. Otros agregan que no quieren volver a abrir la puerta a reformas constitucionales, ya que el compromiso fue que luego del último proceso constituyente el tema quedaba cerrado. Además, en el oficialismo ven con cierto escepticismo el entusiasmo de la derecha en este tema y lo atribuyen a que están pensando en que ganarán las próximas elecciones presidenciales y quieren llegar a La Moneda con el sistema político arreglado.

Sumado a todo eso, esta semana apareció un tema que no estaba previsto: la “emboscada” de la oposición, tal como la calificó el oficialismo, para romper el acuerdo administrativo del Senado y arrebatarle la presidencia de la testera al PPD. El plan que impulsó RN junto a los senadores de Demócratas -y que terminó con el senador José García (RN) presidiendo la Cámara Alta y el senador Matías Walker (Demócratas) de vicepresidente- remeció como nunca a los senadores que, durante esta semana, se han enfrentado con fuertes acusaciones cruzadas. Tanto así que el oficialismo se aventuró a decir que la nueva alianza de Chile Vamos con Demócratas -que suma 27 de los 50 votos- rompió con el valor de los acuerdos del Senado y le puso fin al fair play que suele caracterizar a esta corporación.

Esto se vuelve aún más complejo si se suma el ingrediente de la Cámara. Chile Vamos y Demócratas esperan repetir la hazaña del Senado -donde, en todo caso, no hay acuerdo administrativo- e instalar a Joanna Pérez (Demócratas) a la cabeza de la testera. Esto implicaría que el PC, por segunda vez, vería frustrada su aspiración de que les toque presidir un año la Cámara con la diputada Karol Cariola a la cabeza. Hace un año este fantasma ya acechó al PC y, para salvar la testera, Cariola se vio obligada a ceder la presidencia a la dupla de Vlado Mirosevic (PL) y Ricardo Cifuentes (DC) para evitar un golpe al gobierno.

La Moneda, por ahora, observa con calma el escenario. Conocedores de este trabajo comentan que el ministro Segpres, Álvaro Elizalde (PS), está al tanto del documento elaborado por el grupo de expertos y tiene intenciones de que esto pueda funcionar. Sobre todo luego de que en el Ejecutivo se instalara la sensación de que las fragilidades del sistema político derivaron en que el país tenga “uno de los peores Congresos desde el retorno a la democracia”.

Pese a que el gobierno tiene puestas sus fichas en la agenda de seguridad, pacto fiscal y reforma previsional, en el entorno de Elizalde afirman que una eventual reforma política no está descartada. Además, hay varios inquilinos de Palacio que ven con buenos ojos la opción de que el Presidente Gabriel Boric deje, como parte de su legado político, una reforma al sistema.

Sin embargo, si la misión prospera, no sería una reforma constitucional impulsada desde el Ejecutivo, sino que desde los partidos políticos. Se trataría de una moción parlamentaria que luego sumaría el apoyo del gobierno. Por eso en La Moneda repiten una y otra vez que, en este tema, la última palabra la tienen los partidos.