La sombra de Karadima

Estuvo en hogares en Providencia, Lo Barnechea y Santiago Centro. Ahora, desde marzo, Fernando Karadima pasa sus días internado en una clínica de salud mental ubicada en la zona suroriente de Santiago. El recinto depende de una congregación religiosa, tiene una gran casa señorial de principios del siglo XX y cuenta con amplias áreas verdes, piscina y canchas de tenis. Aunque está en medio de la ciudad, es como un oasis. Ahí es cuidado todos los días por enfermeros.

El exsacerdote recibe visitas todas las semanas. A veces dice que no, que está descompensado. Su médico personal, Santiago Soto, es una de las personas que habitualmente lo ve.

Quienes han conversado con Karadima cuentan que tuvo complicaciones de salud, pero que se está mejorando. Por eso, recibe gente de manera limitada.

En la clínica hay una capilla. Allá realizan misas diarias. Los internos celebraron Navidad y estaban preparando los festejos de Año Nuevo.

La Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica y su capítulo sobre religión, analiza a quienes profesan alguna creencia espiritual en el país. Según ese sondeo, la cantidad de creyentes católicos llegaba al 63% en 2010. La cifra fue bajando sostenidamente en los siguientes años. Para 2019 se derrumbó hasta un 45%, el nivel más bajo desde que existe el registro.

La década de la Iglesia chilena estuvo marcada por la mayor crisis de su historia. Las investigaciones por abuso sexual sobre al menos tres sacerdotes jesuitas, incluyendo al renombrado Renato Poblete (ver recuadros); al mediático presbítero John O'Reilly, de los Legionarios de Cristo; a Óscar Muñoz, excanciller del Arzobispado de Santiago; a Francisco José Cox, arzobispo emérito de La Serena, y a decenas de otros religiosos, fueron sumándose.

Todos los casos generaron cierta conmoción, pero el que sigue siendo emblemático, y de algún modo iniciático, es el de Fernando Karadima, en 2010, cuando era párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón. Allí se movía como una de las figuras religiosas más influyentes en la élite criolla. Considerado por muchos de sus seguidores como algo parecido a un santo, Karadima aseguraba que había sido discípulo de Alberto Hurtado y con esas credenciales llegó a formar a cerca de 40 sacerdotes y, al menos, cuatro obispos. Su caída inspiró libros y una película.

Todo empezó el 21 de abril de 2010, cuando un reportaje publicado en La Tercera revelaba la existencia de testimonios en su contra por abuso sexual y pedofilia. Ese año, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, quienes habían sido integrantes de la parroquia, denunciaron ante la justicia a Fernando Karadima. Fueron representados por el abogado Juan Pablo Hermosilla y la indagatoria estuvo a cargo del fiscal regional Xavier Armendáriz. Al mismo tiempo, se inició una investigación eclesiástica. El arzobispo de Santiago de aquel entonces era Francisco Javier Errázuriz.

"Cada cierto tiempo tengo pesadillas con el tiempo que participé en la parroquia de El Bosque y por lo que no fui capaz de hacer. Me ha causado muchísimo sufrimiento e impotencia y siento que es mi derecho y deber de ciudadano realizar esta denuncia, sean cuales sean las consecuencias", dijo José Andrés Murillo en su testimonio.

Karadima aprovechaba su reputación como religioso para acercarse a jóvenes que iban regularmente al templo. Se ganaba su confianza y después abusaba física y sicológicamente de ellos.

"Mi vida era la parroquia y él era mi director espiritual. Le había entregado el poder sobre mi persona por completo. Decenas de sacerdotes habían salido desde allí, numerosos seminaristas le seguían, amigos míos compartían esa vida, esos principios y añoranzas. Algo o alguien debía estar equivocado. Sin duda, era yo. A pesar de no entender lo que pasaba, seguramente era mi culpa", declaró James Hamilton.

En 2011, el proceso penal, finalmente a cargo de la ministra Jessica González, lo sobreseyó por prescripción temporal, pero acreditó los ilícitos. El proceso canónico, en tanto, impulsado por el Vaticano, lo declaró culpable de abusos. Dejó de ser párroco en El Bosque y fue condenado a una vida de penitencia y oración. Hasta que el 27 de septiembre de 2018 fue expulsado del sacerdocio por el Papa Francisco. Respecto de la acción civil, el 27 de marzo de este año un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Arzobispado de Santiago a pagar $ 100 millones a cada una de las tres víctimas. El proceso estaba cerrado.

Tras salir de la parroquia de El Bosque, lugar en el que vivía, Karadima se fue al Convento de las Siervas de Jesús de la Caridad, en Providencia. En mayo del 2017 se trasladó al Hogar de Ancianos San José de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Lo Barnechea. La situación generó polémica, ya que el recinto estaba rodeado por tres colegios. De allí pasó por el Hogar Corazón de Jesús, del barrio San Pablo. Y este año arribó a un recinto especializado en salud mental, donde está a cargo de un familiar.

En ese periplo, las esquirlas alcanzaron las cúpulas más altas de la Iglesia chilena, cambiando su composición y relación con la ciudadanía para siempre.

Aunque el cardenal Ricardo Ezzati no estuvo a cargo de la investigación ni de la condena canónica al sacerdote, como arzobispo de Santiago (entre enero de 2011 y marzo de 2019) fue el encargado de conducir la tensa relación con los denunciantes durante casi toda la década. Sobre el final, siendo muy criticado, también fue investigado por la fiscalía por un eventual encubrimiento, causa sobre la que no ha habido novedades y para la cual su defensa pidió el sobreseimiento. En este escenario, decidió restarse de oficiar el tedeum ecuménico del 18 de septiembre de 2018.

Finalmente, el Papa Francisco le aceptó la renuncia a la Iglesia capitalina el 23 de marzo pasado. Actualmente, es obispo emérito y vive en la comunidad salesiana, su congregación.

Entre varias denuncias, el Papa Francisco visitó Chile entre el 15 y 18 de enero de 2018. Se esperaba que la gira fuera un éxito. Era la segunda vez que un Pontífice recorría el país, tras la llegada de Juan Pablo II en 1987.

Santiago, Temuco e Iquique fueron las ciudades escogidas, pero la convocatoria fue menor de la esperada. El balance que más tarde hizo la Iglesia indica que 1,6 millones de personas asistieron a las actividades y 900 mil personas lo siguieron por las calles.

La visita, sin embargo, tuvo otro detalle: la presencia de Juan Barros Madrid, entonces obispo de Osorno, quien había sido apuntado por presunto encubrimiento en el caso Karadima y a quien Francisco primeramente defendió mientras estuvo en suelo chileno. Fue tanta la presión, que el Papa terminó enviando a Chile a un investigador, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, junto al sacerdote Jordi Bertomeu, para esclarecer los hechos. Y esa visita, en febrero de 2018, dio lugar a un informe de 2.300 páginas que contiene las denuncias que recibió la denominada "Misión Scicluna", ya no solo sobre Juan Barros, sino respecto de una serie de abusos por parte de religiosos.

Sobre esa base, en abril de 2018, el Papa escribió una carta a los obispos del país admitiendo que cometió errores en el caso chileno, que sentía "dolor y vergüenza" y que tomaría medidas. La primera fue citar a todos los prelados a Roma, lo que ocurrió a mediados de mayo. Concurrieron 34. Y una vez allí, todos presentaron su renuncia.

Hasta la fecha, el Papa ha aceptado las dimisiones de los obispos de San Felipe, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Puerto Montt, Talca y Chillán, designando administradores apostólicos. Este viernes 27, en tanto, confirmó los dos primeros cargos. Los arzobispos de Santiago (Celestino Aós) y Puerto Montt (Fernando Ramos).

Además de Karadima, durante el final de esta década el Vaticano determinó la "dimisión del estado clerical" de otros religiosos, algunos también emblemáticos, por casos de abusos. Entre ellos, el exvicario de la Solidaridad Cristián Precht (septiembre de 2018); los obispos eméritos Francisco José Cox y Marco Antonio Órdenes (octubre de 2018) y el excanciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz (18 de noviembre pasado), quien actualmente enfrenta un juicio por tres supuestos abusos a menores y estupro.

Entre todos estos procesos canónicos, la Fiscalía Nacional abrió una investigación penal por eventuales abusos en la Iglesia, que suma 220 investigados y 246 víctimas, y en la cual se allanaron sedes eclesiales en cuatro regiones.

Nunca antes habían ocurrido hechos de tal magnitud en la Iglesia Católica chilena.

Cada cierto tiempo ocurre algo que les recuerda lo que sucedió. No pueden liberarse ni olvidarlo. La figura del expárroco del templo del Sagrado Corazón de Jesús, de Av. El Bosque, es imborrable.

Esta vez fue el estallido social. Algunos fieles cuentan que durante estos días, la parroquia ha recibido mensajes anónimos que amenazan con quemar el recinto de la comuna de Providencia.

Las autoridades de la parroquia se reunieron con Carabineros durante la semana pasada, quienes les recomendaron una serie de medidas. Todas por precaución. Las puertas fueron blindadas y hay mayor control en los accesos. Ya ningún desconocido puede entrar al templo.

Quienes siguen asistiendo periódicamente a misa cuentan que están cansados de ser relacionados con la figura de Karadima. Dicen que es injusto que los sigan atacando por los abusos que cometió.

La sombra del exsacerdote sigue siendo muy grande. Tanto en su parroquia como en toda la Iglesia chilena.

"Sin dudas, han sido momentos muy dolorosos para todos, que nos han llamado a reflexionar, a analizar y analizarnos institucionalmente para lograr entender porqué sucedieron estos hechos, qué factores incidieron y en qué contextos. Lo cual no ha sido fácil de entender o comprender, porque -en nuestro caso- la mayoría de las denuncias refieren a situaciones ocurridas hace 30 o más años".

Así se refieren en la Congregación de Hermanos Maristas a la situación que vivieron desde 2017, luego de recibir cerca de una treintena de denuncias por supuestos abusos contra algunos de sus religiosos.

La propia institución inició una investigación eclesial, a cargo del sacerdote David Albornoz, y fue denunciando uno a uno a los eventuales implicados al Ministerio Público.

Hasta ahora, 10 religiosos han sido investigados canónicamente. Posterior a estos procesos se cursaron dos expulsiones de la orden. Una fue hecha efectiva en julio de 2018, y la otra, por motivos de salud del acusado (en estado vegetal desde hace años) ha sido sobreseída temporalmente. Otro religioso ya está fallecido y un cuarto hace muchos años se retiró de la institución. Los restantes casos siguen en los procesos civil y canónico. Todos los religiosos investigados además mantienen las restricciones que se les impusieron, a la espera de una resolución.

"En 2017, cuando aparecen algunas denuncias a través de los medios de comunicación y las redes sociales, los colegios maristas de Chile ya tenían una Política de Prevención y Protección. No obstante, esas denuncias también han significado un aprendizaje y por ello se ha seguido trabajando en mejorar y fortalecer los protocolos y todas las medidas necesarias para prevenir que hechos así vuelvan a repetirse", indicó la congregación.

También agregaron que "se ha entregado formación y capacitación sobre los derechos que asisten a las niñas, niños y jóvenes, a todos nuestros educadores, directivos y administrativos (…) Y, por supuesto, también se han implementado todas las medidas de seguridad y protección relativas a las instalaciones e infraestructura de los colegios. Además se crearon varias instancias específicas para atender a las víctimas y ofrecerles ayuda psicológica y acompañamiento espiritual, lo que efectivamente varias de ellas aceptaron".

Durante la mayor parte de la década, la Compañía de Jesús se erigió como una voz crítica dentro de la Iglesia hacia la propia Iglesia. Más de una decena de sus sacerdotes entregaron opiniones sobre importantes temáticas sociales, educacionales, valóricas, de vivienda y clericales, entre otras. El 17 de enero pasado se produjo un quiebre, cuando los jesuitas informaron de una denuncia por presuntos abusos contra el fallecido sacerdote Renato Poblete Barth, excapellán del Hogar de Cristo. Tras una investigación del abogado Waldo Bown se acreditó que el sacerdote cometió abusos reiterados, graves y sistemáticos durante 48 años, contra al menos 22 mujeres. Además, los jesuitas tuvieron que enfrentar otras denuncias por abusos, entre ellas contra otros dos connotados miembros de la congregación, ambos ya dimitidos del estado clerical: Jaime Guzmán y Leonel Ibacache.

Un caso diferente fue el del exprovincial Eugenio Valenzuela, quien tuvo tres investigaciones por eventuales abusos y solicitó su salida de la congregación y dimisión del estado clerical, lo que se concretó el 28 de noviembre pasado.

A modo de reflexión sobre los hechos ocurridos en esta década, en la congregación se manifestó que "sin duda, ha estado marcada por una Iglesia Católica en crisis global por los casos de abusos a menores por parte de sacerdotes. Este ha sido el tema que ha marcado la agenda y nosotros no hemos estado ajenos a ese flagelo. Hemos recorrido un camino no exento de tropiezos y equívocos, pero hemos aprendido qué hay que poner en primer lugar a las víctimas; son ellas las que han sufrido en silencio por años".

Sobre Poblete se indicó que "sin lugar a dudas, causó conmoción. A la reacción de perplejidad se sumó el dolor, no solo de nosotros sino de toda la comunidad ignaciana.

Frente a esto no podíamos inmovilizarnos, había que actuar rápido. Comprendimos, dada la gravedad de los delitos denunciados, que había que pasar de la condena a los hechos.

La denuncia la recibimos en enero e inmediatamente se nombró a un abogado externo para que investigara. Comprendimos que, por el bien de las víctimas, las acusaciones a personas fallecidas también debían ser realizadas con diligencia y rigor".

Agregaron que "otro aprendizaje importante fue la relación existente entre poder, dinero y abuso, presente en algunos casos. Y los necesarios contrapesos y controles. Hemos podido reconocer -cuando las investigaciones canónicas así lo han acreditado- los daños que han causado algunos jesuitas. Nos hemos atrevido a enfrentar esta verdad y a mirar cara a cara a las víctimas. Gracias a los testimonios de ellas, las hemos reconocido en su dignidad, acogiendo sus dolores y heridas. Les hemos así expresado nuestro arrepentimiento. Sabemos que hacerlo, no exige, de ninguna manera, el perdón de su parte, pero expresa el reconocimiento de su sufrimiento y nuestro compromiso para que estos hechos nunca más se repitan".

Respecto de los desafíos de cara a la nueva década, en la congregación jesuita se expresó que "el más importante es el combate contra los abusos, para que no vuelvan a producirse hechos como los ocurridos. Solo así podremos recuperar la confianza y credibilidad perdida. Estamos trabajando con mucha fuerza en este tema. Tenemos un Centro de Prevención y Reparación muy concentrado y comprometido con el desafío. Otro importante desafío en el Chile de hoy es, más que nunca, promover la justicia social y la paz, acompañando a los más pobres y excluidos. La crisis social que vive nuestro país nos está interpelando a un compromiso actualizado desde nuestra misión de fe y justicia".

"Para los Legionarios de Cristo, tal y como expresa el informe general recientemente elaborado, dos lineamientos han caracterizado esta década en materia de los dolorosos hechos de abuso sexual. Una, el reconocimiento de los abusos y el aprendizaje para saber salir al encuentro de las víctimas, buscando la reconciliación con ellas. Dos, la implementación de políticas de ambientes seguros en todas sus instituciones, consistentes en códigos de conducta y procedimientos que buscan prevenir y erradicar el abuso". Así lo plantea el sacerdote Gabriel Bárcena LC, director territorial de los Legionarios de Cristo en Chile.

Esta congregación, con una importante presencia en el mundo escolar y universitario, recibió un fuerte golpe tras la denuncia en 2012, en el Colegio Cumbres, se supuestos abusos de su sacerdote más mediático: John O'Reilly. El presbítero llegó a Chile en 1984 y se convirtió en una de las voces católicas más influyentes del país. El 11 de noviembre de 2014 fue condenado por el Tercer Tribunal Oral de Santiago a cuatro años y un día de libertad vigilada, tras ser declarado culpable de abusos reiterados contra una menor de edad. Eso provocó que se le revocara la nacionalidad por gracia. O'Reilly dejó el país el 14 de diciembre de 2018, antes de que se concretara su expulsión formal. El 11 de abril de este año, el Vaticano los declaró culpable de abuso sexual. No puede ejercer públicamente el sacerdocio por 10 años, fijar su residencia fuera de América Latina y no tener contacto voluntario con menores.