La Suprema se repliega y rebaraja sus fuerzas al interior del pleno

Era el segundo día de las jornadas de reflexión a fines de octubre pasado, cuando los 19 supremos -reunidos en un hotel en Santiago- abrieron los fuegos. El espacio -que estaba especificado como “abierto entre los ministros y ministras para dialogar sobre la situación actual de la judicatura“- terminó siendo el único momento de catarsis que han tenido desde que la Corte Suprema surcara lo que ellos mismos han definido como “el peor” año en sus más de dos siglos de existencia.

Los ministros prefieren guardar silencio respecto de los detalles de esa conversación. Pero más de alguno pidió la palabra para hacer interpelaciones y poner sobre la mesa las recriminaciones que dejó el 2024, año en que los magistrados quedaron especialmente expuestos tras la filtración del audio que inició el caso Hermosilla.

La catarsis era natural. El pleno llegó a esa jornada de reflexión sin dos ministros: los destituidos Sergio Muñoz y Ángela Vivanco. A su vez, cargaba con las heridas que dejó la controvertida activación de la Comisión de Ética que indagó -por hechos distintos y no todos vinculados al caso Hermosilla- a tres supremos más: Jean Pierre Matus, Mario Carroza, María Teresa Letelier y los mismos Muñoz y Vivanco.

Luego del debate, el pleno sacó en limpio una conclusión: que la Suprema debe replegarse y buscar dejar de ser cuestionada por su probidad. Y otro punto adicional: que el funcionamiento de la judicatura debe atenerse a algo muy obvio: seguir las reglas y limitarse a lo que dice la ley.

Eso explica, por ejemplo, que luego de conversar sobre la normativa orgánica del trabajo de las salas, el pleno acordó crear una sección de Control de Gestión de Causas, la cual quedará radicada en la Secretaría de la Corte Suprema.

La medida pretende evitar que ocurran situaciones como las que quedaron expuestas de manera más evidente en uno de los cargos que estaba incluido en el cuaderno de remoción de la exministra Vivanco. Algo que en el mundo judicial significa armar sala, sacar firmas, apurar fallos, modificar las tablas, es decir, todo lo que se escapa del estricto cumplimiento de las reglas.

La decisión de replegarse es estratégica. Luego de un año revuelto, el pleno quiere dejar de hacer noticia por sus escándalos, de manera que se vea la labor jurisdiccional de sus salas. Pero pese a que el ruido de las polémicas ya quedó en el pasado, el pleno está consciente de que aún quedan un par de cabos sueltos.

Las amenazas por las acusaciones constitucionales aún no están del todo controladas. La Cámara, que ahora comienza un año electoral, ha revivido constantemente esta opción. Lo hizo cuando el grupo de diputados que lidera Camila Flores (RN) desactivó, momentáneamente, la opción de impulsar un libelo acusatorio contra Carroza por el caso de tráfico de influencias en el nombramiento de un notario en Tierra Amarilla, hecho por el cual tiene calidad de imputado en una indagatoria que aún no se cierra y que lidera la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Pero la señal más evidente de que las pesadillas aún no se han terminado llegó hace solo unos días. Luego de que la abogada Paula Vial -actual defensora en las causas por delitos sexuales que enfrenta Jorge Valdivia- pidiera una reunión con el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, la Cámara no tardó en volver a recordarle al pleno que lo tiene bajo una intensa vigilancia.

El abogado de las víctimas de las causas de Valdivia, Juan Pablo Hermosilla, ingresó al pleno un requerimiento para que Blanco explique la polémica reunión. Producto de eso, se dio traslado para que Blanco envíe sus descargos. Independiente de esto, ha sido la diputada Camila Musante (Ind.-PPD) quien ha dicho públicamente que está evaluando una acusación constitucional contra Blanco.

Para varios integrantes del pleno la amenaza de Musante es un mensaje directo a la judicatura en un contexto especialmente complejo, ya que la Corte de Apelaciones de Valparaíso tiene que resolver en los próximos días el desafuero de 10 diputados oficialistas en el marco de la querella por injurias que presentó el exministro Andrés Chadwick.

“Nos están diciendo, ojo, si se meten con nosotros, no los soltaremos”, dice coloquialmente un supremo. Lo complejo es que a todo esto se suma una última esquirla del escándalo Hermosilla. A petición del supremo Manuel Valderrama, aún quedan dos sumarios pendientes. Semanas atrás -cuando sin mayor contexto ni detalle- el abogado Juan Pablo Hermosilla publicó el listado de jueces y fiscales que tenían chats con su hermano Luis, incluyó a este supremo y a Carroza.

Por eso, Valderrama pidió al pleno abrir un sumario para indagar el asunto y confirmar lo que él ha dicho: que no hay irregularidades en esas conversaciones. A esa petición se sumó Carroza. Los sumarios los lleva el fiscal judicial Jorge Pizarro y tienen al pleno en incertidumbre, ya que, independiente de que el sumario sea favorable para los involucrados, cualquier asunto puede ser utilizado por la Cámara para iniciar más acusaciones constitucionales.

El precedente, dicen en la Suprema, es lo que hicieron con el exsupremo Muñoz, a quien se le levantó un libelo acusatorio en su contra por un hecho antiguo y que tenía que ver con la compra de unos departamentos de su hija.

Una de las primeras señales de que el pleno entendió el golpe que vivió en 2024 fue cuando luego del escándalo del audio de Hermosilla y tras las dos destituciones, los supremos tuvieron que armar una terna para uno de los cupos que quedaron disponibles en la Corte de Apelaciones de San Miguel luego de la renuncia voluntaria de una magistrada de esa jurisdicción.

En la votación, ocurrida a fines de noviembre, apareció la primera señal: ningún candidato sacó más de cinco votos y se registró una evidente dispersión. Eso, para los entendidos en este tipo de dinámicas, significaba que no hubo nadie moviendo apoyos y que el pleno -integrado por 15 supremos con dos votos cada uno- no actuó en bloque para respaldar a alguno de los candidatos. Eso explica, por ejemplo, que la terna quedara integrada por jueces que tuvieron cinco, cuatro y tres votos, respectivamente.

El episodio también refleja que la crisis rebarajó las fuerzas al interior del pleno. Algunos judiciales los llaman “corrales”, es decir, los grupos de poder o influencia que van marcando las dinámicas al interior del pleno. La salida del poderoso exjuez Muñoz, respecto de quien no hay voz en el pleno que niegue que ejercía como “presidente de facto”, generó una reconfiguración de esos corrales, algo así como un juego de tronos judicial.

Con el fin de la era Muñoz, el polo de mayor influencia en la Suprema está radicado en la Cuarta Sala. Tanto así que, de hecho, si continúa el respeto por la tradición, es ahí donde se concentrará el poder de la presidencia de la Suprema durante los siguientes seis años.

Se trata de la tríada en la cual participan Blanco, quien hasta antes de asumir la presidencia integraba la Cuarta Sala. A Blanco se suman otras dos influyentes magistradas de esa misma sala especializada en temas laborales: Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz. Si no hay innovaciones, o algún intento por forzar candidaturas como lo hizo fallidamente el exsupremo Lamberto Cisternas en 2019, luego de Blanco la presidencia caería en manos de Chevesich y luego en Muñoz.

Para Blanco, el año que acaba de pasar significó una prueba de fuego. Asumió la presidencia hace justo 12 meses y desde ahí tuvo que tomar el timón de la Suprema y navegar por la tormenta de la crisis. Y lo hizo con un paso en falso.

Partió debutando con el escándalo de la frustrada compra de autos Lexus y luego, ya con los efectos de la filtración del audio en plena onda expansiva, apoyó la idea de que el pleno activara la Comisión de Ética. Ahí su liderazgo se puso en duda, puesto que el pleno no estuvo de acuerdo. El golpe fue tan grande, que Blanco tomó la decisión de ejercer su liderazgo, y días después, de oficio, activó la Comisión de Ética y consiguió un extraño pero efectivo apoyo del pleno en una declaración pública que leyó la vocera María Soledad Melo.

De ahí en adelante, Blanco tuvo una segunda oportunidad para demostrar que podía presidir al máximo tribunal en el peor año de su historia. Quienes saben cómo vivió su año, comentan que se propuso ordenar la casa, lo cual le trajo varios costos en su posición al interior del pleno. Pero pese a eso, lo cierto es que consiguió la determinación para que la Suprema se viera preocupada de la situación que la afectaba y atacar la imagen de que tras la crisis el pleno optaría por la defensa corporativa.

De hecho, el resultado fue todo lo contrario. Blanco consiguió rapidez y severidad, con una Comisión de Ética que actuó a tiempo y consiguió, por ejemplo, indagar a Vivanco, quien terminó con un cuaderno de remoción y posteriormente una implacable y unánime decisión del pleno para destituirla. Todo en tiempo récord, antes de que actuara el Congreso.

Detrás de Blanco hay una aliada que con el tiempo, y con la cautela y sigilo que la caracterizan, se ha ido convirtiendo en el verdadero factótum de la Suprema. Se trata de Chevesich, quien ha ido apuntalando el rol del presidente del tribunal. Así es como fuentes de la Suprema comentan que esa es la gran virtud de Chevesich, quien, a diferencia de lo que hacía Muñoz, ejerce su poder sin pasar a llevar a Blanco y ha ido transformándose en uno de sus principales pilares en el pleno.

La llegada de las ministras Jessica González y Mireya López consolidó otro grupo de influencia, que de a poco irá adquiriendo peso en el pleno. Este grupo está integrado por mayoría de juezas que provienen de la Corte de Santiago. A González y López se suma Melo y podría incorporarse también María Cristina Gajardo, quien si bien es de los cupos externos a la judicatura, se ha ido acercando a este grupo de magistradas.

El rebaraje de fuerzas también tuvo efectos en la Tercera Sala, la instancia que resuelve causas constitucionales y que es considerada una de las más poderosas del máximo tribunal. La destitución de Muñoz y Vivanco implicó un terremoto en esa sala. Tanto así que todo indica que, a la larga, se empezará a producir un cambio en la jurisprudencia.

La sala ahora es presidida por Adelita Ravanales, una magistrada de un estilo totalmente distinto a los dos magistrados que fueron expulsados de la judicatura. Ravanales, una ministra de sensibilidad cercana a la centroderecha, además, ha ido tomando mayor protagonismo al interior del pleno, ya que es la encargada de elaborar un nuevo estatuto de ética judicial y su misión es proponérselo al pleno durante el primer semestre.

La segunda antigüedad es el ministro Matus, uno de los que se salvaron de una posible destitución. Matus, quien también se vio afectado por el caso Hermosilla, fue parte de las tres acusaciones constitucionales que inició la Cámara el año pasado, pero su destino fue distinto al de Muñoz y Vivanco y el libelo no pasó al Senado.

Como resultado de los duros cuestionamientos que recibió Matus, el magistrado tomó la decisión de solicitar un cambio de sala y se fue de la instancia penal -lugar del cual es especialista- para evitar entorpecer el funcionamiento debido a la posibilidad de que fuera recusado constantemente.

Así, volvió a la sala donde partió, pero esta vez sin Muñoz ni Vivanco. Sin embargo, Matus siempre fue un ministro distinto a los dos jueces destituidos. Antes era conocido por ser un constante voto disidente de algunas de las decisiones controvertidas que tomaba la mayoría de la sala. Quienes saben del funcionamiento de la sala comentan que, años atrás, esa característica le valió que en una fiesta de fin de año que se organizó con los funcionarios de la Tercera Sala, le regalaran un “pitufo gruñón”, en referencia a sus constantes disidencias.

A Ravanales y Matus se suma el ministro Diego Simpértigue. Dado que la Suprema tiene cuatro cupos disponibles, el resto de la sala se completa con abogados integrantes -suelen integrar José Miguel Valdivia o Angélica Benavides- y ministros suplentes.

La prueba de fuego llegará prontamente. Esta sala deberá revisar el recurso de casación en la forma y en el fondo que impulsó el gobierno para intentar impugnar el proyecto minero Dominga. De todos los ministros, tanto Ravanales como Matus estaban en la sala cuando en 2022 la Suprema vio un recurso similar.

El asunto reactivará las presiones sobre el máximo tribunal, pero fuentes de la Suprema comentan que si no hay un cambio en la jurisprudencia, el resultado ya es previsible y la sala debería rechazar el recurso. La razón es porque la postura de la Tercera Sala es que este tipo de recursos solo aplican cuando hay sentencias de fondo y la autoridad ambiental todavía no tiene una decisión final sobre el proyecto. El único que opinaba distinto era Muñoz, quien ya no forma parte de la Suprema.