Las 1.507 familias de San Antonio que el gobierno olvidó

Este 24 de febrero, cuando se anunció el acuerdo entre el gobierno y los dueños de los terrenos que contienen la megatoma de San Antonio, el WhatsApp de Daniela Catalán (42) colapsó. El grupo del comité de vivienda Los Aromos II se llenó de mensajes de vecinos molestos por el intento de regularización que estaba llevando el gobierno a cabo.

Los mensajes eran claros: “Hagamos marcha, salgamos a la calle, hagamos lo mismo que hicieron ellos para que así nos den una solución”.

El desalojo de la megatoma decretado por la Corte Suprema, donde vivían más de 10.000 personas de manera irregular, se había suspendido. La creación de una comisión técnica, compuesta por el Ministerio de Vivienda, el Municipio de San Antonio y los dueños de los terrenos busca ayudar a que las familias que viven en el suelo usurpado compren ahí mismo, en el cerro La Virgen, donde instalaron sus casas.

La molestia nacía porque Catalán, junto a sus vecinos del sector de Llolleo, de San Antonio, llevan más de 10 años intentando dar con una solución habitacional por la vía regular y, en cambio, vieron con decepción el corto plazo en que se prometió ayudar en la compra de un terreno ocupado ilegalmente

–La gente está súper molesta. Dicen ‘por qué a nosotros no y a las tomas sí’. Nosotros somos de San Antonio, las tomas tienen segunda vivienda, la mayoría es de Santiago. La gente está desilusionada– cuenta Catalán.

El comité de vivienda Los Aromos II, que preside Daniela Catalán, lleva vigente oficialmente desde 2014, pero la mayoría de las 350 familias que lo componen llevan más tiempo esperando un hogar. Catalán, por ejemplo, lo hace desde 2008.

La presidenta del comité dice que, a pesar de la comprensión por parte de los vecinos con aquellos que ocuparon ilegalmente los terrenos, se sienten engañados por el actuar del gobierno: específicamente, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A la fecha aún no les han dado solución al problema habitacional al que han postulado proyectos, juntado dinero y organizado comités con el fin de tener una vivienda propia.

El sentimiento que predomina es rabia e impotencia, dice la dirigenta vecinal.

–Si les solucionan el problema, bien por ellos. Y me alegro, porque se ahorraron 10 años. Pero como nosotros llevamos 10 años luchando para tener nuestras viviendas y aún no dan solución, encuentro que es injusto.

Daniela Catalán es madre de cinco hijos y cesante. Vive en el sector de Tejas Verdes. Algunos meses al año trabaja vendiendo en la feria, donde, asegura, no genera más de $ 200 mil mensuales. En 2008 sintió la necesidad de tener su propio hogar. Tenía 25 años y quería emigrar de la casa de su madre, en el centro de San Antonio, donde vivía con sus primeros tres hijos y abuela. Sus vecinos le contaron que la opción más viable era ser parte de un comité de vivienda.

Ese 2008 Catalán, junto a otras 40 familias, formaron un primer comité. El proyecto por el que se unieron había sido presentado por el Serviu y comprendía edificios en el sector de Placilla. Pero el terremoto del 27 de febrero de 2010 frustró el sueño. El terreno donde se levantarían los departamentos no estaba en condiciones para construir. La catástrofe también hizo que tuviera que mudarse desde el centro hasta el sector de Llolleo.

Hasta 2014 no tuvieron ninguna solución a su problema habitacional. En ese periodo, se le presentaron algunos proyectos poco atractivos y los subsidios habitacionales individuales nunca llegaron.

Ese año, junto a Paola Améstica, dirigenta vecinal por aquel entonces y hoy concejala del PS encargada de la comisión social y de vivienda de la Municipalidad de San Antonio, formaron el comité de vivienda Los Aromos II. A ellas se sumaron 50 familias. La conformación en el papel no era difícil.

–Uno hace el comité y ahí el paso siguiente es juntar 20 familias, pero realmente siempre son unas 40 o 50. El grupo debe buscar una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) para ejecutar el proyecto y ahí esa entidad patrocinante trabaja con los comités y va armando el proyecto en conjunto con la gente- explica Améstica.

Las personas que se unieron a Los Aromos II eran diversas: madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, matrimonios que viven de allegados y, en general, pertenecientes al 40% más vulnerable y la mayoría originaria de San Antonio.

Según información de TECHO, hoy el tiempo de espera para conseguir una vivienda mediante comités ronda los 11 años. El panorama era aún más complejo para el comité de Los Aromos II, dicen sus dirigentes, porque los proyectos escasearon. Aún así, Daniela Catalán recuerda las promesas que les hizo la encargada provincial del Serviu:

–Nos decía ‘ya, chiquillos, en dos años más va a estar todo listo y todos súper contentos. Al final no pasó nada. Después intentamos postular a un terreno que está acá en Llolleo, que es del Serviu. Estuvimos durante años en reuniones en Valparaíso y, al final, nos dijeron que no estaba habilitado-.

En todo este proceso, los vecinos debían contar constantemente en sus libretas de ahorro con aproximadamente $ 1.500.000. Todo por un eventual proyecto. Alejandra Gahona (51) también es vecina del mismo comité que dirige Catalán: madre soltera y allegada en el hogar de su padre, relata que mes a mes intentaba llegar como fuese con el ahorro:

–Yo he hecho tantas cosas. Me he llegado hasta a disfrazar de mono para trabajar sacándome fotos con los niños para poder ir juntando la platita. Es difícil ahorrar mucho en estas condiciones, pero uno junta cinco, seis, 10 lucas, lo que pueda. Cuando a mí me pagaron el finiquito de la empresa en la que trabajaba, yo igual ahí dejé una platita ahorrada aparte para poder postular.

En los últimos años el comité Los Aromos II se había robustecido: de los 50 miembros originales, pasaron a 350. Actualmente, este comité es uno de los 32 que existen en la comuna de San Antonio y que agrupan a 1.507 familias.

Para Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, hay un déficit de vivienda grave en San Antonio.

–En la región tenemos 374 campamentos, según el último catastro del Minvu. Y, probablemente, San Antonio sea el reflejo más nítido de ese drama que significa no tener vivienda propia, no tener viviendas dignas ni barrios dignos- cuenta la autoridad.

Según datos del Servicio de Vivienda de Valparaíso, a 2022, en la comuna de San Antonio existe una demanda de 12.990 hogares. De este número, 9.556 familias buscan comprar, 1.515 construir y 1.919 un subsidio de arriendo.

La problemática de construcción en la comuna podría deberse a varios factores: suelos no aptos, falta de espacio. Pero Marcelo Alfonsí, arquitecto encargado de gestión habitacional de la Municipalidad de San Antonio, apunta a un punto clave:

–Es nuestra burocracia la razón de por qué los proyectos particulares no avanzan en esta zona. En San Antonio no hay proyectos habitacionales de privados, muy pocos y pequeños, y menos públicos, a pesar de que hay terrenos aptos para construir vivienda social.

El arquitecto explica que la conformación de comités o la obtención de ciertos subsidios resulta un proceso lento y discriminatorio. Y que el ir y venir entre la entidad patrocinante, los beneficiarios y el Minvu termina aplazando los proyectos.

El problema no termina ahí. San Antonio cuenta con un historial de viviendas sociales fallidas. En 2010, tras el terremoto, los cinco edificios de Villa del Mar quedaron en condiciones inhabitables, por lo que tuvieron que ser demolidos. En 2016, 150 casas en el sector de Mirador Altos de Bellavista también tuvieron que ser destruidas por no tener los estándares de construcción. Mientras que en 2023, el conjunto habitacional Mirador El Faro I y II fue echado abajo por el Minvu porque los departamentos estaban muy mal construidos. Esos vecinos aún no reciben su solución habitacional.

En octubre de 2019 la situación empeoró más. En medio del estallido social, miles de personas llegaron hasta el sector del cerro Centinela para asentarse de forma irregular en sus más de 160 hectáreas. Daniela Catalán aún recuerda lo que vio un día al revisar su muro en Facebook.

–Todos subían post y decían: ‘Hay que ir a tomarse este terreno, se están tomando el terreno de La Virgen’. Después, ‘se están tomando el terreno de Placilla’. Por las redes sociales se supo que había toma, pero claro: uno no iba a optar a eso.

Catalán recuerda que, incluso, su hermano fue parte de los primeros asentamientos en la toma, pese a que después la terminó abandonando. Por eso, ahora, Catalán quiere recalcar algo: para ella nunca fue una opción seguir ese camino.

Los primeros meses de interacción con los vecinos de la toma no fueron fáciles. Alejandra Gahona dice que, pese a que los intentaban entender, había un resentimiento que no podían obviar:

–Comprendo que hay necesidades, que hay prioridades. Pero también pienso que no porque ellos se hayan tomado el terreno, nosotros vamos a quedar de lado. Porque si fuera por eso, nosotros estábamos desde mucho antes luchando por una vivienda.

Según Verónica Morales, dirigenta de un sector bautizado como Fuerza Guerrera en la toma del cerro La Virgen, los vecinos de los comités, más que rabia, les transmiten arrepentimiento.

-Sienten como que no se atrevieron nunca, que perdieron el tiempo esperando que algún gobierno les diera solución habitacional. Se dieron cuenta de que, a lo mejor, si hubiesen tenido la gallardía y la valentía de haber buscado una solución habitacional por autogestión, de haber amarrado al gobierno para que los ayudara, quizá hace muchos años hubiesen solucionado su problema habitacional.

En 2020, el destino de los nueve comités que coordina Améstica, dentro de ellos el de Catalán, parecía haber cambiado: se les presentó un proyecto en Miramar de San Antonio. Emplazado en el sector de Altos de Placilla, suponía una solución habitacional para 600 familias y, aunque no era el total de viviendas requeridas, parecía, al fin, un avance.

–Estos terrenos son súper centrales. Están cerca del hospital, de los colegios, de todo. El gobierno regional se comprometió a comprarlo– agrega Catalán.

El proyecto Miramar reunió a siete comités diferentes, compuestos por 1.300 familias. Durante 2022, todo parecía ir según lo planeado. Incluso, fueron a visitar el lugar donde se emplazarían los departamentos. Ya a fines de diciembre de 2023, un oficio entre el gobernador Rodrigo Mundaca y el exdirector de Serviu de Valparaíso Rodrigo Uribe confirmaba la toma de conocimiento por parte de las autoridades del precio de los dos predios que se comprarían para construir.

Con esa esperanza, los vecinos se reunieron meses más tarde, en el gimnasio de la Escuela España, con el gobernador regional, la seremi de Vivienda y otras autoridades. El mensaje era claro: “La compra de terrenos va a ser ahora, este año. La plata ya está y está comprometida”, se le escucha decir a Mundaca, entremedio de los vítores de los vecinos, en un video que registró el encuentro.

Sólo que la compra nunca llegó. Otro oficio entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el exdirector del Serviu de Valparaíso, con fecha de diciembre de 2024, declinaba la compra.

El documento señalaba: “Para dar continuidad a los procesos de adquisición de los terrenos autorizados en el año 2024, que no fueron materializados en dicho período presupuestario, a través del presente informo a usted que la adquisición autorizada se ejecutará en el presente año presupuestario y se pagará con cargo al 10% de los recursos dispuestos en el año 2025 para la adquisición de terrenos del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda”.

La directora del Serviu de Valparaíso, Nerina Paz, explica las razones:

–Eso fue por un ajuste presupuestario en el que nos rebajaron recursos, pero eso fue una política a nivel nacional de los distintos ministerios. Fue un reajuste de presupuesto que vino desde el Ministerio de Hacienda.

Las reacciones fueron inmediatas.

Esmeralda Díaz, presidenta del comité Mirador Alto El Valle, que también esperaba la compra de los predios, quedó molesta con esa decisión:

–Hace dos años que nos han estado mintiendo. Que sí, que se va a comprar el terreno, que esperen unos meses, que esperen otros meses.

El problema para Améstica, la concejala socialista, está en que estas promesas incumplidas de las autoridades incitan a que los vecinos rompan la ley para poder ser tomados en cuenta.

–Hay algunas personas que llevan esperando entre 12 y 15 años. La gente está aburrida, porque te uniste a un comité, ya que dicen que postulando de esa manera la cosa sale más rápido. Pero al final todo ha resultado en lo mismo. Porque solo, o con comité, la cosa no funciona (...) La desesperación ya es tanta, que tenemos vecinos que ya no esperaron más, no aguantaron más y se tomaron un terreno.

Los vecinos apuntan directo contra las autoridades, dicen que los han mantenido en una espera interminable. En especial mencionan a Mundaca: la autoridad más visible.

–La verdad es que el argumento presupuestario no deja satisfechas a las personas que manifiestan su inconformidad por la falta de prolijidad y, finalmente, son las autoridades regionales las que terminan asumiendo el costo (...). Sé que son personas que han sido muy perseverantes en la vida y en mí como gobernador regional van a seguir contando con un aliado estratégico -indica Mundaca.

En algunas de estas reuniones que sostuvieron las autoridades y los vecinos, los comités de vivienda pudieron conocer a quienes dirigen las tomas de San Antonio. Catalán cuenta que la relación siempre ha sido cordial. Pero hoy miran con cierto resquemor la decisión que tomó el gobierno de ayudarlos a regularizar su situación y prevenir el desalojo fijado por la Corte Suprema para el 27 de febrero.

Esta medida no solo la critican los vecinos. Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura UDD, ve el acuerdo como un salto de la institucionalidad.

–La gran crítica que se le hace a la forma en que el gobierno ha manejado el tema de la toma es que está desmantelando un sistema cuyo mérito es precisamente que la gente confía en que si postula y hace los trámites va a obtener su vivienda. Sabotearlo con estas soluciones parche a problemas que claramente son más bien ideológicos, de incapacidad o de negligencia, es una consecuencia de no haberlo resuelto antes.

El gobernador Mundaca, que estuvo en contra del desalojo masivo del terreno usurpado, comparte que la solución no fue buena.

–Claro que es bastante injusto. Y, por tanto, lo que hemos dicho todas las autoridades es que no validamos la toma como un medio legal para poder acceder a la vivienda, cuando hoy día son tantas las personas que tienen ahorro previo y no han podido construir su vivienda.

Pamela Quiroz, una vecina del sector de Bellavista, ve un punto de quiebre luego de esta decisión del gobierno:

–Yo veo que nosotros tenemos que presionar de la misma forma como presionan los demás. Eso es lo que quieren que hagamos, porque resulta también que son sólo dos paños para 600 personas lo que pedimos. ¿Entonces, para dónde vamos? ¿Qué hacemos los que hemos postulado hace años? No pueden dejarlos afuera, es imposible.

El 27 de febrero, el mismo día en que debía realizarse el desalojo en San Antonio, a Daniela Catalán y a su comité les hicieron una última promesa.

–Tuvimos una reunión con el Serviu. Nos dijeron que en marzo iba a estar lista la compra del terreno, pero aún no pasa nada.

En algunos meses se cumplirán 17 años desde que Daniela Catalán inició el camino para un techo propio: seis más de los que normalmente se demoran los comités de vivienda en recibir una solución. Pero este viernes, en vez de regresar a su casa, Catalán tuvo que hacerlo al lugar donde lleva 15 años esperando, haciendo la fila, cuenta, mientras -dice- vive como gitana con sus hijos, confiando en un proceso que no sólo no ha premiado su paciencia, sino que, por el contrario, la ha castigado por eso.

–Nos sentimos olvidados en San Antonio -cuenta-, es como que no existimos.