Las investigadoras chilenas que perfilaron al Tren de Aragua

A fines de 2022 la psicóloga Ana Bouquillard y la trabajadora social Karen Pérez, ambas profesionales del Instituto de Criminología de la PDI (Inscrim) desde 2020, trabajaban en un estudio sobre casos de trata de personas que llegaron a Chile. Estaban en eso, revisando informes policiales, cuando notaron ciertos patrones en los viajes, tiempos y forma de llevar a cabo los delitos en las distintas causas que revisaban. Esto les provocó una inquietud: todo apuntaba a que eran casos de crimen organizado.

El estudio lo presentaron al exjefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, Paulo Contreras, en una reunión que se alargó durante casi 40 minutos -“una rareza en este tipo de instancias, que suelen durar 10 minutos”- indican las profesionales. Esto ocurrió, aseguran, porque Contreras les manifestó las mismas inquietudes que ellas habían alertado: él también veía indicios de crimen organizado en las causas de trata.

Para resolver si eso era efectivo necesitaban más tiempo.

Ante esto, dice Karen Pérez, en el Inscrim decidieron postular a los fondos anuales presentando un estudio sobre cómo operaban grupos transnacionales de crimen organizado provenientes de Venezuela. Este sería focalizado en imputados entre 2021 y 2023, pertenecientes a dos bandas de origen venezolano asociadas al Tren de Aragua, de las que no quieren entregar nombres, pero que visualizaban inicialmente como grupos individuales.

-En un inicio teníamos la idea de poder comparar dos organizaciones criminales. Y nos pasó que, en el fondo, en ese momento creíamos que los imputados que teníamos seleccionados pertenecían a dos organizaciones criminales diferentes, cuando al final eran de una sola. Entonces tuvimos que cambiar ese objetivo -señala Bouquillard.

Al consultar con el Inscrim sobre estos dos grupos, cuentan que no pueden especificar a qué grupo del Tren de Aragua pertenecían los sujetos. Sin embargo, por las fechas y lugares, todo indica que se trata de los conocidos casos de la célula “Los Gallegos” y de uno de los grupos más “puros” que ha tenido el Tren de Aragua en Chile: el denominado “TDA1″, que operaba en Iquique y cayó en enero de 2023.

Bouquillard se fijó como objetivo actualizar la información que tenían de cuál era el modus operandi de estos grupos. Pero en el equipo sabían que tendrían una limitación. Solamente les darían acceso a carpetas investigativas, pero no podrían tener contacto con los sujetos analizados. Principalmente, debido a los requisitos que se exigen desde diversas instituciones, tanto de seguridad como de formalidades, para concretar una entrevista de esa índole. Hablar con ellos, o verlos, ni siquiera era una opción.

A las investigadoras les dieron la posibilidad de elegir entre 171 imputados asociados al crimen organizado. Karen Pérez sabía que era necesario acotar ese número: era demasiado amplio. Ese, dice, fue el primer conflicto que enfrentó el equipo, pues debían elegir los criterios para delimitar los casos.

Del total de 171, el equipo hizo una selección en base a cuatro directrices. Así redujeron el listado a 54 imputados. Dichos criterios, cuenta Bouquillard, fueron los siguientes:

Que el delito debía tener pena de crimen; que la formalización tuviera al imputado en prisión preventiva, pues indicaba la gravedad del delito; delimitaron el plazo de tiempo para seleccionar los casos entre 2021 y 2023, y, por último, que estuvieran asociados a esas organizaciones criminales.

Una vez que seleccionaron la muestra comenzaron.

-En septiembre de 2023 recibimos más de 300 informes en carpetas sobre los 54 sujetos. Nos entregaron todo documento que estuviera asociado a alguno de los imputados seleccionados- recuerda Pérez.

Eso les presentó una nueva dificultad, porque algunos informes tenían solo cinco hojas, mientras que otros superaban las 100 páginas. Ambas explican que podían encontrar información valiosa en cualquier parte. O, a veces, no dar con nada. Así, el equipo encargado del estudio -conformado por siete profesionales, incluyendo a Pérez y Bouquillard- tuvieron que leer todos los informes para quedarse con solo un centenar de documentos que perfilaban bien a esos 54 sujetos.

Para bajar toda esa información, cuenta Bouquillard, plantearon tres objetivos que el estudio debía responder:

-¿Cuáles eran los delitos asociados a esta organización? ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas para ejecutarlos? ¿Qué tipo de modelo organizacional tenía la organización criminal?

Bouquillard y Pérez entendían la incertidumbre que las rodeaba.

-Nunca habíamos hecho un estudio así. Habíamos trabajado desde la otra vereda, más del lado de la víctima. Este es un equipo que viene del área más victimológica.

Bouquillard y Pérez se dieron cuenta de que tenían una ventaja: ellas trabajan dentro de la institucionalidad. Entonces, debían aprovecharla. Si no podían hablar con los sujetos de estudio, sí podían hacerlo con el personal a cargo de esos casos.

Bouquillard recuerda que, ese año, cada vez que tenían una dificultad iba a golpear la puerta del jefe nacional para pedirle ayuda o preguntarle quién la podía asesorar. Él siempre les facilitó la información.

-Él me decía: ‘Mira, el que hizo esta investigación es este detective. La fiscal que está asociada a este caso es esta persona. Te hago el contacto’.

Esto, señala la psicóloga, no es algo común en los estudios criminológicos.

-Hay que hacer una salvedad: trabajar con información de la institución es muy diferente, innovador quizás. Generalmente nos topamos con estudios que tienen fuentes teóricas o entrevistas a terceros. Pero con fuentes de información asociadas a los imputados, que igual es una fuente indirecta, pero tan asociadas al fenómeno delictual, ha pasado muy poco.

Les llegaron informes policiales de detención, diligencias e informes de avances en la investigación, y muy pocas declaraciones de algún imputado. Todo estaba por escrito.

Lo que más les ayudó revisar -recuerda Bouquillard- fueron los informes que, en ocasiones, piden los fiscales para ponerse al tanto de los casos, en los que se entregan resúmenes de los involucrados, los delitos y hechos que han ocurrido. Dice que esto le sirvió al equipo para orientarse.

Ahí empezaron a aparecer los patrones, señala Karen Pérez:

-Puntos de encuentro en común o diálogos que se repetían. Cosas que daban cuenta de cómo se asocian (...) Éramos cada una en un computador revisando informes y, de repente, una decía: ‘¿Viste que tal imputado hizo tal cosa? Me aparece en Arica’. Y otra respondía: ‘A mí me aparecen haciéndolo en Puerto Montt’. Entonces ahí se empieza a armar la lógica de pensar en una organización.

De esa manera lograron identificar los tipos de crímenes que caracterizaban a los 54 sujetos del Tren de Aragua.

-Lo que fuimos viendo en ese periodo de esta organización criminal es que el tráfico de migrantes, la trata de personas y el tráfico de drogas eran los delitos con mayor presencia.

También, dicen, empezaron a notar que esto funcionaba como una gran empresa: los perfiles de sus sujetos eran muy variados, pero los modus operandi no. Los delitos más comunes eran los mismos y los delitos conexos también, homicidio, secuestro, extorsión.

Limpiar la información de todos los documentos les demoró aproximadamente un año. Recién pudieron terminar con esa parte en julio de 2024.

-Me acuerdo que ese mismo julio empezamos a escribir el informe -recuerda Karen Pérez.

Había pasado un año desde que habían comenzado el estudio y era el momento de sacar conclusiones. Junto a esto, les comunicaron el plazo final para entregar resultados. Marzo de 2025 era la fecha límite.

Conversaron como equipo y llegaron a un consenso sobre cuál era la mayor conclusión con la que habían dado.

-Nos dimos cuenta de que la palabra sofisticación no alcanza a transmitir la complejidad de lo que significa una organización criminal que tiene un funcionamiento empresarial como el Tren de Aragua -asevera Bouquillard-. Ellos se insertan en lo lícito para hacer efectivo el lavado de dinero, por ejemplo. Conocen la ley chilena, la ley de los municipios. Se supervisan entre ellos y se capacitan, hacen estudios para cometer esos delitos.

La psicóloga señala que el perfil de los reclutados por el Tren de Aragua podría definirse así: mayoritariamente chicos entre los 20. Aunque registraron sujetos de 35 a 40, los que eran la excepción.

-Lo que definitivamente me pareció más llamativo fue que eran parte de los primeros en llegar a Chile. Que hicieron un ingreso regular por aeropuerto entre los años 2016 y 2018. Que se instalaron de manera regular. O sea, accedieron a la bancarización, a trabajos regulares, a sus propias pymes, entre otras cosas.

Eso significó otro descubrimiento para ella. Porque al revisar sus causas, el tiempo que llevaban en Chile, los trabajos en los que habían estado y sus delitos, notó que había un patrón que le indicaba que estos primeros integrantes del TDA se dedicaban a hacer delitos que exigían mucho tiempo. Por ende, tenían grados de paciencia muy grandes.

Bouquillard le da contexto a esta idea.

-Para que se de el delito de trata de personas, por ejemplo, tienen que suceder una serie de delitos entremedio -como que la persona entre de manera irregular, o que sea sometida- para que recién, luego de meses, comiencen a ganar dinero.

Lo siguiente que recuerda Bouquillard es que apareció el segundo factor que las confundió: la horizontalidad en las relaciones que tenían. No sólo les pasó a ellas, también a la policía.

Esa ambigüedad en las jerarquías les generó varias discusiones cuando intentaban descifrar quiénes eran los cabecillas. Sólo después de un tiempo entendieron que esa horizontalidad y los liderazgos menos marcados del Tren de Aragua dificultaban mucho más atraparlos y desmantelar sus grupos criminales.

-Notamos que tienen una versatilidad en los roles y funciones. Los líderes podían trabajar un día como jefe, pero al otro estaban cometiendo delitos de un soldado en la calle (...) Esto lo hacían de manera consciente para complicar las investigaciones –explica Bouquillard.

Lo mismo añade el psicólogo del área pericial de imputados del Departamento Criminológico de la PDI, Mauricio Contreras. Él indica que el Tren de Aragua no selecciona gente por su frialdad, sino con el perfil de una empresa: por la versatilidad y habilidades que tenga.

Bouquillard afirma que les asombraron los niveles de rigurosidad y planificación del Tren de Aragua:

-Se especializan, capacitan y se dan tiempo de guiar para ejecutar los delitos. Se dan tres o cuatro semanas en las que supervisan y se preocupan de que se haga bien. Se insertan en lo lícito para lavar dinero. Conocen la ley chilena, conocen las leyes municipales y conocen los pasos para aprovechar los instrumentos públicos.

Hay una conclusión a la que llegaron también: la violencia extrema que ejerce el Tren en forma de homicidios y extorsiones es una forma de encarnar infancias y orígenes en Venezuela que también fueron violentos.

-Y hay algo importante que decir: estas no son personas que tienen una patología mental que les impida discernir el bien del mal jurídico -dice Contreras-. Y si bien no podemos decir que son psicópatas, porque no se les ha evaluado de esa forma, sí están conscientes de las actividades que están realizando. Y eso no lo hace un psicópata.

En diciembre de 2024 el equipo terminó el estudio.

Luego de tres meses, Karen Pérez señala que la importancia del estudio está en juntar los conocimientos que los funcionarios tienen con las nuevas formas de criminalidad.

-Había que ofrecerle nuevos elementos a la institucionalidad. Porque no es que no los conozcan: están. Pero cuando tú sistematizas esa información, reúnes todas las piezas que están por separado.

El director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público, Ignacio Castillo, no ha visto el estudio. Pero indica que trabajos como este, que buscan el perfil de integrantes y el tipo de organización, les significan una herramienta fundamental desde el conocimiento y la actitud preventiva para poder enfrentarlos adecuadamente, destacando, además, lo inédito de este, al menos en Chile.

A pesar de esto, las profesionales confirman que para perfilar psicológicamente a los imputados faltan elementos, como poder entrevistarlos.

-Para poder dar diagnósticos habría que ver los casos individuales. Porque si yo tuviera un miembro de la organización evaluándolo seis horas, conversando con él, podría quizás indicar rasgos o indicios psicológicos –explica Mauricio Contreras.

La posibilidad de verlos, quizás, es la única curiosidad con la que se quedaron.

-Nos faltaron elementos, porque los investigadores tuvieron acceso directo a elementos que nosotros no. Habrían sido valiosos, pero eso implica a veces estudios que estarían dos, tres años, se alargarían mucho (...) Pero claro que quedan muchas dudas que hay que retomar en algún momento– dice Bouquillard.