Los 4.435 kilómetros junto al Océano Pacífico hacen que Chile tenga una de las longitudes costeras más extensas del mundo. Incluso si se contabiliza todo el territorio chileno, considerando los cientos de islas, este largo supera los 78 mil kilómetros. El problema es que nunca habían estado bajo tanta amenaza: las playas de Chile están ante un inminente peligro de desaparecer.

Las frecuentes marejadas, el cambio climático y la acción humana han permitido que la erosión de las playas haya aumentado su velocidad en el último tiempo. Así lo revela un análisis del Observatorio de la Costa, que revisó la situación entre Arica y Chiloé.

Los datos constatan que al menos 10 playas que registraban erosión elevada en 2023 tuvieron un aumento acelerado en lo que va de este año. Especialmente en playas urbanas de Valparaíso, Algarrobo y Viña del Mar, tales como Reñaca, Torpederas y Caleta Portales, que duplicaron su erosión en menos de un año.

El estudio actualiza el catastro de playas hecho en 2019 y 2020. Según afirma Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa y responsable de esta investigación, llama la atención que las tasas de aquellas playas que ya estaban con una erosión importante se hayan incrementado drásticamente en los últimos dos años.

“Lo que necesitamos entender es que esta tendencia a la erosión agrava otros problemas que tenemos en el país, como la falta de fuerza que tienen estas playas para mitigar el efecto de las marejadas y tsunamis”, dice. El efecto de la playa no es solamente una pérdida de un bien para el turismo, sino que también es parte de una falta de soluciones basadas en la naturaleza para adaptarse al cambio climático.

Una playa erosionada deja más expuesta a la población ante grandes desastres, según la científica. En Algarrobo, por ejemplo, la erosión deslinda casi con el muro de la piscina de San Alfonso del Mar, y es quizás el balneario que ha tenido mayores socavones en los últimos cinco años. “Se lo pasan reforzando los muros”, acusa Martínez, quien también es académica del Instituto de Geografía UC, investigadora de CIGIDEN y del Instituto Milenio Secos.

¿Cuáles son las playas más afectadas? Por ejemplo, el informe constató que la playa de Santo Domingo tiene una tasa de erosión de 5,7 metros por año. Esto quiere decir que cada año la playa pierde casi seis metros de profundidad, en promedio. A esta le siguen las playas de Hornitos, con un retroceso de 5,2 metros por año; Algarrobo, con 4,83, y Pichicuy con 2,15. A ese ritmo estas playas podrían desaparecer de aquí a la próxima década.

¿Qué pudo haber provocado este retroceso? Según Martínez, los grandes culpables de este fenómeno serían tres: las frecuentes marejadas, el cambio climático y la intervención humana cerca de estas zonas.

La tipología de marejada es algo que recién se está estudiando, reconoce Martínez. Hay algunas que son diferentes en su naturaleza y tienen efectos diferenciados en cada playa. Dependen de su dirección, altura, capacidad de acoplarse a otras marejadas y a tormentas locales.

Otro factor es el actual escenario de cambio climático que ha generado que distintos fenómenos se vuelvan más extremos. Esto, según dice el geógrafo y académico de Duoc UC Pablo Salucci, impacta la generación de las ya habituales marejadas anormales, impulsadas por las intensas tormentas del hemisferio norte. “Esta situación afecta en gran medida este equilibrio sedimentario ya que literalmente nuestras playas hoy están en constante erosión y con poca capacidad de reponerse”, argumenta.

“Pero además de las marejadas, está la intervención que estamos haciendo en los ecosistemas”, apunta Martínez. Las urbanizaciones en dunas, cauces de ríos y cuencas hidrográficas alteran el abastecimiento de las playas.

La urbanización desmedida en la costa altera también otras fuentes sedimentarias. Esto se evidenció hace unos meses con el gran socavón de Concón, que dejó un edificio completo al borde del colapso. “En Chile, lo que se ha hecho con estas dunas también detona erosión”, agrega la investigadora. Cuando se combinan estas causas es cuando el retroceso de las playas se acelera.

Por otro lado, Martínez cree que es difícil apuntar hacia una falta de educación, pero sí probablemente a una falta de cultura de protección de la costa. “Pero por sobre todo existe una falta de acción por parte del Estado en cuidar estos ecosistemas. Eso no lo ha hecho ningún gobierno en los últimos 100 años”, acusa.

Salucci enfatiza esta problemática en cómo se ha entendido la costa, normativamente hablando. “Por años se ha tratado simplemente como un borde marcado por las líneas que indican las altas y bajas mareas, lo que ha dejado fuera de toda comprensión el sistema que hay detrás de lo que en realidad es una zona costera”, remarca.

Esto ha permitido, según comenta, que se intervenga esta zona afectando los humedales y en particular los campos dunarios, que son la “cuenta de ahorro” de las playas. “No hay un cuerpo normativo claro a través de los instrumentos de planificación territorial que resguarde estas frágiles dinámicas costeras”, añade. De esta forma, Salucci explica que los procesos de urbanización normados y no normados en estos territorios son parte importante del problema.

Actualmente existe un proyecto de ley que incorpora nueve enfoques, entre los cuales se destaca el carácter público de la costa. Es decir, que la costa tiene bienes comunes que deberían ser protegidos por el Estado, o por lo menos ser garante de su protección. La conceptualización es algo importante también: se pretende dejar de hablar de “borde costero” y pasar a considerarlo como una “zona costera”.

Bajo el actual escenario, el futuro de ciertas playas es incierto y se vuelve necesario cambiar la relación que se tiene con ellas. “La primera acción concreta es cambiar su actual cuerpo normativo, el cual debe asumir la complejidad y fragilidad de esta zona. Una nueva Ley de Costas se hace no solo necesaria, sino que imperiosa”, remarca Salucci.

El carácter público de este proyecto -que lleva tres años en el Congreso- destaca que hay bienes comunes que deben ser protegidos por parte del Estado, pero según Martínez esto no ocurre porque prima el derecho de propiedad hacia estos bienes comunes, establecido por el Código Civil y por la Constitución de 1980. “Ese es el problema de fondo: no reconocer la costa como parte de un dominio público, como sí lo han hecho otros países con gobernanzas costeras exitosas. Esa es la gran deuda de Chile con su costa”, concluye.