Las pugnas y el poder de los centros de padres en Santiago

- ¡Quema a esta huevona!

El grito se escuchó en el hall de acceso principal del Liceo Darío Salas. Hace minutos había comenzado el primer recreo de esa mañana del 18 de abril de 2019.

Lo que sucedió en ese momento deja secuelas hasta hoy: un grupo de overoles blancos comenzó a lanzar cócteles molotov desde el establecimiento hacia la calle. Enseguida, según detalla la acusación de la fiscalía, se encontraron con Naghira Álvarez (40), una psicopedagoga, en el pasillo de acceso, que los encaró. “Qué hacen acá”, les dijo.

La respuesta fue a insultos: “Qué te metes, vieja sapa”, le dijo uno de ellos, antes de que otro la empapara con bencina. Otro encapuchado prendió el combustible que estaba en el piso.

Ella reaccionó y escapó de las llamas. Evitó una tragedia.

Lo más preocupante: Álvarez, que hoy es inspectora en el establecimiento, reconoció a dos de ellos. Uno era alumno del liceo, mientras que el otro había sido expulsado. Uno de los overoles tenía solo 16 años.

Luego, identificaron a otro overol, que en ese revuelo le pegó un puñetazo en el ojo al inspector: era el hijo de la presidenta del centro de padres.

No en todas las comunas los centros de padres cumplen un rol protagónico. Pero en Santiago, epicentro de la violencia en colegios, estas organizaciones, para bien o para mal, han sido claves durante las movilizaciones de los últimos años. Desde ahí han surgido liderazgos políticos, pugnas judiciales con las autoridades y peleas entre grupos de padres marcados por un claro tinte ideológico.

El caso insignia es el del Instituto Nacional. El Cepain, su centro de padres fundado en 1961 -llamado por esto ‘el original’ en la comunidad-, se mantuvo hasta 2016. Hasta que se quebró.

Las diferencias políticas entre los apoderados a partir de las movilizaciones de 2011 hicieron que la histórica institución se dividiera en tres.

Fernando Soto, rector del Instituto Nacional entre 2014 y 2019, lo describe así: “La legislación permite que pueda haber los que quieran tener los apoderados. Es una distorsión lamentable. Porque en vez de ser un lugar para empoderar a las comunidades, lo que hacen es dividirla”.

“En el Instituto Nacional hay tres centros de padres, pero en la práctica funciona solo uno, el A-0, creado el 2016 por la comunidad”, explica Judy Valdés, quien fue apoderada del establecimiento y miembro de la organización desde sus inicios hasta el 2019.

Un año después, en 2017 llegarían dos apoderados que iban a ser claves. Una de ellas es la actual presidenta de A-0, Karina Leyton, quien desde 2019 es dirigenta del centro. Para entonces, cuenta, “ya tenía contacto con Judy”.

En la vereda opuesta, César Cabello entró al centro de padres original. “Con mi hijo llegamos al Instituto el 2017. Somos de El Bosque, y de verdad queríamos que entrara a un liceo emblemático”. A poco andar, se enfrentó a una realidad que no le gustaba nada: no quería tomas, quería que volvieran las clases.

“El Cepa A-0 se caracterizaba por avivar las tomas. Y con un grupo de padres que somos pro clases nos dimos cuenta de que eran varios apoderados en la misma línea”. Así nació la Corporación de Padres y Apoderados José Miguel Carrera.

Desde entonces, en el Instituto Nacional funcionan tres centros de padres.

“En la corporación nos caracterizamos por no tener miedo a decir las cosas como eran. Si se tomaban el colegio, decíamos el punto de vista crítico al otro día. El Cepain, el histórico, era más lento, pero gestionaba más cosas. Y el Cepa A-0 apoyaba la toma. Sus dirigentas se dedicaban a hablar cosas contra Carabineros, de lo que les hacían a los cabros”, dice Cabello.

Su estilo tenía, dice, una crítica más marcada: “Nosotros decíamos que cada acción tiene una consecuencia. Por ejemplo, si un cabro sale a lanzar molotov afuera, obviamente que Carabineros tiene que reaccionar. Es un delito flagrante, eso es todo”.

Judy Valdés, del centro A-0, lo ve de otro modo: “En la corporación participan apoderados de extrema derecha. Ellos no podían entender que los centros de padres son para recibir a todos los apoderados, sin importar la clase social, línea política o religión. Por eso no crecieron mucho”.

“Eso de extrema derecha lo encuentro un concepto mal utilizado”, responde Cabello. “Pero si tú me dices que si quiero que mi hijo tenga clases, a lo que aspiré, luché y por lo que mi hijo se sacrificó, entonces soy de extrema derecha”.

El hecho de que hubiera tres centros de padres, constata el exrector Soto, empezó a generar rechazo: “La enorme mayoría de los apoderados no se sentía partícipe de ninguna de las tres tendencias. Pero quien asume las vocerías eran estos grupos. Entonces, frente a la contingencia de los overoles blancos, encapuchados y otras, ellas asumían posiciones exageradamente ideologizadas en todo el espectro político, tanto los de izquierda como los de derecha. Y créame, los dolores de cabeza entre directores y rectores eran enormes”.

“En el fondo era un circo. Y eso hizo perder credibilidad a los centros de padres del Instituto Nacional”, lanza Cabello.

“Lo grave de todo lo que está ocurriendo es que hay adultos que toman a los estudiantes para sus fines personales y políticos”, declaraba la semana pasada Lilian Vicent, la directora suspendida del Liceo Darío Salas de Santiago.

En su relato, acusaba que había adultos que buscaban ser apoderados de alumnos sin vínculo sanguíneo para mantenerse en cargos políticos u obtener visibilidad.

Karina Leyton dice que no es así. “Lo que nos convoca no son las militancias de partidos políticos, sino que la necesidad de respuestas a los problemas de nuestra comunidad”, comenta la actual presidenta del Cepa A-0.

Leyton, eso sí, es concejala de San Bernardo: postuló a las últimas elecciones municipales por un cupo independiente cercano al Movimiento Democrático Popular. Salió electa con 2.405 votos, un 3,1% de las preferencias: la tercera más votada.

Judy Valdés tampoco cree que esto sea un trampolín político. “Un partido que no es de derecha, porque no quiero mencionarlo, me ofreció candidaturas de constituyente y de alcaldía, pero las rechacé”, cuenta. “Prefiero quedarme en una organización social”.

No fue el caso de Dafne Concha, ex presidenta del centro de padres del Liceo de Aplicación. Ella es hoy concejala del Partido Comunista en la Municipalidad de Santiago.

En el Internado Nacional Barros Arana -Inba- que tiene desde mayo nueva rectora, también denuncian que existe una creciente politización del centro de apoderados. Claudia Rey, apoderada hasta el 2019, denuncia que el ambiente del colegio ha empeorado con el tiempo. Este deterioro lo asocia al fin del proceso de selección en los emblemáticos. “La idea era nivelar para arriba, pero estos niñitos se frustraron, no dejan tener clases, es un desastre. No están acostumbrados al estudio”.

El ambiente de meritocracia, dice, se fue diluyendo.

“Siempre estos colegios tenían política dentro, pero antes había tolerancia: no imponían postura política. Ahora están muy politizados”. La salida de la rectora Ruth Delgado el 2015, sostiene Rey, fue el detonante de esa escalada.

Rey indica que parte de la responsabilidad de esto la tiene la presidenta del centro de padres del Inba, Lorena Ávalos.

“Ella lleva unos seis años. Se apoderó de la dirigencia. Es una activista política de izquierda. La vi entrar a las salas del patio Siberia y decirles a los niños: ‘saquen las sillas, que nos vamos a tomar el colegio`. Siempre les decía eso”, advierte.

“Fueron años muy difíciles. Siempre se han encontrado bidones de parafina en el liceo”, dice Rey, quien fundó dos centros de apoderados alternativos “pro clases”.

“¿Tengo tendencia de izquierda? Sí. Pero no tengo partido político”, responde Lorena Ávalos.

“Esta historia parte en el Barros Borgoño”, narra Elizabeth Parra, docente, “y había una persona llamada Yasna Salvatierra que tenía dos hijos cursando la media ahí. Y se autodenominó presidenta del centro de padres”.

“En su oficina del centro de padres del Borgoño, ella preparaba las molotov con sus hijos. Ellos también iban al cortacalle. Era una dinámica familiar”, acusa la profesora, miembro del equipo directivo de la suspendida Lilian Vicent.

“Luego de esto -sigue- se le quitó la condición de apoderada. Se fue en octubre del 2018 del Barros Borgoño. En eso, Lilian fue designada en el Liceo Darío Salas. Y estos estudiantes, con su apoderada, se fueron al Darío Salas. Y nos los encontramos allí de nuevo”.

A Marcela Briceño, docente hace 32 años, 11 de ellos en Santiago, una de las cosas que más le llamaron la atención al llegar al Darío Salas fue que el centro de padres no tenía un representante fijo.

“No tenía cabeza. Era muy informal. Y eran pro capucha. Había mucha política involucrada”, constata. “Y siempre había personas adultas dando vueltas en el colegio”.

Una de ellas, dice Briceño, Yasna Salvatierra, quien tiempo después también lograría una posición directiva en el Darío Salas.

“Llegamos a la misma dinámica: los estudiantes se encapuchaban durante todo marzo y abril. Todos los días había cortacalle, llegaban carabineros, desalojaban, tiraban lacrimógenas. Y en ese ambiente teníamos que trabajar todo el día”, cuenta Parra.

Fue en esa escalada violenta cuando overoles blancos rociaron a la psicopedagoga con bencina. Uno de ellos es hijo de Yasna Salvatierra. Tenía en ese entonces 19 años. Y fue imputado por amenazas y lanzar artefactos incendiarios.

Yasna Salvatierra fue contactada para este reportaje, pero no quiso participar.

César Cabello sacó a su hijo del Instituto Nacional. “No podía estudiar. El hecho de levantarse y no saber si tenía o no clases le pasó la cuenta. Ya era un colegio que perdió la excelencia”.

Para él, el Cepa A-0 es el culpable de la excesiva politización dentro de las aulas. “Eso es en un 90% culpa de los apoderados que instrumentalizaron el Instituto en temas políticos, de izquierda. Apoderados que no eran apoderados, que se conseguían alumnos para ser apoderado y estar en cargos de poder, de cursos, de delegados”.

Por su lado, Judy Valdés no cree que la politización de la comunidad ha provocado un efecto negativo. Al contrario: considera que es importante para conseguir soluciones.

“El rol de los centros de padres no es hacer un bingo para pelotas de fútbol, o pagar una rifa de mil pesos”, critica Valdés. “Los padres tienen que participar, opinar y hacer acciones en beneficio de la comunidad. ¿Y cómo uno hace acciones en beneficio? Pidiéndoselas a la autoridad. Si no te responden, vas donde otras autoridades”.

“Y claro, es hacer política. Pero hay que hacerla, y todo es política. Con un bingo no arreglas los problemas. Y cuando veíamos que el sostenedor no respondía, los estudiantes me decían: ¿Se da cuenta de que hay que manifestarnos para que nos escuchen?”, dice Valdés.

Manuel Ogalde es rector interino del Instituto Nacional desde marzo del 2021, pero trabaja hace años en el liceo. Le preocupa la excesiva politización: “Las instituciones se han ido politizando un poco. Y hay que dejarlo de lado. El Instituto en su génesis es un colegio donde se viene a aprender, a generar conocimiento y experiencias. Sí, la política está presente, pero estamos trabajando para que no intervenga: se puede tener posturas, pero no debe intervenir en el aprendizaje de los estudiantes”.