Las ronchas que dejó Valeria: La trama oculta tras la disputa entre notarios que incomoda al Poder Judicial

El 8 de abril, Valeria Ronchera autorizó una escritura pública de adjudicación de un remate. No había nada raro en eso. Ella, una abogada de 50 años, llevaba siendo notaria desde 2003 y hace una década que mantenía una oficina en Agustinas, frente al Palacio de La Moneda. Pero esa escritura en particular sacudió a todo su gremio. Pasó que ese documento, Ronchera lo autorizó mediante una firma electrónica avanzada. Es decir, sin que los intervinientes comparecieran físicamente frente a ella, sino que a través del uso de este dispositivo. Y eso, con una escritura pública, nunca se había hecho. Ronchera volvió a repetir el procedimiento el 17 de abril para un requerimiento similar. En un escrito que luego presentó a la Corte de Apelaciones de Santiago, defendió su actuar. Sostuvo que todo era legal, porque, de acuerdo a la ley, “las escrituras públicas deben ser extendidas ante notario y los intervinientes deben comparecer legalmente”. Además, argumentó que se “había utilizado una representación electrónica de la tinta” exigida por el artículo que rige este tipo de trámites y que “los adjudicatarios concurrieron al oficio de esta notaria y firmaron con sus firmas electrónicas avanzadas en presencia de esta notaria pública”. Todo lo demás estaba en orden. Había un acta de remate y cumplía los requisitos formales. Por lo tanto, en ambos casos Ronchera extendió la escritura pública digital solicitada por el juez del Undécimo Juzgado Civil de Santiago.

La Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales puso atención a esto. Uno de sus miembros dice que se enteraron del hecho a través de una publicación en la web de la página del Poder Judicial que celebraba el acontecimiento. El link comenzó a dar vueltas por los teléfonos de los asociados, que veían en esto algo ilegal. Porque la normativa que los rige, el Código Orgánico de Tribunales, señala que la escritura pública debe ser firmada ante presencia de un notario, con tinta fija o pasta indeleble. Y no con firma electrónica.

Por eso es que algunos, dice esta misma fuente, llamaron a Ronchera para “persuadirla de que esto era ilegal”. Pero ella mantuvo su posición.

No era la primera vez que tenían un desencuentro.

Valeria Ronchera estudió Derecho en la Universidad Central. Su vinculación al mundo judicial vino en esa etapa de su vida. Fue ayudante de Carlos Meneses, exsecretario de la Corte Suprema. Ahí, comenta alguien que trabaja con ella, empezó a atraerle la carrera judicial. En 1997 ingresó a trabajar como relatadora interina a la Corte de Apelaciones de Santiago, recomendada, según fuentes judiciales, por el mismo Meneses. A pesar de no haber podido ingresar a la Academia Judicial y, por lo mismo, imposibilitada de continuar relatando, obtuvo un “premio de consuelo”. Según fuentes judiciales, Carlos Meneses la mandó a la Corte de San Miguel, donde, en 2003, fue nombrada notaria y archivera judicial a la vez.

En 2005 comenzó una relación sentimental de cinco años con Max Cancino, quien entonces era relator de la Suprema y hoy es presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Justamente ese año, el 2010, Ronchera vivió uno de los momentos más complejos de su carrera. El terremoto destruyó una bodega donde ella guardaba documentos judiciales. Por eso iniciaron un sumario en su contra. El 3 de enero de 2011, la Corte de San Miguel, en el proceso administrativo 438-2010, la sancionó “por designar domicilio particular para bodega de documentos notariales, sin la autorización superior (la corte) y mantener esos registros en un lugar inhóspito, descuidando su preservación y haber silenciado la existencia de tal bodega tanto en las visitas regulares como en las de la ministra investigadora. Además, por mantener documentos en un sitio eriazo y a la intemperie”

.Antes del desenlace de todo ese proceso, el 25 de junio de 2010, Ronchera ya había sido apuntada a la Décima Notaría de Santiago. Ese salto en su carrera es mirado con recelo por sus críticos, quienes, más que mérito, ven en esa movida el fruto de las redes que la abogada tejió en todos esos años, incluido, aseguran las misma fuentes, una relación cercana con Milton Juica, quien ejercía como ministro de la Corte Suprema cuando ella fue sancionada. Sea como fuere, la abogada comenzó a hacerse un nombre dentro de su gremio. Fue vicepresidenta de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales y renunció en 2018, luego de ser parte de ella por 15 años.

En su respuesta a la Corte de Apelaciones dio los motivos de su salida.

“Observé en múltiples oportunidades que la manera en que muchas notarías en nuestro país estaban actuando en materia digital constituían abiertas ilegalidades que estaban generando cientos o miles de actos jurídicos nulos. Sin embargo, nunca logré captar adecuadamente la atención de mis colegas, razón por la cual me vi en el deber de renunciar”.

Desde la asociación lo niegan tajantemente. Una alta fuente del gremio indica que “ella se fue cuando quiso ser presidenta y no tuvo los votos del directorio. Es falso lo de su agenda modernizadora. En las actas de directorio no hay una sola proposición de ella expuesta para modernizar el sistema. Ni una sola”.

Esos mismos protagonistas volvieron a toparse, en medio de la pandemia, con notarías repletas. En la asociación se excusan. Dicen que tuvo que ver que, en el caso de Santiago al menos, los tribunales ordenaron el cierre temporal de varias notarías. Que sólo quedaron dos funcionando y, además, con horario restringido. Por eso, las graves aglomeraciones que se dieron en abril, el mes en que el finiquito comenzó a empinarse como el trámite más solicitado. Uno que, dicen en el gremio, legalmente no puede hacerse vía remota.

Abril fue, también, el mes en que Valeria Ronchera autorizó la escritura cuestionada. Luego de eso, y de que en la asociación vieran que en la página web de ella había disponible un servicio que permitía firmar documentos privados, como declaraciones juradas, mediante un programa de verificación de identidad realizado por una empresa externa, suplantando, creían ellos, la labor del notario, la batalla legal estaba servida.

Lo dice un miembro del gremio: “No nos quedo más que recurrir a la corte, que anuló esas escrituras”.

La historia de Valeria Ronchera comenzó a correr por las notarías de Santiago. Por lo mismo, hubo clientes que comenzaron a exigir el servicio en otros lugares. A tanto llegó la popularidad de la herramienta tecnológica que ofrecía la abogada, que un reconocido notario de la capital, Francisco Leiva, decidió él mismo ingresar a la plataforma de su colega en agosto y hacer una prueba de reconocimiento de identidad de forma remota. Simuló un trámite notarial y en sólo unos minutos descubrió una grave falencia de seguridad. En vez de estar él frente a la cámara del computador, imprimió una foto de su rostro y el sistema de la empresa Prestadora de Servicios de Certificación para Firma Electrónica Avanzada (PSC) “TOC” lo reconoció como si fuera un humano, como si fuera él. De inmediato comenzó a llamar a la abogada para avisarle que su sistema tenía una falla básica. Se conocían desde la época en que ambos trabajaban en el Palacio de Tribunales y, según comentan en la corte santiaguina, no son amigos, pero se tienen respeto. Leiva no obtuvo respuesta, ante lo cual le dejó unos mensajes de WhatsApp. Pero nunca más supo de Ronchera.

No fue el único caso. El 16 de julio, mientras el sistema de verificación de identidad estaba en período de pruebas, Sebastián Martínez García ingresó desde Uruguay, pero acreditando estar en Santiago, realizando cinco operaciones y completando tres con éxito. Una de ellas levantó las alarmas. Un poder para cobrar un finiquito en que Martínez usó un video de sí mismo para burlar a la plataforma. No había suplantación de identidad, pero sí una falla. Martínez García, supo Ronchera, era el dueño de NotarioExpress: una empresa que ofertaba servicios tecnológicos a la Asociación de Notarios.

El 1 de agosto, el pleno de la Corte de Apelaciones ordenó a la notaria “abstenerse de utilizar el sistema computacional implementado en su oficio para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza” tras una presentación de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, quienes cuestionaban los métodos utilizados por la asociada. Al interior del gremio aseguran que la petición se hizo porque se estaba poniendo en riesgo la fe pública, con un sistema computacional para la autorización de firmas de documentos privados y atención remota que no eran seguros y que de fallar volvería a poner a la industria en el centro de las críticas y las reformas del gobierno. Cuando el tribunal de alzada adoptó la decisión de impedir a Ronchera seguir adelante con el uso de TOC, vino la arremetida de la notaria, que en su respuesta a la embestida de su gremio sostuvo haber sido víctima de “sabotaje”, relatando el episodio en que su competencia había hecho una prueba para burlar “el sistema de autentificación de identidad” que ella había implementado.

En privado, los ministros se manifiestan molestos y algunos sorprendidos. “Decidió victimizarse y poner al mundo en contra de los notarios y de nosotros que supuestamente los estamos protegiendo, cuando eso no es así, es mucho más fácil: Ronchera quería ganar más dinero saltándose la ley y nosotros se lo impedimos”, dijo uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que firmó la resolución del 1 de agosto. Esa incomodidad con el rol de la notaria en toda esta historia también está instalada entre sus competidores. “Lo que hizo es grave, sabía perfectamente que en auto acordado que nos regula se permite la firma electrónica avanzada, pero no la autentificación de identidad a distancia, porque ningún sistema notarial del mundo lo utiliza por las fallas de seguridad que algo así puede tener y aquí nos tiene, apuntándonos como los malos, vetustos, que no queremos avanzar hacia la modernidad y ella es la única buena y transparente. Se ha quedado sola, que lo sepa”, dice un notario que prefirió mantener su identidad en reserva.

El miércoles 9 vendría el último pronunciamiento de la Corte de Santiago en el caso Ronchera. Ante una reposición de la abogada, los ministros aclararon que sólo se le pedía abstenerse de usar la plataforma proveída por TOC, ya que esa es la tecnología en estudio no actualmente permitida por el auto acordado de la Corte Suprema, y no sus sistemas de firma electrónica a distancia. “Acá aparecen opinólogos que no entendieron el objetivo de lo que hicimos: era un sistema vulnerable y lo único que logro entender es que acá, más que una notaria defendiendo un sistema, lo que entendemos es que hay detrás intereses de grandes empresas de certificación de identidad. Pero nosotros haremos cumplir la ley, aunque sea impopular”, dijo un juez.

Como un efecto dominó, todas las cortes del país comenzaron a pedir cuentas a sus notarios para ver si alguno, como Ronchera, estaría poniendo en riesgo los actos de fe. El “efecto Ronchera” -dicen los judiciales- fue que una vez más el gobierno puso en la mira el sistema notarial.

Esa jugada había partido antes. Existía un proyecto de ley del gobierno que buscaba modernizar el sistema notarial y, a la vez, según sus propios términos, “desnotarizar la vida de las personas”, reduciendo la cantidad de trámites realizados ahí. Esta reforma culminó su tramitación en la Cámara de Diputados. Pero cuando pasó al Senado en 2019, se estancó, a pesar de que en la Comisión de Constitución ha tenido urgencia en nueve oportunidades.

La iniciativa entusiasmaba en el Ministerio de Justicia, no sólo porque es el proyecto en esta materia que más ha avanzado en la historia del Parlamento, sino porque, además, apuntaba a un gremio que, creen, ejerce demasiada influencia y lobby entre parlamentarios. Muchas veces, explican, apelando a vínculos que mantienen excongresistas con quienes actualmente ejercen.

Un ministro de la Suprema lo admite: “Todos estamos emparentados. De hecho, muchos notarios tienen hijos o hijas de ministros trabajando en esos lugares. No nos vamos a ver la suerte entre gitanos, eso siempre ha sido así. Pero también hay hijos de políticos. Así que ahí está la respuesta de por qué el sistema no se va a reformar nunca”.

El 14 de julio, de hecho, el ministro Hernán Larraín habló sobre la situación que surgió a partir del caso Ronchera. Dijo: “Van poniéndose trabas que yo creo no ayudan a avanzar. No hay que esperar una ley para que tengamos la modernización de las notarías, los vamos a obligar por la ley; pero bien pudieran estos (los notarios) avanzar con mayor rapidez”.

Uno de los puntos del proyecto es darles más atribuciones al Registro Civil y a sus oficiales, para que pueden ejercer como ministros de fe. Y eso a en la Asociación de Notarios no gustó.

“Este lío con Ronchera es una excusa para que el gobierno meta su proyecto”, dice un asociado del gremio. “Estamos a favor de que haya más mérito, más fiscalización y más estándares tecnológicos. Pero si esa ley hubiese estado en vigencia durante la pandemia, habría sido un desastre”. El personero de la asociación hace referencia a que muchas oficinas del Registro Civil están cerradas desde marzo por motivos sanitarios. “Imagina lo que habría ocurrido con el mercado inmobiliario y el financiero. Se habrían paralizado. El proyecto entrega al Registro Civil todas las inscripciones. ¿Qué habría pasado con las compraventas de propiedades?”.

Mientras esa pelea continúa a través de declaraciones de prensa y cartas en los diarios, la notaria Ronchera trabaja en un texto para el comité interno de notarios, donde pretende informar qué sistemas tiene integrados y cómo funciona en ellos la firma electrónica avanzada. Tiene plazo hasta el lunes para entregarlo. Dicen desde su entorno que aún cree que esta pelea no ha terminado.