Las víctimas improbables de la dictadura: la ejecución y desaparición de cuatro militantes del Partido Nacional

Los datos sobre militancia son parte del especial “Los números que son memoria” y de la cobertura especial de La Tercera por los 50 años del Golpe de Estado.

Faltaban 30 minutos para la medianoche del 6 de noviembre de 1973. En la población El Tejar, de la comuna de Chillán, Luis Wall Cartes (21), un joven mecánico proveniente de una familia campesina ligada al Partido Nacional, había terminado recién de jugar unas rondas de cartas en casa de sus amigos y vecinos Óscar Fetis Sabelle (35) y Sergio Fetis Valenzuela (27).

Con un toque de queda que por esos días comenzaba a las 21 horas y en noches en que los servicios de inteligencia de la dictadura podían irrumpir en cualquier casa, un par de golpes en la puerta los dejó en silencio. Era una pareja de carabineros. “Venimos a buscar a Sergio Fetis”, dijeron sin más palabras. Fetis era militante del Partido Radical y funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

De inmediato, su primo Óscar, quien también trabajaba en el SAG, pidió alguna orden judicial o los motivos de la detención. Los carabineros sólo callaron. Pero al preguntar si él y su amigo Luis Wall podían acompañar a Sergio para asegurarse de que todo estuviese bien, los policías dijeron que sí.

“A mi hermano no lo detuvieron porque quisieran detenerlo. Él acompañó a sus amigos para tratar de ayudarlos, para contar su versión, que los conocía”, recuerda Leopoldo Wall (69), uno de los 18 hermanos de la familia Wall Cartes. Leopoldo Wall Otárola, el padre de la familia, era un activo militante del Partido Nacional en Chillán, colectividad política de derecha opositora a la UP y que apoyó el Golpe de Estado.

Tras sacarlos de la casa, Luis Wall y sus dos amigos fueron subidos a una camioneta del SAG y llevados hasta un lugar desconocido. Al día siguiente, la camioneta fue vista al interior del regimiento del Ejército en Chillán.

“Como a las 11 de la mañana me llaman porque en la guardia estaba mi mamá. ‘Desapareció el Memo’, me dijo. Me encargué altiro de ver adentro, de mover los contactos que tenía con los oficiales que éramos más yuntas”, recuerda Leopoldo, quien en ese momento era cabo del Ejército en el mismo regimiento.

Usando esos vínculos, revisó los libros de guardia, visitó las comisarías y recorrió las orillas de los ríos más cercanos. “Yo creo que tuvimos la esperanza una semana. Yo como militar, y por lo que se estaba viviendo en esos días, me di cuenta de que mi hermano no iba a aparecer, al menos vivo”, relata con pesar el sexto de los hermanos Wall Cartes. Su madre, por otro lado, nunca dejó de mirar por la ventana esperando ver regresar a su hijo Luis.

De acuerdo a lo concluido en 1991 por el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, también conocido como Informe Rettig, Luis Wall y sus dos amigos fueron víctimas de desaparición forzada cometida por agentes del Estado. Hasta el día de hoy son parte de los 1.092 detenidos desaparecidos en dictadura.

En la localidad de Portezuelo, a unos 34 kilómetros de Chillán, en la Región de Ñuble, Luis Wall Cartes y sus 17 hermanos se criaron en medio del trabajo en el campo. “Mi papá tenía su propia tierra y había vides, en uno que otro pedazo se sembraban lentejas y arvejas”, relata Leopoldo Wall.

Fue en ese mismo lugar donde a su familia le tocó vivir los años más duros del gobierno de la Unidad Popular. “Como mi papá era del Partido Nacional, le gritaban ¡viejo momio! A veces pasaba gente con horquetas, con azadones, con escopetas por fuera de la casa gritando. Eso nos asustaba”, asegura Leopoldo. “Pero lo que más nos preocupaba es que había que pertenecer a un partido para que nos vendieran un pollo. Y cuando íbamos a comprar nos decían ‘no poh, se acabaron los pollos, ¡coman mierda los momios!’”, agrega.

Ya en 1973, su familia había dejado el campo y emigrado a Chillán. Con 19 años, Leopoldo había entrado a hacer el servicio militar, mientras que su hermano Luis -después desaparecido- trabajaba de mecánico de autos. “Mi papá era de toda la vida del Partido Nacional, pero mi hermano no participaba de actividades del partido. Yo nunca lo vi en una revuelta, ni tirándoles piedras a los carabineros, ni gritándoles cosas a las personas”, afirma. Leopoldo desconoce por qué en los informes su hermano aparece como militante del partido, aunque no hay dudas de que toda la familia era de derecha.

Cuando en noviembre de 1973 vino la detención y desaparición de su hermano, el hombre relata que “lo encontré muy injusto, porque me imaginé que si no tenían ese pequeño respeto por la gente que pertenece a la institución… donde nos dijeron que era una guerra, que teníamos que ser buenos soldados y obedientes, y que te detuvieran a tu hermano sin que tuvieran causa justificada, como que perdí la vocación militar”.

A pesar de que su madre presentó una denuncia por presunta desgracia en diciembre de 1973 y un recurso de amparo en noviembre de 1978, ambas causas fueron sobreseídas. Leopoldo Wall, por su lado, comenzó a indagar sobre lo ocurrido con su hermano dentro de la institución castrense. Cuando se dio cuenta de que sus preguntas empezaban a incomodar y molestar, pidió un traslado a Visviri, en el norte, renunciando después al Ejército en 1978, con la desaparición de su hermano dando vueltas.

El año 2009 se abrió una nueva investigación en Chillán. Entre todas las diligencias efectuadas, Leopoldo tuvo un careo con los dos funcionarios de Carabineros inculpados, a quienes conocía de sus años como miembro activo del Ejército.

Se trataba de Patricio Marabolí Orellana, quien en 1973 era teniente y parte del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), organismo previo a la creación de la Dina y que se encargó de la detención, interrogatorios y torturas tras el Golpe. También estaba Juan Francisco Opazo Guerrero, quien era cabo en los días posteriores al 11 de septiembre. Sentados, frente a frente, Leopoldo volcó los recuerdos de todo lo que vio siendo parte del Ejército.

“Yo les dije en su cara, a usted, mi coronel Marabolí, yo le decía el perro sarnoso. Yo lo ví torturar en la guardia 2 del Regimiento de Chillán. Usted le pegó una patada a un señor que le faltaba un pedazo de pierna y el viejito usaba un bototo de madera, usted le pegó una patada y lo tiró dentro de un hoyo. ¿Sí o no?”, narra Leopoldo alzando la voz.

“Y tú, le dije a Opazo, a un muchacho de como 25 años, blanco, crespito, lo pusieron desnudo en una plancha y le amarraron cables de cobre en las manos y con una máquina, con una batería le dieron corriente y llegaba a humear en la lata, ¿dime que no es así? ¡Yo te vi, yo estaba ahí!, yo era cabo de relevo de ese sector”, relata sobre el careo.

Los acusados negaron haber detenido a Luis Wall y sus amigos. Pese a que un juez con dedicación exclusiva y la Corte de Apelaciones de Chillán absolvieron a Patricio Marabolí, en septiembre de 2015 la Corte Suprema lo condenó a cumplir una pena de cinco años y un día de cárcel como autor de delito de secuestro calificado. Mientras que Opazo falleció un par de meses antes, sin ser condenado por este caso.

“Lo que me molesta es que nadie de los derechos humanos fue nunca a hablar con mi madre y no se movió un dedo para hacer justicia por mi hermano y para ubicarlo. Tengo la seguridad de que eso fue porque a mi familia la reconocían como del Partido Nacional”, reclama el hermano de Luis Wall.

Hoy, los roles se han cruzado para Leopoldo Wall: ha sido interrogado en varias ocasiones por supuestamente haber sido parte en violaciones a los derechos humanos cometidas mientras estuvo en el Ejército. El hombre niega las acusaciones tajantemente. Pero al mismo tiempo asegura: “Si me hubieran dicho usted tiene que ir a esta dirección y detener a esas personas yo… (se cuadra como en posición de saludo militar)... en la institución la palabra no, no existe. Obediencia absoluta. Porque en tiempos de guerra, como lo dijo Pinochet, un no significaba la muerte”.

Las largas jornadas de trabajo y uno que otro tiempo de relajo en una fuente de soda hacían que Benjamín Videla Ovalle (28), contador auditor, llegara tarde a su casa. Y al parecer eso nuevamente ocurriría el 6 de octubre de 1973, cuando recién hacía tres días se había atrasado la hora de inicio del toque de queda, de las 19.00 a las 21 horas.

Cerca de la hora límite, desde un local ubicado en Vicuña Mackenna con Avenida Matta, en la comuna de Santiago, Videla salió a esperar una micro, cuando una patrulla de Carabineros lo tomó detenido junto a otras personas que estaban en su misma situación.

En su billetera, Benjamín Videla portaba lo que pensaba era casi un salvavidas: su carnet de militante del Partido Nacional. “Yo una vez le dije, ‘oye, ten cuidado, te va a pillar el toque de queda y te van a llevar’. No, me dijo, no tengas cuidado, a mí no me va a pasar nada, respondió. Yo le decía es que resulta que no van a saber de qué partido eres cuando te tomen”, cuenta hoy Guadalupe Mundaca Tirapegui, quien en ese momento era la esposa de Videla.

La mujer recuerda que su marido iba a reuniones del partido y que era opositor al gobierno de Salvador Allende. “Cuando fue el Golpe, él decía que era una lástima que hayan ocurrido estos hechos, pero que ahora se iba a limpiar el país”, afirma Mundaca.

De lo que se ha podido reconstruir hoy, se sabe que Videla primero fue llevado al recinto del Orfeón de Carabineros y luego a la Cuarta Comisaría, ubicada también en Santiago. Ahí llegó al día siguiente Guadalupe Mundaca en busca de su marido. “Un teniente me recibió y me dijo que no estaba detenido. Me acuerdo que había una caja llena de carnets de identidad y no lo encontré”, relata la mujer.

Ya desesperada, en los días siguientes visitó día por medio la morgue de Santiago. “Era horrible, uno tenía que pasar a ver los cadáveres así de lado, porque estaba lleno. El del que creo era mi marido llegó el 27 de noviembre, venía desnudo, con la cabeza destrozada, pero no fui capaz de reconocerlo”, agrega la viuda de Videla.

Días más tarde, volvió con la esperanza de encontrar coincidencias con las características de su marido. Pero ya había sido enterrado, en lo que luego sería conocido como el caso del Patio 29 del Cementerio General. “Hice cartas, me entrevisté con el general director de Carabineros, César Mendoza (miembro de la Junta Militar), pero lo negaban. Me decían que nunca lo habían detenido, que no estaba en ninguna parte”, narra Mundaca.

Pero con el paso de los días sus intentos de búsqueda se convirtieron en hostigamientos y amenazas. “Me amenazaban mucho por teléfono. Me decían puras groserías, que me iban a matar, que lo único que estaba buscando era la muerte, pero nunca supe quién era. El hostigamiento duró mucho tiempo. Yo tenía 24 años, estaba sola en Santiago con mi hijo, entonces me volví para Angol, mi pueblo”, relata hoy al teléfono.

Ya en democracia, en septiembre de 1991 se exhumaron 107 tumbas del Patio 29 desde las que se extrajeron 125 osamentas. Tuvieron que pasar 19 años más para que en febrero de 2010 el ministro Alejandro Solís confirmara a Guadalupe Mundaca que los restos de su marido habían sido identificados.

Si bien en 1991 se inició una investigación por la ejecución y desaparición de Benjamín Videla, la causa no prosperó. “Nadie fue juzgado por su ejecución. El caso quedó en total impunidad”, lamenta la viuda.

Cuando la Junta Militar tomó el control del país en septiembre de 1973, los días se volvieron complejos en la Remodelación San Borja, un conjunto de edificios de departamentos ubicados en Santiago. De hecho, el mismo 23 de septiembre quedaron registradas para la historia las imágenes de militares alimentando una hoguera con decenas de libros que habían sido requisados a habitantes del sector.

No pareció tan extraño que en la madrugada del 16 de octubre de 1973, una patrulla de la Escuela de Suboficiales del Ejército llegara al lugar. Rápidamente, los funcionarios al mando del capitán René Cardemil Figueroa se distribuyeron y golpearon las puertas de diferentes departamentos de la Torre 12 del condominio. La “Operación Coipo” estaba en desarrollo.

Sacados de sus departamentos, fueron detenidos y subidos a un camión militar seis personas: los argentinos Carlos Adler Zulueta (25) y su pareja embarazada Beatriz Díaz Aguero (26); Ricardo Montecinos Slauhther (27), funcionario del Fondo Monetario Internacional; Julio Saa Pizarro (37), cirujano dentista, y Víctor Garretón Romero (60), comerciante, militante del Partido Nacional y cuyo hijo era miembro activo de la Fuerza Aérea. Del grupo, Garretón era el único militante, pero de un partido de derecha.

Pero a todos los vecinos les llamó la atención que la única persona que miraba con total tranquilidad el operativo era Eva Cortés, quien vivía en el departamento 52 con su pareja y era la presidenta de la primera directiva creada en la comunidad en el año 1969. Sus vínculos con el movimiento de ultraderecha Patria y Libertad sólo hicieron crecer las sospechas.

Los detenidos fueron llevados transitoriamente a una casa ubicada en la calle Londres N°38, en la comuna de Santiago, lugar que con el pasar de los meses se convirtió en un centro de detención y tortura de la Dina. Desde ahí los trasladaron a la Casa de la Cultura de Barrancas, en la comuna de Pudahuel.

Al día siguiente, la visita de dos uniformados volvió a alertar a los vecinos de la Torre 12. Décadas más tarde, Pascual Biela, la pareja de Eva Cortés, daría pistas a la justicia de lo que estaba ocurriendo. “En la noche concurrieron a mi departamento el capitán Cardemil y el brigadier Gerardo Urrich, a petición de Eva Cortés, quien estaba siendo culpada por las detenciones”, confesó Biela.

Gerardo Urrich no era cualquier hombre. Suboficial de inteligencia, sería un renombrado miembro de la Brigada Purén de la Dina y jefe de los centro de tortura “Londres 38″ y “La Venda Sexy”.

“Principalmente Urrich, mofándose, señaló que no se preocupara, toda vez que no había manera de probar su implicancia en las detenciones, ya que estaba todo solucionado, por cuanto después de sus aprensiones les aplicaron Ley de Fuga, dándoles muerte a todos”, fue lo que terminó de escuchar la pareja de Eva Cortés.

De acuerdo a lo establecido por la justicia, el listado de personas a detener ese día llegó a Cardemil “por intermedio de una mujer con la cual tenía algún grado de relación sentimental -hecho por lo demás expresamente reconocido por él mismo- y que vivía en la misma Torre 12 de San Borja, lugar que por esta razón él visitaba con cierta frecuencia”.

Se trataba de residentes que “supuestamente eran contrarios al régimen militar”. Aunque no existe una prueba concreta, se especula que Garretón pudo haber tenido algún conflicto con Cortés y que por eso fue incluido en la lista.

En la madrugada del 17 de octubre de 1973 las seis personas fueron llevadas hasta un sector cercano al Túnel Lo Prado, “donde se les ordena que huyan, instante en el que se les dispara uno a uno por la espalda por medio de las ráfagas de las ametralladoras que portaban los militares”.

Inmediatamente después de que se encontraron los cuerpos, Carlos Garretón, oficial de la Fuerza Aérea e hijo del asesinado Víctor Garretón Romero, quien era miembro del Partido Nacional, hizo pesar su vínculo militar y logró que se abriera un sumario interno en el Ejército. Meses después, recibió una carta en la que la institución le presentó “el pésame de la Junta de Gobierno por este gran error militar”.

Por estos hechos, Gerardo Urrich, René Cardemil y Juan Fernández Berardi, todos del Ejército, recibieron una condena de 10 años efectivos de cárcel cada uno, la que fue confirmada por la Corte Suprema en enero de 2014.

El último caso es el de Alexis Eduardo Muñoz Riveros, de 17 años, estudiante de enseñanza técnico–profesional y militante del Partido Nacional, quien murió el 28 de abril de 1988.

Los informes de memoria constatan escuetamente: “Por la noche, al finalizar una manifestación de estudiantes en apoyo a una protesta de profesores, fue muerto por un disparo de bala efectuado por un particular en el sector de Av. Departamental (Santiago) en circunstancias que esta Comisión no pudo clarificar. Los antecedentes reunidos por la Comisión le permiten formarse la convicción de que Alexis Eduardo Muñoz cayó producto de la violencia política del período”.