Lío supremo: la trama tras la fallida compra de los 22 Lexus que enredó a la corte y la enfrentó con el gobierno

A primera hora del viernes 2 de febrero, justo después del tradicional juramento de abogados, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, llamó al resto de los magistrados del máximo tribunal a una reunión. Fue en ese momento cuando Blanco comentó que este año correspondía comprar autos nuevos para los 21 supremos y el fiscal judicial, pero tenía una aprensión. “Me preocupa que esto sea leído como la compra de autos de lujo”, afirmó Blanco, según cuentan algunos ministros ahí presentes.

Solo algunas semanas atrás, a mediados de enero, en una reunión del consejo superior en el edificio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), ubicado detrás de los juzgados de familia, se les avisó a los ministros presentes que fueran a ver unos autos. En el estacionamiento había un Lexus ES300H estacionado, listo para ser exhibido. Los ministros lo vieron, entendieron que eran parte de la renovación de la flota automotriz del pleno y siguieron con sus labores. Días después, a inicios de febrero, los autos llegaron hasta el Palacio de Tribunales. Ahí se les avisó a los ministros que fueran al estacionamiento a escoger el color. Tres eran las opciones: negro, gris y grafito. Algunos de los ministros en vacaciones dejaron el recado de que les asignaran cualquiera, el que sobrara.

Hace menos de cuatro meses, en noviembre del año pasado, la CAPJ había informado a la Suprema que el Ministerio de Hacienda -a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres)- autorizó añadir al Presupuesto 2024 más de $ 20 mil millones, correspondientes al saldo inicial de caja. La noticia fue recibida con mucha satisfacción por el pleno, ya que eso permitiría resolver temas de infraestructura, gasto para personal de apoyo, sobre todo en tribunales de familia, la adquisición de inmuebles, entre varios otros asuntos que apremiaban a la judicatura. Las mejoras incluían, además, la renovación de los 22 autos del máximo tribunal.

La flota automotriz de la Suprema tiene 10 años de antigüedad. Fue en 2014 cuando se compraron 22 autos híbridos modelo Toyota Camry, en línea con la política de sustentabilidad de la magistratura. Una década después, los vehículos presentan varias fallas, como, por ejemplo, defectos en las baterías, cuyos reemplazos, dicen en la Suprema, resultarían menos convenientes que el recambio completo.

Cuando el 2 de febrero Blanco tocó el tema, los supremos que forman parte del consejo superior de la CAPJ -María Angélica Repetto, Mario Carroza, Diego Simpertigue y María Teresa Letelier- dieron más contexto y explicaron que luego de un largo proceso de búsqueda, la CAPJ cotizó 64 marcas de autos que fueran híbridos, que tuvieran un estándar de seguridad adecuado, y concluyó que la mejor opción era el modelo Lexus ES300H, cuyo costo unitario era de casi $ 57 millones. Es decir, un costo total de casi $ 1.154 millones. Todo con un descuento del 7,99% -válido hasta marzo-, otorgado vía compra directa por la automotora Portillo.

Algunos supremos presentes reiteraron que no les importaba el modelo ni la marca, pero sí que fueran autos seguros. Otros plantearon la duda de por qué había que cambiar de modelo, ante lo cual se respondió que, según había informado Toyota, ese ejemplar está discontinuado en Chile desde 2021. Ante el debate y el disenso suscitado, Blanco tomó la determinación de dejar hasta ahí la reunión y convocó a un pleno para las 13 horas de ese mismo viernes.

Al ser febrero, varios de los ministros titulares figuraban de vacaciones. Por eso a la instancia solo asistieron 12 de los 18 magistrados. A la cita llegaron Blanco, Repetto, Carroza, Simpertigue, Letelier, Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Arturo Prado, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mauricio Silva, Cristina Gajardo y Soledad Melo. Luego de seguir discutiendo, el pleno votó y por mayoría aprobó la “adquisición de vehículos marca Lexus para renovar la flota de automóviles actualmente disponibles”. Los únicos disidentes fueron Blanco, Muñoz y Silva. “La renovación debe realizarse mediante la adquisición de vehículos de la misma marca y modelo que se encuentran en uso actualmente”, consignaron los magistrados.

El acuerdo se tomó, pese a la ausencia del resto de los ministros titulares: Sergio Muñoz, Eduardo Fuentes, Leopoldo Llanos, Gloria Ana Chevesich y Jean Pierre Matus. Diez días después, la decisión de la Corte Suprema se transformó en una bomba de tiempo, un conflicto que terminaría enfrentando a los miembros del máximo tribunal entre sí, al pleno con el gobierno y la CAPJ. En suma, un bochorno del cual, en menos de una semana, los supremos tuvieron que retroceder y decir adiós a los Lexus.

El lunes de esta semana, cuando La Tercera reveló el acuerdo de los Lexus, la polémica estalló de inmediato. En plena reconstrucción de las zonas afectadas por los feroces incendios en la Región de Valparaíso, la decisión -tomada antes de la tragedia- provocó un escándalo. Por lo mismo, el ministro Blanco, quien siempre estuvo en contra, tomó la determinación de controlar la crisis y encauzarla para que el pleno reculara en su decisión.

El primer pleno extraordinario se citó para el martes. Ese día había 11 ministros titulares presentes, casi los mismos que habían aprobado comprar los Lexus. Esta vez se incorporó Chevesich, quien estaba incómoda con el acuerdo del pleno. Tanto así que se preocupó de que quedara claro que ella no había participado de la decisión. Ministros que estuvieron en ese pleno comentan que varios de los magistrados recalcaron que el acuerdo ya estaba tomado, que no existían irregularidades y se enmarcaba en un proceso realizado por la CAPJ analizando la oferta disponible de automóviles.

A esa altura la presión iba creciendo y venía desde el mismo gobierno. Mientras en privado el máximo tribunal aseguraba que los recursos estaban aprobados y provenían del saldo inicial de caja, desde Hacienda rápidamente afirmaron lo contrario. “Dipres no ha visado recursos para la renovación de flota de automóviles del Poder Judicial”, respondió. Pese a que la directora, Javiera Martínez, se encontraba de vacaciones, el organismo quiso aclarar el asunto, sobre todo por la molestia que se generó luego de que el máximo tribunal los involucrara directamente en la polémica.

Hasta el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se sumó al tema. Aclaró que el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto y, ante consultas de la prensa, lanzó un misil que provocó la indignación de varios magistrados. “Yo tengo un vehículo del 2015, con 260 mil kilómetros recorridos, y todavía funciona bien”, dijo Marcel. A pesar de la presión del gobierno, en el pleno del martes la Suprema no tomó una decisión.

El miércoles, el ministro Blanco convocó a otro pleno extraordinario. Esta vez el máximo tribunal citó al director de la CAPJ, Ricardo Guzmán -quien dirige el organismo desde fines de 2014-, para que explicara la situación. La gran duda que tenía que despejar era si Hacienda había autorizado o no los $ 1.300 millones para la compra de los Lexus, algo que todos los ministros entendían que sí había ocurrido.

Testigos de ese pleno cuentan que Guzmán repasó el procedimiento de evaluación de los vehículos. Reiteró que durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024 Dipres se comprometió a aumentar los recursos, incorporando el saldo inicial de caja en dos tandas. Primero con $ 3 mil millones para comprar herramientas de seguridad informática y luego con $ 20 mil millones para distintos fines, entre los que estaba, según la Suprema, la renovación de los autos.

Ese compromiso, dijo Guzmán, se explicitó por Martínez en la comisión mixta de presupuesto el 9 de noviembre, luego de que el 2 de noviembre, en una reunión en Hacienda junto con el consejo superior de la CAPJ, se llegara a dicho acuerdo. Tanto así, expuso Guzmán, que luego de esa cita lo acordado habría quedado expuesto en un correo enviado por el jefe de finanzas de la CAPJ, Antonio Rojas, a la subdirectora de la Dipres, Sereli Pardo.

Luego de esa explicación llegó el dato que sorprendió al pleno. El 26 de enero de este año, Guzmán envió un oficio a Martínez solicitando que se dicte el decreto correspondiente para incorporar al presupuesto del Poder Judicial la suma de $ 2.480 millones, dentro de los cuales se incluían $ 1.380 millones para comprar los 22 Lexus.

Esto en el marco del acuerdo para incorporar los $ 20 mil millones del saldo inicial de caja. Sin embargo, hasta la fecha, dicho oficio nunca fue respondido. “Fue una sorpresa muy desagradable”, reconoce un supremo. Fue en ese momento cuando el pleno se dio cuenta de que no había otra opción más que dejar sin efecto el acuerdo del 2 de febrero. Sin embargo, la comunicación de dicha decisión la dejaron para el día siguiente.

A esa altura, varios ministros estaban disconformes con la gestión de la CAPJ. Algo que se arrastra de antes. Dicha corporación, que administra y gestiona los bienes de la judicatura, tiene que hacerse cargo del presupuesto del Poder Judicial, el que este año asciende a casi $ 700 mil millones. Sin embargo, algunos supremos no están conformes con su gestión y afirman que situaciones como el manejo de la renovación de los autos del pleno son un reflejo de eso, más aún cuando no quedó claro por qué la compra no se hizo a través de una licitación pública.

Algunos comentan otras situaciones. Por ejemplo, durante sus visitas anuales a las jurisdicciones, algunos supremos han constatado deficiencias en cosas tan simples como la falta de sillas. Otro ministro comenta que “es incomprensible” que la corporación no pueda resolver temas cotidianos como las falencias en el sistema de aire acondicionado.

Para ejemplificarlo, cita lo ocurrido a fines de enero en la Corte de Apelaciones de Santiago. El 31 de enero se expuso ante el pleno de dicho tribunal de alzada una serie de problemas en el sistema de climatización de los tribunales civiles de Santiago y el tribunal de familia de Pudahuel. Las falencias fueron calificadas como “graves” y arrastradas durante años. Lo insólito, comentan altas fuentes de la Suprema, es que la solución, en vez de arreglar el desperfecto, fue que la Corte de Santiago autorizó el teletrabajo hasta el 31 de marzo de todos los juzgados civiles de Santiago, el tribunal de familia de Pudahuel y todas las unidades administrativas que funcionan en el edificio Manuel Montt Torres. La situación, comentan en la Suprema, es reflejo de que hay falencias y desorden en la gestión de la corporación. Otros ministros consultados matizan la molestia y afirman que en el pleno no hubo reparos a la gestión de la CAPJ.

La desazón también salpicó al ministro Blanco. Varios supremos no entienden por qué el presidente del máximo tribunal -cargo que asumió en enero- hizo que el tema llegara hasta el pleno. Comentan que el Código Orgánico de Tribunales es claro en señalar que la adquisición de bienes para el funcionamiento de los servicios judiciales es responsabilidad de la CAPJ y no del pleno. “No tenemos por qué estar decidiendo qué cosas comprar”, añade una de las altas fuentes de la Suprema consultadas.

Lo que más resintieron es que Blanco haya involucrado al pleno en una decisión respecto de la cual nunca existió dinero para ejecutarla. “Fue todo un absurdo”, dice otra fuente. Algunos ministros, incluso, añaden que lo que más les disgustó es que el gobierno haya desconocido los compromisos adquiridos en materia presupuestaria.

El jueves, el ministro Blanco volvió a convocar al pleno. La decisión ya estaba tomada, pero había que comunicarla. Para eso el relator preparó un comunicado que envió a Blanco. La máxima autoridad de la Suprema luego compartió con el resto de los ministros una primera propuesta. En base a eso, los magistrados hicieron modificaciones. Algunos supremos fueron enfáticos en que se tenía que destacar que la decisión de comprar los Lexus se basó en antecedentes “técnicos y de seguridad”. Además, volvieron a recalcar, contradiciendo otra vez al gobierno, que los recursos sí estaban comprometidos por la Dipres.

El disgusto del máximo tribunal fue evidente. Tanto así que la decisión de echar pie atrás no fue unánime. En el acta del último pleno se dejó constancia que las ministras Vivanco y Letelier hicieron una prevención. “La decisión de dejar sin efecto lo acordado es sin perjuicio de evaluar otras opciones en su oportunidad”, se lee en el documento. Además, el ministro Valderrama fue el único disidente y votó por mantener el acuerdo de la compra de Lexus.