Cuando al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le mencionaban un puesto de observación fronterizo, se imaginaba lo que había visto en Arica: un búnker con oficinas subterráneas, equipado con cámaras térmicas, cocina y todo lo necesario para vigilar cualquier movimiento migratorio irregular. Pero cuando en abril de 2022 llegó por primera vez a Colchane, en la Región de Tarapacá, lo que vio fue otra cosa: una instalación amateur, denigrante y -para él- inentendible. Eran tres soldados alrededor de un brasero a carbón, cuidando una de las zonas fronterizas más usadas por las organizaciones criminales para traficar personas, armas y drogas.

“Los puestos de observación fronteriza deben cumplir con un estándar básico. No hay infraestructura. Volvemos al contenedor oxidado, sin baño, sin agua, sin luz, con 50 grados bajo cero en la noche y con 30 grados en el día. Eso es lo que queremos modernizar con una inversión de más de $ 600 millones”, cuenta el subsecretario, quien con el recuerdo de esa imagen retrata cómo fue la instalación de un gobierno que tuvo que girar su relato inicial hacia el control de la migración, la delincuencia y el crimen organizado.

¿Cuál es su reflexión de este primer año?

La reflexión es que gobernar es una tarea difícil. Una tarea compleja, y creo que los últimos gobiernos también revelan la complejidad de la tarea de gobernar. El mundo y nuestro país tienen un conjunto de incertidumbres propio del tipo de sociedad en que vivimos y a la política le ha sido cada vez más difícil responder a eso con la oportunidad que los ciudadanos solicitan. Eso les pasó a los gobiernos de la Presidenta Michelle Bachelet, especialmente en su segunda administración, y al Presidente Sebastián Piñera.

¿Y a ustedes les está pasando lo mismo?

Voy a lo que me toca a mí, tanto en materia migratoria como en materia de seguridad. El país viene enfrentando situaciones permanentemente complejas, lo digo porque no ha sido nuestra costumbre echarle la culpa a nadie hacia atrás, pero también creo que sería muy simplista pensar que el fenómeno de una demanda por mayor seguridad partió el 11 de marzo del 2022.

Sin duda, pero en el momento de hacerse cargo de esa realidad han tenido que modificar la hoja de ruta inicial...

Es que los gobiernos tienen un marco valórico que expresa una forma de ver el país. Dentro de ese marco valórico a la gente le interesa que resuelvan sus problemas. Y los problemas que maneja esta cartera son los que más les preocupan a las personas, y es complejo enfrentarlos, porque el escenario delictual y migratorio del país es algo para lo cual el Estado no estaba preparado. Hay una distancia de capacidades para enfrentar los fenómenos para los cuales no se estaba preparado.

Y ustedes como gobierno, ¿tampoco estaban preparados para eso?

Nosotros, creo, lo hemos enfrentado de una manera bastante eficaz y rápida. Voy a colocar algunos ejemplos, como el respaldo que el gobierno les da a las policías. Vamos a lo concreto: las condiciones en que Carabineros cumple una medida de protección en La Araucanía. Si el Estado sabe que enfrenta una realidad compleja, debe entregarles las medidas para que lo cumplan correctamente. Los que hablan de respaldo lo primero que tienen que asumir es que ese contenedor oxidado que está tirado en un predio, en el cual el carabinero tiene que cumplir la medida de protección, tiene que ser cambiado por uno con el estándar propio de un Estado que quiere darles seguridad a sus policías. De eso nos estamos haciendo cargo, como también de la reposición de carros mowag, los vehículos territoriales, los chalecos antibalas, y también de cambiar todo el sistema de comunicaciones de Carabineros para que ningún funcionario quede aislado cuando requiera ayuda.

¿Cómo combina esta visión con la idea que tenían quienes están en el gobierno sobre Carabineros, producto de lo que ocurrió en el estallido social? ¿No hay ahí un complejo?

Hay distintas posiciones políticas que siempre pueden estar en debate, pero los gobiernos se tienen que evaluar con lo que hacen, entonces, esto del debate de si este gobierno tiene o no prioridad en materia de seguridad, yo ahí no veo un complejo. Por ejemplo, no veo ese complejo al desplegar Fuerzas Armadas en el norte, no lo veo tampoco al decretar en mayo del 2022 el estado de excepción en la Macrozona Sur. No lo veo, además, para despachar la ley de narcotráfico. No veo ningún complejo.

¿Y no ve un aprendizaje o un cambio al reconocer que la seguridad es un tema prioritario? Si uno mira, por ejemplo, el primer semestre del año pasado, el Presidente Gabriel Boric hablaba en sus discursos sobre “dignidad”, “habitar el cargo” y después de septiembre comenzó a usar más el concepto de “seguridad”.

Las frases no siempre expresan las convicciones. Nosotros no hemos dicho que vamos a terminar con la puerta giratoria, tampoco que vamos a terminar con la fiesta de los delincuentes, pero hemos tomado decisiones para terminar con ambas cosas. Eso tiene que ver también con la sobriedad de las políticas públicas que son importantes para el país. Entonces, respecto de las cosas que son serias para el país no se puede estar alardeando o generando expectativas. Se tienen que resolver los problemas, y yo creo que esa ha sido la línea que el gobierno ha asumido en materia de seguridad.

El senador José Miguel Insulza (PS) dijo que hoy pagamos las consecuencias del cuestionamiento a la policía durante el estallido social. ¿Lo comparte?

Yo recojo las palabras del senador Insulza en algo que es sutil, pero que a veces es tremendamente grave. La demanda y la exigencia que tiene que tener el país para perseguir violaciones a los derechos humanos o faltas a la probidad no es una lucha contra las instituciones, sino contra las personas que pueden estar en una institución y cometer ese tipo de hechos. No sobrevive la democracia con la violación de las DD.HH., tampoco sin el principio de probidad en las instituciones públicas. Creo que el problema es poner el foco en las instituciones y no poner en cuestión qué tipo de instituciones requiere el país. No reproduzcamos ese debate, porque se instala que Carabineros no puede actuar y esa idea no solo queda en las personas que los transmiten, sino que también en las personas que cometen delitos y que, por lo tanto, también tiene un efecto en la conducta de la sociedad.

Y ya no les temen a los carabineros...

Bueno, nosotros ayudamos a construir esa idea. Todos hemos ayudado a construir esa idea, una idea que tampoco se hace cargo de lo que el propio Estado hace para el sentido contrario, que es respaldar a las policías. El gobierno y el Parlamento aumentaron el presupuesto destinado a seguridad. Si vamos a entregarle chalecos antibalas a Carabineros es porque el Parlamento, con votos de distintos sectores, aprobó el presupuesto.

¿Cuando dice “nosotros” se refiere al gobierno?

No, a actores políticos de distintos sectores. Algunos cuestionan a la institución porque no confían en ella y otros que dicen que Carabineros no tiene las condiciones para actuar. Ambos debilitan a la institución.

¿Y no hay ahí un mea culpa que hacer como sector político?

Es que así como quienes cuestionan a Carabineros como una institución que hace uso excesivo de la fuerza, o viola los DD.HH., también hay otros actores que, creyendo ayudar a las policías, lo colocan en cuestión todos los días diciendo que no tienen respaldo político para actuar. Me parece que en ambas cosas hay que hacer un mea culpa.

¿La molestia del gobierno con los dichos del general Yáñez tiene que ver con eso? Él dejó entrever una falta de respaldo, desde lo legislativo, pero también desde lo operativo, que los carabineros no saben cómo enfrentar un ataque.

Molestia no es una palabra que haya mencionado, sino que todos tenemos una función que cumplir y para eso tenemos canales de comunicación si es que alguien considera que hay algo que mejorar. Y quiero reiterarlo: Carabineros tiene las puertas abiertas del Ministerio del Interior para canalizar sus opiniones y diferencias que son legítimas. Pero, para eso, tiene canales institucionales.

Hoy el gobierno tiene desplegadas a las FF.AA. en el norte y sur del país para controlar, por una parte, el ingreso irregular de migrantes con el crimen organizado y, por otra, la violencia rural. El subsecretario Monsalve explica que ambos son estados transitorios y que no se busca perpetuar su presencia en esas zonas, aunque reconoce que falta tiempo para que las policías cuenten con los insumos necesarios y prescindir de los militares.

“Quiero recordar lo que ha ocurrido en estos meses: la PDI ha recibido cinco vehículos blindados de alto estándar que no tenían. Eso es muy importante pensando en el futuro, porque lo que se requiere es que el fiscal pueda enviar un equipo al sitio del suceso, cosa que no podía hacer. A Gendarmería se le entregaron, en Temuco, dos vehículos blindados; a Carabineros, entre abril y agosto, le entregaremos 34 vehículos blindados. Y en el presupuesto que anuncié en La Araucanía, que son $ 7.400 millones está incluida la compra de cuatro vehículos blindados intermedios”, cuenta.

Más allá del despliegue de las FF.AA. por el momento, ¿cómo piensa enfrentar el tema migratorio que es un fenómeno mundial?

Hay que diferenciar dos fenómenos que tienden a juntarse. La salida de siete millones de venezolanos de su país, y lo que eso implica. Y, por otro, la participación del crimen organizado en el proceso migratorio, fenómenos que han hecho aparecer nuevos negocios para las organizaciones criminales. Entonces, separadas ambas cosas, es evidente que para enfrentar los procesos migratorios en Chile, las conversaciones diplomáticas con Bolivia y Venezuela son indispensables. Enfrentar esto no es posible sin llegar a un acuerdo con estos países.

¿Y eso lo están buscando?

Por supuesto. Y acá hay otro tema que tiene que ver con las 20 mil expulsiones pendientes. Estos son procesos ya ejecutoriados, es gente que entre 2013 y 2021 el Estado chileno decidió sacar de su territorio. A eso le sumo dos mil resoluciones que ha firmado el director de Migraciones durante este gobierno, o sea, podríamos llegar a 22 mil, y ahí la pregunta es natural.

Por qué siguen acá todavía...

Exacto. Y acá voy a lo que tiene que ver con el proceso diplomático: la PDI detiene al expulsado, que por ley puede estar arrestado como máximo por 48 horas; se compra el pasaje, se pide un documento del país donde lo estoy enviando; por ejemplo, un documento del consulado venezolano. Luego, tengo entre cuatro y ocho vuelos comerciales que van a Venezuela, donde sólo puedo subir dos personas que expulso, quienes deben ir acompañados por funcionarios de la PDI; o, puedo contratar un chárter. Necesito autorización, además, del espacio aéreo. Con esto quiero decir que para poder ejecutar estas expulsiones necesito tener alguna relación consensuada con el país de destino.

¿Y ahí se entrampa?

No tenemos un acuerdo con Bolivia para devolver a territorio boliviano a personas que ingresan de manera irregular, y en el caso de las expulsiones judiciales (personas condenadas) no tenemos grandes problemas para ejecutarlas con Venezuela. Ahora, en el caso de las expulsiones administrativas (quienes están irregularmente en Chile), el proceso es más lento.

¿Cuáles son los delitos que hoy más le preocupan?

Desde el 2011 los delitos de mayor connotación social vienen a la baja. Ahora, si se sacan de ese listado los robos con violencia, con intimidación y los homicidios, estos ilícitos aumentan constantemente. Lo segundo, es la presencia de armas en la comisión de los delitos violentos y, además, enfrentamos organizaciones más complejas que cometen esos delitos violentos. Ese es el escenario que impacta a la opinión pública, que no es un impacto inventado, o sea, objetivamente los delitos violentos en Chile vienen sostenidamente con una violencia al alza.

¿Y cómo romper esa tendencia?

Ahí el foco está en el crimen organizado. Es distinto enfrentar un delito cometido por delincuentes comunes, aunque ese delito sea violento, a enfrentar un delito que es cometido por una organización con capacidad financiera y logística. Esa es la brecha que tenemos que cerrar, porque el Estado no estaba a la altura. Es por eso que en la política nacional contra el crimen organizado estamos enfocados en la investigación patrimonial, quitarles las armas a las bandas, dotar a las policías de tecnología y poner foco en las cárceles, para que no puedan reproducir su poder criminal. Y lo otro es la agenda legislativa: la ley de narcotráfico es muy importante, porque, entre otras cosas, nos permitirá decomisar el patrimonio total de estas organizaciones.

Más de 400 eventos violentos en las inmediaciones de los denominados liceos emblemáticos se registraron en Santiago en 2022. El tema, incluso, llevó al municipio de Santiago, liderado por Irací Hassler (PC), a enfrentarse con Interior por quién debía asumir el control en estos establecimientos. Monsalve prefiere evitar un enfrentamiento con la jefa comunal, aunque advierte: “Si es que alguien sale a tirar una bomba molotov tiene que ser detenido y esa labor le corresponde a la Fiscalía, a través de las policías, y nosotros ahí no tenemos dudas”.

¿Y si estas bombas las tiran desde dentro del colegio?

Nosotros creemos, y esa es nuestra postura, que el que comete un delito en flagrancia, faculta a Carabineros para ingresar a un espacio público o privado. Ahí no tenemos doble lectura. Sin embargo, quiero precisar que nosotros no tenemos labores de investigación para responder si la persona que tiró la bomba salió o no del liceo, quién colaboró con él, si estaba o no encapuchado, si es alumno o no del colegio. Esa es tarea de la Fiscalía y nosotros estamos disponibles para colaborar, pero esa es una tarea del Ministerio Público, donde nosotros también pedimos resultados para desarticular a los grupos que operan allí.

¿La alcaldesa, entonces, debería apuntar más hacia la Fiscalía que hacia Interior?

No creo que haya que apuntar a nadie. Estos son problemas complejos, donde la colaboración es vital, y esa colaboración no se construye descalificándose, acusándose o contradiciéndose.