Marcela Ríos y la pugna entre la Suprema y convencionales: “Es importante no exagerar sobre cosas que son preliminares antes de enviar recados por la prensa”

No es abogada de profesión, pero la mayor parte de su carrera, y en especial los 15 años que estuvo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha debido relacionarse con distintos actores de la justicia. Por eso, la socióloga Marcela Ríos Tobar dice no sentir temor frente al desafío al que la invitó el presidente electo Gabriel Boric, quien la designó como la próxima ministra de Justicia y Derechos Humanos. “Es un honor, pero también fue una sorpresa, de hecho muchos de mis amigos y conocidos me decían, cuando ya se supo el gabinete, esa Marcela Ríos que dicen que va a ser ministra ¿eres realmente tú? Y es que, claro, alguna gente mira el sector justicia sólo de la dimensión del Derecho”, reflexiona.

Este jueves 27 sostuvo la primera reunión con el actual titular de la cartera, Hernán Larraín, a quien conoce bien, pues cuando él era senador les tocó compartir en programas del PNUD. En la oportunidad comenzaron a coordinar el traspaso de información que se realizará durante todo febrero y, de paso, el propio secretario de Estado le confidenció que, a su juicio, el título de abogado no es requisito en ese lugar. “Él también sentía que lo principal para este cargo era la capacidad política de liderazgo, de poder establecer diálogos con muchos actores, este es un ministerio que tiene muchas instituciones dependientes y que tiene mandato de políticas públicas, no es solo derecho penal o derecho administrativo, es mucho más amplio y vamos a darle una mirada distinta”.

¿Cuál es el sello que le pidió imprimir en Justicia el presidente electo?

Cuando me llamó me dijo ‘yo sé que tú no eres abogada, pero tengo plena confianza que los desafíos que tenemos en este ámbito son desafíos interdisciplinarios, multidimensionales’. Lo que buscaremos es acercar la justicia a las y los ciudadanos, a las mujeres y a los hombres, a las personas, a los grupos más vulnerables, con un fuerte enfoque de derechos humanos. Llevo más de 15 años trabajando con distintas instituciones del Estado, con el Congreso, con el Ministerio Público, con la Contraloría, etc. Voy a armar un equipo con abogados y abogadas, además de otros profesionales, porque hay mucho que hacer, un equipo técnico muy sólido, porque es lo que se necesita, porque es un ministerio complejo.

¿Cuáles son las urgencias que usted ve a poco más de un mes de que asuma?

Los temas prioritarios están en la agenda de derechos humanos que está en el programa del presidente electo Gabriel Boric. Como gobierno va a ser central poner la perspectiva de DD.HH. y de género como un enfoque transversal. Hablamos de los DD.HH. en un sentido amplio, no solo como violaciones a ellos y la relación con el Estado, sino que los derechos sociales, económicos, culturales, civiles, políticos, de las diversidades, los distintos sectores de la sociedad, los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños, de los adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad. Entender esta agenda como fundamental. En el mandato también tenemos dos temas que están conectados, pero que son específicos. Por una parte, el compromiso de hacernos cargo y de fortalecer todo lo que tiene que ver con políticas de reparación y medidas que permitan la no repetición de violaciones a los DD.HH. Eso incluye la memoria, hacernos cargo de las deudas que todavía hay en materia de catastrar adecuadamente todo lo que ocurrió durante el estallido social. También, el ministerio tiene a cargo el Programa de DD.HH., un programa histórico con víctimas de la dictadura, cuyo trabajo queremos fortalecer. Y tenemos, por supuesto, el tema que ha estado más en la contingencia, que tiene que ver con buscar una solución para los presos de la revuelta.

Para ustedes es prioritario el tema de la amnistía y eventuales indultos...

Sí, el presidente nos ha pedido poner prioridad en este tema que es complejo. Nosotros empatizamos profundamente con las familias, sabemos que no es un tema fácil el no poder tener claridad respecto de los datos, información pública y fidedigna sobre la cantidad de personas que están en esa situación. Ahora no tenemos acceso a esos detalles, a esas carpetas, y por ahora es una discusión que está en el Senado y esperamos que ellos encuentren una solución.

Ahora, tal y como quedó el proyecto de amnistía tras salir de la Comisión de Constitución, son sólo delitos menores que encontrarán esa solución. ¿Qué va a pasar con aquellos imputados por incendios con propagación, lesiones a policías? Ellos no están actualmente considerados...

Es una discusión que se está teniendo al interior del Senado. Nosotros vamos a apoyar y acompañar las decisiones que se vayan tomando en el Legislativo y una vez que asumamos el gobierno el 11 de marzo veremos cómo podemos ayudar a que ese proyecto avance, poniéndole suma urgencia si es necesario y tratando de hacer recomendaciones que puedan permitir contar con los votos necesarios. Me parece que hay que buscar un proyecto que cuente con los suficientes votos para poder atender la situación de la mayor cantidad de personas que están afectadas por esto.

¿Incluso para aquellas que están imputadas de delitos graves, como homicidio frustrado?

Yo creo que es una discusión. Creo que cuando se habla en abstracto de si me parece o no respecto de ciertos delitos, es difícil tomar posición, porque cuando lo vemos en general podemos tener una posición, pero cuando vemos casos específicos es diferente. El presidente ha entablado conversaciones con organizaciones, las familias han acudido a hablar con él. Hay casos que no son blanco y negro y sí creo que hay que evaluar en qué casos es pertinente dar estas soluciones. La discusión parlamentaria ha buscado definir delitos justamente pensando en identificar aquellos delitos y dejando, por ejemplo, fuera a personas que son reincidentes o donde haya estado en riesgo la vida de las personas. Muchos abogados, abogadas, pero también organizaciones de la sociedad civil, han planteado que esto es necesario, porque no estamos hablando acá de delincuencia común, sino que estamos hablando de un periodo y de un contexto específico.

Recién me comentaba la preocupación por la reparación de víctimas de agentes del Estado, piensan también en quienes sufrieron saqueos, la quema de sus locales...

De todas maneras, Hay compromisos y yo creo que ese es el espíritu que ha inspirado a las y los senadores en esta discusión, en el sentido de que tenemos como sociedad que hacernos cargo del daño del que han sido víctimas un conjunto de familias, de microempresarios, de personas que fueron afectadas de manera directa y muy dramáticamente por los hechos de violencia y por los daños en la revuelta.

Esta semana la Corte Suprema manifestó en una declaración pública su preocupación por la propuesta de convencionales de limitar la duración de los jueces, acusando que se afecta la independencia y, por su parte, integrantes de la Convención dijeron que era una intromisión indebida... ¿Qué visión tiene usted de esta pugna?

Bueno, primero esto lo dijo el presidente al día siguiente de haber sido electo y visitar a la Convención. Nosotros como gobierno vamos a ser extremadamente respetuoso de la autonomía de la Convención. En ese sentido, creo que más allá de nuestras preferencias y opiniones personales, tenemos que ser respetuosos de la discusión que ahí se está dando. La Convención está trabajando a toda máquina, estas son las primeras discusiones, viene un largo camino por delante. Como todos sabemos, para que una norma sea aprobada se requieren dos tercios. Para eso falta mucho, pero independientemente de que falte mucho o poco, espero que los aportes que está haciendo el Poder Judicial sean considerados. La Corte Suprema ha estado trabajando hace mucho tiempo con antelación, dedicación y tienen un comité especialmente dedicado a preparar insumos. Ya han asistido a la Convención y yo esperaría que los comentarios de los poderes constituidos, como el Poder Judicial, sean escuchados, incorporados. Creo que todos tenemos la responsabilidad de acompañar a la Convención y dejarla trabajar, pero al mismo tiempo darle todo el apoyo que se necesita en términos de insumos y de propuestas. Es bueno que la Convención escuche y para eso tiene mecanismos que son súper transparentes y abiertos para escuchar opiniones y en ese sentido creo que es importante que todos colaboremos a expresar esas opiniones en ese seno también, porque estas discusiones son complejas, tienen muchas etapas y los ciudadanos y ciudadanas no necesariamente están al día con todo lo que pasa.

Entiendo entonces que comparte que puedan ser escuchados, pero no la forma en que los supremos lo hicieron esta semana...

Es importante no exagerar sobre cosas que son totalmente preliminares y creo que tenemos que agotar los espacios de discusión formal antes de enviar recados por la prensa. Porque las personas que se enteran de esto, que escuchan esto por la radio, digamos, no necesariamente saben que esta es una primera indicación, que está en primer trámite. Por eso me parece que lo adecuado es agotar los espacio de discusión formales, tratar de buscar el diálogo institucionalizado con los actores que tenemos que interactuar antes de cualquier otra cosa. Ese va a ser un compromiso de mi gestión, porque creo que eso ayuda al funcionamiento más expedito de las instituciones públicas. Además que todos y todas tenemos un mandato respecto de la ciudadanía, más que para nosotros mismos.

¿Le pareció una sobrerreacción, un golpe comunicacional lo que hicieron los supremos?

Yo entiendo que quieren expresar su opinión, pero creo que hay instancias en la Convención para discutir sobre esos temas en particular. Me parece que sería importante que los puedan llevar ahí nuevamente sus inquietudes y que la Convención escuche a otros actores, como por ejemplo opiniones de órganos internacionales, del Colegio de Abogados, va a ser importante para poder zanjar este tema.

¿Y cuál es su postura frente al tema en conflicto?

Yo creo que va a ser un debate importante, porque Chile ha sido destacado muchas veces a nivel internacional, porque es un país donde se ha logrado conquistar una autonomía importante del Poder Judicial respecto de los otros poderes, y eso es un acervo de la sociedad, de la República, del Estado, que hay que buscar proteger. Al mismo tiempo, eso no significa que la comisión no pueda hacer propuestas en un sentido muy amplio. Yo tengo confianza en que van a lograr encontrar un equilibrio adecuado en las propuestas que están planteadas y además se tendrá que lograr un consenso muy amplio, 2/3 para esos cambios.

Como ministra va a intervenir en los próximos nombramientos de altos cargos judiciales, entre ellos supremos. ¿Habrá cambios de criterio?

Lo principal es que esos postulantes no posean conflictos de interés que puedan enturbiar cualquier nominación y también queremos poner un foco, porque es un compromiso de esta administración que se ha declarado “un gobierno feminista”, el que más mujeres accedan a estos cargos de poder en el mundo judicial. En el sector justicia las mujeres seguimos estando muy subrepresentadas, a pesar de que hoy día las mujeres son mayoría de las egresada de Derecho, que tienen mejores notas de ingreso, que tienen mejores rendimientos de término. Entonces si hay un sello más allá de la transparencia, de la probidad, que nosotros le vamos a imprimir al mandato legal es que en los nombramientos se va a incorporar la dimensión de género. El Poder Judicial tiene también dentro de sus propias metas el avanzar en esto, así que vamos a trabajar en conjunto.

¿Le gustaría entonces una Corte Suprema paritaria y que ya se deje atrás el tema de los llamados “equilibrios políticos”?

De todas maneras. Creo que necesitamos avanzar muy fuertemente en eso. Bueno, yo me siento muy orgullosa de ser parte de este gabinete que por primera en la historia somos mayoría mujeres, en mi trabajo hasta ahora, como tú sabes, me he dedicado por muchos años de estudiar los temas de paridad. Una de las cosas que podemos decir es que hay evidencia de que la paridad no solo es importante en términos normativos, de representación, porque las mujeres somos la mitad o más de la mitad de la población, sino porque también hace una diferencia en el contenido. Cuando las decisiones se toman por grupos que son más inclusivos o más diversos se logran mejores resultados. Estamos viviendo una transformación bien grande en la representación, en la correlación de fuerzas en el Congreso. Este gobierno representa una nueva coalición, nuevos actores. Y sí, creo que es importante que en todas las nominaciones, en particular las que me competen a mí, tenemos que dejar atrás esta idea de que la sociedad era una en que la representación empezaba y terminaba en la lógica binominal. Esa lógica binominal en una sociedad donde la mayoría las personas son independientes, donde los partidos representan a un sector muy pequeño, no es representativa.

Si estamos en esa línea, entonces, ¿le gustaría que este año se elija a una mujer como la próxima fiscal nacional?

¡Sería espectacular! Nosotros no conformamos la quina de candidatos, pero yo espero poder tener buenas candidatas, eso es muy importante para darle un giro a ese cargo y tener a la primera fiscal nacional. Quien ocupe ese cargo va a ser un actor vital y clave para la relación que tienen las chilenas y los chilenos con la justicia y en la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones.

¿Cree que para las próximas elecciones, que será el plebiscito de salida, los imputados podrán ejercer su derecho a voto?

Es algo que tenemos en la agenda. Un privado de libertad que no ha sido condenado no significa que haya perdido otros derechos. Junto a la preocupación por mejorar las condiciones carcelarias, en el ministerio vamos a hacer todo lo posible por trabajar con el Servel y Gendarmería para poder avanzar en el sufragio al interior de los penales.

Una de sus preocupaciones es también las mujeres privadas de libertad...

Ahí va a haber mucho trabajo, porque hay una agenda con el tema de género con cárceles que quiero asumir como prioritario en mi gestión. Ahí hay mucho trabajo por hacer, el sistema carcelario es una de las áreas que definitivamente no tiene una dimensión de género muy extendida. Se han hecho ciertos intentos, pero tenemos hasta la Ley Sayén pendiente (que permite que mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años suspendan su condena). Hay un gran tema con las mujeres que están presas y que están embarazadas, que tienen niños menores de tres años. Las mujeres que están privadas de libertad tienen situaciones de vida y familiares que reproducen luego situaciones de vulneración de los derechos de los niños y las niñas en sus hijos, porque esos niños están superexpuestos con sus madres encarceladas. Las mujeres presas tienen menos visitas, tienen menos red de apoyo. O sea, hay una agenda muy importante también que espero que podamos abordar, continuar lo que se ha hecho, pero también expandir. Ese también va a ser un foco fundamental de nuestra gestión.