Me divorciaron por Zoom: Los errores de un tribunal de familia en medio de la pandemia

La última pelea fue brutal. Llevaban tres meses confinados junto a sus hijas cuando ese 15 de julio, en medio de una acalorada discusión, de esas que cada vez eran más recurrentes, Juan Francisco Meza le dijo a Paulina Loyola -su esposa por 25 años- que ya no estaban casados.

“No tienes nada que hacer aquí, sal de mi casa, una jueza ya me dio la razón y te tienes que ir, hay una medida de alejamiento, ¡sal de aquí!”, le habría gritado mientras la tironeaba fuera de la casa. Una vez que la mujer, podóloga clínica de profesión, cruzó la reja del inmueble, su ahora “ex” le lanzó varios papeles en la cara. Paulina, entre sollozos, se puso de pie y leyó el documento. Eran muchas páginas, pero al final logró leer: “Se acoge demanda de divorcio de mutuo acuerdo, caratulada ‘Meza con Loyola’”. En el plano inferior, la firma electrónica de la jueza de familia Verónica Ortiz Baratta.

Lo primero que pensó la mujer era que se trataba de una broma. Pero la sentencia parecía ser real. En cuatro páginas la magistrada daba curso a lo que había solicitado Meza y un abogado que aparecía representándola, pero que Paulina Loyola no conocía. Un aire frío recorrió su espalda. Cuando recuperó la calma, recordó que hacía algunas semanas su esposo le había pedido su clave única del Registro Civil para, según él, realizar unos trámites ante la municipalidad en su calidad de trabajador independiente. “Efectivamente, le di acceso a esa clave, pero no podía creer lo que estaba leyendo, me habían divorciado por Zoom, telemáticamente. ¿Cómo es posible que un tribunal de familia hiciera eso sin consultarme siquiera? Quedé helada y sólo atiné a buscar respuestas en la misma justicia”, cuenta Paulina a La Tercera.

Antes de que la pandemia del Covid-19 determinara el funcionamiento de tribunales vía remota, para que dos personas se divorciaran de mutuo acuerdo -es decir, ambas partes seguras de querer finalizar el vínculo- debían presentarse a una audiencia en los Tribunales de Familia que no duraba más de 15 minutos. Sin embargo, cuando las medidas sanitarias se fueron endureciendo y los juzgados se volvieron potenciales focos de brotes del virus, el Comité de Jueces de Familia decidió “fallar de plano”; es decir, un magistrado sólo debía seguir la tramitación on line de una causa, vía remota, y en la que no era necesario el contacto con los demandantes, como fue el caso.

Esa fue la situación que habría afectado a Paulina Loyola, quien el 30 de junio vía remota quedó “divorciada” de su esposo. Aunque con una pequeña diferencia: ella nunca estuvo de acuerdo con divorciarse y acusa que todo sería parte de un fraude procesal que hoy investiga la Fiscalía Centro Norte. Una situación que no sólo complica a su excónyuge, sino también a los abogados que intercedieron, y cuestiona la fiabilidad del Cuarto Juzgado de Familia donde se tramitó la demanda.

Son varias las piezas que no calzan para Paulina Loyola, y así lo dejó por escrito en la querella que presentó su abogada, Andrea Soto González. Por ejemplo, las boletas de servicios básicos que presentó su supuesto abogado, a quien –reitera- no conoce, Tomás Honorato Estévez, que dan cuenta que ella se había ido de la casa y vivía en otro lugar. Eso, con el fin de demostrar un cese de convivencia superior a un año y un día, como exige la ley. Según la querella de Paula, estas boletas de gas y teléfono fueron producto de photoshop, ya que ella nunca ha dejado de vivir con Juan Francisco Meza.

“Esta sentencia de familia, que habría sido obtenida con fraude procesal, ha motivado la presentación de una querella, la que fue declarada admisible; que busca esclarecer no solo la participación del denunciado Meza, sino también la responsabilidad de todos aquellos que participaron o facilitaron los medios para la realización de este ilícito. Los abogados que intervienen en un proceso, del tipo que sea, deben tener especial cuidado no sólo en concentrar sus esfuerzos en el fin judicial perseguido, sino, además, en desarrollar actos procesales no reñidos ni con la ética ni con las normas procesales, sometiéndose a la ley y la justicia según Sócrates”, dice la abogada Soto.

En ese sentido, otro aspecto que deberá despejar la investigación del fiscal Francisco Jacir -a quién le fue asignado el caso- es el rol que tuvo el supuesto abogado de Loyola, Tomás Honorato Estévez, creador de Fundación Honra, que lucha -según su página web- “por la equidad de género y la no violencia contra la mujer”. Además, hoy aparece como asesor del Ministerio de la Mujer.

Loyola dice que sí se quiere divorciar de su marido, pero no de esta forma. Recorre los 25 años de matrimonio y no se arrepiente de la familia que formó ni de sus tres hijas. La relación con su ex, cuenta hoy, comenzó a deteriorarse hace alrededor de tres años, llegando a tener episodios de violencia física y verbal.

“Él tiene problemas con el alcohol, actualmente estoy viviendo junto a mis hijas en el segundo piso de la casa y no compartimos con él, que se instaló en el primer piso. No sabe que ya descubrí lo que hizo, sólo espero que la justicia me proteja a mí y a mis hijas. Imagina que en esa sentencia se fija una pensión de alimentos para las más chicas de $ 190 mil pesos para cada una. El tribunal nunca supo nada de ellas, sus necesidades, así de desilusionada estoy de la justicia de mi país”, comenta Loyola.

Admite que cometió un error al entregar su clave única con la que -según comentan fuentes del tribunal de familia- se firmó la demanda por vía telemática. Sin embargo, reclama que “no puede ser que la justicia tenga tan bajos estándar, en manos de quién estamos”. La abogada Soto complementa la visión de Paulina: “Cuando el Poder Judicial intenta facilitar los trámites procesales, mediante herramientas de tipo digital en una época tan compleja como la que estamos viviendo, los abogados deben demostrar prudencia y fortaleza de espíritu, en orden a utilizar dichas herramientas digitales del modo más apropiado para el fin perseguido en el litigio iniciado, sin incurrir en irregularidades”.

Consultada por esta situación, la jueza Verónica Ortiz sostuvo que las demandas de mutuo acuerdo se tramitaban de esa forma en época de pandemia y no quiso profundizar en lo ocurrido. En tanto, la abogada Claudia Castañeda, quien aparece representando a Meza en el divorcio, sostuvo que ante la investigación penal prefería guardar silencio, aunque soslayó que ella y su socio -Honorato Estévez- también eran víctimas del cliente que los contrató para divorciarse. Con todo, la situación será despejada en la indagatoria penal y eventualmente en un sumario. Esto último, porque luego de que este medio contactara al tribunal de familia, del expediente electrónico desapareció la sentencia de divorcio y otros actos, lo que fue denunciado a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Paulina no ha parado. Tras terminar su carrera como podóloga clínica ha tenido trabajo durante la época de pandemia, por lo que ha podido ahorrar para enfrentar lo que viene. Ahora que ve largas colas en los Tribunales de Familia de mujeres como ella que van a exigir la retención del 10% de la AFP de quienes adeudan pensiones alimenticias, suspira y reflexiona: “En todos lados se cuecen habas, ellas son víctimas de malos hombres que no quieren hacerse cargo económicamente de sus hijos, yo, en cambio, de uno que quiso deshacerse de mí por secretaría. Pero no va a ser fácil, si se quiere divorciar no va a ser por Zoom, yo y mis hijas tenemos derechos y voy a luchar por ellos”.