Miguel Schürmann, el abogado del Presidente

Era el segundo semestre de 2021 cuando el abogado penalista Miguel Schürmann (41) recibió el llamado de un conocido suyo. Al otro lado del teléfono estaba el entonces diputado Giorgio Jackson (FA).

Lejos de sorprenderse por el contacto, Schürmann escuchó lo que el parlamentario tenía que decirle: le pidió que se sumara al equipo del que en esa época era el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Jackson entonces era el jefe de campaña y necesitaban a un abogado a quien pedirle consejos jurídicos cuando se necesitaran.

Ambos se conocían desde hacía años. El vínculo lo había hecho la exconvencional Constanza Schönhaut (FA). La también abogada -y expareja de Jackson- apareció en el radar de Schürmann cuando en 2012 trabajó durante dos años como procuradora en su estudio.

El penalista aceptó la invitación de Jackson, con lo que pasó a integrar un discreto equipo de abogados -en el que también estaba el penalista Jaime Winter-, que tuvo como objetivo resolver dudas jurídicas en asuntos judiciales. Un integrante de este equipo recuerda que, por ejemplo, Schürmann colaboró en el sumario sanitario que abrió la Seremi de Salud de la Región Metropolitana para analizar si hubo una conducta riesgosa durante el lanzamiento de su programa de gobierno. Esa actividad fue en noviembre de 2021, el mismo mes en que Boric firmó el mandato judicial en que le otorgó poder a Schürmann para que lo representara judicialmente.

Esa fue la primera vinculación del abogado con el mundo político y, sobre todo, con el Frente Amplio (FA). Previamente, cuando Boric se lanzó en una improbable carrera para llegar a La Moneda, pensó militar en Convergencia Social. Quienes lo conocen afirman que es cercano al mundo del progresismo y la izquierda, pero en ese momento solo quería colaborar en la recolección de firmas para que Boric pudiera inscribir su candidatura.

Su vinculación con la política, en realidad, ha estado circunscrita al ámbito gremial. Fue presidente de la Asociación por las Libertades Públicas y ha tenido dos aventuras frustradas como candidato al consejo del Colegio de Abogados en la lista de esa misma agrupación.

Así, cuando en agosto del año pasado la querella del Partido Republicano por el caso Convenios transformó a Jackson en imputado, el exministro no dudó en contratar a Schürmann para que lo defendiera. Y en ese momento en el oficialismo, pero sobre todo en el mundo del derecho penal, ya se comentaba que Schürmann era el principal orejero judicial del gobierno. “Todos los presidentes necesitan de un abogado y Schürmann llenó ese espacio”, afirma un dirigente de la alianza de gobierno.

Lo que antes era un secreto a voces, esta semana se confirmó públicamente. La noche del lunes, cuando el gobierno dio a conocer la denuncia por difusión de imágenes de contenido sexual que pesaba contra el Mandatario y que fue ingresada el 6 de septiembre por una excompañera de práctica en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Punta Arenas, quedó expuesto el rol que Schürmann ha cumplido sigilosamente durante más de tres años.

De manera reservada, el abogado monitorea las causas judiciales del Presidente, labor que hace ad honorem, según cuentan quienes están al tanto de su rol. Haciendo revisiones periódicas en el Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU) del Ministerio Público con el RUT del Presidente y comparando con su propio listado de causas, en septiembre encontró una denuncia en contra del Mandatario que no estaba en su radar. Pese a que la Fiscalía asegura que a través del SIAU no se puede ver el Rol Único de Causa (RUC) de las indagatorias, y por eso abrió una investigación, son varios los abogados que aseguran que el sistema sí dejaba esa puerta abierta. Al menos así ocurría hasta el jueves, que fue cuando los usuarios de la plataforma se dieron cuenta de que el método quedó bloqueado.

Con ese antecedente, Schürmann contactó por correo a la fiscal Wendoline Acuña, quien aparecía en el sistema asociada a la denuncia. En ese mail, se acreditó adjuntando el mandato judicial otorgado por el Presidente. Luego recibió como respuesta que la denuncia estaba en manos del fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto. Volvió a acreditarse ante el persecutor regional y, pasado algunos días, recibió de vuelta la denuncia. Ahí Schürmann contactó a los asesores del Presidente y activó un plan para delinear una estrategia jurídica y enfrentar lo que podía transformarse en un potencial escándalo.

Un compañero de generación de Schürmann resume así la trayectoria del penalista: “Es un abogado que construyó muy rápidamente su carrera, siendo socio de un estudio desde muy temprano”.

Su primer trabajo en una oficina de abogados fue en Cariola Diez Pérez-Cotapos, cuando a sus 23 años llegó como procurador en temas corporativos, juicios y arbitrajes civiles. En esa época su jefe fue el exministro de Educación Gerardo Varela. Quienes trabajaron con él en ese tiempo aseguran que Schürmann, pese a su corta edad, sorprendió por su “madurez e inteligencia”. Con el tiempo otros agregan que es un abogado vanidoso y “muy seguro de sí mismo”. “Su estilo me hace recordar al que tienen los políticos del FA”, dice un abogado que ha compartido litigios siendo contraparte de él.

Llegó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile luego de graduarse del Liceo José Victorino Lastarria. Al egresar, obtuvo el Premio Pedro Nicolás Montenegro, el que reciben quienes obtienen las mejores notas de su generación. Por eso, a nadie le extraña que haya cultivado un perfil que combina bien lo litigioso con lo académico. No solo porque se especializó con un magíster en Alemania, sino que también porque es uno de los profesores que dicta la cátedra de penal en las aulas de Pío Nono.

Luego de Cariola, estuvo tres años en el estudio de Jorge Bofill. Ahí conoció al penalista Miguel Chaves, con quien en 2011 -y junto a amigos suyos que también estaban en Bofill, como Alejandro Awad y Marcos Contreras- formaron el estudio Chaves, Awad, Contreras, Schürmann Abogados. La sociedad con Chaves duró hasta 2019. El 29 de enero de 2020 Chaves vendió su participación al penalista Antonio Bascuñán, del cual Schürmann fue su ayudante en la cátedra de penal. Ese día el estudio se transformó en Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann Abogados, más conocido como BACS. A los socios Bascuñán, Awad, Contreras y Schürmann se sumó Esteban Barra, cada uno de ellos controlando el 20% de la propiedad del estudio.

La oficina de Schürmann rápidamente se volvió conocida en el FA. No solo porque Contreras sea militante del partido Acción Humanista, sino porque desde un inicio tuvo presencia en el Ministerio del Interior. En marzo de 2022, la División Jurídica de esa cartera le encargó -vía trato directo y por $ 4,7 millones- un informe en derecho para analizar “el alcance de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado”. Eso ocurrió el mismo mes en que se concretó la decisión de retirar 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado en el marco del estallido social. En la división que encargó el informe trabajaba una conocida de Schürmann, la coordinadora del área penal Javiera Corvalán, quien trabajó como abogada en BACS durante tres años, justo antes de saltar a La Moneda.

Los caminos de Schürmann se han cruzado más de alguna vez con el FA. Por ejemplo, junto con Awad son querellantes en una causa que afecta a los exconvencionales Jaime Bassa (FA) y Fernando Atria (FA). Además, a través de José Pedro Silva -quien es cercano al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA)- BACS lleva causas penales de esa municipalidad, como por ejemplo la querella en contra de Cathy Barriga. También tiene más de una docena de contratos con el Estado en diversas reparticiones que, según Mercado Público, suman más de $ 400 millones.

A diferencia del estilo consigliere que cumplieron en administraciones pasadas penalistas como Juan Pablo Hermosilla con la expresidenta Michelle Bachelet o Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y Luis Hermosilla con el expresidente Sebastián Piñera, quienes han sido testigos del rol de Schürmann afirman que lo ejerce de manera estricta, como un consejero penal. No va a Palacio y su influencia se limita a los casos puntuales que le ha tocado atender. “Lo suyo no es la política, a diferencia de otros abogados de exmandatarios que usaban ese puesto para extender su radio más allá del caso penal específico”, afirma una fuente de La Moneda.

Cuando Schürmann notificó a Presidencia de la existencia de esta denuncia, Boric pidió a sus asesores contratar a otro penalista. Así fue como a fines de septiembre el abogado Jonatan Valenzuela (45) recibió un llamado de parte de una asesora de Presidencia. En ese contacto, se le pidió tener una reunión para explorar “un caso de interés del Presidente”. Hasta ese momento, Valenzuela no tenía idea de qué se trataba. Luego de un primer encuentro llegó hasta La Moneda para tener una reunión con el propio Mandatario.

En la conversación rápidamente se dio cuenta de que no era un caso jurídicamente complejo, pero sí tenía un componente comunicacional potente. Hasta ese momento Valenzuela no tenía ningún tipo de vinculación con La Moneda. Su nombre rondaba en Palacio desde el caso Convenios, ya que es el defensor de la directora de la Dipres, Javiera Martínez (FA). Más allá de eso, no era cercano a Boric, a quien no conocía personalmente, pese a haberlo visto en Pío Nono -donde hace clases de derecho procesal- o en una liga de fútbol cuando era diputado.

Valenzuela está alejado del mundo político. Si bien quienes lo conocen dicen que se siente representado por las ideas progresistas, nunca ha tenido filiación con el FA. Sí la tuvo con el PS. En el partido formó parte de un lote llamado Izquierda Socialista -del cual participaron figuras como Atria y Ernesto Águila-, pero en 2019 decidió renunciar a su militancia.

Luego de conversarlo con sus socios del estudio Tavolari Abogados, definió asumir el encargo presidencial. La decisión vino acompañada de una más difícil: abandonar la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde ejercía como abogado integrante. Si bien no tenía inhabilidad, optó por un camino prudente para evitar ruidos innecesarios.

El 7 de octubre, Boric firmó el mandato que le entregó poder para representarlo. Según fuentes de La Moneda, se optó por ese diseño para no contaminar el asunto, ya que Schürmann junto con ser el abogado de Jackson, también representa a la alcaldesa Irací Hassler (PC) en el caso Sierra Bella y es el defensor de Rodrigo Topelberg en el caso Audio, el imputado que hace poco más de un año filtró el audio que grabó ilegalmente Leonarda Villalobos y luego se lo envió a Ciper para que explotara el caso.

Cuando Valenzuela se acreditó por correo ante el fiscal Crisosto de Magallanes, el equipo judicial de Boric ya tenía en su poder la denuncia. Semanas antes, luego de que Schürmann se acreditara, fue el mismo persecutor regional quien a través de su asistente envió dicho documento. La denuncia en un inicio venía rotulada con el delito de acoso sexual. Luego, cuando la denunciante -cuya expareja abogado y militante del Partido Republicano la está asesorando- declaró ante el Ministerio Público, se cambió la etiqueta por el delito de difusión de imágenes íntimas, un tipo penal que recién se incorporó en junio de este año. En su testimonio, la mujer dijo que hace 10 años perdió un pendrive, en el cual estaban sus fotos íntimas, y que una década después supuestamente las vio en un sitio web.

Fuentes del caso agregan que, hasta la fecha, la defensa de Boric no ha pedido copia de la carpeta del caso, donde viene el escrito que hizo Valenzuela con los correos que recibió el Presidente y que imprimió y entregó personalmente a Crisosto en Punta Arenas el 22 de octubre. La carpeta, además, tiene la primera declaración de la denunciante y un informe pericial en el que se concluye como una “hipótesis no plausible” la supuesta divulgación de las imágenes en la web.

Valenzuela y Schürmann se conocen hace años. De hecho, cuando Valenzuela era ayudante de la cátedra de derecho penal que impartía Bascuñán -antes de que fuera ayudante de Miguel Soto, de quien ha dicho es su maestro- alcanzó a hacerle clases, ya que es cuatro años mayor. Antes de compartir la representación judicial del Mandatario, ambos habían estado juntos en un caso judicial previo: la defensa de la exministra del Interior Izkia Siches por el delito de omisión de denuncia que enfrentó luego de su frustrada visita a Temucuicui y de la cual fue sobreseída en febrero de 2023.

Valenzuela llegó a ese equipo luego de ser contactado por Matías Libuy, quien se desempeñaba como asesor de Siches. Esa defensa, además, estaba integrada por Schürmann; el actual defensor de Miguel Crispi (FA) en el caso Audio, Guillermo Chahuán, y el también penalista Juan Pablo Donoso. Entre ellos se dividieron las funciones, y las labores de comparecencia en el tribunal finalmente recayeron en Donoso, quien es hijo de la exministra Alejandra Krauss (DC).

La denuncia contra Boric hizo que Valenzuela, un abogado de bajo perfil, saltara a la primera línea. No solo ha estado a cargo de las vocerías del caso, sino que incluso prestó su casa para que Crisosto, la PDI y Boric descargaran los correos que recibió Boric, respecto de los cuales su defensa ha dicho que son la prueba de que fue víctima de acoso sistemático.

Ahora el fiscal pretende tomar declaración por segunda vez a la denunciante y, con eso, Valenzuela espera que el caso se pueda cerrar y ponerle fin a una indagatoria en que, desde un inicio, La Moneda desplegó todo su poder para calificarla de falsa.