Se enojó. Harto. También sus colaboradores, y hubo ministros que se indignaron. Al mediodía del viernes, el enfado palaciego se espesó cuando el Ministerio Público abrió la puerta al peor desenlace que pudo tener esta semana para el Presidente. Terminarla peleando con el persecutor por cuál de los dos tiene la verdad sobre la raíz de la causa judicial abierta contra él por eventual cohecho, soborno y delitos tributarios.

De este conflicto parece depender el epílogo de su mandato. Todo, por un negocio que involucra a sus hijos como vendedores, a su mejor amigo como comprador, y a los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes Británicas como telón de fondo, durante los meses en que él tocaba el cielo rescatando a los mineros, hace once años.

La trama ha vuelto más negra de lo que estaba la inminente acusación constitucional. Hacia el miércoles o jueves, los suyos ya la daban por perdida en la Cámara de Diputados. Lo más seguro, agregaban, con votos de la misma coalición de Sebastián Piñera.

Ahora la misión es evitar que cinco senadores de derecha crucen un arco de fuego y la voten a favor junto a la oposición. Es la única forma que ésta llegue a los letales 2/3 (29 votos) que pondrían fin a su mandato y desencadenarían un engranaje constitucional jamás usado. El mando de la nación pasaría entonces por cuatro manos en tres o cuatro meses. Aunque no ocurra, antes de eso habría otros escollos en el Congreso.

Si lo del Senado es inviable se sabrá no antes de un mes, tal vez más. Pero no sabemos qué va a pasar entremedio: si habrá novedades que sigan clavando la foto del Mandatario en la prensa internacional, si él tratará de frenar la investigación recurriendo de amparo o si colaborará con ella. Ante esa pregunta específica, ayer el ministro Juan José Ossa (Segpres) contestó que “los abogados están viendo todas las opciones posibles y eso se va a informar”.

¿Incidirá en la decisión de los congresistas, partiendo por los que se están jugando su reelección? Para entender la guerra en el Congreso a la que dicen alistarse los hombres de Piñera, partamos por la otra.

Por eso es que al viernes en la tarde el iracundo ánimo en La Moneda era de plantarle batalla sin cuartel al Ministerio Público. Solo uno de ambos bandos puede tener la razón. La posición oficial del Presidente fue que “resulta difícil comprender” (el comunicado enviado a las 15:20) y que “no compartimos” que la fiscalía ahora lo investigue a él “sobre una causa que ya fue conocida y juzgada” (su punto de prensa de las 18:06).

La extraoficial es más dura. “Es estrictamente falso”, mensajeaban desde La Moneda mientras la jefa de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, desgranaba (12:21) sus argumentos: que los hechos relacionados con la compraventa de la Minera Dominga (diciembre 2010) -entre una sociedad vinculada entonces a los hijos de Piñera y otra atada a su viejo amigo Carlos Alberto Délano- “no están expresamente incluidos en el sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía” (caso Exalmar, 2017).

El nervio de esta conflagración radica en que el bando presidencial insiste que acá se vulnera el principio de “cosa juzgada”. Y que el 2017 sí se investigó la famosa cláusula que condicionaba el pago de una porción de la compraventa (US$ 9,9 millones de los US$ 152 millones) a que hasta fines de 2011 la zona no se declarara zona de exclusión o parque nacional. Así ocurrió y la cuota se pagó; Piñera dijo el viernes que “nunca, nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga”.

Pero Herrera había sido drástica. Uno, los hechos “no estarían amparados en el efecto de la cosa juzgada”. Dos, que no es tan simple que estén prescritos porque han de determinar “si hubo negociaciones posteriores, la ejecución de los pagos”. O sea, determinar si hubo soborno por un lado y cohecho por el otro.

Y tres -y aquí está la clave de todo-, de que como a la carpeta Exalmar nunca llegó el contrato definitivo en inglés firmado en las Isla Vírgenes Británicas (diciembre 2010), sino que el “preacuerdo” (octubre 2010) entre las partes de la compraventa, “efectivamente ese es un antecedente nuevo”.

Que es precisamente lo contrario que sostiene irreductiblemente el anillo del Presidente: que no hay nada nuevo, que jurídicamente los dos papeles “son lo mismo”, que se está armando un caso de la nada, y que es una persecución política.

La indignación de Palacio tiene sentido si uno se pone en los zapatos de Piñera. El tajante discurso de la fiscalía demuele a primera vista su estrategia, sus declaraciones previas y de su ministro vocero. También la salida que hizo su abogado defensor Juan Domingo Acosta el miércoles, cuando La Tercera adelantó la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott.

El viernes la gente del Presidente clamaba fuera de cámara -y reconociendo sumo enojo- que es muy “injusto”, que Jorge Abbott solo busca salvar su piel, y que si ahora la fiscalía dice que no se investigó, es su problema.

Allá tardaron cuatro días en tomar la decisión. Fue difícil: cuentan que el fiscal nacional no quería abrir causa, pero que sus asesores lo alentaron, y que una de las más convencidas habría sido Herrera. Y agregan que revisaron todos los antecedentes para asegurarse que el contrato original no estaba y no chocar con la cosa juzgada.

Anteayer se reportaba en Palacio un ambiente denso y saturado, al final de una semana con demasiados frentes: la crisis migratoria, los camioneros y La Araucanía.

Presidencia luchaba desde el lunes contra la revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un colaborativo entre más de 600 profesionales y 151 medios en 117 países que había puesto a Piñera en las primeras planas junto a otros gobernantes y figuras.

Su única victoria era que Ciper -que trabajó la arista chilena junto con LaBot- rectificara en su artículo que la cláusula era inédita (sí lo era el contrato).

Pero ahora tenían a la TV y radios plagados de analistas y a Herrera entrevistada, contra un comunicado de once párrafos. Desecharon entonces el plan original de solo rebatir así a la fiscalía. El Presidente salió por segunda vez en cinco días al entrepatio de La Moneda a explicar e insistir lo que él sabe -confiesan los suyos- que cuesta mucho que le crean. Fue su decisión, cuentan.

“Estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas no solo para mi persona, sino que también para mi familia”, dijo entonces. También que confiaba en “mi total inocencia”. Ni en esa alocución -no aceptó preguntas- ni en el comunicado se expresó la frase de manual de vamos a colaborar con todo lo que nos requieran porque acá no hay nada que esconder.

La salida del Mandatario se resolvió durante una larga reunión entre él, sus ministros Jaime Bellolio (Segegob), Juan José Ossa (Segpres), su jefa de prensa Carla Munizaga y más gente.

Los tres conforman el cerrado anillo de confianza en que se ha refugiado y apoyado en los créditos finales de su mandato. Cuentan con asesores, abogados propios y externos a los que se les ha consultado, y otros aliados fuera de los muros de Palacio.

El jueves, antes del descalabro activado por el Ministerio Público, trascendió que en el Segundo Piso comandado por Cristian Larroulet ya calibraban que en el peor de los casos, si llegaran a formalizarlo, su cargo no corre peligro. O mejor dicho, no alcanza a correrlo: creen que si eso sucede sería después del 11 de marzo.

Perseguir los eventuales delitos de cohecho y soborno no requiere una querella del Servicio de Impuestos Internos; sí en el caso de los tributarios.

El Presidente de la República no tiene fuero, precisan dos abogados.

Él supo antes que se iba a publicar -el domingo- el reportaje que lo incluía en el escándalo de Pandora Papers. La semana pasada les había dicho a sus más íntimos que se venía algo, pero sin dar detalles.

Lo leyó junto a su esposa. Testigos de primera mano describen que quedó y está bastante preocupado. Que se ha dado cuenta de la delicada envergadura de todo y de las implicancias en la acusación constitucional.

Piñera -según estas versiones- también ha comentado a sus más estrechos fuera de La Moneda que si pudiera volver el tiempo atrás, esa cláusula no debió haber existido. Pero también que no se puede evaluar eso con los ojos de hoy. Estas voces hablan de un panorama oscuro y deprimente, aunque insisten: es una oportunista persecución política.

Con el correr de los días, en el mundo de las empresas ligadas al Presidente ahora reflexionan. Dicen que ese 2010 “era imposible” prever el conflicto de interés atado a la compraventa de Dominga. Que no le prestaron atención al asunto de la cláusula porque -con ojos y cabeza de ejecutivos- la tomaron como un trámite más.

Nadie, recapitulan, hizo un control de daños político. Las partes festejaron el cierre del negocio con un almuerzo, como se sabe por los correos.

Pero también hacen ver que no se puede medir el contexto del pasado con la vara de hoy. Que Piñera hizo un fideicomiso ciego voluntario cuando eso no estaba ni siquiera regulado, que fue mucho más allá de la ley. Que para los parámetros de entonces -insisten- fue bastante prudente.

Y dicen más. Que cuando en agosto de 2010 el Mandatario intervino para frenar la central termoeléctrica Barrancones no fue para favorecer a Dominga, y que es mala intención presumirlo.

Al día siguiente de que detonara el escándalo internacional, lunes, Piñera volvía a la Casa de Gobierno luego de su última gira al extranjero. Tenía en mente su próximo viaje a Glasgow, Escocia. Allá pretendía ir a la COP26; una revancha de la edición anterior que tuvo que resignarse a cancelar doce días después del 18/O (30 de octubre de 2019).

La cumbre arranca el 31 de octubre y termina el 12 noviembre. En esas dos semanas se estaría votando la acusación constitucional en su contra en la Cámara, si la oposición la presenta este miércoles. Con eso quedará impedido de salir, como la Constitución dispone para los acusados (sus asesores ven ese punto jurídicamente discutible, pero reconocen que políticamente sería impresentable pelearlo).

Ese día llegó a explicarles a sus ministros del comité político su situación, en términos parecidos al punto de prensa que hizo a las 14:05. Recibió sugerencias. Unos los vieron inquieto. Otros, con “bastante aplomo”.

El lunes pensaban que podían comenzar a cerrar esto con la primera salida al patio del Mandatario. No creían que se les fuera a ir encima tan luego una acusación. Habían hecho un barrido hasta con diputados opositores y el reporte fue que la estaba moviendo su ala izquierda. La DC no les aparecía en la pantalla de radar.

El plan falló el martes, cuando Ossa y su subsecretario Max Pavez fueron al Congreso, pensando que sus adversarios les iban a dar espacio para que les escucharan. Se dieron de bruces con cero margen y puras preguntas acusatorias. Que si pagó o no impuestos por el negocio; que sí se pagaron. Que por qué hizo una sociedad offshore; que no la hizo él. Ese día la oposición anunció que iba por la segunda acusación. De la DC al PC. La Moneda había sido sorprendida y la molestia cundía del Presidente para abajo.

Su gente advierte indignada que si esto avanza en la Cámara se la cobrarán a Gabriel Boric “por legitimar un golpe blanco” y que a Yasna Provoste le van a recordar la acusación que la destituyó el 2008. Es la guerra.

Pero tienen otra puerta adentro: frenar a más parlamentarios propios que puedan aprobarla. Eso partió muy temprano en la semana, y entre ministros y dirigentes han lidiado para cerrar la brecha.

Una cosa es que Piñera tenga la mano perdida en la Cámara, como admitió el jueves el jefe UDI Javier Macaya (“la suerte está un poco echada”). Pero otra es que sea con votos oficialistas. Hay ministros y exministros que lo dan por hecho; creen que se sumarán más con el flanco judicial.

En la UDI dicen haberse aplicado. El martes el diputado Cristián Labbé decía “basta de ser cómplice pasivo de sus negocios”. Todos leyeron un recado vengativo de su padre -el coronel y exagente de la DINA- al Presidente, por su famosa frase del 2013. Pero tras la intervención de la mesa, un par de días después criticaba la acusación.

“Creo firmemente en que no habrá ningún diputado del partido” votando a favor, se jugó Macaya ayer cuando fue a La Moneda con su colega RN Francisco Chahuán. Éste no dijo lo mismo porque la mayoría de los rebeldes que han puesto la duda están ahí.

Asegurar votos a favor, o que al menos no voten en contra del libelo en RN está difícil. Los diputados desbordistas que aprobaron el cuarto retiro ya fueron severamente castigados por La Moneda. Al menos a tres les despidieron familiares o aliados de los aparatos locales.

Palacio debió pedirle al mismo Mario Desbordes que les ayude a ordenarlos. Pero éste habría dicho de vuelta que se necesita al menos gestos de reparación del daño causado. Para peor, el diputado Tomás Fuentes -archirrival suyo- reconoció que el factor penal “cambia el panorama”.

Pocos creen que haya cinco votos derechistas en el Senado. Sí que uno podría ser el RN Manuel José Ossandón (“Si tengo que votar a favor de algo así porque mi conciencia dice que ahí se cometió el pecado, lo voy a hacer. No me va a tiritar la mano”), además de su historia con el Presidente. Como sea, la coalición viene vapuleada electoralmente y resentida con el Mandatario. No olvidan que les escondió el matrimonio igualitario de la cuenta pública. Pero es muy distinto pasar factura en un proyecto que en esto

A Piñera lo han visto “muy golpeado” y a ratos algo irascible, narran en el Ejecutivo. En la coalición lo ven muy solo. Se critica que su “gran error” ha sido amarrarse a un discurso demasiado jurídico, y que hasta ayer el único apoyo político macizo era la carta que una cincuentena de exministros y exsubsecretarios publicaron el jueves en El Mercurio.

No la firmaron Desbordes ni Sebastián Sichel (ninguno está en el grupo de WhatsApp en que se coordinó el texto). El bando de Piñera está bien molesto, dicen, con el candidato presidencial del bloque mientras más crítico y distante se muestra, por mucho que él esté luchando para que José Antonio Kast no le quite el paso al balotaje. Eso no tiene vuelta: el viernes respaldó a la fiscalía.

Para neutralizar esa soledad, los jefes de partido lo visitaron ayer en La Moneda. El Presidente no les pidió que amarraran apoyos ni nada, pero obtuvo un trofeo: pese al temor por el impacto electoral, se cuadraron con su enfrentamiento contra el Ministerio Público, su tesis de la “cosa juzgada” y acusaron que el cóctel de la acusación y la causa es “pirotecnia”.

Pero a la salida el senador Chahuán dijo a viva voz que “como directiva sostenemos que es un abuso de la oposición establecer una AC infundada”, que “hemos revisado a lo menos el libelo (que ni siquiera se conoce aún), a lo menos los argumentos que se han esgrimido públicamente, y no hay nada nuevo de lo que han resuelto los tribunales de justicia”. Ossa dijo que Chahuán y Macaya “creen en la inocencia del Presidente”, cuestión que motivó la idea de que Chahuán podría quedar inhabilitado para votar: los senadores, como jurado, no pueden opinar antes.

Antes de que se vote esto puede haber otro lío. Cuando un libelo es aprobado en la Cámara, el acusado queda inmediatamente suspendido hasta que se zanje en el Senado. El gobierno ha dicho, y varios abogados concuerdan, que eso no corre para el Presidente. Pero hasta asesores de Piñera y algunos juristas reconocen que la redacción del artículo 52 de la Constitución podría dar pie para que “juristas creativos” quieran discutir su interpretación en la comisión revisora. “Es un dato que intentarán hacerlo”, reconocen, pero confían en que no lo lograrán. D