Pedro Anguita: “El informe subraya el cuidado de la libertad de expresión ante los intentos de regular la desinformación”

Prejuicios mediante, alguien podría inferir cierta inclinación política en Pedro Anguita Ramírez (59) a partir de su adscripción académica (enseña Derecho de la Información en la U. de los Andes) y de algunas cartas al director de El Mercurio en que asomaron pullas al actual gobierno.

Sentado en una mesa exterior de un café de avenida Isidora Goyenechea, y tras aclarar que dice lo que dice a título personal, este abogado no está para estridencias partidarias ni para conceder que su posición ideológica, cualquiera sea esta, tenga que ver con que se le escogiera entre los nueve integrantes de la Comisión Asesora contra la Desinformación: un órgano creado en junio por decreto gubernamental, no sin controversia, y que a fines de agosto evacuó su primer informe, cuyas 109 páginas se han caracterizado como una descripción del “estado del arte” en la materia.

Entre los miembros de la comisión, estima Anguita, “predominan la afinidad y la cercanía, tanto al estudio como a las acciones sobre el fenómeno de la desinformación, y no sus preferencias políticas”. De seguro, agrega, “todos tenemos [una preferencia], pero somos más conocidos públicamente por la dedicación a la investigación y a la reflexión intelectual sobre los temas vinculados a la comunicación”.

Cuenta que, cuando escuchó el discurso de la ministra Vallejo en Nueva York el 3 de mayo [Día Mundial de la Libertad de Prensa], anunciando que el gobierno había decidido adoptar acciones contra la desinformación, “me llamó la atención porque lo hace en ese contexto sin haber dicho nada previamente”. También llamó su atención “la falta de aviso, de socialización con otras fuerzas políticas. Normalmente, cuando un gobierno quiere hacer una comisión prelegislativa destinada a ver la previsión, la salud, la educación, hay una suerte de aviso a la oposición para ir contándole y socializando los objetivos”.

¿Tenía aprensiones?

Si uno ve lo que han hecho otros países, la creación de una comisión de expertos es algo recurrente. Por eso, más que aprensiones mías, vi mucho prejuicio en sectores de oposición. En el contexto que vive el país, en un ambiente tensionado políticamente, era claro que cualquier medida, sobre todo si venía de la Secretaría General de Gobierno, iba a levantar prejuicios y aprensiones. Hubo mucha oposición legítima -la oposición hace su trabajo-, por el temor a que el gobierno pudiera controlar la agenda, controlar el campo de los medios de comunicación, pero creo que eso ha servido para darnos cuenta de que en Chile mucha gente aprecia que la libertad de expresión sea la piedra angular sobre la cual descansan los demás derechos y libertades.

Si hay algo que ha habido en nuestro país sobre todo en los últimos tiempos -con el estallido social y el Covid-19- es que no han existido, desde el punto de vista institucional y político, restricciones ni sanciones contra las personas, las instituciones o los grupos, en el campo de lo opinativo o de lo informativo. Ni medios, ni personas, ni grupos se han visto limitados en su derecho a expresar su punto de vista. En 2019 se decretó un estado de excepción que fue levantado rápidamente y durante el cual los medios de comunicación siguieron informando acerca de todo, y todo el mundo siguió expresándose a través de sus redes sociales. No ha habido un momento de la historia en que el país, desde el punto de vista regulatorio, haya tenido menos limitaciones y sanciones a los medios y a las personas por expresar sus puntos de vista.

En entrevista con La Tercera, Pablo Iglesias habló de la “hostilidad” de los medios frente al gobierno de Boric. ¿Cree que el Ejecutivo ha querido subrayar, como lo hace el primer informe, que la desinformación no pasa por los medios periodísticos?

Yo creo que en esto el gobierno no ha dado una opinión. Pablo Iglesias ha tenido alguna influencia en quienes asumieron el gobierno, pero no hay nadie en Chile que haya dicho lo que él ha dicho. Si hay un tema en el cual uno podría haber recogido opiniones sobre esta materia en gente del gobierno fue tras los resultados del [último] plebiscito. ¿Fue el resultado un producto de la desinformación? No he visto que desde el gobierno hayan concluido algo así.

Pero la ministra Vallejo dijo algo en esa línea en la conferencia OCDE de 2022...

Puede haber sido, pero no tan taxativa. Lo que recuerdo más claro es que salieron Fernando Atria, Jaime Bassa, Vlado Mirosevic, Daniel Stingo diciendo que, en el fondo, lo que había pasado en Chile era lo mismo que en Estados Unidos y en Brasil: que esto era fruto de la desinformación. Creo que mirar las cosas así es algo miope. Y hay un tema que a Pablo Iglesias se le olvida: que en Chile hemos tenido, desde 2020, nueve actos eleccionarios en los cuales hemos elegido dos órganos mandatados para elaborar una propuesta constitucional, hemos elegido Presidente de la República, hemos renovado íntegramente la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, hemos elegido alcaldes y concejales, gobernadores regionales por primera vez, plebiscito de entrada y plebiscito de salida, y echarle la culpa a la desinformación solamente por los resultados adversos para el gobierno en los dos últimos eventos electorales, me parecería curioso, habiendo tenido prácticamente el mismo cuerpo electoral y la misma circulación de información.

Dicho eso, si el gobierno nombra esta comisión es para ponernos en línea con lo que están haciendo muchos países respecto de un tema que cobra relevancia a partir de la elección de Donald Trump y el plebiscito por el Brexit, ambos en 2016. Habían pasado ya siete años y no se había hecho ningún tipo de acción gubernamental vinculada a la lucha contra la desinformación.

¿Cómo calificaría el trabajo de la comisión hasta ahora?

Tuvimos pocas reuniones, poco tiempo. Muchas instancias de esta naturaleza tienen años y nosotros tuvimos un par de meses en la mitad del año, cuando los integrantes vinculados a las universidades tenemos los cierres de semestre. Pero hubo un espíritu muy colaborativo: todos habíamos trabajado o estábamos trabajando directamente en el tema de la desinformación, y por eso pudimos sacar un informe en el plazo previsto por el decreto.

Hubo muy poca discusión: nos repartimos los temas en función de los intereses de cada uno, y no hubo controversia porque el mandato que teníamos era observar el fenómeno de la desinformación en el mundo y las implicancias que podía tener en nuestro país, y hacer una suerte de levantamiento de las investigaciones en el área, así como de las iniciativas en distintos ámbitos que se han visto afectadas por la circulación de desinformación. Fue un trabajo colaborativo, hubo un amplio consenso en torno a lo que debíamos abordar y no hubo mayores debates ni peleas.

En las consideraciones finales del informe se subraya que “la falta de una definición única y consensuada complica la comprensión del problema y genera diferentes interpretaciones e implicancias entre diferentes actores en la sociedad”. ¿A qué se apunta con esta constatación?

Para definir desinformación hay propuestas, orientaciones, sugerencias, porque es un tema que complica. Hay elementos comunes: que se trata de una información que no existe, una información falsa, que no resiste el rigor de una comprobación empírica, que es difundida con la intención de desinformar y que puede provocar un daño, elemento que algunas definiciones recogen y otras no. Lo que hicimos en la comisión fue recoger toda esta terminología y las definiciones de organismos supranacionales, de proyectos de ley y de leyes que existen en el planeta, y también algunos elementos comunes que tenían estas definiciones, que siguen siendo complejas porque lo que entendemos por desinformación puede variar mucho. Eso hace que sea difícil abordar el tema. Estamos dando distintas acepciones, estamos viendo qué es y qué no es desinformación, como las opiniones: en el ejercicio del periodismo, las opiniones son libres y los hechos son sagrados, y lo que pertenece al género de la opinión no es susceptible de ser calificado como desinformación.

¿Y si alguien opina acerca del golpe de Estado, considerándolo legítimo, y otro lo acusa de negacionista o de estar desinformando?

Si alguien dice, “este gobierno es malo”, esa es un opinión libre y no se está desinformando por darla. Pero si digo, “este gobierno es malo”, y para fundamentar mi opinión expongo hechos inexistentes, se complejiza la evaluación. El informe subraya en varios pasajes la importancia y el cuidado que se debe tener con la libertad de expresión ante cualquier intento de regulación de la desinformación. El tema de la desinformación puede usarse como una forma de restringir la libertad de expresión, y al menos el informe es claro en plantear que toda regulación, corregulación o autorregulación debe tener presente el respeto irrestricto a la libertad de expresión.

¿Cómo se limita esa libertad cuando asoma la figura del discurso de odio?

La ley alemana restringe y sanciona fuertemente el discurso de odio en línea, estableciendo sanciones a las plataformas y una serie de obligaciones, porque Alemania sufrió la experiencia del nacionalsocialismo, y por lo tanto, desde que el país recuperó la soberanía para regular su vida política y social, el tema siempre ha estado presente. Y hay otros países que sancionan el discurso de odio y el discurso negacionista.

En Chile, en el contexto del anterior proceso constitucional, se presentó más de un proyecto para incorporar a la Constitución el negacionismo y el discurso de odio como límites a la libertad de expresión. Pero sancionar a una persona porque niega un hecho evidente... Me parece que el Estado no debería entrometerse en la libertad de expresión de las personas. Promover el odio en línea no debe ser aplaudido ni ensalzado, pero creo que para eso están los ciudadanos. Establecer parámetros normativos y sanciones por los contenidos que podrían ser divergentes con lo que efectivamente ocurrió, me parece inadecuado.

Lo que pueda hacerse a ese respecto, ¿no es parte de lo que deberá abordar el segundo informe de la comisión?

En el segundo informe debería haber recomendaciones y, sobre la base de lo que existe, nuestra opinión respecto de qué podría hacer el gobierno en esta materia, si es que hay que hacer algo. Porque la comisión podría decir que, más que regular, a lo mejor deberíamos fortalecer nuestros vínculos con otros países y unirnos en acciones colectivas para que la desinformación no tenga el nivel actual. Creo que, antes de empezar a regular, deberíamos ver cuáles son los problemas que hemos experimentado. Un ejemplo de desinformación es el intervencionismo electoral de países extranjeros. ¿Hemos tenido ese problema? Casos como los de EE.UU. y Brasil, al menos, no hemos tenido, y eso ya es un punto súper relevante.

En su exposición ante la comisión Desafíos del Futuro del Senado, el 4 de septiembre, usted se preguntaba: si ya hay leyes en este ámbito, ¿por qué no partir de ahí?

El derecho, como existe en la actualidad, sanciona muy excepcionalmente algún tipo de contenido falso. La principal figura en la que hay una sanción por emitir una falsedad es el delito de calumnia, que desde 1875 se define como la imputación de un delito falso. Ahí hay una cuestión de fondo: la libertad de expresión debe tener un límite con respecto a un derecho sumamente importante en una sociedad democrática, que es el derecho a la honra. Una de las preguntas que también uno podría hacerse acá es si se trata de desinformación cuando un emisor es conocido. Tenemos los casos de la senadora Campillai con la diputada Cordero y el del empresario Juan Sutil con el diputado Diego Ibáñez: hubo personas que hicieron determinado tipo de afirmaciones, y uno puede preguntar, ¿es eso desinformación? Yo creo que no: es delito de injuria, o delito de calumnia, y los tribunales tienen los mecanismos y las personas afectadas tienen la acción para poder ejercer ese derecho al honor que se ha vulnerado. Ahora, el régimen constitucional y legal que existe en Chile no tiene ninguna norma vinculada a la lucha contra la desinformación.

¿Qué destino le ve a proyectos de ley como el de los senadores Harboe, Pugh y Rincón [que regula la propagación de fake news]?

De los once proyectos de ley que existen en la actualidad respecto de la desinformación, ninguno ha avanzado porque no tienen el patrocinio ni la urgencia del Presidente. Ahora, el Congreso, particularmente el Senado, fue bastante duro con la iniciativa gubernamental de nombrar la Comisión Asesora, pero todos los proyectos de ley proponen sanciones penales, civiles o económicas, y sólo uno propone la pérdida del cargo para una autoridad. Pero no es una cuestión de llegar y sancionar a una persona porque desinforma. El énfasis de todos los proyectos de ley es la sanción, y hay otras formas que se recomiendan, como la corregulación, la autorregulación, los códigos de buenas prácticas y la incorporación de un actor esencial que hemos dejado de lado y que muchos proyectos de ley ni siquiera tocan: las plataformas digitales y las redes sociales. Cómo las regulamos.

En muchos casos, esto es algo muy difícil y en no pocos, imposible. Somos un país alejado de los centros donde las grandes empresas tecnológicas tienen sus sedes, y no es mucha la incidencia que podríamos tener en el tema regulatorio. Si no nos asociamos y no nos sumamos a otras iniciativas de carácter global, se ve bastante difícil de lograr esto. Hoy sabemos que cualquier persona puede subir cualquier tipo de contenido a una red social ubicada a miles de kilómetros del país, y la propia persona puede estar fuera de las fronteras. ¿Cómo hacemos responsable a esa plataforma o a esa persona por algún contenido falso o nocivo? Hay algunos consensos en el mundo, por ejemplo, con el tema de la protección a la propiedad intelectual o la pornografía infantil, pero el resto no opera así. Hay muchas plataformas en Chile que no tienen domicilio acá, y ante cualquier problema es muy difícil hacerlas responder por lo que publican.

Si asesinan a una persona y aparece su imagen en una red social o en alguna plataforma, uno pensaría que debiese existir algún tipo de restricción: hay un tema de piedad, de dignidad de la persona humana. Pero en Chile, hasta el día de hoy, bajar algún tipo de contenido es sumamente complicado.

¿Qué sigue, entonces?

El principio que siempre ha gobernado a todas las sociedades es el principio de la responsabilidad: tener que responder frente a lo que hacemos. Y estamos en un mundo que favorece a grandes empresas que, al final, no tienen ningún tipo de responsabilidad por lo que ocurre en la sociedad. Lo que se necesita, respecto de las plataformas con millones de usuarios, es que tengan un representante en Chile que pueda ser notificado de lo que sea.

¿Para la comisión es irrelevante lo que ocurra políticamente después de que hayan hecho su trabajo?

No puedo hablar en su nombre y prefiero no adelantar juicios. Eso sí, lo que se resuelva debería ser un insumo importante para una eventual discusión legislativa. Ahora, lo que la misma Comisión de Desafíos del Futuro del Senado promovió fue una estrategia digital con respecto al desarrollo del país, lo que está contenido en un informe que sacaron en junio pasado y en el que hay un capítulo dedicado a la desinformación. Ahí hay propuestas que son, yo creo, bastante discutibles, como la creación de una Agencia Nacional Antidesinformación; también, que exista una ley que sancione la desinformación. Entonces, se armó este gran problema con un decreto para crear una comisión formada fundamentalmente por académicos que estudie un fenómeno y dé algunas definiciones, pero ya hubo antes una comisión que proponía cosas mucho más discutibles.