Pensiones: la espina que separa (y enfrenta) a la derecha económica y política
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El acuerdo -para un protocolo de tramitación de la reforma previsional en el Senado- desvió las críticas del empresariado más resistente a la enmienda, desde el oficialismo hacia la derecha política y, en específico, hacia los senadores Galilea, Coloma y Cruz-Coke. Temen que, por tratar de llegar a un acuerdo, terminen cruzando las líneas rojas. Y así lo han planteado directamente.
“No estoy ni ahí”. El martes 6 de agosto, Evelyn Matthei llegó hasta El Golf 50 a una reservada reunión -con unas 70 personas-, organizada por el Instituto Libertad y Desarrollo.
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Una de las interrogantes que flotaba en el ambiente -para muchos- era la reforma previsional. Esto, por el cambio de escenario que la iniciativa había tenido en los últimos días y que dejó a la derecha política -sus representantes en el Senado- y a la derecha empresarial más dura en bandos separados.
La semana anterior al encuentro, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había asumido un rol más visible para sacar adelante el proyecto estrella del Presidente Gabriel Boric, el que hasta ese minuto estaba en manos -casi en solitario-, de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Y había puesto sobre la mesa un documento con 45 puntos de “convergencia” y una nueva fórmula de reparto del 6%, para destrabar la reforma que llevaba 20 meses de tramitación.
“Ya no quedan piedras de tope”, sentenció el secretario de Estado, luego de presentar el texto, ese 31 de julio, que daría paso una semana después al acuerdo de un protocolo de tramitación con los senadores de Chile Vamos que son miembros de la Comisión de Trabajo.
En ese ambiente, uno de los asistentes le preguntó directamente a Matthei si le complicaba que la discusión sobre una reforma de pensiones quedara para un eventual futuro gobierno de derecha.
Fue ahí cuando la edil -según distintas fuentes- utilizó el término que “no estaba ni ahí” con que quedara pendiente. Pues no era partidaria de zanjar este tema -bajo el argumento de no dejarlo a un supuesto gobierno de derecha- “si esa solución no es buena”.
Tanto o más categórica fue -de acuerdo a los mismos consultados- en torno al destino del 6% de la cotización extra, diciendo que esta debe ir íntegramente a las cuentas individuales.
La lectura -para muchos- fue clara. Que, con su postura, le había quitado el piso a quienes en su sector propugnan estas tratativas, para no traspasar esta problemática a la próxima administración, porque -al final- el precio del ‘acuerdo por el acuerdo’ podría ser muy alto.
Pero su visión no ha variado. Y así lo manifestó a fines de mayo, en una entrevista con La Tercera, oportunidad en que al ser consultada sobre si creía que este tema debía zanjarse ahora y evitar así un conflicto después, respondió que no estaba por cualquier acuerdo.
“Tengamos claro -sostuvo- que la gente ya entiende que las cotizaciones son de ellos y que tienen que ir a su cuenta. Y que entiende que esos son sus ahorros y que ellos tienen derecho a ver quién se los administra. Son dos condiciones bien fuertes. Si esas condiciones se cumplen y se puede llegar a un buen acuerdo, bueno, obviamente, ¿por qué no? Pero si es llegar a cualquier acuerdo, rompiendo la línea roja de cualquiera de esos dos temas, sencillamente por llegar a un acuerdo, por no tener un conflicto en el futuro, no, no estoy de acuerdo”.
Disparos al primer pato
“Tratemos de hacer estas cosas bien. Les pido que sean contributivos en vez de dispararle al primer pato que vean volando, porque aquí no estamos compitiendo en las olimpíadas como la Francisca Crovetto. Estamos construyendo políticas sociales que contribuyan a la tranquilidad en el país y a un razonable estándar de vida de quienes ahorraron buena parte de su vida en sus pensiones”.
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La mañana del 8 de agosto no partió fácil para el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, uno de los principales articuladores de la reforma entre La Moneda y la oposición. Ese jueves -un día después de que se acordara el protocolo de tramitación con el ministro Marcel- respondió así a una serie de interpelaciones en el seminario de Cajas de Chile, realizado en Icare, ante una audiencia en la que se encontraban ejecutivos de las AFP, entre ellos León Fernández de Castro, de Habitat; Martín Mujica, de Cuprum; Alejandro Charme, exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, y Michelle Labbé, economista.
Esta última fue una de las más incisivas. Y lo emplazó -entre otras consideraciones- a pronunciarse por qué los trabajadores deben sacrificar parte de su rentabilidad si no son los más ricos, puntos que el senador respondió uno a uno.
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La postura de la economista -que ha asesorado a la oposición en esta área- fue valorada de inmediato por la exministra Isabel Plá (UDI) en su cuenta X. “Tenemos varias malas reformas en Chile nacidas de malos acuerdos. El problema no es el “tono” como señala @galilea_rodrigo. 100% con @michelelabbe: mejorar pensiones con mayor cotización íntegra a la cuenta individual, no imponiéndoles a los trabajadores sacrificar la rentabilidad de sus ahorros; y libertad para elegir al administrador”.
Lo más inesperado del tenso debate de ese día, sin embargo, fue que el senador socialista Gastón Saavedra, quien también estaba en el panel y que hipotéticamente debió haber sido el blanco de los emplazamientos, casi tomó palco.
“Le faltó poco para que sacara cabritas”, comentó un asistente.
La escena grafica -para algunos- que el conflicto por la tramitación de la reforma se trasladó al corazón de la derecha. Y que la mira de la derecha económica está puesta en la política y, en específico, en los senadores de la Comisión de Trabajo -Galilea, Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli)-, quienes deberán resolver cada una de las indicaciones de aquí a enero de 2025.
Este malestar se grafica también en los think tanks del sector -donde Libertad y Desarrollo se opone con fuerza a gran parte de las propuestas, mientras Horizontal defiende el avance.
En los partidos, las aguas tampoco están tranquilas.
En RN se asegura que Galilea no cuenta con el apoyo de toda la colectividad. Lo mismo les sucede -en menor medida- a Coloma y a Cruz-Coke, hecho que augura una difícil tramitación, especialmente cuando la reforma vuelva a la Cámara de Diputados, donde en el oficialismo y en la oposición hay posturas más duras. De hecho, parlamentarios del Frente Amplio ya se desmarcaron.
“Acá en la Cámara no estamos por avalar un sistema que termina metiéndoles la mano al bolsillo a los trabajadores. No hay otro mecanismo que suba más las pensiones que respetar íntegramente la propiedad del 6% extra para los cotizantes. Y mientras no se demuestre algo distinto, nos mantendremos en esa posición”, plantea el diputado de RN Andrés Longton.
Un exministro de la administración Piñera revela que incluso en el WhatsApp que agrupa a quienes ejercieron esa función ha habido respaldos y fuertes críticas -incluso con nombre y apellido- a quienes han dado luz verde a los acuerdos. Uno de los que ha defendido el avance es el extitular de Hacienda Ignacio Briones, quien lo ha respaldado también en las redes sociales.
El ambiente de suspicacias se ha dado a pesar de que los tres senadores han sido categóricos en afirmar -en público y en privado- que no van a apoyar nada que afecte a los trabajadores ni que cruce las líneas rojas.
Las dudas del empresariado
Una fuente de Chile Vamos y exfuncionario del gobierno de Piñera -que ha estado en una serie de conversaciones con empresarios e integrantes de la industria de las AFP para convencerlos de los avances logrados- sostiene que “no hay mucha permeabilidad”. Y que lo que prima es la desconfianza con el gobierno de Gabriel Boric, a quien no le quieren dar un triunfo en esta área, como tampoco a la ministra Jara. Y que quienes se allanan a escuchar, si bien admiten que no es negativo lo alcanzado, no ocultan su temor a que la apertura de ciertas puertas -entre ellas, el porcentaje destinado a solidaridad- termine abriendo otras más complejas.
“Los senadores fallaron, porque no pusieron en los principios básicos que los trabajadores sean dueños de sus cotizaciones y que, por esa condición, tienen derecho a elegir a un administrador público o privado”, sostiene el economista Bernardo Fontaine, quien también manifiesta reparos sobre el préstamo del Estado, porque aunque fue su idea, sostiene que al final el Ejecutivo “la distorsionó”.
Desde los gremios empresariales se admite -a su vez- que aunque el tema les genera preocupación, resta esperar el curso del debate.
Lo peor -para los detractores de la iniciativa- es que la enmienda ya inició su rodaje. El miércoles 14 la Comisión de Trabajo del Senado llegó a su primer acuerdo “ad referendum” sobre el seguro de lagunas previsionales, destinado a aumentar la densidad de las cotizaciones. Aunque observan que -en ese espacio- Marcel ya empezó a marcar posiciones, al tener su primer choque estratégico con la ministra Jara . Pues mientras la titular del Trabajo sostuvo que el plan consiste en “empezar por algunos temas que tenemos más concordados”, Marcel enfatizó que “el Ejecutivo no tiene ninguna intención de dejar los temas difíciles para el final”.
Su situación -en todo caso- no se augura fácil por parte de los congresales. Porque si bien admiten que el jefe de la billetera fiscal “metió un gol” al colocar un cronograma, también sostienen que se autoamarró a ese calendario y que ahora el Ejecutivo tiene que presentar a contrarreloj indicaciones aprobables, que despejen los temores ciudadanos y políticos, en medio de un año electoral.
La evaluación, en todo caso, es que el curso real de la tramitación de la reforma previsional se verá después de los comicios de octubre. Pues si los republicanos -partido que se opone a la enmienda- se impone a Chile Vamos, no solo prevén un cobro de cuentas interno en el bloque RN, UDI, Evópoli, sino que un fuerte frenazo a la reforma previsional.
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