Pensiones: los hitos de la extensa y frágil negociación que complica a Boric

Una aparente humorada marcó el inicio de una de las negociaciones más complejas y difíciles de los últimos años entre el oficialismo y la derecha. La tarde del jueves 23 de mayo, en víspera del Día Nacional del Completo, el senador Iván Moreira (UDI) hizo una inusual invitación al Jefe de Estado a través de las redes sociales. “¿Qué tal, Gabriel Boric si nos juntamos al mediodía para disfrutar un completito? Y hablar de previsión, seguridad y cambios al sistema político…, agenda abierta”, escribió el parlamentario gremialista, que por entonces presidía la Comisión de Trabajo del Senado en la que aún está radicada la tramitación del proyecto de reforma del sistema de pensiones.

El texto llevaba tres meses en el Senado y su discusión se dilataba, pese a las ofensivas de La Moneda por apurar su tramitación. Por lo mismo, el gobierno acogió de inmediato la inesperada invitación. “Senador Iván Moreira, se me hace que ese completo está al revés, la mayo va arriba, al último. Pero lo que sí ambos sabemos que va primero, es mejorar pensiones… Solo diré que estamos frente al Dominó”, respondió la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Por razones de seguridad, el encuentro entre Boric y Moreira no pudo hacerse en el local de comida rápida de calle Huérfanos, sino que en el comedor de la Presidencia, en el Segundo Piso del Palacio de Gobierno. Fue en esa cita en la que el parlamentario manifestó por primera vez su disposición a buscar un acuerdo que permitiera mejorar las pensiones. Era el primero de la derecha en dar el paso. Eso sí, ante el apuro del gobierno por forzar la discusión, puso como condición “poner la pelota al piso” y dar tiempo para que la Comisión de Trabajo escuchara a todos los expertos que fuera necesario.

Para el parlamentario, abrir esa puerta tuvo costos políticos y también personales. Una larga licencia médica -por una afección de salud- lo terminó apartando en julio de la presidencia de esa orgánica, con lo que La Moneda perdió a un aliado. Aunque volverá como integrante en marzo.

De ese episodio ha pasado mucha agua bajo el puente, con impasses que han estado a punto de hacer naufragar la enmienda. El último se registró esta semana, tras la arremetida del Presidente a favor de su emblemática reforma, que este mes rinde su prueba de fuego y que ha tenido en sus líneas rojas la distribución del 6% y la división de la industria.

“El gobierno -dijo el lunes 6 de enero en el acto “Chile merece mejores pensiones”- ha tenido flexibilidad, hemos estado dispuestos a modificar las posiciones con las que entramos al Parlamento. No tenemos los votos para hacer la reforma que a nosotros nos gustaría, pero permítanme decirle desde esta tribuna a la derecha que ellos tampoco tienen los votos para hacer la reforma que ellos quieren. Ustedes pueden ver que el gobierno ha estado dispuesto a ceder posiciones. ¿En qué ha cedido la derecha hasta el día de hoy?”.

Con su intervención, La Moneda había puesto en marcha su diseño para lograr la aprobación de la enmienda. Cada uno de los detalles del acto organizado por la cartera de Trabajo -sin la presencia del titular de Hacienda, Mario Marcel, quien estaba de vacaciones en Puyehue- fue especialmente cuidado. Partiendo por la puesta en escena: la populosa comuna de Maipú, donde el alcalde Tomás Vodanovic (FA) -quien estuvo presente- obtuvo una de las votaciones oficialistas más altas de la última municipal (70%). También participó Michelle Bachelet, quien sigue marcando en las encuestas para la presidencial de noviembre, a pesar de sus reiterados “no” a una tercera incursión a La Moneda, y las ministras del Interior, Carolina Tohá (PPD), y del Trabajo, Jeannette Jara (PC).

Pero no todo salió bien.

No solo por los micrófonos, que no funcionaron en gran parte de la ceremonia, sino que por el discurso de Boric. Pues el tono y el contenido irritaron a Chile Vamos y estuvieron a punto de ponerles una lápida a las conversaciones que senadores de ese sector llevan adelante con el gobierno desde principios del año pasado, buscando darle un cauce a la enmienda estrella de su administración.

“Nos hemos jugado por sacar adelante esta reforma. Hemos tenido que soportar estoicamente el ataque republicano; hemos recibido cientos de críticas en las redes sociales, y resulta que ahora somos blanco de un ataque que no solo es injusto, sino que artero del propio Presidente”, sostiene un senador de Chile Vamos.

En los pasillos del Congreso, las palabras del Jefe de Estado circularon por todos los chats. Y también los reclamos de Chile Vamos a los negociadores del oficialismo.

La interpretación fue que La Moneda había decidido bajarse del acuerdo, debido a las presiones de algunos integrantes del Partido Comunista -entre ellos Daniel Jadue- y de parlamentarios del Socialismo Democrático, que en las últimas semanas advirtieron que no están dispuestos a poner su firma en una reforma que -acusan- está desdibujada de la idea original con la que llegaron al gobierno.

En ese ambiente, parlamentarios de Chile Vamos plantearon internamente su disposición de hacer lo mismo, si el Jefe del Estado no daba garantías de que “no estaba tirando el mantel”.

Esa fue la visión que transparentó -ante los medios- el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), tras analizar el tema con los senadores Rodrigo Galilea (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), también integrantes de esa orgánica. “A mí me da la impresión clara de que aquí el gobierno, algunos del gobierno están desahuciando la reforma, están tratando de despegarse de ese acuerdo”, fue la sentencia de Coloma.

El control de daños quedó a cargo de los ministros Marcel y Jara, quienes el martes -a las 9 de la mañana en el Congreso en Santiago- se reunieron con Coloma, Galilea y Cruz-Coke. La cita fue especialmente dura y en ella los parlamentarios de Chile Vamos plantearon derechamente a sus interlocutores que se habían fracturado las confianzas.

La dupla ministerial respondió también con fuerza, dando garantías de que no se estaba desahuciando la reforma y poniendo el foco en que el Mandatario apuntó a que nadie tenía las mayorías en el Congreso para imponer la enmienda que quería, por lo que había que llegar a consensos.

La relación se había trizado, pero no quebró la mesa.

“Sobre los tonos políticos, cada uno de los sectores puede hacer sus interpretaciones, pero lo veo como parte de un proceso de negociación”, diría el miércoles Jara ante los medios, al enfatizar que hay que concentrarse “en buscar soluciones y no en excusas infundadas”.

En medio de suspicacias cruzadas -algunos culpan en voz baja a la ministra de haber incidido en el endurecimiento de posturas del Presidente, aprovechando que Marcel estaba de vacaciones, y otros que la derecha estaba buscando una excusa para detonar la reforma-, el gobierno se desplegó para sofocar posibles desmarques. Así, la titular del Trabajo -el mismo martes- se reunió con la bancada del PC a la hora de almuerzo en el Congreso en Valparaíso, mientras Marcel hacía lo propio con el PS.

Con ese ánimo se llegó el miércoles a la reunión de la Comisión de Trabajo, en la que Coloma -para enviar una señal de que seguían negociando, a pesar de las turbulencias- inició la reunión con un cronograma de trabajo que considera la entrega de indicaciones mañana lunes -a las 12 horas- como plazo fatal, y votaciones en particular el 15 de enero e incluso el 16. Esto marcará el tramo final de la reforma que lleva 26 meses de tramitación y que en su última versión -tal como en todas las discusiones más complejas- contó con la asistencia del senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien -sin ser parte de esa orgánica- se hace presente como soporte legislativo a los ministros. “Es una suerte de escudero y un gran negociador”, comenta un parlamentario socialista.

La negociación no ha sido fácil. De partida, porque las posiciones más duras del oficialismo y la oposición han estado en las antípodas. Y porque el texto llegó a la Comisión de Trabajo del Senado -el 24 de enero de 2024- con falencias en su chasis. Tanto así, que el propio Marcel lo calificó como un “queso suizo”, por la cantidad de hoyos y vacíos que presentaba el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.

El gobierno sabía que la tramitación en la Cámara Baja no tenía destino. Por lo mismo, su estrategia fue apurar al máximo el despacho del proyecto por parte de los diputados para abrir espacios de negociación en el Senado.

Pero la enmienda permaneció por largo tiempo estancada. Hasta el 24 de mayo pasado, con el episodio Moreira y los completos en La Moneda.

En paralelo, y poco antes de esa cita en Palacio, habían aparecido nuevos rostros en escena: una comisión de expertos integrada por Paula Benavides, María José Zaldívar, Cecilia Cifuentes, Hermes Gutiérrez, Soledad Hormazábal y Juan Pablo Letelier en representación de los senadores que componían la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. Más la coordinación del asesor de la cartera de Trabajo, Cristóbal Huneeus, cuya misión era emitir un informe que despejara los nudos.

Pero el tiempo seguía pasando y el nerviosismo se apoderaba del gobierno, presionado por el agotamiento de los plazos de su administración y ante la inminencia de las elecciones municipales y de gobernadores que desviaban la discusión. Fue así que el mismo Presidente decidió salir nuevamente al paso. Y en la cuenta pública, del 1 de junio, urgió al Congreso a aprobar la reforma en julio.

De nada sirvió. Dos días después, un duro cruce de palabras entre la ministra Jara y el senador Coloma, quien había reemplazado a Moreira en la presidencia de la comisión, hizo tambalear las confianzas que se estaba construyendo.

“Estoy hablando yo”, sentenció Coloma, interrumpiendo las críticas que estaba haciendo Jara a la derecha por dilatar una definición sobre el proyecto.

“En clave política, se mostraron los dientes”, dice una fuente del oficialismo.

Como paso previo a cualquier definición, Coloma exigió conocer el informe de la comisión técnica, el que se divulgó el 8 de julio.

De ahí que el Presidente optara por sacar un as de bajo la manga. Instalar, junto a Jara, en la mesa de negociaciones al ministro Marcel, quien venía operando en la trastienda. Incluso, el 4 de julio se había reunido en reserva, junto a la ministra -en sus oficinas de Teatinos 120- con el senador y presidente de RN Rodrigo Galilea.

En La Moneda había conciencia de que la oposición no estaba dispuesta a darle un nuevo triunfo a la ministra del Trabajo. No solo por sus éxitos con la rebaja del horario laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos, sino que por su militancia comunista y por ser una férrea crítica al sistema de AFP.

A Marcel, en cambio, era más difícil decirle que no.

Galilea había resuelto cruzar el Rubicón por una razón pragmática: resolver en esta administración la reforma de pensiones, para no traspasar esa discusión a un eventual gobierno de derecha. Su posición la había socializado no solo en su partido, donde no hay visiones únicas, sino que también con el mundo de la derecha económica y con excolaboradores del gobierno de Sebastián Piñera, según confidencian en el Congreso.

“El presidente de RN nos permitió destrabar la negociación”, ha admitido la ministra Jara ante su círculo.

Un paso que le granjeó al senador fuertes recriminaciones en la derecha más dura. Pero, también, fuertes apoyos. Entre ellos, Juan Sutil, expresidente de la CPC; Alfredo Moreno, excanciller; Ignacio Briones, exministro de Hacienda, y Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos. El papel de Briones y de Acevedo fue clave. Por casi cuatro meses ambos se reunieron semanalmente con Hacienda para dar forma a un instrumento de préstamo, que permitiera que parte del 6% de las cotizaciones que propone la reforma pudiera ser utilizada por el Estado para subir ahora las pensiones de las mujeres (bono tabla) y la de los actuales jubilados. Por su apertura a un acuerdo, tanto Briones como Acevedo fueron acusados -en privado- hasta de traición por la derecha dura, al tiempo que recibían fuertes recriminaciones de integrantes del Instituto Libertad y Desarrollo.

Pero el camino tendría más ripios. Esta vez uno de proporciones.

El 21 de julio, la UDI se bajó de la mesa de pensiones, cuando Javier Macaya, entonces presidente de ese partido, advirtió que no habría diálogo con el gobierno si Boric no destituía a Giorgio Jackson, luego del robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social en medio de la investigación por el caso Convenios.

En ese ambiente tan polarizado fueron necesarios algunos gestos para restablecer las confianzas. Los senadores Galilea (RN) y Saavedra (PS) fueron invitados a participar en los encuentros que convocó a mediados de año tanto Icare como el CEP, en los que se habló de las reformas y permitió un acercamiento de posiciones entre Chile Vamos y el Socialismo Democrático.

Un hecho casual, sin embargo, sacó la enmienda del congelador. El 1 de agosto, el Presidente Boric coincidió en el Congreso Futuro con el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), y con Coloma. Allí, en tono de broma, el Jefe del Estado sostuvo en su discurso que le había consultado al chat GPT “¿qué hacer con la UDI?”. Lo mismo replicó Coloma en el caso del gobierno, lo que distendió los ánimos. Ese mismo día, en una sala lateral del Senado en Santiago, los tres le dieron un nuevo impulso a la accidentada enmienda.

Coloma le esbozó una fórmula que venía viendo junto a los senadores Galilea y Cruz-Coke, basada en votar en general y en particular cada enmienda en la comisión, estableciendo diciembre como plazo fatal, propuesta que fue avalada por Boric. Aparte de las reuniones formales convocadas por la Comisión de Trabajo del Senado, Marcel y Jara se han reunido a lo menos en cinco oportunidades con los tres representantes de Chile Vamos para intentar destrabar los nudos más complejos. Una de las sesiones fue por Zoom, pero el resto han sido presenciales en el Parlamento o en los ministerios.

Un cronograma que hasta ahora se ha cumplido. Aunque las desconfianzas -a nivel político- volvieron a reflotar a fines de diciembre, cuando el PC Daniel Jadue pidió suspender la tramitación de la reforma que, a su juicio, había desdibujado los objetivos originales trazados por la izquierda. Y también por la intervención de la exalcaldesa de Providencia y principal carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, alertando sobre los riesgos que podría tener avanzar en algunos aspectos del proyecto.

“Ambas situaciones fueron críticas y obligaron a moverse con mucha gente para ordenar las filas”, recuerda un senador oficialista.

Un temor a fisuras que no ha desaparecido y que marca un camino incierto cuando el texto regrese a la Cámara de Diputados.

A ello obedece que la alineación sea un asunto de especial cuidado. De hecho, el mismo Presidente Boric -según confidencian en La Moneda- ha dicho simbólicamente que la enmienda, para que sea viable, debe contar con las firmas de Marcel y Jara. Es decir, representar a las dos almas del gobierno.

Desde el oficialismo, los más suspicaces estiman que un factor que ha retenido a los representantes de Chile Vamos en la mesa negociadora -aparte de no querer traspasar el problema al próximo gobierno- es que el 11 de marzo la presidencia de la Comisión de Trabajo del Senado pasará a manos del socialista Gastón Saavedra, quien tendrá la facultad de imponer los tiempos de tramitación e influir en su contenido. Y, además, Chile Vamos dejará de tener la mayoría en esa instancia. Dos factores que auguran un vuelco en el tablero y que la derecha mira con atención.

Y aunque en las filas afines al gobierno hay confianza en que se llegará a un acuerdo, hay quienes están convencidos de que el episodio generó un retroceso y un cambio en el temple de los negociadores de la derecha, graficado en un hecho. La advertencia conceptual que hizo Coloma el mismo miércoles: “Despachar no es lo mismo que acordar”.

Todo, en medio de un año electoral, que ha llevado a esta emblemática reforma de la administración Boric a su momento más frágil, justo en la recta final.