Presidente de la Corte Suprema sale en defensa de los jueces: “Está bien que la gente manifieste sus discrepancias con la justicia, pero hay límites”

¿Usa redes sociales? El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva (72), se ríe. “No, porque me gusta dormir tranquilo”, responde, aunque confiesa que de repente algún amigo o familiar le muestra lo que dicen de él en Twitter. “Me han tratado de comunista y de fascista, fíjese”, ironiza el abogado, oriundo de Penco, quien llegó a presidir el máximo tribunal del país en enero de este año.

Con siete meses en el cargo, Silva suspira: “Pensé que sería más fácil, pero me tocó el estallido social y la pandemia”, a lo que se agregaron estos días la ola de solicitudes de retención del 10% para los deudores de pensión alimenticia y, desde el jueves, el caso de Ámbar Cornejo, una niña de 16 años presuntamente asesinada por un hombre que salió en libertad condicional a menos de la mitad de cumplir su condena. Por este caso, el Poder Judicial -y en particular la jueza que lideró la comisión que dejó libre al sospechoso de matar a Ámbar- ha recibido una serie de cuestionamientos y una funa en las redes sociales.

“No me gusta esa guillotina popular, ese odio, y que se condene precipitadamente a personas que pueden resultar inocentes, que no se respete a los tribunales hace daño a la democracia”, dice el magistrado.

Ya vamos a retomar las críticas al Poder Judicial por el caso de Ámbar, pero antes hablemos de otro blanco de críticas radicado en los Juzgados de Familia y la retención del 10% de la AFP de aquellos morosos de la pensión alimenticia. Las demandantes dicen necesitar el dinero lo más rápido posible y cuestionan la efectividad del Poder Judicial.

Estamos haciendo un trabajo sobrehumano en esos juzgados. Recuerde que vino la pandemia, los tribunales empezamos a trabajar vía telemática y jamás estuvo en los planes que se aprobara una ley como esta. Nos encontramos sorpresivamente con una avalancha de peticiones, y el trabajo de los Tribunales de Familia no se duplicó, ni triplicó, se cuadruplicó o más. A modo de ejemplo, sólo en cinco días -la última semana de julio- se presentaron 360.316 solicitudes de liquidación, lo que corresponde a la carga laboral, en tiempos normales, de un año y siete meses. En una semana se presentaron la cantidad de peticiones de casi dos años.

Ante esta avalancha de peticiones, ¿qué va a pasar?

Afortunadamente, todos los inconvenientes los hemos ido superando rápido. Hay funcionarios de otros tribunales que hemos trasladado a los Juzgados de Familia y la ministra Gloria Ana Chevesich fue designada para coordinar. De hecho, estamos viendo la posibilidad de contratar personal externo, porque entendemos la necesidad urgente . A todos estos problemas hay que sumar la falta de presupuesto, pero el Poder Judicial entiende que las condiciones económicas del país no son las mejores. A mí me preocupa, y me pone nervioso, este llamado a funa que hay a los Tribunales de Familia, sabiendo que estamos trabajando a tope. Estamos haciendo todo lo humanamente posible y encontraría muy injusto que la gente no lo viera.

¿Y que reaccione mal al no obtener este dinero con la celeridad que imagina?

Por supuesto, porque conozco el sacrificio que está haciendo el Poder Judicial para satisfacerlos, pero sabe, estamos acostumbrados...

¿A qué cosa, a que los critiquen?

No, la gente tiene derecho a criticarnos, tiene derecho a criticar e, incluso, cuestionar las decisiones judiciales, pero lo menos que puede hacer es hacerlo con fundamento, ¿cierto? Yo no podría asegurar en este momento que el 100% de esos dineros les va a llegar, pero mayoritariamente sí. Puede haber equivocaciones con el sistema de computación e incluso con usuarios que no sepan bien cómo pedir esas cautelares que se requieren. Lo pueden volver a pedir, pero lo importante es que sepan que se está trabajando para ellos.

La pandemia develó también la gran cantidad de morosos de pensiones. ¿Cree que los Tribunales de Familia pudieron hacer más por evitar esta situación?

Mire, este es un problema muy antiguo. Yo lo conozco desde que ingresé al Poder Judicial en el año 1972, de que los deudores no pagan sus pensiones de alimentos. Hemos visto los porcentajes y son sorprendentes, y ese problema, que no lo estamos descubriendo ahora, necesita una mirada sistémica, interinstitucional, y se está trabajando para encontrar una solución. El 84% de la gente no los paga, pero lamentablemente es una costumbre añosa...

¿No hay alguna responsabilidad de los tribunales?

Bueno, puede que haya una cuota. En estas cosas todos somos un poco responsables, pero el Poder Judicial no es el único, aunque le reitero, siempre se nos achacan todos los males.

A propósito de eso, una cosa es enfrentar cuestionamientos, pero otra es que a los jueces, como ahora a Silvana Donoso, en el caso Ámbar, los funen y les publiquen hasta los datos personales en las redes. Lo mismo ocurrió hace algunas semanas con el juez de Temuco que dio arresto domiciliario al imputado del caso Antonia. ¿Cómo aborda esta situación?

Mire, considero como pilar fundamental de la democracia la independencia de los jueces. Los jueces somos independientes para resolver los asuntos judiciales sometidos en nuestro conocimiento y para resolverlos tenemos que atenernos a dos cosas: al mérito del proceso y a la ley, nada más. Los jueces tenemos que prescindir de cualquier influencia externa que no diga relación con eso. Nosotros tenemos que aceptar la crítica, no somos perfectos, y la gente puede no estar de acuerdo con la resolución judicial. Pero en ese caso, la propia ley contempla los mecanismos legales para impugnarla. Queda demostrado con el caso del señor Pradenas: la resolución que dictó el juez de primer grado fue impugnada en la Corte de Apelaciones y revocó lo del primer juez. Me parece bien que la gente manifieste discrepancias, pero hay formas y formas, y límites. La violencia no es el modo adecuado de atacar una resolución judicial, menos a un juez. ¿La gente que amenaza a jueces cree que ese juez va a actuar de forma distinta? Puede tener la seguridad de que ese juez que actuó con convicción va a actuar siempre igual, apegado a la ley. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por amedrentamientos, porque eso pondría en serio riesgo el estado de derecho.

Pero el caso de Ámbar es distinto, ¿qué hacía un doble homicida en libertad?

Lo que se le imputa a la ministra Donoso no es una resolución propiamente tal. Ella presidió una comisión y las libertades condicionales contemplan una serie de requisitos para otorgarlas. Los jueces debían atenerse a la ley y por eso en 2015 y 2016 se dieron muchas. La decisión no fue de ella sola, la comisión también la integran jueces penales.

Pero esa comisión, a la luz de los hechos, se equivocó...

Yo no podría asegurarle a usted si se equivocó o no, porque no conozco los antecedentes. Claro, aparentemente no estaría bien, pero para decir eso tendría que tener todos los antecedentes que tuvo a la vista la comisión, además, menos puedo opinar ahora que se anunció una acusación constitucional en su contra.

Una especie de déja vú de lo que vivieron sus compañeros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente por conceder libertades condicionales a condenados por delitos contra los DD.HH. ¿Qué le parecen esas amenazas de acusación del mundo político a jueces?

Me parece que eso le hace mal, es un terrible daño al Poder Judicial y no solamente a nosotros, a todas las instituciones del país. La justicia es un elemento esencial de todo estado de derecho y de todo Estado democrático y los jueces no pueden andar con miedo. Y le digo que no tenemos miedo, fallamos al mérito de los antecedentes y conforme a la ley.

Pero en el caso de Ámbar, un grupo de jueces determinó que ese imputado estuviera libre. ¿Se hace cargo de eso?

Pudimos fallar nosotros, pero también pudo fallar quien estableció de esa forma el beneficio de la libertad vigilada, y ese no es el Poder Judicial. A mí este caso, como a todo el país, me ha impactado mucho, pero nosotros como jueces estamos en un conflicto continuo frente a los beneficios. Por un lado, están los que piden mano dura, castigar al delincuente, retribuirle el mal causado, tener las cárceles llenas. Eso es primitivo. Hay otra posición que busca rehabilitar, resocializar, reinsertar a ese sujeto en la sociedad. Yo me inclino más por ese camino y por eso se han creado estos beneficios.

Hugo Bustamante no se rehabilitó...

No, y quedó demostrado. Incluso, él ahora tendría que volver a cumplir esa condena por la que estaba en libertad. Si él es el homicida, lo más probable es que lo sea, pero no hay una sentencia aún, va a tener primero que cumplir su sentencia anterior y ahora esta.

Los magistrados que lo liberaron deben estar complicados.

Los jueces siempre tenemos que tomar decisiones difíciles, pero yo siempre digo que el indicador es poder dormir tranquilo. Indudablemente, un juez se puede equivocar, muchas veces nos equivocamos, pero si cuando nos equivocamos en ese momento creíamos estar obrando bien, pues no tendríamos nada que reprocharles.

¿Y cree que esos jueces duermen tranquilos?

Quizás ahora que están enfrentando este problema no, pero cuando tomaron esa decisión durmieron tranquilos. Ahora tampoco pasemos por alto que aquí el asesino es esta persona, es él el principal responsable ante la ley de este crimen.

¿Es usted partidario del juez de ejecución de penas?

Claro que sí. Existe una deuda de nuestro sistema de justicia penal por contar con tribunales de ejecución especializados, que permitan un control jurisdiccional más eficiente y continuo y una labor más adecuada de los entes penitenciarios. Esto trasciende a la sola instalación de tribunales dedicados con exclusividad a la materia, pues implica un esfuerzo normativo y un compromiso estatal interinstitucional que sea capaz de rehabilitar, tener recintos con condiciones adecuadas para ese objetivo y, desde luego, contar con las herramientas necesarias para diagnosticar efectivamente a quien se encuentra o no apto para salir del encierro. A ello se agrega el debido acompañamiento de la fase pospenitenciaria, que promueva la reintegración a la sociedad.

Esta semana el Senado rechazó la nominación del ministro Raúl Mera a la Suprema, ¿lo lamenta?

Absolutamente, la Corte Suprema se perdió de tener a un gran juez y espero sinceramente que haya otra oportunidad en que él pueda optar. Ha pasado muchas veces que se han caído candidatos por factores políticos, pero está el caso de Carlos Cerda, Milton Juica y Margarita Herreros, que pese a un rechazo la primera vez luego sí lograron ser nombrados. Es malo este componente político y encasillar a los jueces de derecha y de izquierda. Hay que mejorar el sistema. Es muy injusto lo que ocurrió con el juez Mera, porque, además, se le atribuye la absolución de Los Queñes, que fue ratificada por otros nueve magistrados, incluido yo, que no determinamos antecedentes para condenar. No se entiende esa campaña detrás, el juez Mera ha condenado muchos casos de violaciones a los derechos humanos y, de hecho, es pionero en uno de ellos. Me cuesta creer que este tema sea la justificación de lo que dijeron algunos senadores para votar en contra de él.

Ahora es una buena oportunidad para una mujer más en la Suprema...

Me gustaría mucho, nuestra vocera, si se sigue respetando la antigüedad, muy pronto podría convertirse en la primera presidenta de la Corte Suprema y creo que en un par de años es muy probable que sean mayoría en la Suprema.

A propósito de ella, el expresidente Ricardo Lagos en entrevista con La Tercera trató en muy duros términos a la exjueza del MOP, dijo que “hacía todo lo que le pedía la UDI”. ¿Qué opina de eso?

Es difícil para mí referirme a lo que dijo el señor Lagos, una persona muy seria, ponderada, de mucho prestigio y sobre el cual tengo un profundo respeto. Me llamaron la atención esas palabras. Conozco mucho a la ministra Chevesich y ella es una persona seria, muy responsable, muy estudiosa y que tiene un muy buen trato. Puedo dar fe de que está muy alejada de cualquier consideración externa en su desempeño como jueza. Entonces, no creo que obedezca a instrucciones de un partido político en particular. Eso no lo haría nunca, y no sólo de un partido político, de nadie.

Sobre la situación que está ocurriendo en La Araucanía. ¿Cómo ve usted estas medidas de presión, como las huelgas de hambre, en causas en las que ya hay condena y fallo definitivo?

El problema de La Araucanía todos sabemos que se ha alargado en el tiempo y sus orígenes, que es un problema político, que la solución del problema es ajena al Poder Judicial. Están, por un lado, las huelgas y yo creo que se debe buscar una solución, porque vemos la escalada de violencia y situaciones graves que están pasando, como la autotutela.

¿Le preocupa eso, las imágenes de civiles armados que vimos?

Por supuesto, eso puede terminar en quizás qué. Imagínese vivir en La Araucanía o tener que pasar en vehículo por allí, pero la solución es ajena al Poder Judicial o de la justicia. La solución política debe llegar pronto, el Ejecutivo, el Legislativo, buscan consensos en esa materia, es difícil por la raíz del problema, pero lo de la autotutela está mal, si no se soluciona este problema vamos a llegar a que la gente tome la defensa por sí sola y eso es el fin del estado de derecho.

¿Podría llegar a una guerra civil?

Así es como empiezan, por eso hay que tomar acuerdos y dejar de lado las disputas personales.