Qué hay detrás del grito de los liceos femeninos

Fue la tarde del jueves 10 de marzo cuando se registraron los primeros incidentes: en Providencia, un grupo grande de alumnas de los liceos Carmela Carvajal y Liceo 7 cortaron el tránsito para marchar hacia Miguel Claro, donde se ubica el Liceo José Victorino Lastarria. Estaban enojadas. Por eso, al llegar, entraron al recinto y agredieron a algunos alumnos que estaban dentro. Los equipos de seguridad alertaron de esta situación a la alcaldesa Evelyn Matthei, pero nadie entendía lo que pasaba.

No alcanzó a pasar mucho tiempo para enterarse del fondo. Un grupo en Instagram, formado por alumnos de tercero y cuarto medio del liceo de hombres, hablaba de una violación grupal en contra de las estudiantes. “Si poh, si las vamos a violar”, “la arrastramos por el suelo”, “podríamos hacer como una manada entre nosotros, cul… a cualquier mina y después dejarla botada”, decían algunos de los mensajes. No solo eso: las alumnas también aseguraban que habían publicado fotos íntimas de ellas sin su consentimiento. Lo que querían, entonces, era denunciar la situación y tomarse la justicia por las manos.

A partir de ese día, en el municipio decidieron suspender las clases de toda la comuna y la Corporación de Desarrollo Social de Providencia -sostenedora de varios colegios municipales- interpuso una denuncia en la Fiscalía Metropolitana Oriente para que se indagara lo ocurrido con el grupo de Instagram.

Un día después en el Liceo Javiera Carrera, de la comuna de Santiago, un grupo de estudiantes y una exalumna acusaron agresiones sexuales por parte de dos profesores. Se trataba de tocaciones, decían ellas. Una era una situación que venía hace tiempo y que, incluso, involucraba una relación poliamorosa. Tras conocerse los hechos, la Municipalidad de Santiago también reaccionó: inició dos sumarios administrativos en contra de los docentes.

El martes 15 de marzo, volvió a suceder. Tras lo ocurrido la semana anterior con las alumnas del Carmela Carvajal y Liceo 7, en el Liceo Arturo Alessandri Palma (mixto) hicieron una asamblea para hablar del tema. En esa reunión una alumna denunció haber sido abusada por dos compañeros. Esos estudiantes estaban al interior del colegio. Varios de los que escucharon su relato se pararon para ir a lincharlos y a exigir su expulsión, solo que los alumnos ya se habían ido a esconder a una sala. Entonces se produjo una pelea: hubo correazos, agresiones y una profesora -que intentaba contener la puerta de la sala en donde estaban los alumnos- terminó siendo agredida.

Al día siguiente la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, reveló otra denuncia. El 28 de febrero había llegado un correo electrónico a las oficinas de la municipalidad: se trataba de un profesor del Colegio Técnico Profesional República de Argentina, que acusaba a otros dos docentes del mismo establecimiento de abuso y acoso sexual en contra de alumnas de enseñanza media. Junto con suspender a uno de ellos, que seguía en sus funciones, otra investigación se abrió en el Ministerio Público.

Este miércoles la rabia se volvió a transformar en protesta: un grupo de secundarias de varios liceos gritaban consignas en las afueras del Instituto Nacional y exigían educación sexual. En redes sociales se había publicado una denuncia contra un estudiante de ese colegio por 12 casos de acoso y hostigamiento sexual.

Martina Escobar (19), estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma y exalumna del Liceo Tajamar, siguió de cerca todas estas denuncias. Dice que no le sorprendió cuando se fue enterando de cada una de ellas. Sobre todo porque, cuenta, esto ya había ocurrido antes. Para ella estos estallidos solo podían tener una explicación: “la rabia que se viene acumulando desde hace décadas en los liceos emblemáticos”.

La última vez que se había dado un movimiento parecido en Chile fue en 2012. Ese año, junto al destape de los abusos sexuales a menores por miembros de la Iglesia Católica, la Fiscalía Nacional llegó a investigar hasta a 60 colegios por abuso sexual. En un principio se trató de recintos educacionales privados. Hubo fiscales que explicaron que la cantidad de casos era producto de una psicosis y el gobierno del entonces Presidente, Sebastián Piñera, lanzó el programa Plan Escuela Segura para enfrentar la situación.

10 años después, el escenario es distinto. Ahora son secundarios quienes, desde liceos emblemáticos, han comenzado a denunciar una serie de abusos que han ocurrido en los últimos años dentro de sus establecimientos. Aunque ahora hay un componente nuevo: no solo se acusa a profesores. Esta vez los abusos están siendo entre los mismos estudiantes.

El movimiento feminista que estalló en mayo de 2018 ayudó a que las víctimas se atrevieran a contar sus testimonios. Ahí, en medio, estaba Martina Escobar. Ella, como parte del centro de alumnas del Liceo Tajamar, escuchaba las historias de sus compañeras: “Había muchas denuncias de acoso y abuso por parte de alumnos del Instituto Nacional. Muchos eran parejas o exparejas de mis compañeras, entonces comenzaron a denunciarlos. Gran parte de las situaciones ocurrían en contextos de las fiestas que hacíamos entre colegios en donde, por ejemplo, se daban muchas situaciones de hostigamientos o incluso violaciones”.

Eso, sumado a otra denuncia que salió en el mismo colegio por agresión sexual hacia una auxiliar de aseo, hizo que Escobar, junto a otras 100 alumnas de liceos femeninos, se tomaran el Instituto Nacional en mayo de ese 2018.

Según datos de la Superintendencia de Educación, ese año se registraron 41 denuncias a nivel nacional por “comportamiento de connotación sexual” por parte de profesores hacia alumnos y también entre estudiantes. De esa cifra, 25 denuncias representaban agresiones sexuales. Si bien la ocupación en el Instituto Nacional duró una hora, fue tiempo suficiente para que a nivel nacional se pudiera dilucidar eso. “Lo que más me preocupaba en ese momento era la impunidad que había, porque muchos directivos sabían y no hacían nada. Las denuncias llegaban y todo quedaba ahí”, dice Martina Escobar.

Paralelamente, en el Liceo Arturo Alessandri se daba otra situación: un grupo de siete alumnos -un hombre y seis mujeres- denunciaron que un instructor de educación física tenía actitudes de connotación sexual hacia ellos. Se trataba de un profesor joven que comenzó a tener relaciones inadecuadas con las alumnas, sacándolas del liceo e invitándolas a salir, según relata una fuente que conoció el caso. El 20 de junio de 2019 se interpuso una denuncia en la Fiscalía Metropolitana Oriente y se abrió una investigación: en la querella, a dicho profesor se le acusaba de abuso sexual, maltrato psicológico y físico hacia los alumnos.

Además del trauma de las víctimas, en el colegio quedaron con un sabor amargo por cómo la dirección llevó el caso. Un profesor cuenta que el director en ese entonces, René Sporman, sabía lo que ocurría sin hacer nada al respecto hasta un año después de la denuncia. Sporman lo niega y dice que, mediante un sumario que realizaron en su contra, se verificó que había aplicado correctamente los protocolos. “Apenas me enteré del caso, de inmediato se activaron los protocolos y el profesor fue desvinculado del establecimiento”, dice. La investigación penal hasta ahora sigue abierta y no se ha formalizado al docente.

Eso explica, en parte, las tensiones que ocurrieron el martes 15 de marzo. “Los alumnos sienten que hay demasiadas cosas bajo la alfombra”, dice una profesora del establecimiento.

En la Fiscalía Metropolitana Oriente aseguran que es complejo establecer un número exacto de investigaciones por delitos sexuales en establecimientos educacionales. Pero que en los últimos años ha habido sentencias importantes: en esa lista figura un caso de estupro el 2017 por parte de un inspector del Liceo José Victorino Lastarria y una condena en 2019 por abuso sexual reiterado de un profesor de octavo básico en un colegio privado de Las Condes.

Ese camino judicial ya es conocido. El problema es cuando se trata de otras conductas de connotación sexual que no reúnen las condiciones para ser un delito. “Sucede a veces que llegan denuncias a la fiscalía de hechos que no están tipificados en las leyes penales. Frente a ello, no nos queda otra alternativa que cerrar los casos y desestimarlos”, dice Felipe Sepúlveda, fiscal regional subrogante de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Cuando eso ocurre, el camino a seguir es realizar la denuncia en la Superintendencia de Educación. Ahí, de acuerdo a la investigación que se inicie, la responsabilidad recaerá o no en el establecimiento. “El hecho de que no haya agresión sexual no quiere decir que no genere daño. Todo acto de connotación sexual en contexto escolar debe tener una sanción. La Superintendencia de Educación fiscaliza el cumplimiento o no de los protocolos por parte de los colegios y, en base a ello, decide si sanciona o no al establecimiento”, explica la directora de Prevención y Educación de la Fundación para la Confianza, Verónica Uzcátegui.

Para la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, hay algo en esos caminos de denuncia que está fallando: “Siento que hay una sensación generalizada que el sistema y la Justicia no funcionan. O que los procesos son muy largos y tediosos. Hay aspectos del sistema judicial que no están dando el ancho. Hay que agilizar los procesos y también los diferentes protocolos escolares y volver a generar las confianzas en las comunidades educativas”.

En el Departamento de Diversidad e Inclusión de Providencia reconocen que ese es un malestar. Para Sofía Jaña, fonoaudióloga y máster en Intervención Interdisciplinaria en Violencia de Género de la Universidad de Valencia, ese es un gatillante. Aunque también hay otros: “No les enseñamos habilidades socioemocionales para enfrentar esto, no hay capacitación para los profesores en esta materia. Entonces todo eso genera una desconexión. ¿Cómo llegás hoy día a decirles ‘confíen en mí, sigamos este protocolo’, si durante años las dejamos solas en una impunidad que no está medida?”.

En Ñuñoa, tras conocerse una denuncia en el Liceo República de Argentina y otro caso de abuso -también por parte de un profesor- que ya estaba en curso del Liceo Brígida Walker, la reflexión es la misma. Solo que tras la vuelta a clases presenciales, después de la pandemia, la alcaldesa Emilia Ríos ha notado algo distinto. “Efectivamente tenemos jóvenes que están más interiorizados de sus derechos. La última ola feminista sirvió para socializar un montón de temas que estaban ocultos. Pero, en paralelo, se siente en la comunidad pedagógica un desajuste donde los estudiantes estarían más sensibles e irritables. Esa es una respuesta por estos años de pandemia que el Mineduc también nos tiene que ayudar a bajar”.

Todos estos ingredientes fueron la mezcla perfecta para que, estas últimas semanas, las estudiantes salieran a las calles a descargarse.

Del 1 de enero al 22 de marzo de este año, la Superintendencia de Educación ha recibido 48 denuncias por comportamientos de connotación sexual. El 73% de ellas son situaciones que no constituyen agresión física. Ese número, comparado con el de años anteriores, ha bajado un 10% respecto del promedio. Sin embargo, existe un aumento de un 56% de las denuncias por comportamiento de connotación sexual que no constituyen agresión física. Es decir, aquellas que no son delito.

En el Mineduc están conscientes de que el problema en la comunidad educativa es grave. Por eso, apenas supieron de los hechos, se reunieron con diversos representantes de los liceos implicados y realizaron una serie de reuniones y mesas de trabajo con apoderados, oficinas de género provinciales y las mismas alumnas para tomar acciones al respecto. “Como Estado queremos acompañar a las familias, tanto de las víctimas como de quienes ejercieron esa violencia. Lo que buscamos es que exista un cambio de mirada de la sociedad con perspectiva de género y debemos empezar esta tarea en los establecimientos educacionales”, asegura el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Después de las protestas de las últimas semanas, los apoderados de los liceos Carmela Carvajal, Lastarria y Liceo 7 reconocen que están frustrados. Para aquellos que tienen a sus hijas en los liceos femeninos esto los pilló por sorpresa: “Hay una rabia en las niñas muy fuerte, es algo que no alcanzas a dimensionar. Pasa que también todas son súper reservadas, es muy difícil llegar a ellas. Entonces a veces te cuentan algo que pasó hace mucho tiempo atrás, pero que ahora dicen que se viene dando desde hace tiempo. Para la mayoría de los papás fue un poco sorpresivo”, dice una apoderada de los liceos involucrados.

Desde la otra vereda, para los padres de la mayoría de los estudiantes del Liceo Lastarria su sentimiento es más de temor. Con las protestas son varios los que aseguran que algunas alumnas comenzaron a agredir a niños que nada tenían que ver con la denuncia, solo por el hecho de ser alumnos de ese colegio, según cuenta una apoderada. “Junto a un grupo de padres presentamos un recurso de amparo a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia para proteger a nuestros hijos y que no se vulneren sus derechos. No puede ser que esa sea la reacción de las alumnas”, dice una apoderada del Liceo Lastarria.

En el caso de los siete estudiantes involucrados en el grupo de Instagram que amenazaban con violaciones, la situación es compleja. Efectivamente existe un delito tipificado que sería el de amenazas. Pero, al ser menores de edad, su derecho a la educación no se puede eludir. “Lo de estos alumnos es inaceptable, estaban emulando una violación a un grupo de niñas. Pero el tema es que son sujetos de derecho igual”, explica desde la Fundación para la Confianza, Verónica Uzcátegui.

En cuanto a su situación escolar, la Superintendencia de Educación es quien tiene la última palabra. Aunque en la Municipalidad de Providencia -que ha seguido de cerca el caso- creen que la mejor opción es que los jóvenes involucrados terminen su cuarto medio online. Mientras eso ocurre, desde el Departamento de Diversidad e Inclusión han estado realizando un trabajo con todos los cursos de los liceos femeninos implicados, en pos de recuperar las confianzas con las instituciones.

El problema es que este jueves volvió a ocurrir. Durante la tarde, un grupo de estudiantes y apoderados llegaron a apedrear el Liceo Politécnico Andes Duoc UC de Renca. ¿La razón? Un padre acusó a un estudiante de violar a su hija de 14 años. Luego, el viernes hubo manifestaciones de secundarios en todo el país. Entre las demandas estaba esclarecer todas las denuncias de acoso y abuso sexual que han aparecido. Jaña cree que es probable que sigan apareciendo más casos: “El caso de La Manada de Providencia es la noticia ahora, pero lo cierto es que esto es solo la punta del iceberg”.