Los dos días que duró su formalización, a Raúl Torrealba del Pedregal (74) -quien ocupó durante 25 años el sillón edilicio de Vitacura- se le vio sereno, con la frente en alto, sin derrumbarse en ningún minuto. Incluso cuando la jueza María Carolina Herrera ordenaba su ingreso a la cárcel. Era un escenario probable, aunque los dos días que llegó hasta el Centro de Justicia, flanqueado por cuatro abogados, se manifestaba confiado en que su voz se haría escuchar. “Nunca ha llegado un peso de los ‘Vita’ a mis cuentas”, desafió.

Sin embargo, los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir contaban con dos años de pesquisas, el registro de sus cartolas bancarias y una decena de testimonios que lo apuntaban como autor de un mecanismo de defraudación. El ente perseguidor y el CDE lo acusaron de ser parte de una “máquina” que durante una década desvió más de $ 766 millones provenientes de dineros municipales que fueron a parar a sus arcas personales, en cientos de depósitos en efectivo que fueron descubiertos en sus cuentas bancarias y en las de su esposa, María Soledad Simonetti.

La caída del emblemático jefe comunal había partido dos años antes, cuando quien fuera su amigo por cuatro décadas, Domingo Prieto, revelara ante el jefe jurídico de su sucesora, la alcaldesa Camila Merino (Evópoli), que durante la gestión del ex RN se habían cometido irregularidades. Ese fue el principio del fin. A las supuestas defraudaciones -en las que se había valido de subvenciones que trianguló desde las corporaciones ‘Vita’, según la Fiscalía- luego se fueron sumando otros delitos: infracciones tributarias y maniobras para ocultar el origen ilícito de los dineros, es decir, lavado de activos.

Pero lo que más le duele, dicen quienes lo conocen, es que el Ministerio Público lo haya sindicado como “líder de una asociación ilícita”. Si bien ese fue el único cargo que la jueza tuvo dudas de que existan evidencias para configurar ese tipo penal, aún resuena entre los funcionarios de Vitacura la “chapa” que le puso en el caso el propio Prieto. “Lo llamaban el ‘Big Boss’”, dijo el fiscal Jacir en el tribunal, luego de apuntar a la gravedad de los delitos de corrupción que se le atribuyeron.

Aún está pendiente su apelación. A las 16.25 horas del viernes, dos gendarmes llegaron hasta su lugar para esposarlo y trasladarlo a Capitán Yáber. Por primera vez Torrealba entrecruzó sus manos y bajó su mirada. Perplejo.

Julio de 2021. Poco más de una semana había transcurrido desde que la actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), había asumido en el cargo cuando uno de los amigos de la juventud y estrecho colaborador del “Tronco” se acercó al nuevo director jurídico de la municipalidad para hacer una denuncia. Se trataba de Domingo Prieto, una de las personas que formaban parte del “círculo de hierro” de Torrealba.

En sus propias palabras, Prieto denunció una serie de irregularidades que habrían ocurrido en la administración anterior, mientras él se desempeñaba como director de las organizaciones “Vita”. El hombre relataría cómo durante los últimos años se realizaron retiros de dineros en efectivo desde las arcas municipales y desde las organizaciones que dirigía. Así dio inicio al caso que tiene a su ya examigo privado de libertad.

Pero él no fue el único que develó lo que por años habría ocurrido en la comuna, pues al día siguiente, Antonia Larraín, sobrina de Prieto y cercana a la familia Torrealba, también decidió hablar. La funcionaria, quien el 2018 asumió la Dirección de Desarrollo Comunitario (Decom), declaró sobre el mecanismo mediante el cual se obtenía el dinero y cómo mensualmente se entregaban sobres con millones en efectivo a la exautoridad.

Las declaraciones de los exfuncionarios resultaron clave en su formalización, pues a través de ellas fue que el fiscal Jacir detalló cómo sus colaboradores rompían lo que implícitamente era un pacto de silencio. Lo anterior, porque al igual que el exdirector de las “Vita”, Renato Sepúlveda -también exdirector de la Decom e histórico dirigente RN-, reveló detalles clave en la investigación, como lo referente a fondos municipales que se desviaban hacia campañas políticas de representantes de Chile Vamos.

Lavado de activos es uno de los principales delitos por los que se imputó a la exautoridad, y para lograr acreditarlo ante el tribunal, las pericias realizadas por detectives de la PDI resultaron esenciales, tal como lo relevó la jueza María Carolina Herrera antes de ordenar la prisión preventiva del exjefe comunal.

Y es que tras acceder al detalle de las cuentas bancarias de Torrealba y de su esposa, María Soledad Simonetti, y con indicio de que había un delito base de fraude al Fisco, la Unidad Investigadora de Lavado de Activos realizó un minucioso análisis de los movimientos, advirtiendo que había cientos de depósitos en efectivo de “usuarios” que se repetían y que incluso se realizaban por caja o por cajeros automáticos en un mismo día.

Así, por ejemplo, un informe evacuado por la PDI el 1 de junio evidenció que choferes contratados por el municipio habían realizado, entre 2015 y 2021, depósitos consecutivos por un total de $ 85.600.000.

De esta forma los investigadores pudieron concluir que parte del monto total defraudado -cifrado en más de $ 766 millones- era ocultado mediante la descrita maniobra.

Pudieron dilucidar, asimismo, que Simonetti era utilizada como una suerte de “testaferro”, tal como lo expresó Jacir en la formalización.

Conforme a aquello, en todo caso, el fiscal Jacir adelantó que ahora se profundizará en esa línea investigativa para esclarecer fehacientemente el grado de participación de la mujer.

Otra de las formas que presuntamente usó el exalcalde para ocultar los dineros, como se detalló en la audiencia, es la utilización de instrumentos financieros formales, como la generación de inversiones, emisión de cheques y de vales vista.

Durante la imputación de cargos que hizo el Ministerio Público en contra de los seis indagados en la causa, desde el primer momento se separó a Torrealba de los otros exfuncionarios. Esto, porque a juicio de los investigadores el exalcalde no colaboró durante la investigación. Por lo mismo, expusieron los persecutores, se pidió la cautelar más gravosa a su respecto. Estimaban que implicaba un mayor riesgo para la indagación y para la seguridad de la sociedad.

Para graficar la falta de disposición para aportar en el caso, desde la Fiscalía deslizaron que el ex RN ha negado los delitos indagados, tanto en sus declaraciones como ante la prensa, y que se ha accedido a sus cuentas bancarias y vivienda sólo a través de órdenes judiciales. Por ello, desestiman lo esbozado por la defensa, quienes expusieron que han colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos.

Lo anterior quedaría en evidencia, comparten fuentes del caso, al escuchar las palabras que el exalcalde compartió antes de ingresar a la audiencia de la jornada del viernes pasado, cuando aseguró: “No hay participación mía, hay participación de ellos (de los contadores), entonces es bastante particular que aparezca yo como responsable de un teje del que nunca he sido parte (...) Ellos hacían todo, yo no tengo idea”.

Asimismo, está su declaración efectuada en febrero, momento en que sostuvo que en sus más de 25 años como alcalde “jamás me valí del cargo para enriquecerme (...) Siempre fui muy cuidadoso en el manejo de dineros municipales, al punto que jamás tuve un reproche de la Contraloría”.

Pese a ello, un informe de la misma Contraloría a la que aludió dio cuenta de que durante su administración hubo graves faltas a la probidad y lapidó esa línea de defensa.

El fiscal Francisco Jacir pidió ante el tribunal el plazo de un año para terminar esta investigación. La jueza le negó dicha extensión, pero quienes conocen el caso comentan que el propósito del Ministerio Público es avanzar en una arista que estaba latente -gracias a la declaración del contador César Silva- y que hace algunas semanas fue refrendada por un histórico dirigente RN: Renato Sepúlveda. El dos veces embajador en los gobiernos de Sebastián Piñera renunció a su derecho a guardar silencio el jueves 11 de mayo y decidió colaborar y admitir que platas de Vitacura fueron a parar a gastos políticos.

“En relación con este tema, y a propósito de lo aseverado por César Silva en su declaración del 30 de septiembre de 2021, en cuanto a que se pagaron con cargo a VitaDeportes diferentes gastos de naturaleza políticos y de campaña del año 2017, señalo que es efectivo lo que él indica”, reveló.

Pero aún falta algo. Que el fundador de RN recuerde a quiénes benefició este mecanismo de aportes ilegales. Ese día dijo a los investigadores que “dado que ese año, 2017, hubo elecciones de Presidente, diputados y senadores, en cuanto a la campaña política de qué candidato en particular se efectuaron esos gastos, señalo que no lo recuerdo, pero sí fue de alguien de Chile Vamos”. Aunque acto seguido Sepúlveda se apuró en aclarar que “debe haber sido algún candidato a diputado o senador, descarto al expresidente (Sebastián) Piñera, pues en su campaña intervine en temas de votos en el exterior”.

La Fiscalía ya va tras esta hebra, que podría, en algún minuto, separarse de la “causa madre” y perseguir las ramificaciones de nuevos ilícitos e imputados.

Si bien la defensa del exalcalde no logró persuadir a la jueza María Carolina Herrera para evitar que su representado fuera a parar a la cárcel a cumplir prisión preventiva, ese día marcaron con fuerza una serie de puntos que, a juicio de ellos, podrían tener repercusión a futuro. Y es que no sólo adelantaron que recurrirán ante la Corte de Apelaciones para revertir la cautelar del exjefe comunal, sino que esbozaron una serie de reclamaciones contra la Fiscalía.

En su intervención, Francisco Velozo aseguró que los fiscales a cargo del caso hicieron una “falsa” interpretación de la realidad al contar sólo con información parcial de las cuentas y del patrimonio de su cliente, pues este habría forjado el grueso de sus bienes en la etapa previa a llegar al municipio.

“Nuestro representado ingresó al mundo público casi cercano a los 50 años. Hicimos ver que él ya tenía un patrimonio, y manifestamos cuáles son sus bienes e inversiones. Su estado patrimonial no fue construido en su periodo en el municipio”, manifestó el penalista, haciendo referencia al informe de patrimonio sobre el cual la Fiscalía habría hecho sus análisis.

En el mismo tono, la abogada Natalia Diuana, también integrante de la defensa del exalcalde, hizo presente que se deberían haber analizado las cuentas y bienes de todos los coimputados en la causa, por lo que acusó que los fiscales investigaron “con sesgo”.

Esto, como enfatizó, porque, por ejemplo, según ella el contador César Silva tiene millones en sus cuentas bancarias y entre los años 2016 y 2020 adquirió una serie de costosos inmuebles, pero que pese a esos antecedentes la Fiscalía no hizo cuestionamientos.

Pese a estas exposiciones, la jueza a cargo sólo estuvo de acuerdo con ellos en lo referente a la inexistencia de antecedentes, por ahora, que permitan acreditar que los imputados configuraron una asociación ilícita. En definitiva, la magistrada dijo que el resto de los imputados operaba por la jerarquía que tenía en ese entonces el alcalde, es decir, su jefe. “Los imputados consintieron y ejecutaron operaciones para desviar dineros públicos a las cuentas personales del alcalde de acuerdo con sus indicaciones e instrucciones, lo que se desprende claramente de conversaciones de WhatsApp y declaraciones”, apuntó.