Gonzalo (38 años) vive muy cerca de un recinto al que hoy tiene prohibición judicial de ingreso: el Supermercado Mayorista 10, ubicado en calle San José de la Estrella 1392, en la comuna de La Florida. En los alrededores de ese local estaba el sábado 19 de octubre, tocando una cacerola en medio de las masivas protestas sociales, este trabajador sin antecedentes penales, cuando observó que un grupo de personas rompió las barreras de ingreso y sustrajo mercadería. Caía la noche y él fue, dice, por su auto -un modelo de este año que está aún pagando- y sin pensarlo mucho realizó la compra del mes sin pasar por caja.

—Yo sabía, en el fondo, que estaba haciendo algo malo. Fue una oportunidad, todos lo estaban haciendo y vi una oportunidad. Pasaba y pasaba gente con cosas y yo miré y dije "voy". Fue un error mío, mi familia no tuvo nada que ver, cuando llegué (a la casa) me dijeron: "¿Para qué hiciste eso?, no era necesario"- cuenta acongojado.

Gonzalo es parte de un patrón que él desconoce, pero que las fiscalías de la Región Metropolitana ya han logrado establecer: en los saqueos posteriores al estallido social del 18 de octubre, y al menos durante los días en que rigió el estado de emergencia, un grupo de individuos, sin vínculos entre sí, que no habían cometido previamente ilícitos, entraron a locales vandalizados y se llevaron lo que pudieron: electrodomésticos, alimentos no perecibles, dinero guardado en las cajas. Lo que hubiera. El supermercado en el que Gonzalo robó estimó la pérdida en abarrotes en $ 294 millones y el dinero en efectivo en $ 2 millones. Fue uno de los cientos de establecimientos desvalijados por el que se presentaron querellas.

A diferencia de quienes entraron y salieron corriendo del recinto -o caminando lento, en el caso de adultas mayores detenidas en flagrancia-, Gonzalo y otros cientos de personas cargaron sus autos particulares con el botín improvisado y hoy enfrentan cargos por robo en lugar no habitado y receptación de artículos robados. Sus vehículos figuran retenidos y podrían, si así lo determinan tribunales, ser rematados para resarcir el daño.

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Se incautaron 46 vehículos y se detuvo a 24 personas. El fiscal jefe de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Región Metropolitana Oriente, Felipe Díaz, relata que a través de videos, pericias y diversos chequeos, lograron dar con las personas que habían realizado los saqueos sobre cuatro ruedas en la zona que le corresponde periciar, en los tres días posteriores al 18 de octubre, periodo respecto del cual existen investigaciones ya formalizadas. Otras investigaciones en curso, como las de la Fiscalía Centro Norte, aún permanecen sin realizar controles de detención, aunque las indagatorias están en curso.

Figuras como Gonzalo fueron minoría en el caos si se consideran las cifras entregadas por el exministro de Interior Andrés Chadwick, en el Congreso, quien detalló que entre el 19 y el 23 de octubre hubo en el país 1.073 eventos graves de incendios, saqueos o desórdenes por los que se detuvo a más de cinco mil personas. Los números de Carabineros revelan que hasta el jueves 14 de noviembre hubo más de 13 mil detenidos en estos hechos y que el 78% tenía al menos una detención previa. Los que fueron en sus vehículos, en cambio, en un 90%, dicen los fiscales, no tenían prontuario.

"El procedimiento de entrada y registro nos mostró que robaron fundamentalmente productos no perecibles, desde licores hasta vinos, pastas, aceites, arroz, esas cosas. En otros casos, encontramos dos o tres televisores, mercadería, abarrotes que estaban en cantidad superior al consumo normal y que luego los supermercados verificaron por los códigos de barra y por las marcas propias", cuenta Díaz.

Lo que más le sorprendió al fiscal fue el perfil de quienes pasaron a control de detención: "Son personas que residen en las mismas comunas en que ocurrieron estos hechos -La Florida, Macul, Peñalolén-, en casas de clase media, buenas casas, aunque a nosotros lo que más nos llama la atención es que no tengan antecedentes criminales".

En el área sur -donde también hay una veintena de detenidos que fueron ubicados por las patentes de sus autos y los productos en sus domicilios, provenientes de locales como Construmart-, la persecutora Pamela Bustamante se declara igual de descolocada. Narra que está en el Ministerio Público desde hace 15 años "y es primera vez que veo algo de esta naturaleza, porque incluso cuando ocurrió el tema del terremoto, en esta zona no hubo este tipo de eventos. Este comportamiento ha sido inédito y ha ido mutando el perfil". Bustamante recalca que en los últimos días quienes han participado de robos sí tienen anotaciones por delitos contra la propiedad o infracción a la ley de drogas.

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18 Octubre 2019

LIDER SAQUEADO EN AV 3 PONIENTE EN MAIPU

FOTOS: LA TERCERA[/caption]

En la Occidente, donde hay siete causas abiertas, con 17 detenidos por el uso de vehículos motorizados en saqueos, el fiscal Sergio Soto postula que también ha operado en estos casos la culpa. "Hay personas que evidenciando que han sido grabadas o que su imagen está en las redes sociales sustrayendo, por miedo a que los vayan a detener han ido voluntariamente a entregar los productos", asegura.

No solo eso. Plantea que tienen "más de 10 casos de personas que han ido a entregar televisores, abarrotes, por ejemplo; o que han llamado por teléfono y señalan que tienen esto y que lo dejarán en tal lugar. La policía va y lo encuentra. Otras personas vienen a denunciar señalando que ellos simplemente vieron que terceros dejaron cosas y que ellos quieren entregarlas, porque no quieren verse involucrados en este tipo de hechos".

Los fiscales consultados remarcan que si bien la primera semana fueron vecinos comunes y corrientes los que cometieron los robos, posteriormente el asunto se "profesionalizó" y aparecieron personas con ilícitos previos y algunos incluso que desarrollaron una especie de tour de robos en locales. Sobre ellos, aún hay diligencias pendientes.

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Las escenas se repitieron en televisión: ciudadanos increpando a quienes huían con electrodomésticos, algunos incluso resguardando comercios. En Renca, donde se incendió un Lider y la bodega de la empresa Kayser, donde murieron cinco personas, los familiares de las víctimas acusaron que otros pobladores cargaron camionetas con productos y que viendo esto, adolescentes como Joshua Osorio (17) -uno de los fallecidos- se tentaron.

¿Qué hace que las personas se sumen a un tumulto y cometan delitos? Mónica Gerber, sicóloga social, académica de la UDP e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, opina que el fenómeno tiene tres factores relevantes: la deslegitimación del orden social y de las autoridades -el no confiar en que el sistema es justo- provoca que las personas tiendan a cumplir menos la ley, porque la legitimidad es un requisito para la obediencia; la anomia o falta de reglas comunes, "que es algo que también ocurrió en el terremoto de 2010, donde las personas ya no tienen un acuerdo claro entre lo que está bien y lo que está mal", permite validar ciertas conductas que en otro momento no son aceptadas, y el proceder de las personas cuando son parte de una masa que genera "mayor anonimato, despersonalización, el sentirse menos responsables por lo que se hace".

Gonzalo se fundió, precisamente, en ese universo de desconocidos que no temió las consecuencias. Lo que más le ha complicado, confiesa, son las explicaciones que les ha tenido que dar a sus cercanos, porque no sabe qué argumentar sobre su conducta. Y la posibilidad real de no recuperar su auto.

-Era mi medio de transporte y ahora no sé qué va pasar con él. Quiero que me lo devuelvan, pero no tengo idea si eso va a suceder.

El fiscal Díaz, quien investiga el caso del Supermercado Mayorista 10, consigna que las posibilidades de los imputados de que les retornen sus vehículos son muy bajas: "Las personas están muy interesadas en la devolución del auto. El problema es que el auto es un instrumento utilizado para cometer el delito, tal como se utiliza para transportar droga un ve- hículo. En caso de sentencia condenatoria, va a significar el comiso, por eso es que el auto pasa a disposición del Estado, que lo vende al martillero y los fondos son para el Estado".