“Sin seguridad no hay libertad”: cómo Boric construyó un relato para lograr el apoyo de la izquierda

El martes 30 de abril, el Presidente Gabriel Boric tomó su computador y -aún conmocionado por los hechos ocurridos en Cañete tres días atrás- hizo los últimos ajustes a su discurso del 1 de mayo, por el Día del Trabajador. No se trataba de un texto cualquiera. Esa semana, La Moneda nuevamente había sido golpeada con el tema de seguridad luego del asesinato del sargento de Carabineros Carlos Cisterna (43) y los cabos Sergio Arévalo (34) y Misael Vidal (30) en esa zona del Biobío.

El Mandatario venía llegando de Curanilahue, tras participar del funeral de Vidal. Ahí no solo vio con sus propios ojos el drama de los familiares, sino que también enfrentó los abucheos de los asistentes.

El plan inicial era ocupar el Día del Trabajador para destacar la gestión del gobierno con sus proyectos estrella de 40 horas y salario mínimo, pero la gravedad del crimen modificó los planes. Se trataba de un punto de inflexión. Por lo mismo, Boric aprovechó de dar un paso más en su metamorfosis relativa a los temas de seguridad y explicitar un relato que es fruto de una reflexión que se viene dando hace meses puertas adentro de Palacio.

“Este tipo de cosas inspira una reflexión que es más profunda. Sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay democracia, sin democracia no hay justicia”, fueron los principios que fijó ese día en el Hospital del Trabajador.

Las palabras del Mandatario se leyeron de inmediato como un mensaje a su propio sector.

Boric, el principal líder del Frente Amplio (FA), dio con ello un marco a la izquierda para afrontar sin complejos este tema. Un camino zigzagueante que comenzó con un diputado rebelde, que se escandalizó por la presencia de militares en la Plaza Baquedano para el estallido social y empujó la refundación de Carabineros, y que lo tiene hoy como un Jefe de Estado que se convenció de liderar un gobierno que abrazara la agenda de seguridad como su prioridad principal y transformara a Carabineros en su mejor aliado.

En Palacio aseveran que la crudeza del crimen organizado y la seguidilla de acontecimientos que han afectado al país con casos tan graves como el crimen del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda y el asesinato de una docena de carabineros en lo que va de su administración, han llevado al Presidente a girar su visión respecto de la labor que cumplen las policías.

El sociólogo Eugenio Tironi, con quien Boric en más de alguna ocasión ha intercambiado reflexiones, sitúa los homicidios a carabineros como el hito de arranque de la transformación del Mandatario. “El Presidente es un líder que se conmueve y ha vivido muy intensamente el dolor de las familias de los carabineros asesinados. Eso, inevitablemente, es un punto de quiebre. Lo hace darse cuenta de que él también es directamente responsable de cuidar la seguridad de esos funcionarios públicos”, dice.

El viraje no fue algo buscado. Por el contrario. Su administración tuvo que asumir -primero, a contrapelo- la bandera de la seguridad y para eso ha intentado levantar un relato frente a los sectores más duros de su sector.

“No solo pecamos de ingenuidad, sino que también de desconocimiento. El choque con la realidad fue frontal”, admite una fuente de Palacio. El primer ejemplo de ello fue el debut del gobierno con el fracasado ingreso a Temucuicui por parte de la entonces ministra del Interior Izkia Siches.

Durante los meses en que Siches estuvo a cargo de Interior, el gobierno hablaba de wallmapu para referirse a la Macrozona Sur e insistía en refundar Carabineros. La seguridad fue abordada con resistencia por La Moneda. En ese tiempo el gobierno estaba preocupado de ganar el plebiscito del 4-S. Pero en mayo de 2022 dio un paso impensado: impulsar un estado de excepción en La Araucanía y el Biobío, a pesar de haber prometido no usar esta herramienta durante la campaña. La decisión fue difícil, y se tomó a mediados de ese mes tras improvisadas reuniones en Palacio, en las que buscaban hacerse cargo del problema en la zona, pero sin alejarse demasiado de su sector. Fue así como llegaron a apodarlo de “acotado”.

La primera vez, conscientes de que esto sería algo complejo para sus parlamentarios, Siches junto al exministro Giorgio Jackson (RD) se activaron con los diputados del FA para afirmar sus votos. Y su par, la ministra Camila Vallejo (PC), tuvo que ir uno por uno con los diputados de la bancada comunista convenciéndolos de aprobar el estado de excepción. Lo consiguieron, pero con varios descuelgues y el apoyo mayoritario de la derecha.

A la fecha, el estado de excepción -ya sin apellidos- se ha transformado en el más extenso desde el retorno a la democracia, y Boric en el Mandatario que más ha ocupado esta facultad constitucional. El uso permanente de los estados de excepción fue una de las primeras rupturas con su base de apoyo y con su propio pasado como dirigente de izquierda.

Para los diputados del FA y algunos del PC no ha sido fácil aceptar que su gobierno utilice las mismas herramientas -que en la legislatura pasada ellos y el entonces diputado Boric rechazaron- empleadas por la derecha en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, en una zona especialmente sensible para ellos.

Por eso de vez en cuando se asoma la rebeldía. El momento más claro ocurrió en junio de 2022 cuando surgió una sorpresiva disidencia al interior de la bancada del FA y solo la mitad de sus diputados aprobó una nueva prórroga al estado de excepción.

Las conversaciones internas del Presidente con los equipos de Interior y del Segundo Piso para ir cambiando el tono en materia de seguridad no han sido un proceso fácil. En Palacio reconocen que el cambio de gabinete post fracaso del 4-S y el desembarco del Socialismo Democrático, que tuvo como emblema la llegada de la ministra Carolina Tohá (PPD) a Interior, marcaron “un punto de inflexión administrativo”.

Para que Tohá se transformara en una de las voces que más escucha el Presidente en esta materia tuvo que pasar un largo camino.

En noviembre de 2022, la ministra comenzó una dura negociación con la oposición para crear una mesa de seguridad que sirviera de piedra angular para un acuerdo transversal. La negociación caminaba con éxito hasta que una decisión del propio Presidente echó por la borda sus esfuerzos.

La entonces ministra de Justicia Marcela Ríos (CS) y el exjefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía (CS) empujaron los indultos a condenados por delitos del estallido social, entre ellos Luis Castillo -del cual Boric admitió esta semana que fue un error- y el exfrentista Jorge Mateluna.

Con ello, la mesa de seguridad de Tohá terminó bruscamente y su agenda se volvió cuesta arriba. Las salidas de Ríos y Meza-Lopehandía despejaron el camino para que Boric y su gobierno tomaran un nuevo rumbo y reformularan su relación con las fuerzas policiales. Meses después la ministra volvió a la carga y en enero de 2023 instaló una agenda de seguridad -negociada con la derecha- que a la fecha lleva el récord de 52 proyectos despachados.

Esa agenda activó las contradicciones internas de un sector que aún no se convence por completo del discurso de seguridad asumido por La Moneda. La tramitación de la ley Nain Retamal -en abril de 2023- evidenció lo tensionado que está el gobierno con su propio sector. La norma tuvo incluso críticas desde el propio Ejecutivo como cuando la ministra Vallejo la calificó de “gatillo fácil”.

Tras una intensa tramitación, La Moneda logró despacharla, pero con altos costos internos. Sus parlamentarios del FA y del PC consideraron que se cruzó una línea roja. Por eso durante la discusión el diputado PC Boris Barrera comentó que “más que gatillo fácil, es licencia para matar”. La tensión escaló y los parlamentarios FA y PC amenazaron con impugnarla en el TC.

Un round igual de duro se vivió con la ley de usurpaciones, en noviembre de 2023. Ahí otra vez quedó expuesta la fractura entre las fuerzas políticas del gobierno. El Socialismo Democrático apoyó la norma y acusó una “deslealtad imperdonable” de sus socios de Apruebo Dignidad que votaron en contra. Parlamentarios del FA y el PC la rechazaron e incluso la diputada Karol Cariola (PC) llegó a afirmar que se trataba de una ley “mal parida” y la diputada Maite Orsini (RD) la calificó como una norma “peligrosa”.

Desde 2023 a la fecha, la ascendencia de Tohá y el mayor conocimiento de Boric del trabajo policial derivaron en una fuerte alianza con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. El jefe policial, quien será formalizado por la Fiscalía, tuvo esta semana otro gesto de respaldo por parte de Boric. Se trató de la excepción al “criterio Tohá”, según el cual las autoridades que enfrenten formalizaciones deben renunciar a sus cargos. Tras el atentado de Cañete, el Presidente se mostró a favor de que siguiera en su cargo, pese a la formalización agendada en un inicio para mayo y ahora retrasada para octubre.

La permanencia de Yañez también remeció a una izquierda que aún no termina de acomodarse con esta nueva relación con Carabineros. En enero, cuando el gobierno decidió no removerlo de inmediato, hubo críticas del PC y del FA. Ahora, cuando Boric y Tohá lo volvieron a respaldar, también generó molestias. “Mantener a un general formalizado debilita a Carabineros”, comentó la diputada Emilia Schneider (CS).

Boric está convencido de apoyar a Carabineros y los hechos así lo demuestran. En octubre de 2022, anunció un aumento de un 4,4% en el presupuesto destinado a seguridad, logrando el alza más grande en los últimos cinco años, y de ahí no ha parado: aumentó la cantidad de postulantes que ingresan a la Escuela de Carabineros, renovó el parque vehicular y las radios portátiles de Carabineros, presentó la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado, anunció la inyección extra de US$ 1.500 millones anuales para robustecer las funciones relativas a seguridad, lanzó el Plan Calles sin Violencia, aumentó la gratificación de riesgo para los carabineros y convocó al Cosena, entre varias otras medidas.

Pero no lo hizo en el vacío. En La Moneda se confidencia que Boric delineó en esa época los primeros trazos de un relato sobre cómo la izquierda debe afrontar el tema de la seguridad y lo hizo bajo el concepto de “seguridad económica, ciudadana y social”. Esto, porque está consciente de los traumas que afectan a la izquierda, entre ellos, las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y los hechos registrados en el estallido social.

La segunda señal la dio en enero de este año en Cerro Castillo durante el cónclave del oficialismo. Allí comentó que “la seguridad es un derecho humano” y que, además, “la seguridad es un derecho habilitante de otros derechos”. Esa fue la vía que escogió para alinear a las fuerzas políticas de su gobierno.

El tercer paso lo dio ahora, con la seguridad como clave para la libertad, la democracia y la justicia. Conceptos que repitió durante su entrevista con Archi y que valoró como aspectos positivos: “Eso me enorgullece, pero me desafía. Esto tiene que ser una reflexión que permee en todos los sectores progresistas y de izquierda”.

Punto aparte ha sido el tránsito interno de los partidos, que muchas veces no acompañan al gobierno en sus votaciones.

En pleno proceso de unificación del FA, sus tres partidos llevan cuatro encuentros en que los militantes han puesto el tema de la seguridad al centro del debate y como uno de los asuntos prioritarios del futuro partido único.

En el sector comentan que ganar las primeras alcaldías en 2021 los hizo cambiar de discurso y dar un giro en la agenda. “Los alcaldes fueron nuestra vanguardia”, afirma una dirigenta del FA. Boric suele mantener conversaciones con ellos, los llama para pedirles su opinión e incluso monitorea en conjunto los operativos realizados en sus comunas.

Uno de los que han representado mejor este giro ha sido el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), quien ha reconocido que su conglomerado tenía una visión prejuiciosa del rol de las policías. “Mi sector cayó en un montón de juicios sumamente injustos, generalizando a Carabineros como una institución compuesta únicamente por personas corruptas, violentas, que no eran capaces de resolver los problemas, que teníamos que reformularla, refundarla por completo”, sinceró en abril de 2023. Incluso, cruzó algunas líneas que serían impensadas para un líder frenteamplista: en marzo llegó directamente a La Moneda para solicitar la presencia de militares en las calles.

Por su parte, la alcaldesa RD Emilia Ríos reconoció reacciones “destempladas” de su sector en 2019. En tanto, la alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría (CS), ha dicho que “la seguridad es un derecho fundamental”.

En el sector no solo destacan la reflexión realizada por los alcaldes. También mencionan el rol que ha jugado la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez (CS). Al igual que los jefes comunales del FA, la abogada -quien es muy cercana a Boric- cambió su percepción sobre todo de Carabineros, al tener contacto directo con las policías. Un elemento clave de ese tránsito ha sido la relación que construyó con el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el general Enrique Monrás.

“En campaña, evidentemente que no apostamos a que este sería el gobierno de la seguridad. La realidad y lo grave del problema de la seguridad y del crimen organizado provocaron que el gobierno tuviera que ajustar su programa, darse cuenta del nuevo escenario y transformar este tema en su primera prioridad, en línea con las preocupaciones de la ciudadanía. Pero eso lo hemos querido hacer con un abordaje efectivo, no desde el populismo o el mero punitivismo, marcando un contraste con el gobierno de Piñera en cuanto al descontrol que existía en las fronteras o en los homicidios”, reconoce el presidente de RD, Diego Vela.

Una línea parecida asumió la diputada Orsini hace tan solo una semana: “No pudimos prever que en estos dos años el centro de la discusión política iba a estar en la seguridad”. Por eso, en el FA reconocen que el liderazgo en el tema ha sido empujado por el gobierno y ellos han tenido que sumarse a esa agenda.

A ratos el paquete en seguridad del gobierno ha provocado incomodidad ya que, acusan, “le agranda la cancha a la derecha”. El FA se siente más cómodo cuando los proyectos tratan temas con un enfoque “más efectivo e integral”. Ahí destaca el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad o la ley de inteligencia económica contra el delito que incluye, entre otras cosas, el levantamiento del secreto bancario.

El PC, en tanto, mira con su propio prisma este tema. No olvidan las líneas que se han cruzado en algunos proyectos, el respaldo cerrado a Yáñez y por eso resienten la arremetida de Tohá.

Sin embargo aclaran que no tienen problemas con la seguridad. De hecho para el tradicional “caldillo de congrio”, el timonel Lautaro Carmona mostró la hoja de ruta para el PC asegurando que en “este 2024 bregaremos por mejoras en la calidad de vida de la gente, empezando por la seguridad”. En febrero, a través de un comunicado, usaron el mismo concepto acuñado por Boric: “La seguridad es un derecho fundamental habilitante y es esencial para el ejercicio de todas las libertades”. No obstante, a nivel parlamentario y en las bases del partido la postura del Presidente genera ruido interno.

Otro tema que generó molestia, esta vez en el plano simbólico, llegó esta semana. En la entrevista con Archi, sin que nadie se lo preguntara, el Presidente tomó distancia de una de las imágenes de los manifestantes en el estallido social. “Es ofensiva, denigrante y no es la manera en que yo entiendo como se tiene que hacer política”, dijo el Mandatario en alusión al llamado “perro matapaco”.

Diputadas del PC, como Carmen Hertz, calificaron la discusión como “banal y ridícula” y calificó al perro como “un icono inofensivo”. Este episodio nuevamente evidenció que el camino tomado por el Mandatario entra en cortocircuito con su propia base de apoyo y enrostra, una y otra vez, sus propias contradicciones. Un ejemplo de ello es que aparecieran imágenes de Boric con un sticker del perro en su computador.

Pese a estas tensiones, Boric no planea cambiar de rumbo. No solo porque necesita ver resultados en materia de seguridad, sino porque con encuestas en su contra, requiere que su sector tenga algo que ofrecer en seguridad y competir con éxito en el tren electoral que parte este año. En la mira ya tiene su cuenta pública que tendrá como tema prioritario los avances en seguridad y crecimiento económico. Junto con eso, La Moneda ya alista un gran despliegue a lo largo del país, con todos sus ministros, para cuando logren despachar el nuevo Ministerio de Seguridad.