Sueldos en el extranjero: lo que ganan los embajadores chilenos

Para las 9.40 horas del miércoles 3 de enero próximo, en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, quedó fijada la audiencia preparatoria del juicio por la demanda de tutela laboral interpuesta por la destituida embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel).

Las autoridades de la cartera, con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, tienen plazo hasta cinco días antes de esa audiencia para hacer llegar los antecedentes y pruebas que les permitan contradecir los argumentos que esgrimió la exembajadora en esta inédita presentación ante la justicia laboral.

Esta fue planteada por la arquitecta luego de que se le exigiera la renuncia al cargo debido a la pérdida de confianza ante los altos mandos de Cancillería debido, entre otras causas, a las gestiones que llevó adelante sin la venia del ministerio para recaudar cerca de cinco millones de dólares para financiar un proyecto de desarrollo forestal resiliente en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío, al alero de las iniciativas Living-Lab que llevan adelante las fundaciones que respalda el Rey Carlos III de Inglaterra.

Esas gestiones incluyeron conversaciones de Herrera con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, justo en medio de la polémica desatada por el escándalo por el traspaso de platas de reparticiones públicas a fundaciones.

La acción judicial de Herrera -en la que es apoyada por la abogada Katherine Figueroa Aillañir, quien también defiende a la madre de la exdiplomática chilena en Londres en un caso por adopciones irregularidades y robo de guaguas, y por el abogado penquista Miguel Reyes Poblete- ha sido calificada como una “vergüenza” por dirigentes políticos de oposición y del oficialismo.

“La demanda es completamente absurda. Desconoce lo que es la figura de la confianza pública, incluye elementos realmente extraños y creo que confirma la falta de aptitud de la señora Herrera para un cargo tan importante”, señaló el martes 28 pasado el canciller Alberto van Klaveren en entrevista con Radio Universo.

Y es que Herrera, quien no es diplomática de carrera, sino que fue designada como jefa de la misión de Chile en Gran Bretaña en 2022 por el Presidente Gabriel Boric en un cupo político, persigue ahora que el Fisco le pague “una indemnización ascendente a la suma de las últimas 11 remuneraciones”, esto es US$ 216.876 (cerca de 190 millones de pesos). Además, busca que se le ofrezcan disculpas públicas y que estas sean informadas al rey de Inglaterra.

El monto exigido por Herrera se basa en que mientras ejerció como embajadora en Londres, la arquitecta penquista y diseñadora de muebles de madera -algunos de los cuales exhibía en el hall de la residencia de la embajada de Chile en Londres- recibió un salario mensual de 17.121.961 pesos (US$ 19.716) líquidos. Esto, sin considerar otros beneficios como vivienda, el pago con dinero fiscal de la mitad del seguro de salud, auto y chofer.

En total, aseguran fuentes diplomáticas, el embajador de Chile en Londres -una de las ciudades más caras del mundo- recibe más de $ 22.000 dólares al mes. Casi el doble de lo que gana el Presidente de la República (cerca de 10 millones brutos al mes) y casi tres veces el sueldo mensual del canciller.

Actualmente, el Ministerio de RR.EE. gasta al año más de 51 millones de dólares en pagos de salarios para el personal del servicio exterior (embajadores, ministros consejeros, primeros, segundos y terceros secretarios) que se desempeñan fuera de Chile. Una cifra alta, si se toma en consideración que el presupuesto total del ministerio para el 2023 fue de 197 millones de dólares (correspondiente al 0,2% del Presupuesto de la Nación).

Una radiografía a los salarios que reciben los chilenos destinados al servicio exterior revela que los montos publicados vía Transparencia no consideran gastos de representación, arriendo y mantención de inmuebles y otros ítems que son financiados directamente por Cancillería.

Fuentes diplomáticas aseguran que el presupuesto destinado a esas actividades se ha ido acotando fuertemente.

Aún así, la diplomacia chilena no es la más cara de la región. Países como Brasil, Argentina y Uruguay pagan sueldos aún más altos a sus representantes en el extranjero que los percibidos por sus contrapartes chilenas en las mismas destinaciones. Y los salarios de otros países incluyen asignaciones que no tienen los diplomáticos chilenos, como pago de colegiaturas para los hijos, gastos de salud para los diplomáticos y sus cargas familiares, entre otros beneficios.

En salud, a los diplomáticos chilenos que viajan al extranjero se les cancela el 50% de un seguro de salud, con un tope de 300 dólares, una cifra muy por debajo a la que acceden los funcionarios de Naciones Unidas y personal del servicio exterior de otros países. Incluso, hace varios años la Cancillería suscribió un convenio marco con la corredora de seguros Signa para obtener un seguro colectivo de salud y así reducir significativamente el costo de este ítem.

Los sueldos de los funcionarios del servicio exterior chileno destinado al extranjero (340 diplomáticos, desde embajadores hasta terceros secretarios, los que cumplen ciclos de cinco años fuera del país y dos en Chile) no son aleatorios ni dependen de la discrecionalidad de la autoridad de turno.

Por una parte, el salario base está fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 33 del año 1979. En el caso de un embajador, es de 2.472 dólares con 50 centavos, mientras que el funcionario de menor grado, un tercer secretario, al ser destinado al extranjero recibe un sueldo base de 1.104 dólares al mes. En el caso de diplomáticos que tengan cargas familiares, reciben, además, una bonificación de 250 dólares por cada una de ellas. Monto que perciben por igual, sea cual sea su destinación.

El componente mayor del salario, sin embargo, surge de otro lado. Del llamado “ajuste del costo de vida” que hace la Cancillería de acuerdo con una tabla de cálculo que realiza semestralmente una oficina de la Organización de las Naciones Unidas, a partir de encuestas en todas las misiones u oficinas que tienen en el mundo, para así tener un estándar objetivo al momento de calcular las remuneraciones de sus funcionarios.

El cálculo que hace la ONU es sobre el costo de la vida en Nueva York, donde se encuentra su sede principal, y a partir de ahí ajusta al alza o a la baja la remuneración de sus funcionarios que son destinados a otros países.

Chile adoptó esa metodología en 1990 y desde entonces, cada año, la Cancillería establece un tabla de factores para cada país donde tiene una misión diplomática, la que se multiplica por el sueldo base del funcionario. En algunos casos, ese ajuste se traduce en incrementos en el salario de más de 15 mil dólares. Pero en otros, los menos, como ocurrió este año en Brasil, la tabla de factores de costo de vida empujó a la baja los sueldos de los diplomáticos chilenos destinados en Brasilia.

Desde 2017, en todo caso, Chile congeló los salarios del personal del servicio exterior por falta de recursos, lo que se agravó con la crisis inflacionaria mundial pospandemia.

Durante el 2022, en medio de la discusión del Presupuesto de la Nación, Cancillería logró negociar con apoyo del Congreso un protocolo de acuerdo con la Dirección de Presupuestos para actualizar estos factores de ajuste de costo de vida a partir del último trimestre de 2023. Sin embargo, por tratarse de un incremento neto en el gasto, las negociaciones debieron retomarse en marzo de este año, ante las reticencias de Hacienda, que pedía que el incremento fuera año a año y no por todo el acumulado desde el 2017 a la fecha, postura que no era compartida por Cancillería.

No sólo eso. Cancillería debió explicar en detalle a Dipres cómo se hace el cálculo de ajuste por costo de vida y los factores que se consideraban en esa medición. Y pese a la existencia del protocolo suscrito a fines del año pasado, hasta agosto, la Dipres mantenía sus reparos a incrementar los salarios de los diplomáticos chilenos en los presupuestos de 2024 y 2025.

Poco antes de la aprobación en el Congreso del Presupuesto de la Nación para el 2024, Cancillería y Hacienda lograron cerrar el acuerdo para incrementar en 200 mil dólares los recursos a partir de diciembre de este año de todo el personal del servicio exterior en misiones en el extranjero.

De todas formas, más allá de sus negociaciones con Hacienda, desde el 2015, para evitar reajustes salariales muy abruptos, la Cancillería viene aplicando una banda de contención, que implica que los sueldos no pueden subir ni bajar más allá del 7%, un procedimiento que también aplica la ONU.

Y aunque la mayoría de los países, al igual que Chile, se rigen por las tablas de ajustes por costo de vida que establece las Naciones Unidas, la Cancillería chilena no suele tener en consideración -al momento de establecer la tabla de sueldos- la comparación con los salarios que pagan países vecinos o con economías similares a sus respectivos diplomáticos.

Actualmente, Chile tiene abiertas 133 misiones diplomáticas en el extranjero, entre embajadas, consulados y oficinas ante organismos multilaterales, casi el doble de las que tenía en 1979. Sin embargo, el personal de planta adscrito al servicio exterior sigue siendo el mismo que en 1979, cuando se fijó por ley: 450 funcionarios que se van rotando en ciclos de cinco años afuera por dos en Chile. Así, tenemos 340 diplomáticos en el extranjero, y otros 110 trabajando en Chile, por lo cual se ha tenido que reducir drásticamente el personal que está destinado en cada misión para poder cubrir las restantes. Pero no sólo eso, obliga, además, a los diplomáticos chilenos a manejar todos los temas (generalistas), mientras otros países con mayor dotación han ido incorporando cada vez un mayor número de expertos en temas específicos.